No. No todos los problemas de Cuba se deben al Gobierno de los Estados Unidos y su injusto —sí— bloqueo contra la Isla. Aunque en muchas cuestiones el también llamado embargo genera escasez, la mala gestión del Gobierno cubano la exacerba. 

El discurso oficial, que suele evadir la responsabilidad de los funcionarios, utiliza las sanciones de EE.UU. como excusa permanente para disimular ineficiencias e incapacidades. 

El efecto del bloqueo en Cuba es innegable y, a la vez, el país podría abrirse muchos caminos que no dependen del Gobierno estadounidense, sino de decisiones concretas del equipo gubernamental de Miguel Díaz-Canel. Algunas medidas de estímulo a los sectores privado y cooperativo fueron aprobadas en congresos anteriores del Partido Comunista de Cuba (PCC); sin embargo, les ha tomado años implementarlas. 

El economista cubano Ricardo Torres comenta que la Tarea Ordenamiento debía modificar los precios relativos para activar una respuesta de las empresas y crear autonomía en la toma de esas decisiones, sin embargo, el discurso oficial ha continuado demonizando el mercado.

«No tengo dudas de que lo que se dejó de hacer o se hizo mal y a medias en la última década tiene mucho que ver con la crisis actual. Muchos de nosotros teníamos una sensación de urgencia que lamentablemente no fue compartida por las autoridades. Ha faltado voluntad política y también se aprecian brechas en competencias técnicas claves dentro de los funcionarios públicos», agregó el economista. 

Alternativas ante el desabastecimiento del comercio

Dos días después de las protestas del 11 de julio (11J), el Gobierno cubano anunció una flexibilización temporal de las normas aduaneras para las limitaciones en la importación de alimentos, medicinas y productos de aseo personal.

El primer ministro, Manuel Marrero, informó que se autorizaba «excepcionalmente y con carácter temporal la importación por la vía del pasajero con equipaje acompañante, los alimentos, aseo y medicamentos sin límite de valor de importación y libre de pago de aranceles, hasta el 31 de diciembre de 2021. Los límites los pone la aerolínea».

Sobre esta medida, el economista Juan Triana sugirió en OnCuba que «debería permitirse que aquellos negocios privados que venden artículos varios pudieran vender de forma abierta estos productos». 

Triana agregó que, ante la existencia de grupos de compraventa en las redes sociales, «es preferible que sea abierto y transparente a que ocurra de esa otra forma que genera ese otro mercado negro/gris/alegal que, entre otras cosas, permite la evasión impositiva y multiplica los precios».

Por su temporalidad —solo está permitida hasta finales de 2021—, algunos se han referido a esta medida como «migajas», dado que el desabastecimiento en el mercado interno no surge de la crisis provocada por la pandemia: existe desde hace años. 

En la Mesa Redonda del 19 de febrero de 2021, el Ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, refirió que entre las inquietudes de la población se encontraba el permitir que las personas pudieran ir al extranjero a comprar productos y venderlos, debido al momento de escasez en la economía y la imposibilidad del Gobierno de mantener un abastecimiento estable en los mercados. 

«Si promovemos la importación por personas naturales de productos desde el exterior para revenderlos en el país, la industria nacional estará totalmente desconectada de ello; no estaríamos generando empleos, uno de los desafíos que tenemos», explicó Gil.

Sin embargo, algunos economistas no coinciden con esa tesis. 

Oscar Fernández, economista y profesor de la Universidad de La Habana, precisó que el mercado paralelo es resultado del déficit de oferta. «Pretender combatirlo con restricciones a la oferta es absurdo. El objetivo real no ha sido aumentar la oferta, ha sido mantener el control estatal. El Estado tenía en aquel entonces, ha tenido y tiene hoy, opciones suficientes para hacer las cosas de modo diferente sin enajenar soberanía ni hacer concesiones sociales. Lo aprobó en sus tres últimos Congresos pero no ha querido implementarlo».  

Flexibilidades en la importación

Uno de los catalizadores de las protestas del 11J serían los apagones diarios de más de 6 horas en varios lugares del país. Una posible respuesta a esa afirmación, fue la comparecencia en la televisión nacional —en horas de la tarde del propio domingo— del titular de Energía y Minas, Liván Arronte, quien explicó las causas de los cortes de electricidad. 

Apenas días después, el primer ministro, anunció el mejoramiento en la generación eléctrica y, por tanto, la disminución de esos apagones. 

