El uso de personas privadas de libertad en Cuba para realizar trabajos en condiciones precarias ha sido denunciado durante años por organizaciones no gubernamentales y medios independientes. Un reciente informe de la ONG Prisoners Defenders (PD) sobre el trabajo forzado en el sistema penitenciario del Ministerio del Interior (Minint) reavivó el debate. Luego de la publicación, Habanos S. A. —empresa mixta entre el Estado cubano y una sociedad con sede en España, pero controlada por inversores asiáticos— admitió la participación de reclusos en la elaboración de los célebres y costosos tabacos cubanos.

Prisoners Defenders afirma que estas personas son utilizadas «como mano de obra esclava para producir carbón, tabaco y caña que se exporta a Europa». El informe, elaborado sobre la base de documentos oficiales y decenas de testimonios, señala que muchos reclusos, incluidos presos políticos, no reciben ningún tipo de remuneración por las labores.

De acuerdo con la ONG, todas las personas que dieron su testimonio para el informe han sido obligadas a trabajar «bajo coacción, amenazas, violencia o represalias», y el 69.81 % «no firmó contrato laboral ni recibió documento alguno que regulara su vínculo».

En el caso específico del tabaco, PD denunció que decenas de prisioneros estarían participando en su fabricación en las provincias Mayabeque, Artemisa, Holguín, Granma, La Habana, Santiago de Cuba y Villa Clara. Los puros elaborados en estos centros se destinan principalmente a la exportación, según la organización.

Opacidad y geopolítica. El misterio de Habanos S. A. y el Festival del Habano en Cuba

Las imágenes del Festival dejan varios cuestionamientos sobre los manejos opacos que el Gobierno mantiene sobre los sectores más rentables de la economía cubana.

El primero de octubre de 2025, Halfwheel —publicación especializada en la industria del tabaco y productos relacionados—, informó que Habanos S. A. había confirmado «que algunos puros cubanos están siendo enrollados por prisioneros».

En las declaraciones remitidas por Habanos S. A. a Halfwheel se afirma que «según informes de Tabacuba [Grupo Empresarial de Tabaco de Cuba], organización responsable de la industria de laminación de cigarros, el principal objetivo de este plan es brindar capacitación profesional a este grupo de reclusos, posibilitando su futura integración a la fuerza laboral».

Además, el grupo estatal Tabacuba, dirigido por el exministro de Economía y Planificación y antiguo «zar de las reformas», Marino Murillo Jorge, aseguró que «la participación en este programa es voluntaria y los reclusos reciben incentivos y beneficios penitenciarios por su trabajo».

Prisoners Defenders consideró que las declaraciones de Tabacuba, transmitidas por Habanos S. A., fueron resultado de «la presión de sus accionistas internacionales» por la repercusión del informe de la ONG; lo cual obligó «a las autoridades cubanas a reconocer la explotación de presos en la industria del tabaco».

De acuerdo con el Relator Especial sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, incluidas sus causas y consecuencias, Tomoya Obokata, «el uso de mano de obra penitenciaria no constituye por sí mismo trabajo forzoso (…), [pero] las personas encarceladas deben ser reconocidas como trabajadores que pueden disfrutar de condiciones en materia de salarios, seguridad social y seguridad y salud en el trabajo comparables a las condiciones de los trabajadores fuera de los centros penitenciarios».

Nuevas evidencias sobre una práctica conocida

El informe de Prisoners Defenders aporta nuevos elementos sobre un problema alertado en otras ocasiones por distintas ONG y la prensa que no está controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC).

En septiembre de 2018, el Movimiento Cubano Reflexión y Reconciliación (MCRR) denunció que dos presos políticos, Alejandro Morales y Yeosvany Socarrás, cortaban marabú y hacían carbón en El Inglesito, un campamento de trabajo de Cienfuegos.

Más de tres muertes en prisión cada mes en Cuba: la trágica tendencia de 2025

Al menos 34 personas han muerto en las cárceles cubanas en lo que va de 2025, según ha documentado Cubalex. La cifra equivale a casi una muerte por semana y confirma un patrón de negligencia y violencia estatal denunciado por varias organizaciones de derechos humanos.

