Ismari, la madre que enfrentó al poder militar cubano: «Nosotros no tenemos patria que defender»
Foto: Cortesía de Ismari Saavedra.
La lucha de Ismari Saavedra Rodríguez contra la dictadura cubana le viene de cuna. Ser hija del preso político Ramón Saavedra Consuegra se traduce en haber cargado por años el peso de quienes disienten en Cuba. Médico de profesión desde 1990 y diplomada en Psiquiatría infanto-juvenil, a Ismari le arrebataron la posibilidad de estudiar esa rama médica como especialidad en 2009 «por tener una hija con síndrome de Down». Ese año, escribió una carta al periódico Juventud Rebelde, que publicó la historia.
Acudir a un medio de prensa no salió a cuentas. Comenzó un «ciclo de represalias, acoso, violencia psicológica y verbal», como ella lo describe. En 2012, luego de poder inscribirse en la formación, la expulsaron de la especialidad y del sector de Salud con un presunto historial psiquiátrico inhabilitante, pero Ismari asegura que nunca le hicieron examen alguno. Ese año, la Seguridad del Estado le dijo que no tenía derecho a la jubilación y que si continuaba reclamando «ella y su familia lo iban a pagar bien caro».
El calvario prosiguió cuando apoyó la decisión de su hijo Roberto Ramón Hernández Saavedra de no acudir al llamado del Servicio Militar Obligatorio (SMO) en 2016. Roberto, de apenas 15 años, se negó a poner sus datos en una hoja que le facilitaron en el preuniversitario «Nepthalí Martínez Peláez», ubicado en el municipio villaclareño Encrucijada. «Y así empezó una persecución implacable sobre mi hijo, que era menor de edad», cuenta la madre.
A cualquier hora del día —por la mañana, a la hora del receso, al salir de la escuela—, oficiales del Comité Militar le pedían el número de carné y que firmara la inscripción. Ante las repetidas negativas del adolescente, acudieron a la vivienda de Ismari para inscribir a Roberto. Ella les comunicó que apoyaba la decisión de su hijo, que no fueran más y dejaran de molestarlos.
«Nosotros no tenemos patria ninguna que defender. Esta patria es de la dictadura, de los dictadores y de los hijos de los dictadores, pero no de nosotros», les dijo la madre.
El reclutamiento de menores de edad en Cuba
El reclutamiento para el SMO en Cuba está regulado principalmente por la Ley 75 de la Defensa Nacional, aprobada en 1994. En el artículo 67 establece que todos los ciudadanos varones deben cumplir el Servicio Militar a partir de los 17 años por un período de dos años y están obligados a registrarse al cumplir los 16.
Sin embargo, la legislación no contempla mecanismos efectivos para ejercer la objeción de conciencia, una figura reconocida por el derecho internacional. El artículo 54 de la Constitución establece que «la objeción de conciencia no puede invocarse con el propósito de evadir el cumplimiento de la ley o impedir a otro su cumplimiento o el ejercicio de sus derechos». Tampoco existen canales legales para presentar recusaciones formales ni instancias imparciales que evalúen los casos de negativa al alistamiento en el ejército.
Además, el Código Penal tipifica como delito el acto de «violación de los deberes inherentes al servicio militar», con penas de incluyen desde multas hasta un año de prisión. Al joven que se niegue a cumplir con el SMO lo pueden regular (restricción de la salida del país bajo el argumento de «interés público») sin proceso judicial ni garantías mínimas. Para aumentar las presiones hacia los ciudadanos varones que decidan no alistarse en el Ejército, el régimen aprobó en octubre de 2024 el Decreto 103, que establece mayores sanciones para quienes no procedan a registrarse en el Comité Militar o eludan algún llamado.
La prohibición expresa de evadir el SMO contraviene lo establecido por organismos internacionales. El Comité de Derechos Humanos de la ONU considera que la objeción de conciencia debe garantizarse como parte del derecho a la libertad de pensamiento, conciencia y religión. Así lo estipula el artículo 18 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos que Cuba firmó en 2008 pero que no ha ratificado desde entonces.
El asedio a Roberto
Luego de la primera visita de los oficiales del Comité Militar a casa de Ismari, las represalias se intensificaron. A la coacción de los militares se sumaron los profesores del preuniversitario donde Roberto cursaba estudios. Ismari recuerda cómo, poco a poco, el claustro y dirigentes estudiantiles de la FEEM se convirtieron en cómplices del hostigamiento.
