El 22 de octubre de 2025 a las 22:59, hora de Cuba, concluyó la posibilidad de optar por la nacionalidad española al amparo de la Ley de Memoria Democrática (LMD). Durante los tres años de vigencia, la normativa ha beneficiado a miles de cubanos; pero, a la par, ha generado reclamos, desesperación e impotencia.
¿Tuvieron los cubanos las garantías básicas para acceder a este derecho? Durante el tiempo que ha estado abierta la posibilidad, el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) colapsó cinco veces. Largos períodos de apagones limitaron las gestiones de los descendientes que debían iniciar el proceso mediante el envío de un correo electrónico al Consulado con su solicitud y cumpliendo con requisitos técnicos muy específicos.
El 30 de mayo de 2025, además, la Empresa de Telecomunicaciones de Cuba (Etecsa) anunció el aumento de las tarifas de los servicios móviles y la recarga de datos extra. Conocida como «el tarifazo», «la decisión evidenció —una vez más— la inseguridad jurídica de los ciudadanos cubanos ante una empresa que incumple sus normas contractuales y un Estado que actúa sin rendir cuentas», señaló un análisis realizado por el equipo de elTOQUE Jurídico.
En este contexto de obstáculos tecnológicos, bajos salarios, imposibilidad de acceder a los documentos de sus antepasados en España y deficiente o nula comunicación con el Consulado de España en La Habana para aclarar dudas, los cubanos se enfrentaron a una carrera contra el tiempo.
Para algunos, implicó invertir sus ahorros en pagar a gestores que pudieran realizar la parte electrónica del procedimiento, además de gastar en transporte, alojamiento y alimentación en La Habana el día de la presentación del expediente.
Desde 2019, al menos, España ha anunciado la apertura de otro consulado en Camagüey que alivie la sobrecarga del de la capital cubana. La noticia, que se reiteró varias veces en los últimos tres años, prometía accesibilidad para quienes desde el centro y oriente del país pretendían obtener la nacionalidad al amparo de la LMD. Seis años después, el 4 de septiembre de 2025, el ministro de Asuntos Exteriores, Unión Europea y Cooperación, José Manuel Albares, reiteró que «muy próximamente» se abriría otro consulado en Cuba, sin especificar fecha ni dirección.
Se acabó la ley ¿y ahora qué?
Hasta septiembre de 2025, el Gobierno de España había concedido 237 145 nacionalidades a descendientes de exiliados, según las declaraciones del ministro de Memoria Democrática, Ángel Víctor Torres. La cifra representa solo el 27 % del total de solicitudes presentadas: 876 231. Cuba y Argentina superan el 53 % de ese total.
Entre los beneficiados está el esposo de Yenia*, que llegó solo a Cataluña hace cinco meses, acogido por otra familia de cubanos. Por los bajos salarios en la isla, muchas familias beneficiadas con la LMD se han dividido porque no han podido viajar todos los integrantes juntos. Quien se nacionalizó va adelante; trabaja, a veces de manera informal por las escasas opciones laborales en España, y cuando ahorra el dinero suficiente para la renta y los pasajes de sus familiares, se reúnen.
Yenia reitera que lo más difícil del proceso ha sido la demora del Consulado que no le ha permitido obtener su visado de familiar de ciudadano ni el pasaporte de su hijo menor de edad. Sin contar los viajes a La Habana porque vive en Cienfuegos, calcula que ha invertido más de 50 000 CUP en pagar citas, fotocopias, rellenado de formularios y la legalización de documentos en Consultoría Jurídica Internacional. Desde Cienfuegos, cada viaje cuesta 10 000 CUP por persona o 120 USD por todas las capacidades del carro.
«Él (su esposo) ha tenido que irse y dejar poderes ante notarios para que los otros familiares continuemos aquí con los procesos», comenta. Explica que su pareja viajó sin la literal de nacimiento para obtener el Documento Nacional de Identidad (DNI) español y durante un tiempo no pudo trabajar de manera regular ni tramitar su tarjeta bancaria. Luego, tuvo que pagar 100 EUR por la cita de obtención del DNI en España porque no encontraron vía para agendarla sin hacerlo a través de un gestor.
Señala que otro obstáculo en los trámites de los familiares de los nacionalizados ha sido el período de vigencia de los documentos que exige España, en algunos casos de tres a seis meses, y no da tiempo para la solicitud del visado, que tiene varios meses de retraso. Aunque su hijo tiene la literal de nacimiento española, no ha podido gestionar la cita para obtener el pasaporte porque no tiene electricidad: «por lo tanto, tengo que pagar a los gestores, que no sé cómo lo hacen, pero tienen otras vías o viven en circuitos protegidos».