Morales y Socarrás, miembros del MCRR, se veían obligados a dormir en los campos de marabú en carpas improvisadas, sobre ramas secas, según dijo Juan Alberto de la Nuez, coordinador de la organización opositora. En declaraciones a Martí Noticias, el disidente denunció que los presos dormían «casi a la intemperie», entre el lodo y los mosquitos, para producir unas 50 toneladas mensuales a cambio de cinco días de pase a sus domicilios.

La Unión Patriótica de Cuba (Unpacu) también publicó testimonios de reclusos que producían carbón destinado a la exportación en el municipio Río Cauto, en Granma, en precarias condiciones laborales. El precio de los implementos de trabajo se lo descontaban de sus salarios, dijeron los entrevistados por la Unpacu.

Ovadys Armas Vásquez, un cubano exiliado que estuvo preso por expresarse a favor de que «cayera la dictadura», contó a la cadena de radiodifusión alemana Deutsche Welle sus penurias fabricando carbón vegetal en el monte.

«No había baño, dormimos debajo de un techo de palma que tuvimos que hacer nosotros mismos y solo comíamos arroz con frijoles aguados y de vez en cuando un huevo (…). Las espinas del marabú atravesaban mis zapatos», dijo.

De acuerdo con su relato a DW, en ocasiones, «a los 15 presos les entregaban algunos pesos para poder comprar cigarros o una botella de ron, pero otras veces solo recibían golpes, insultos y castigos».

Esta realidad fue expuesta en 2024 por el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ante el Grupo de Trabajo de Naciones Unidas sobre las Empresas y los Derechos Humanos. Tras una investigación, la ONG denunció «la violación de los derechos laborales a centenares de personas privadas de libertad en Cuba, quienes son sometidos a trabajo forzoso con fines mercantiles de producción», con énfasis en la elaboración de carbón vegetal de marabú.

Tortura, apagones y hambre en las cárceles cubanas

Lisdiani Rodríguez Isaac fue golpeada por las autoridades carcelarias en la prisión de mujeres de Guamajal, en Villa Clara; pero no ha sido la única. La práctica es recurrente dentro de los penales cubanos.

El OCDH señaló a la Dirección General del sistema penitenciario y a la Empresa de Producciones Varias (Provari), ambas entidades pertenecientes al Minint, como «responsables directos de tan degradante práctica», en las provincias Matanzas, Villa Clara, Cienfuegos, Sancti Spíritus, Ciego de Ávila y Camagüey.

También en 2024, el Relator Especial de las Naciones Unidas sobre las formas contemporáneas de la esclavitud, Tomoya Obokata, incluyó a Cuba entre los Estados que son «motivo de preocupación» debido a «la existencia de leyes y reglamentos nacionales que permiten el trabajo obligatorio por expresar opiniones políticas o participar en huelgas».

De acuerdo con el experto independiente de la ONU, «estas prácticas vulneran el Convenio sobre la Abolición del Trabajo Forzoso de 1957».

Pese a las alertas internacionales, las duras condiciones de trabajo a las que están sometidas las personas privadas de libertad en Cuba no han cambiado y las autoridades niegan las acusaciones. Sin embargo, las denuncias de las organizaciones defensoras de derechos humanos no se detienen.

El 7 de octubre de 2025, el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC) publicó que el preso político Rolando Vázquez Fleita, recluido en el campamento de trabajo Zona Cero, en La Habana, sobrevivía «sin agua, sin luz ni alimentación adecuada».

De acuerdo con el testimonio de María Luisa Fleita Bravo, madre del manifestante de julio de 2021, «Rolando se encuentra sin acceso a agua ni electricidad, obligado a realizar trabajos forzosos bajo condiciones extremas, sin posibilidad de asearse ni de descansar adecuadamente. La alimentación es insuficiente y de pésima calidad, y no se garantiza atención médica ni condiciones mínimas de higiene», denunció la ONG.

Además, la madre de Vázquez Fleita refirió que «los presos políticos del campamento sufren acoso psicológico y amenazas constantes: si reclaman o se niegan a trabajar, las autoridades los intimidan con traslados punitivos hacia prisiones de mayor severidad».