De acuerdo con el Gobierno, las principales causas de estas afectaciones al servicio eléctrico se deben a la falta de crédito —como consecuencia del bloqueo— para comprar piezas de repuesto y por ende, incumplimiento en los ciclos de mantenimiento del Sistema Electroenergético Nacional. 

La inestabilidad de la red eléctrica y el aumento de los precios del consumo de electricidad a partir de la Tarea Ordenamiento, fue uno de los principales reclamos de la población.

Aunque el Gobierno inició la venta de luminarias led, calentadores solares y módulos para cocinas de inducción en la red de comercio interior, la oferta no fue superior a la demanda y en poco tiempo estos productos desaparecieron de las tiendas. 

Ante el llamado al ahorro de electricidad y el desarrollo de las formas renovables de energía, usuarios, foristas y la población en general propuso que se permitiera la importación privada de plantas eléctricas y paneles solares.

El Decreto Ley 345 de 2019 establece que «las personas naturales y jurídicas pueden adquirir equipos que utilicen fuentes renovables у otros que permitan el uso eficiente de la energía y, de requerirlo, acogerse al crédito bancario». 

Sin embargo, solo autoriza a las empresas y otras entidades a importar estos equipos o piezas destinados al aprovechamiento de las fuentes renovables de energía, y disfrutar de exenciones arancelarias.

Lejos de estimular la adquisición de tecnologías de energía renovable, las normas aduaneras vigentes limitan la importación de plantas eléctricas a una por año. A pesar de tratarse de un reclamo recurrente, la reciente flexibilización de las normas aduaneras no lo contempló. 

Aunque la autorización a 40 empresas para intermediar en la importación y exportación de las formas de gestión no estatal, respondía a una demanda de ese sector de la economía, no pocos consideran que la obligatoriedad de ese mecanismo puede constituir una traba.

Oscar Fernández asegura que «las nuevas normas para las importaciones abrieron para el sector no estatal la posibilidad de acceder a canales formales del comercio exterior, y crearon vías para comenzar a reconocerles las erogaciones externas en su ficha tributaria. No obstante, les impusieron una intermediación que no siempre necesitan y que puede encarecerles la factura entre un 20-40 %, sin que el emprendimiento tenga prácticamente opciones para licitación». 

Por tal motivo, en su artículo sugiere la opción de que el sector no estatal —e incluso el estatal— contrate directamente con el proveedor externo, a su cuenta y riesgo «sin la obligación de someterse a la intermediación de las importadoras designadas».

Como el profesor Fernández, usuarios en redes sociales sugirieron que esta opción permitiría burlar el bloqueo, dado que habría menos posibilidades de persecución y sanción a una persona natural que a una empresa estatal.

«Ojalá fuera de ese modo, pero el solo hecho de ser cubanos hace que nos bloqueen», señaló Rodrigo Malmierca, titular del Ministerio de Comercio Exterior, durante una Mesa Redonda en 2020.

Ante estas propuestas, agregó que las entidades cubanas que fungen como intermediarias tienen más experiencia en estos menesteres y «en ninguna parte del mundo las pequeñas empresas, o incluso las personas que no tienen aún una empresa, hacen este tipo de gestión. Siempre se apoyan en empresas especializadas», explicó. 

La opción de permitir a los productores la libre importación y exportación ni siquiera ha quedado como una posibilidad a la libre decisión de los principales implicados.

«Permitir la contratación directa no modificaría la magnitud de este flujo, solo eliminaría las garantías de una renta extraordinaria a las empresas premiadas, cuya fuente no proviene necesariamente del valor que crean sino de un poder de mercado artificial, concedido administrativamente. Si los márgenes comerciales aplicados son los justos, no serán las utilidades de estas importadoras las que financien el desarrollo de la industria nacional», explicó Fernández.  

Vivian Herrera, directora general de Comercio Exterior del Mincex, informó recientemente que acumulan 3 912 contratos con las formas de gestión no estatal, de los cuales 172 son de exportación.

Liberar las fuerzas productivas

En 2016, durante la lectura del Informe Central del VII Congreso del Partido Comunista de Cuba, Raúl Castro reconoció la existencia de negocios por cuenta propia que funcionaban como micro, pequeñas o medianas empresas (mipymes) y, sin embargo, no tenían reconocimiento legal como tales. 

«El Lineamiento No. 3 aprobado por el VI Congreso y que se propone mantener y reforzar en el proyecto actualizado precisa rotundamente que “en las formas de gestión no estatales no se permitirá la concentración de la propiedad”, y se adiciona que “tampoco de la riqueza”; por tanto, la empresa privada actuará en límites bien definidos y constituirá un elemento complementario del entramado económico del país, todo lo cual deberá ser regulado por la Ley», dijo Castro.