Con la finalización de la ley, no concluyen los trámites. Los familiares de quienes obtuvieron la nacionalidad continuarán con la tramitación de visados para poder viajar a España o, en el caso de los menores de edad, con la nacionalidad al amparo del Código Civil español. Los descendientes que presentaron su solicitud en los meses recientes podrían tardar años en recibir su cita. De acuerdo con una nota del medio España Exterior, bajo la Ley de Memoria Democrática se prevé el triple de solicitudes de las tramitadas bajo su antecesora, la Ley de Memoria Histórica (2007), y se calcula que a la Administración española le tomará cinco años emitir las resoluciones.
El abogado Ariel Fraga ha reiterado en conversaciones con elTOQUE que la ausencia de los medios económicos y tecnológicos que hubiesen contribuido a una mejor implementación de la ley ha comprometido su éxito. «En Canarias no hay quien pida una fe de bautismo o una certificación de nacimiento porque llevan meses de retraso», enfatiza en referencia a la gestión de documentos de los antepasados.
Una vez concluida la ley, el abogado señala varias opciones para reclamar el derecho de acceso a la nacionalidad. Si pasado un tiempo, el descendiente no ha recibido respuesta de la Administración, puede presentar un recurso para obligarla a responder y, tras varios silencios, puede presentar una demanda ante un juez. Fraga reconoce que desde Cuba resulta difícil contratar un abogado en España para que lleve a cabo este procedimiento, pero recuerda que el Consulado de España en La Habana tiene un sistema para pedir un abogado de oficio.
«Quienes están a la espera de credenciales están en un limbo porque no han presentado el expediente y no es posible hacer algo desde lo jurídico-procesal para obtenerlas; ese proceso no aparece en ninguna ley, se creó para que las personas tuvieran un justificante», especifica.
Costos emocionales y monetarios de un derecho
Una persona identificada como Leandro escribió a elTOQUE para denunciar lo que consideró «un verdadero atropello». «No es pesimismo, es la realidad, quedarán fuera miles», escribió a nuestro medio y alertó que las credenciales se enviaban al azar y que existía un mercado paralelo en el que quien pagaba podía permitirse un adelanto en su turno de presentación del expediente. «Los más fastidiados y tristes son los que están más abajo en la cadena, los que no tienen vínculo con nada ni nadie», lamentó.
Leandro presentó su solicitud en mayo de 2024 a través del primer sistema que se utilizó para solicitar las credenciales (usuario y contraseña) que le permitiera agendar su cita. Más de un año después, seguía a la espera, como otros miles de descendientes de marzo, abril y los meses siguientes, a los que el sistema saltó y dejó en un limbo.
Muchos solicitantes se organizaron en grupos de WhatsApp y enviaron sus reclamaciones a las diferentes instancias del Gobierno español que pudieran tener alguna implicación con la ley.
De las más de 800 personas que presentaron su solicitud en febrero de 2024 y fueron omitidas por el sistema, casi todas recibieron sus credenciales, según informó a elTOQUE uno de los coordinadores del grupo. «Pero el mes de marzo fue un desastre y para los de abril nunca arrancó la entrega. Todo el que consideró que estaba atrasado, saltado o mal atendido, usó el correo de reclamar con el asunto «Fallo de credenciales» y comenzó a escribir por ahí. Eso ocasionó que se saliera todo de control», dijo y aseguró que también había escuchado de un cobro de 500 USD por recibir el correo con la cita para presentar la solicitud.
El inicio del proceso pudo ser más sencillo y eficiente si se hubiese implementado a tiempo el sistema electrónico anunciado el 5 noviembre de 2024 en el Boletín Oficial del Estado (BOE) español. El nuevo sistema debía contribuir a «gestionar de manera más ágil y garantista las peticiones de nacionalidad por opción que se realicen», se explicaba en el BOE.
En Cuba no se informó de esta posibilidad hasta mayo de 2025 y se confirmó la culminación de su puesta en marcha el 31 de julio de 2025, a menos de tres meses del cierre de la ley. Muchos descendientes que habían solicitado las credenciales no sabían qué hacer, si seguir a la espera o hacerlo por el nuevo sistema.
En medio de la desesperación, el Consulado de España en La Habana creó un canal de WhatsApp, el 27 de septiembre de 2025, que ha superado en poco tiempo los 100 000 seguidores y ha sido la vía para informar a la población sobre las características del justificante que genera el nuevo sistema y que servirá como prueba documental de que la solicitud se realizó en el plazo establecido. También ha sido el espacio para aclarar las dudas de quienes han recibido diferentes tipos de correos de rechazo e informar sobre la habilitación de un formulario de registro de incidencias para quienes han tenido dificultades con el nuevo procedimiento.
La Ley de Memoria Democrática supondrá en los próximos años un desafío para quienes todavía tienen un camino que recorrer en la gestión de documentos, viajes a la capital cubana y reclamaciones. El Gobierno español creó una oportunidad que coincidió con un contexto de profunda crisis en Cuba, lo que ha complicado cualquier gestión. Muchos descendientes han experimentado agotamiento y desesperación durante sus trámites; otros, lamentablemente, quedaron fuera.
*El nombre ha sido cambiado a petición de la entrevistada.
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