Impulsado por las remesas y el breve florecer del «deshielo», el peso de las relaciones económicas entre Cuba y Estados Unidos creció de manera sostenida entre 1994 y 2020, hasta el punto de representar cerca del 8.3 % del producto interno bruto (PIB) de la isla. 

A esa conclusión arriba el economista y profesor Pavel Vidal en un estudio sobre el impacto de las sanciones estadounidenses a Cuba, publicado a comienzos de febrero por el think tank español Real Instituto Elcano. 

Datos de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI) y el Buró de Censos de los Estados Unidos le permitieron comprobar la magnitud de la relación económica bilateral y su tendencia fundamental: la de un desarrollo exponencial apenas las circunstancias políticas lo permitan. Si entre 1994 y 2004 los vínculos entre ambos países aportaban un 6.7 % del PIB cubano, luego del 17 de diciembre de 2014 estos se profundizaron hasta representar casi un décimo de la economía de la isla. 

Estados Unidos lleva años posicionándose entre los principales proveedores de Cuba en productos como el pollo congelado, la soya y el maíz. Aunque desde el comienzo de la pandemia se acentuó la tendencia a la disminución de esas compras, su importancia para el abastecimiento del mercado cubano seguirá siendo fundamental en el futuro cercano. Vidal ubica en alrededor de 6 600 millones de dólares el monto de las exportaciones estadounidenses a Cuba a partir de 1994, 81 % de las cuales tuvieron lugar en el período 2005-2020. 

Las ventas de bienes cubanos en Estados Unidos representaron, por el contrario, apenas 20.8 millones de dólares.

Sin embargo, destaca la investigación, en «los últimos cinco años [hasta 2020] el superávit del intercambio a favor de Cuba ha promediado más de tres mil millones de dólares anuales (sumando los ingresos por turismo de ciudadanos estadounidenses y remesas, y restando el valor neto del comercio de bienes). […] En 2019 el mercado estadounidense era el sexto en importancia para las importaciones cubanas, lo cual representa una quinta parte de lo que se importaba del primer socio comercial —Venezuela— y una cuarta parte del segundo socio —China—».

Historia de dos remolinos: la inflación en Cuba y Venezuela

La soluciones no debían ser solo económicas porque la inflación en Cuba es también política.

Las series estadísticas confeccionadas por Vidal traducen en números concretos la presencia norteña: entre 2005-2020 las remesas enviadas desde su territorio promediaron 2 172 millones de dólares anuales, y más de 638 mil de sus ciudadanos viajaron a Cuba durante el ejercicio fiscal de 2018, para posicionarlo como el segundo país emisor, con 13.5 % del mercado turístico local. Desde entonces, las nuevas rondas de sanciones estadounidenses golpearon severamente ambas actividades. 

Las remesas, que habían triplicado los registros de la década precedente, probablemente han disminuido en más del 50 %, según un análisis de The Havana Consulting Group que maneja cifras diferentes a las de Vidal, pero arriba a las mismas conclusiones en cuanto al tema. El movimiento turístico cayó alrededor de once veces a partir de 2019.

Sin esos ingresos, las importaciones cubanas desde Estados Unidos se han hecho más difíciles, observa el experto. «Como no hay facilidades de crédito comercial, los volúmenes de las compras tienen una mayor sensibilidad a la disponibilidad de liquidez en divisa en la economía cubana, así como a las diferentes opciones que tengan en cada momento las empresas estatales importadoras para adquirir alimentos en otros mercados con mejores facilidades de pago».

¿Es «rentable» el embargo?

El principal argumento esgrimido en Washington y Miami como defensa de las sanciones a Cuba es la supuesta capacidad de estas medidas para dañar al Gobierno y, en definitiva, forzar un cambio de régimen. Se trata de una posición con la que Vidal se manifiesta en desacuerdo, pues esas medidas no estarían afectando de manera «significativa» a las autoridades, sino al «consumo de las familias y las dinámicas de las ventas y el empleo del sector privado». 

«En un escenario de endurecimiento de sanciones ocurre un efecto de desplazamiento (crowding out): se reduce el peso del sector privado y gana presencia económica el Gobierno a través de gasto fiscal; lo cual es contrario a lo que algunos de los defensores de las sanciones promulgan promover», razona. 

Una política que amplíe los canales para las remesas y el número de visitantes extranjeros parece ser la mejor alternativa en favor del empoderamiento de la sociedad civil; también para mejorar las condiciones de vida del ciudadano promedio. «Los datos analizados no nos dicen que las ganancias de este intercambio van a parar a las manos del Gobierno cubano», acota Vidal.

Sus reflexiones secundan la línea de pensamiento asumida por el presidente Barack Obama en el pasado reciente, cuando apostó por los emprendedores como actores de cambio social interno. La flexibilización de las sanciones se consideraba beneficiosa, en primera instancia, para ellos. En marzo de 2016, durante el encuentro con emprendedores que formó parte de la agenda de su visita a La Habana, Obama resaltó que «más estadounidenses viniendo a Cuba significa más clientes para sus negocios». Al flexibilizar significativamente las restricciones de viaje y de transferencia y uso de dólares en la isla, Estados Unidos demostraba estar «listo para ayudarlos a tener éxito». 

Fue una estrategia que se mantuvo por cerca de un año más, hasta la llegada del presidente Donald Trump, que a día de hoy ha sumado 243 sanciones al paquete histórico. 

¿De qué no tiene la culpa el bloqueo?

El efecto del bloqueo en Cuba es innegable y, a la vez, el país podría abrirse muchos caminos que no dependen del Gobierno estadounidense, sino de decisiones concretas del equipo gubernamental de Miguel Díaz-Canel.

A juicio de Vidal, las medidas de presión dictadas por el magnate republicano no bastan para explicar el mal desempeño global de la economía cubana, ni justificar la postergación de cambios profundos, que el Palacio de la Revolución lleva décadas evitando. Variables como la baja competitividad de las producciones cubanas o el sobredimensionamiento y monopolio de la empresa estatal también están detrás de la crisis. Pero con su posición actual, la Casa Blanca comete el doble error de dar pie a la retórica de justificaciones de La Habana y pierde un espacio de influencia que sin duda había comenzado a ganar.

Esa influencia, o «efecto diluyente», sería una de las consecuencias que para el monopolio político tendría la actividad económica privada. El fenómeno fue abordado en noviembre por Ricardo Herrero, director ejecutivo de The Cuba Study Group, un think tank estadounidense. Su intervención como panelista en un seminario sobre inversión extranjera en Cuba, organizado en Miami, se centró en la presencia de los emigrados en el sector no estatal, y las limitaciones que para el caso han establecido las autoridades isleñas. La lógica argumental que planteó en la ocasión (los emprendimientos privados generan un ecosistema ajeno al control estrecho del Gobierno, que limita el poder de este) valdría para explicar en parte el recelo oficial respecto al cuentapropismo; incluso cuando esos negocios no sostienen vínculos con extranjeros o nacionales residentes en el exterior.

En los últimos 30 años la relación entre Cuba y Estados Unidos ha mantenido su naturaleza confrontacional, con el acercamiento comenzado en diciembre de 2014 y la ley de «Reforma a las sanciones comerciales» (que desde 2000 ampara la venta de alimentos y medicinas a Cuba) casi como únicos gestos de distensión. Sin embargo, ninguna de las dos capitales tiene razones para considerarse vencedora. La Habana no ha logrado construir un modelo de éxito económico ajeno a la influencia de su poderoso vecino, y en Washington siguen inclinándose por medidas unilaterales cuyo costo fundamental lo paga la gente común.

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