Cinco años después de aquella intervención, y con otro congreso del PCC de por medio, aún no existe un marco regulatorio para el desarrollo de las mipymes en Cuba.

Sin embargo, parece que los primeros pasos han empezado a concretarse. El junio pasado el primer ministro Marrero anunció que se había aprobado la constitución de mipymes, siempre que no estén relacionadas con sectores como el de la salud, las telecomunicaciones, la prensa, la defensa, la energía y otras áreas vetadas en la lista de actividades por cuenta propia.

El ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, reconoció que la inexistencia de una ley que regule estas formas de gestión son una «distorsión, un freno, una traba, para el desarrollo del sector no estatal».

Varios economistas cubanos han alertado sobre la prioridad que debe tener este tema, dado su empuje para elevar la productividad nacional a corto plazo, incluso en una situación de escasez y crisis como la que se vive en la actualidad.

«Cualquier emprendimiento que produzca algo, puede tener un mercado y más cuando hay un incremento salarial y hay un proceso inflacionario, cualquier oferta que aparezca encontrará una capacidad de pago porque hay dinero, el problema es que no hay bienes», publicó el economista y profesor de la Universidad de La Habana Oscar Fernández.

La demonización del sector no estatal y la burocracia han retrasado la consolidación de estas medidas económicas recogidas hace un lustro. 

«Conviene entender que la legalización de pymes es apenas un primer paso y que, incluso en condiciones en que estas sean numerosas y dinámicas, si no se les apoya de manera desprejuiciada, pudieran seguir siendo las hijas de nadie en el marco de la reforma», asegura el economista Pedro Monreal.

Gil reconoció que «existen deficiencias que dependen de nosotros y no del bloqueo de Estados Unidos» e informó que se trabaja aceleradamente en las normas jurídicas para que la nueva reglamentación esté lista entre agosto y septiembre de 2021. 

Otro estímulo de la producción es la flexibilización en los procesos productivos relacionados con el sector agropecuario. El Gobierno cubano aprobó la libre importación de alimentos por personas naturales; sin embargo, es una medida con un impacto muy reducido. 

Tras consultas a productores y trabajadores de empresas agropecuarias, 30 medidas fueron propuestas para dinamizar la producción agropecuaria. Se han realizado los primeros ajustes para poner algunas de ellas en práctica; pero no es suficiente. Estimular este sector, al igual que las mipymes, constituye una urgencia; no admite mayor dilación.

Captación de divisas

Los actos vandálicos que ocurrieron durante las protestas del 11J fueron, en su mayoría, contra tiendas en moneda libremente convertible (MLC). Algunos han explicado —y justificado— estos actos como una expresión del odio de los cubanos por esas tiendas donde se vende en una moneda que la mayoría no tiene. 

Desde su anuncio en octubre de 2019 esta medida fue impopular. Sin embargo, al principio se trataba solo de productos de gama media y alta que no estaban en el mercado, y que los cubanos importaban desde el extranjero (motorinas, neveras, splits, etc.)

Hace un año, el Gobierno anunció la apertura de nuevas tiendas para la venta de alimentos y otro tipo de productos, debido a la crisis que vive Cuba por la caída del turismo desde que está en vigor el cierre por la pandemia de COVID-19.  

En aquel momento se explicó que serían 72 establecimientos. Luego se extendió esa modalidad a casi todas las tiendas importantes de cada provincia y sus principales municipios.

«No es que los productos en MLC los quitemos de otros mercados. Eso no es ni será Cuba. Se trata de respaldar ofertas para un segmento de mercado que puede pagar en divisas», dijo en aquel momento Alejandro Gil.

A casi un año de la implementación de esa medida, la realidad ha demostrado que la mayoría de productos antes disponibles en moneda nacional pasaron a MLC, y en aquellas tiendas en CUP que todavía «sobreviven» los estantes están llenos de botellas de agua y pañales desechables para adultos. 

Muchos economistas, dentro y fuera de Cuba, alertaron que existían alternativas para evitar la extensión de estas tiendas como fuente principal de productos.

En su cuenta de Twitter, el economista cubano Pedro Monreal publicó en agosto de 2020 que para captar divisas no es necesario que la oferta se venda en divisas.

