La legalidad ha sido una de las ideas más recurrentes en el discurso económico ―si algo así existe― de los gobernantes cubanos en los últimos días.
El 3 de agosto de 2022, Alejandro Gil Fernández, ministro de Economía y Planificación, en compañía de la ministra presidente del Banco Central de Cuba, Marta Sabina Wilson González, explicó cómo se implementaría una de las más de 70 medidas anunciadas por el Gobierno cubano durante la última sesión del Parlamento para ―ahora sí― dinamizar la economía cubana: el restablecimiento de un mercado cambiario legal de divisas.
Durante su intervención, Gil dijo claramente que «existe una tendencia a no aceptar la moneda nacional» por parte de algunos actores de la economía. Afirmó que se trataba de un acto ilegal porque la moneda nacional es la moneda de curso legal en la economía cubana y todos tenían que unirse «para darle valor».
Asimismo, explicó que todos tenían «que convocar a la legalidad» y que «hoy [quien] tenga en la mano un dólar o un euro (…) puede canjear[lo] perfectamente con el Estado a un tipo de cambio» que para su apreciación «tiene fundamento económico y es atractivo para las condiciones actuales del país, muy por encima de la tasa de cambio 1x24».
En esa cuerda, el también vice primer ministro cubano aseguró que uno de los beneficios principales de la medida anunciada es la legalidad. En tanto, los cubanos y los viajeros que arriben al país tendrán la posibilidad de «canjear las divisas a un tipo de cambio más atractivo que 1x24 y no [tendrán] que acudir a un mercado ilegal». Consideró también que, para el Gobierno cubano, el tema de la legalidad es «esencial».
Pero, ¿es ilegal el mercado informal de divisas cubano? ¿Qué significa la legalidad para Gil?
La respuesta a la primera pregunta es sencilla. De acuerdo con la ley, en Cuba el intercambio de divisas fuera de los canales legales establecidos por el Gobierno ha sido considerado desde hace mucho tiempo un delito. Esa consideración ha sido el reflejo de la sempiterna intención del poder cubano de ―para utilizar el lenguaje de moda― «captar» toda la divisa que circula en el país. Una intención que responde a la deformada creencia de los gobernantes cubanos de que ―como ratificó Gil ante una afirmación de Randy Alonso―: «el problema fundamental de la economía cubana es la falta de divisas».
La intención del Estado cubano de controlar y captar divisas se ha expresado de forma diferente con el paso del tiempo. Ha transitado desde la penalización absoluta de la portación de moneda extranjera a la legalización de la tenencia de divisas bajo el control absoluto del mercado cambiario.
La dolarización de la economía cubana en los años noventa del siglo pasado no implicó que el Gobierno renunciara a ser el único y más importante actor de un mercado cambiario cuya creación se había potenciado, entre otros elementos, mediante la creación de las casas de cambio (Cadeca) inexistentes antes de 1994.
Como parte de ese proceso, en 1993 el Gobierno cubano modificó el Código Penal de 1987 y derogó algunos incisos del delito de tráfico ilegal de moneda nacional, divisas, metales y piedras preciosas. La modificación parcial del Código Penal, si bien despenalizó la tenencia de divisas, no alcanzó otras conductas relacionadas con las operaciones de cambio. El inciso f del artículo 235.1 del texto siguió considerando ―hasta hoy― delito la realización de cualquier operación «de cambio [de divisas] en mercados negros de monedas nacionales o extranjeras o por canales distintos a los legalmente establecidos».
El nuevo Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022 ratifica ―casi que en idénticas condiciones que su par de 1987― la penalización de cualquier operación de cambio. Esta situación nos llevaría a afirmar que el mercado informal de divisas pública y notoriamente desarrollado en Cuba es ilegal, como afirma Alejandro Gil Fernández.
La afirmación anterior conduce a formular otras interrogantes: ¿por qué si el Gobierno cubano conoce de la existencia de un mercado ilegal extendido e identificable no actúa en consecuencia? ¿Puede el Gobierno definir cuándo y qué delitos perseguir?
