El ministro de Economía y Planificación y viceprimer ministro cubano, Alejandro Gil Fernández, presentó el 21 julio de 2022 ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP) lo que denominó «nuevas medidas para revitalizar la economía cubana». 

Después de 60 años, es difícil creer que se pueda revitalizar la economía del país sin modificar de manera radical los cimientos del modelo político-económico. Pero, la clase política que dirige Cuba piensa lo contrario, al tiempo que vende como novedosa el agua tibia.

Desde hace algún tiempo es Alejandro Gil el vendedor encargado. Pero antes, fue Marino Murillo; y más atrás, José Luis Rodríguez. Las formas de vender los experimentos no han sido diferentes y el resultado tampoco: una economía que no levanta a pesar de que la llenen de helio estadístico.

La economía cubana no puede ser próspera porque no se dirige ni se piensa bajo criterios económicos, sino políticos. La intervención más reciente de Alejandro Gil así lo demuestra.

MÁS CAPACIDAD IMPORTADORA

Una de las medidas anunciadas por Gil es el aumento de las posibilidades para que los cubanos importen una mayor cantidad de misceláneas y otros artículos «sin carácter comercial». El viceprimer ministro insistió en este último detalle. El resumen de la medida es que la cantidad de blúmeres o calzoncillos —entre otros artículos que se deberían poder comprar en cualquier esquina— que los cubanos podrán importar no dependerán de un número de unidades, sino del peso y valor que determinen las autoridades en las próximas normas jurídicas encargadas de implementar las decisiones.

Las medidas incluyen, además, la reducción en un 70 % del impuesto aduanal (el que pagan los cubanos por importar). Asimismo, Gil anunció que aumentará de 10 a 20 kilogramos el peso máximo de los paquetes que pueden enviarse desde fuera del país. Indicó, también, que se disminuirá el precio del kilogramo importado de 20 a 10 USD y se aumentará de 1.5 a 3 kilogramos el peso máximo de los bultos exentos de pago y compuestos por artículos a los que se les aplica el sistema de valor/peso.

De acuerdo con el criterio del ministro de Economía y Planificación, el aumento de la capacidad de importación de las personas naturales sin carácter comercial es un «paliativo» al déficit de oferta y al desabastecimiento de productos de todo tipo que hay en el país. Agregó que es una medida que se toma como variante ante las solicitudes y estados de opinión de muchos cubanos, quienes pidieron que se autorizara a las personas naturales a importar con fines comerciales.

Economía cubana hoy en 8 frases del ministro Gil

«No creo que podamos alcanzar el 6 % de crecimiento», dijo el ministro de Economía y Planificación, Alejandro Gil, durante una actualización sobre el sector en Cuba, en medio de la peor crisis que vive el país en décadas y viniendo de una caída de casi 11 % del PIB en 2020.

El señor Gil aseguró que tenían «el convencimiento [de] que la importación con carácter comercial [les] va a ralentizar la recuperación económica porque va a generar una demanda de divisas que se va a captar en el país y va a salir al extranjero sin ningún impacto en [la] industria, y que es una medida que en las condiciones que enfrenta la economía no es conveniente». 

Pero las disonancias cognitivas en el discurso de Gil, y por transitividad en el de la administración para la que trabaja, son evidentes. Los gobernantes cubanos han decidido aumentar la capacidad de importación de las personas naturales para paliar el déficit de oferta y el desabastecimiento, pero sin legalizar la comercialización de los productos importados por esas personas.

¿Cómo se supone que aumente la oferta si los productos importados solo pueden ser consumidos o donados por los importadores? ¿Acaso aspira la Administración cubana a que la economía se revitalice mediante un ejercicio colectivo de la caridad?

La respuesta es compleja y macabra. El Gobierno cubano parece apostar por lo que considera ilegal: un mercado negro de misceláneas y productos de cualquier tipo al que Gil se ha referido como «indisciplinas y distorsiones». El combate a ese mercado no cumple criterios económicos, sino políticos. Iguales a los que llevaron a los redactores de la Constitución de 2019 a expresar en el texto constitucional que el Estado cubano tenía que evitar la «acumulación de riquezas» en manos privadas. Un mercado al que han tratado de controlar y constreñir desde hace mucho tiempo mediante la apuesta por un sector de comercio minorista estatal que nunca ha logrado cumplir con las expectativas. 