«El desabastecimiento de las tiendas que vendían en CUC/CUP se debe a un mal mecanismo de asignación de divisas. Es una deficiencia de distribución, no de captación de divisas. Parcelar parte de esas tiendas al pasarlas a operar en divisas contradice la unificación monetaria», explicó Monreal. 

Añadió que para captar divisas pueden utilizarse incentivos como «la bonificación (reducción de precios) por el uso de medios de pago electrónicos vinculados a cuentas (equivale a una mejor tasa de cambios). Otros economistas han sugerido incentivar los depósitos de divisas con buenas tasas de interés. 

Es una preocupación colectiva que estas tiendas no hayan logrado cumplir uno de sus propósitos principales: contribuir al abastecimiento de las tiendas en moneda nacional.

«Si hay colas en las tiendas en dólares, significa que el mecanismo no está bien diseñado, que no está funcionando, que se le está sustrayendo parte de la liquidez que necesitan para reaprovisionar y está siendo usada para otros menesteres», explicó Oscar Fernández. 

Fernández asegura que si no cierran su ciclo de aprovisionamiento, las divisas no las capta el Estado sino «el intermediario, el acaparador, aquella persona que en contubernio con el tendero, con el vendedor en la tienda y por una comisión le permite comprar el equipo sin hacer la cola y por tanto luego puede vender en el mercado informal el equipo al doble de su valor en dólares». 

Al reconocer la tensa situación financiera cubana —por las razones archiconocidas— y los esfuerzos gubernamentales para mantener consumos globales mínimos, Fernández resaltó que el «reabastecimiento de estas tiendas tiene que ser la prioridad. Se puede utilizar el margen comercial que se obtiene de estas ventas, pero el capital para restituir inventarios tiene que ser sagrado». 

Reajuste en inversiones 

No se puede perder de vista que la economía cubana depende en parte importante del turismo; sin embargo, esto no justifica el aumento desproporcionado en las inversiones en este sector, comparado con otros como la agricultura, por ejemplo.

A finales de mayo de 2021 Pedro Monreal analizaba un informe sobre la inversión trimestral en Cuba, publicado por la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI).

«La inversión del país se encuentra exageradamente ladeada hacia los “servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler”, que incluyen inversión turística. Es ahora 19 veces mayor que la inversión agropecuaria (en 2020 había sido 7,7 veces mayor)», informó Monreal.

Según los datos publicados por la ONEI, la deformación de la estructura de inversiones es tal, que el 45.63 % de la inversión nacional está dedicada al apartado que incluye el turismo. 

Los datos demuestran, además, que en el primer trimestre de 2021, la inversión en servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler, fue 84 veces superior a la inversión en ciencia e innovación tecnológica, cifras contradictorias en el contexto de la pandemia.

Aunque este comportamiento podría estar mediado por compromisos de inversión previos a la pandemia, tales «prioridades» han sido similares en años anteriores. 

Según el informe de 2020 publicado por la ONEI, de 2015 a 2020, los millones de pesos invertidos en agricultura, ganadería, silvicultura, pesca e industria azucarera, sumados entre sí, no representan ni la mitad y en algunos casos ni un cuarto de lo ejecutado en hoteles, restaurantes, servicios empresariales, actividad inmobiliaria y de alquiler. 

En ese período las inversiones más bajas se concentran en los sectores de la intermediación financiera; la pesca; cultura y deportes; actividades de servicios comunales, de asociaciones y personales; ciencia e innovación tecnológica; educación; y salud pública y asistencia social, respectivamente.

El total de millones de pesos invertidos en todos esos sectores —2 772 millones entre 2015 y 2020— tampoco se acerca al monto dedicado al sector económico que incluye el turismo —18 081 millones de pesos—.

Expertos han alertado sobre la importancia de distribuir mejor esas inversiones y enfocarse en aquellos sectores que ofrecen al país mayor autonomía y contribuyen a la sustitución de importaciones. 

A modo de resumen, en un artículo sobre las reformas, el economista cubano Julio Carranza aseguraba que «las expectativas de un mejor escenario en las relaciones con Estados Unidos y la probable superación de la pandemia a través de las vacunas, son una razón más para abrir estos espacios y superar las trabas existentes.

»Pero, insisto en que esa ruta es, en mi opinión, necesaria con bloqueo y sin bloqueo, con pandemia y sin pandemia, sin desconocer en lo más mínimo lo que estos significan. Es parte de la reforma integral en la cual es preciso avanzar. El ordenamiento monetario no puede quedar aislado», concluyó.

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