«Y eso que era un niño de buena conducta», enfatiza su madre. Además, el adolescente tenía un alto rendimiento académico, según confirmó elTOQUE tras acceder a la certificación de notas del alumno en su bachillerato y los resultados de sus exámenes de ingreso a la universidad.
Cuando Roberto cursaba el duodécimo grado, la situación se volvió insostenible. Antes, asistía al centro educativo dos veces a la semana —debido a las presiones escolares que enfrentaba— pero luego dejó de ir por completo. Le dijeron que no tendría derecho a las pruebas y que no podría ingresar a la universidad.
En noviembre de 2018, el jefe del sector se presentó en la vivienda. Lo acompañaron oficiales de la Policía Nacional Revolucionaria (PNR). «Venían todos juntos a preguntarme por qué no lo dejaba ir al Servicio. Yo les decía: “No soy yo. Él no quiere. ¿Tiene disposición? No. Entonces no lo voy a obligar”».
En mayo de 2019, Roberto pudo presentarse a las pruebas finales para el ingreso a la universidad luego de tres meses de ausencia escolar. Las aprobó y le otorgaron la carrera de Medicina. Las citaciones continuaron a la par de la negativa de Roberto. En agosto, le notificaron que estaba «regulado».
Ese año, las autoridades organizaron el primer operativo alrededor de la casa con cerca de una docena de oficiales, incluidos miembros de la Seguridad del Estado y de la Policía de Encrucijada. Querían procesarlo por incumplir con el reclutamiento. El episodio se repitió en 2021. Esa vez, asistieron también profesionales de Medicina Legal, de la Fiscalía y de la dirección provincial del Partido.
«Les dije que mi hijo no iba a portar armas, que no quería este régimen, que no quería matar a nadie», relata Ismari. A Roberto se lo llevaron para realizarle el chequeo médico previo al SMO. Fue ahí que recibió un diagnóstico que la madre define como «invalidante» y «falso» y del que la familia del entonces menor de edad nunca ha tenido constancia por escrito, aunque lo han solicitado en reiteradas ocasiones. Finalmente, en el Anexo 1 (Certificación sobre el Registro Militar con fecha 14 de abril de 2022) figura que el joven causó «baja por Psiquiatría», sin que se aporten mayores detalles, según constató el equipo editorial de elTOQUE.
A Ismari la citaron a reuniones en Matanzas, en La Habana y en la región central. En una de ellas —que la doctora describe como una especie de «mesa redonda», en la que la rodearon varios funcionarios— le retiraron el teléfono y la presionaron para que aceptara buscar un certificado falso que justificara la exención de su hijo por supuestas razones psiquiátricas.
La madre no se quedó de brazos cruzados. Acudió a diversas instancias, alegando que la Ley 75 otorga a las comisiones de reclutamiento las facultades de aplazar o conceder exenciones con respecto al cumplimiento del SMO. «¿Por qué no se lo pueden aplazar? ¿Por qué llevarlo obligado? A nivel internacional dicen que todo es voluntario, que no reclutan menores, pero aquí adentro es otra realidad», sentencia Ismari.
Roberto estuvo impedido de salir del país hasta 2022. Sin embargo, Ismari comprobó en la dirección de inmigración de Santa Clara que la denuncia realizada por el Comité Militar había quedado archivada desde febrero de 2020. A Roberto le mantuvieron la regulación por dos años más sin respaldo legal.
El castigo por decir «no» a la Revolución
Dos tragedias recientes avivaron el debate social en Cuba sobre la obligatoriedad del Servicio Militar. En 2022, cuatro jóvenes soldados de entre 19 y 21 años fallecieron luego de que fueran enviados a sofocar las llamas generadas tras la explosión de los Supertanqueros de Matanzas. En enero de 2025, otro siniestro causó la muerte de casi una decena de jóvenes reclutas en una instalación donde se almacenaba material de guerra, ubicada en Melones, Holguín.
En los últimos años, organizaciones internacionales como Amnistía Internacional y el Comité de Derechos del Niño de la ONU criticaron al Gobierno cubano por el reclutamiento de menores de edad. En 2024, la organización independiente Cubalex documentó la muerte de, al menos, siete jóvenes mientras cumplían el SMO.
