En Cuba existen personas desaparecidas. Sobre el tema, no se ofrece información pública ni la prensa oficial lo aborda como problemática. Sin embargo, gracias a la ampliación del acceso a Internet en el país, en los últimos tiempos, se han divulgado los casos de personas desaparecidas y los tratamientos de las autoridades cubanas al respecto.
Es difícil ―para no decir imposible― encontrar datos públicos en torno al número de denuncias sobre personas desaparecidas en Cuba y la tasa de efectividad de la búsqueda. El término desaparecidos ha aparecido en la prensa oficial ―en boca de autoridades del Ministerio del Interior (Minint)― no para referirse a personas desaparecidas en el sentido común del término, sino para negar la existencia de «desapariciones forzadas». Sobre todo después de las masivas detenciones realizadas por el régimen cubano para ahogar las protestas populares del 11 y 12 de julio de 2021 (11J).
Pocos días después del 11J, el coronel del Minint Víctor Álvarez Valle afirmó en televisión nacional de manera categórica: «en Cuba no existen personas desaparecidas»; se refería a las relacionadas con los hechos del 11 de julio y a cualquier otro caso. En realidad, el también segundo jefe del Órgano Especializado de la Dirección General de Investigación Criminal del Minint se refería a que en el archipiélago no había personas desaparecidas de manera forzada.
Las desapariciones forzadas, de acuerdo con la Convención Internacional para la protección de todas las personas contra las desapariciones forzadas, solo puede producirse en el marco de arrestos, detenciones o secuestros ejecutados por agentes del Estado o por personas que actúen «con la autorización, el apoyo o la aquiescencia del Estado». Para que se produzca la desaparición forzada, la actuación de los agentes estatales o de las personas autorizadas por estos, debe seguirse «de la negativa a reconocer dicha privación de libertad o del ocultamiento de la suerte o el paradero de la persona desaparecida».
Por otra parte, las desapariciones, en el sentido lato del término, se producen cuando una persona se ausenta ―sin motivos conocidos― de su ambiente y actividades cotidianas. Una persona desaparecida es alguien con quien familiares, amigos y allegados han perdido toda comunicación y se desconoce su paradero o condición física. A diferencia de las desapariciones forzadas, las desapariciones comunes pueden producirse sin la intervención de agentes estatales.
En Cuba, no se ha encontrado información pública sobre la existencia de un protocolo o sistema especial para el control y la investigación de las desapariciones. Los testimonios de familiares de personas desaparecidas en el país indican que las autoridades cubanas manejan los casos de espalda a los interesados.
Algunos familiares atestiguan que la investigación del paradero de sus parientes desaparecidos no es guiada por un cuerpo especial del Minint, sino por la sección de búsqueda y captura de ese organismo. Esa sección también se encarga de encontrar y presentar a los prófugos ante la justicia.
Varias son las denuncias de familiares y allegados que cuentan han estado por espacio de meses sin recibir instrucciones o reportes de las autoridades policiales. Esto demuestra ―cuando menos― la existencia de un mecanismo imperfecto para tratar e investigar las desapariciones.
Ante estas imperfecciones, los recursos legales de familias y amistades de personas desaparecidas son limitados. Más allá de recursos de queja ante el organismo encargado de guiar la investigación ―el Minint― o la Fiscalía, no existen otras herramientas para lograr que las instituciones impulsen acciones en pos de encontrar a sus seres queridos. Tampoco tienen cómo oponerse al archivo de las investigaciones o la suspensión de las acciones de búsqueda.
En sociedades abiertas, organizaciones no gubernamentales y articulaciones ciudadanas intentan complementar las omisiones del trabajo estatal. Sin embargo, en Cuba, donde la sociedad civil legal es solo la reconocida por el Gobierno, la labor de organizaciones independientes de monitoreo y acompañamiento de los familiares de personas desaparecidas no es un factor a tener en cuenta al analizar este tipo de fenómenos; aunque contribuyan a la divulgación y denuncia de los casos que implican, en mayor medida, a mujeres y niñas. Aun así, en Cuba, las articulaciones y apoyos ciudadanos para encontrar a personas desaparecidas o, mejor aún, para evitar las desapariciones, son prácticamente inexistentes.
¿QUÉ HACER SI PASA EL TIEMPO Y NO HAY NOTICIAS DE LA PERSONA DESAPARECIDA?
Más allá de las deficiencias que existan en el tratamiento e investigación de las denuncias de personas desaparecidas en Cuba, hay una realidad innegable: muchas nunca son encontradas.
Ante esos casos, una pregunta se impone: ¿se puede considerar como desaparecida a una persona de forma indefinida?