La situación con el mercado cambiario informal es solo una muestra de la selectividad del Gobierno cuando se trata de reprimir. Los principios que en teoría rigen el sistema penal cubano indican que las autoridades, una vez conozcan de la producción de un delito, están obligadas a perseguirlo. En el caso del tráfico ilegal de divisas, eso implicaría perseguir a cualquiera que tome parte en alguna de esas operaciones.
No obstante, a pesar del carácter absoluto de la prohibición legal, el Gobierno cubano ha concentrado la represión, en lo fundamental, en quienes se dedican de forma asidua a las operaciones de cambio y convierten esa actividad en una forma de vida.
Se trata de una práctica utilizada desde la última década del siglo XX, cuando apareció el mercado cambiario formal, y la que ha tenido oleadas y picos represivos en dependencia de las necesidades del régimen de controlar más o menos el mercado. La persecución de los revendedores de dólares fue cruenta durante los noventa. Sin embargo, después de que el Gobierno cubano logró estabilizar y monopolizar el mercado cambiario, la reventa ilegal continuó como un acto público secreto que se desarrollaba, incluso, en las puertas de las casas de cambio de divisas (Cadeca). Pero era una actividad residual que no influía en los precios del mercado de divisas controlados por un Estado capaz, en aquel entonces, de sostener la oferta de divisas en sus instituciones.
Sin embargo, esa tolerancia estatal relativa del mercado informal de divisas, que se vivió en las primeras décadas del siglo pasado, se convirtió en una nueva marea represiva cuando la apertura de tiendas de artículos de primera necesidad ―en las que solo se puede comprar con el dólar bancarizado (MLC)― y la incapacidad del Gobierno cubano de sostener la oferta de divisas condujeron a la quintuplicación de los precios de las divisas en el único lugar en el que podían encontrarse: el mercado negro.
En fechas tan recientes como 2020, se reeditó otra ola contra los especuladores y acaparadores de divisas que, según la teoría oficial, eran quienes mantenían ―de conjunto con «inventos» como la tasa del mercado informal de elTOQUE― los elevados precios de las monedas extranjeras en el mercado ilegal. Como en otras oportunidades, la reedición de la nueva saga de persecuciones estuvo justificada con el combate a quienes pretenden «enriquecerse de manera ilícita mediante una tasa de cambio impuesta por ellos y sin mediar el control».
La «legalidad» ha sido utilizada de forma variable por el Gobierno cubano como una forma de control del mercado. Por eso, durante todo este tiempo, el impulso de mecanismos de control policiales ha sido utilizado ―sin éxito― para corregir por la fuerza fenómenos que se rigen desde hace mucho tiempo por las leyes del mercado. En tal sentido, no debería sorprender la nueva apelación a la legalidad enarbolada por el ministro Gil Fernández.
El tráfico ilegal de divisas nunca ha dejado de ser ilegal en Cuba, pero sí ha sido tolerado. Los últimos meses lo demuestran.
La dificultad fundamental radica en la discrecionalidad de los tiempos y las formas con la que el Gobierno lo persigue. Mientras el mercado ilegal fue la única fuente que tenían los cubanos no receptores de remesas de acceder a las divisas indispensables para adquirir productos de primera necesidad en tiendas creadas por el Estado, los gobernantes no estuvieron tan interesados en restablecer la legalidad.
Empero, después del anuncio del 3 de agosto de 2022 del vice primer ministro cubano, es de esperarse que dentro del arsenal de estrategias del Gobierno para restablecer el mercado cambiario vuelva la recurrente represión. El Estado ha reconocido abiertamente que pretende competir con el mercado informal de divisas. Pero la historia y la forma en la que anuncia sus intenciones indica que no lo harán con lealtad.
La principal arma ―y quizá la única― que hoy tiene el Gobierno cubano para competir con el mercado informal es la coacción. Sin la oferta de divisas su incentivo es incompleto. Como han reconocido, no crean aún un mercado cambiario y, por ende, es difícil que puedan establecer una competencia leal con que tienen la capacidad de adquirir a precios superiores la divisa y, también, ofrecerla.
De ahí la necesidad de Gil de advertir de forma implícita que, desde el 4 de agosto de 2022, no existen razones en Cuba para que las personas vendan sus divisas a otro actor que no sea el Estado.
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