También son frecuentes las represalias institucionales contra quienes, como Roberto, se niegan a cumplir el SMO o apoyar al sistema. Estas pueden incluir amenazas, acoso psicológico, marginación escolar e, incluso, la expulsión del sistema educativo o la negación del derecho al estudio. Un caso conocido es el de Karla María Pérez González, estudiante de Periodismo expulsada en 2017 de la Universidad Central Marta Abreu de Las Villas «por no comulgar con las ideas comunistas», como declaró a BBC.
Más recientemente, en 2025, Hugh Dieter Pupo Santana, alumno de primer año de Enfermería en la Filial Universitaria Gabriela Arias de Cárdenas, Matanzas, fue forzado a abandonar sus estudios debido al hostigamiento que sufrió en su centro educativo. Según denunció el Observatorio de Libertad Académica (OLA), la persecución contra Hugh se debe a que su padre, Samuel Pupo Góngora, es un expreso político.
«La universidad es para los revolucionarios»
En repetidas ocasiones, Ismari intentó inscribir a su hijo en la universidad. La respuesta fue la misma en cada oficina estatal, ministerio y sede universitaria: sin haber cumplido el SMO, no podía matricular.
En medio de esas gestiones, en 2020, a Ismari le sobrevino otro golpe: su madre fue diagnosticada con cáncer de mama. Mientras la acompañaba a los tratamientos en el Instituto de Oncología de La Habana, aprovechaba para visitar el Ministerio de Educación Superior, dado que ambos se sitúan en el barrio, El Vedado. Entrevistó al abogado del organismo, contactó con la oficina de becas, dejó cartas dirigidas al entonces ministro José Ramón Saborido… Una vez, logró interceptarlo en el parqueo del Ministerio. «Me dijo que eso no era problema, que mi hijo iba a estudiar. Pero después desapareció. Más nunca me recibió», afirma.
En un último intento, acudió a instancias del Partido municipal, provincial y al Comité Central; se comunicó con un funcionario identificado como David, encargado de los temas de Educación Superior. «Todo fue por gusto. Nadie ayudó. Pero al menos me quedaron los documentos, las pruebas», dice con resignación.
Desde que la persecución contra Roberto inició, el joven limitó al máximo su vida social y evitaba salir de la casa. «Vivía escondido con 17 años —cuenta Ismari—. Las autoridades militares le dijeron que no cumplir con el SMO conllevaba ir a prisión. «Él recuerda mejor que yo lo que le dijo el fiscal Julio: que iba a terminar violado o muerto en la cárcel».
En otra ocasión, les dijeron a ambos que cogieran un avión y se fueran, pero las autoridades cubanas también frustraron los intentos de la familia de enviar a Roberto al extranjero para formarse durante los años en los que estuvo regulado. Sobre su historia, el joven, de ahora 23 años, escribió a elTOQUE: «He sido despojado del derecho a existir y condenado de por vida. Mi autonomía está limitada y manipulada por ellos».
Desde 2017 hasta 2025, Ismari acudió a cuanto órgano e institución cubana pudo para echar la pelea contra el régimen militar. La madre y médico guarda un expediente de más de 30 páginas con las cartas que envió y las respuestas que obtuvo, el cual compartió con la redacción de elTOQUE.
Algunas de las instituciones a las que acudió fueron: el Comité Militar de Encrucijada, el Comité Militar de Villa Clara, el Ministerio de las Fuerzas Armadas Revolucionarias, la Asamblea Nacional del Poder Popular, el Consejo de Estado, el Comité Central del PCC, el Ministerio de Justicia, el Ministerio de Educación Superior, la Universidad Central Marta Abreu, la Universidad de Ciencias Médicas de Villas Clara, la Fiscalía Provincial de Villa Clara y la Fiscalía General. No encontró una salida posible en ninguna instancia.
A pesar del asedio, Ismari y Roberto no se han rendido. «Me siento muy bien de haber apoyado a mi hijo —asegura la madre—. Me siento digna. Y eso es lo que más les molesta a ellos».
Si te interesan los temas jurídicos puedes visitar nuestro proyecto elTOQUE Jurídico, en el cual encontrarás análisis y debates sobre las leyes, los derechos y los procesos jurídicos en Cuba.
Síguenos también en Twitter: @eltoquejuridico
Comentarios
En este sitio moderamos los comentarios. Si quiere conocer más detalles, lea nuestra Política de Privacidad.
Tu dirección de correo electrónico no será publicada. Los campos obligatorios están marcados con *