Quienes desaparecen muchas veces poseen bienes o mantienen bajo su amparo legal a menores de edad o personas discapacitadas. Ese patrimonio y sus obligaciones quedan pendientes de cumplimiento mientras la persona no sea encontrada. Mantener por tiempo indeterminado en pendencia el patrimonio de una persona desaparecida impediría que otros pudiesen disponer de sus bienes o tomar decisiones impostergables en relación con las personas bajo su abrigo.
Por ejemplo, si la persona desaparecida era propietaria de un carro que se utilizaba para el sustento de sus hijos, sería indispensable que otros pudiesen continuar la explotación del vehículo (o venderlo) porque de ello depende la estabilidad familiar. Para eso, habría que transferir el vehículo a nombre de otra persona u obtener una declaración oficial que permita a uno de sus herederos convertirse, de forma temporal, en el representante.
¿Cuánto tiempo tiene que transcurrir para que los bienes de una persona puedan ser transferidos a sus herederos o alguien pueda ser declarado su representante?
Para impulsar cualquier acción legal dirigida a administrar el patrimonio de una persona desaparecida, es preciso esperar, como mínimo, un año. La ley cubana ―y muchas otras― establece dos estadíos legales para transitar desde la condición de persona desaparecida a la de presuntamente muerta.
El primero de los estadíos es la declaración de ausencia. Una persona desaparecida puede ser declarada ausente por un tribunal luego de transcurrido un año desde que se supo por última vez sobre su paradero. La declaración de ausencia permite que el cónyuge o, a falta de este, un hijo mayor de edad, un padre, abuelo o hermano represente al desaparecido durante su ausencia. La representación le permitiría actuar en nombre del desaparecido y tomar decisiones en relación con su patrimonio.
Para lograr el segundo estadío es preciso que transcurran, al menos, tres años desde la fecha en la que la persona desapareció. El paso de ese lapso de tiempo permite que el fiscal, u otra persona interesada, solicite a un tribunal que la persona desaparecida sea declarada presuntamente muerta. La presunción de muerte puede declararse al cabo de los tres años de la desaparición, incluso si la persona no fue proclamada como ausente con anterioridad.
Cuando la desaparición se produce como consecuencia de un desastre natural o accidente que implique la probable muerte de la persona, los familiares no tendrán que esperar tres años para solicitar la declaración de presunción de muerte. Podrán hacerlo en el término de seis meses. Quienes hayan desaparecido durante «operaciones militares» podrán ser declarados presuntamente muertos al término de un año.
La declaración de presunción de muerte produce efectos legales iguales a la muerte natural. Todo el patrimonio de la persona puede transmitirse a sus herederos y se entiende que la fecha de su fallecimiento es la de su desaparición.
ENFRENTAR LAS DESAPARICIONES
Cada año desaparecen en el mundo innumerables personas a causa de delitos, conflictos, violencia de género, accidentes o catástrofes naturales. A finales de 2020, había vigentes más de 12 mil notificaciones amarillas ―avisos policiales internacionales sobre personas desaparecidas― publicadas por la Secretaría General de Interpol.
Muchos países tienen unidades especiales, protocolos y tecnología en función de encontrar a las personas que son denunciadas como desaparecidas. La denuncia es el primer paso al que recurren familiares y amigos de los desaparecidos. Con la denuncia esperan que el Estado ponga recursos en función de encontrar a sus seres queridos.
Hay países que sufren mucho más la incidencia de las desapariciones que otros y, a pesar de contar con protocolos y mecanismos para la localización de personas desaparecidas, los resultados no son los mejores. Quizá uno de los casos más destacados en la región latinoamericana sea el de México.
Según cifras oficiales, en noviembre de 2021 había en territorio mexicano más de 95 121 personas desaparecidas y cerca de 52 mil cuerpos de fallecidos no identificados. A pesar de la existencia de un protocolo especial que deben seguir las autoridades ante denuncias de personas desaparecidas, los resultados de la gestión de México ante las desapariciones han generado la atención y preocupación de organismos internacionales como el Comité de Desapariciones Forzadas de la ONU.
Otros países del continente como Perú ofrecen datos y pautas más prometedores. En Perú, al finalizar 2021, más de 8 400 personas de diferentes edades fueron encontradas gracias a la Dirección General de Búsqueda de Personas Desaparecidas de la Policía Nacional, la cual atiende de manera inmediata los casos de desaparición en todo el país. Las desapariciones a nivel nacional, que se denuncian ante la policía, son atendidas de forma inmediata por la institución que emplea herramientas tecnológicas para facilitar la búsqueda y ubicación lo antes posible.
El Gobierno cubano, por su parte, tiene una deuda pendiente con la laceración de los derechos de las personas desaparecidas y sus familiares. El trabajo ineficiente y la falta de transparencia solo acentúan el dolor y la irresolución de los casos en un territorio ―pequeño en comparación con esas naciones― de apenas unos 111 kilómetros cuadrados.
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