En octubre de 2019, Salvador Valdés Mesa, vicepresidente cubano, anunció en la Mesa Redonda otras «nuevas medidas económicas» que permitirían desarrollar la industria y la manufactura nacional. Esas nuevas medidas se diseñaron en lo fundamental para hacer frente a la tendencia del aumento del volumen de mercancías que eran importadas al país por personas naturales sin carácter comercial. Mercancías que, a decir de Valdés Mesa, «entran al país en un marco de legalidad y después que son recepcionadas se comercializan de forma irregular».

En aquel entonces —hace casi tres años— se creó una comisión gubernamental para analizar el «complejo problema» y proponer medidas para enfrentarlo. Esa comisión estuvo conformada nada más y nada menos que por 14 organismos de la Administración Central del Estado. Valdés Mesa defendió en aquella oportunidad la idea de que, el volumen de divisas que salía del país por concepto de importaciones de personas naturales, alcanzaba cifras significativas y que era una necesidad del Estado «captar esas divisas» para reaprovisionar las cadenas de tiendas y reinvertir en el desarrollo de la industria nacional. 

Potenciar «la industria nacional utilizando las capacidades instaladas» era, además, uno de los objetivos que en 2019 se propuso el Gobierno cubano con aquel paquete de medidas. Más de dos años después sigue siendo ese su objetivo no logrado; pero ahora, otra vez, lejos de intentar competir y limitar indirectamente la importación de mercancías por personas naturales, proponen su ampliación y flexibilización.

El Gobierno cubano ha decidido no apostar de forma abierta y segura por el desarrollo de un sector privado con capacidades importadoras y comercializadoras. Eso acabaría con uno de los pilares de la política centralizada en el manejo de la economía cubana: el monopolio estatal sobre la importación. Un monopolio que se mantiene porque los gobernantes entienden como un inconveniente para la economía que los cubanos importen y comercialicen lo que el Estado no comercializa y mucho menos produce.

Importaciones privadas afectan la economía cubana, según ministro Gil Fernández

Recientemente, el ministro de Economía Alejandro Gil explicó que las importaciones privadas propician la salida de divisas del país y que permitirlas sería un error. En el episodio 59 de El Enjambre, Lucía, Camilo y Yunior dialogan al respecto y comparten los argumentos de economistas en relación a este asunto.

En ese juego de reconocimiento/negativo terminan por favorecer la ampliación de un mercado negro que saben que existe y que también han tratado de liquidar. No hay que ir a la universidad ni ser ministro de economía para saber que si existe un mercado negro de productos que se nutre de la importación de personas naturales, es previsible que ese mercado aumente y se desarrolle en igual medida en la que se incrementan sus fuentes de suministros. Es de ilusos pensar que quienes anunciaron el nuevo paquete de medidas no lo saben y no cuentan con ello.

SOLUCIONES TEMPORALES E INSEGURIDADES PARA LOS ENTUSIASTAS

Impulsar y defender de forma velada la idea de fomentar el suministro del mercado negro ilegal convierte a las autoridades cubanas en instigadores. La misma figura que utilizan para criminalizar a quienes salen a la calle a protestar, puede aplicarse a Gil y al gabinete de Díaz-Canel. Cuando se concrete el anuncio del viceprimer ministro, se estará instigando a los cubanos a cometer delitos que el Gobierno regula y persigue y que a modo de eufemismo denomina «indisciplinas y distorsiones».

El Código Penal vigente y el nuevo aprobado en mayo de 2022 por la ANPP establecen que constituye un delito de especulación y acaparamiento tanto adquirir mercancías para revenderlas como retener o transportar «mercancías o productos en cantidades evidente e injustificadamente superiores a las requeridas para sus necesidades normales».

Aumentar la capacidad de importación de las personas sin ofrecerles la posibilidad de comercializar de forma legal los productos importados, deja solo tres caminos a los entusiastas importadores: acumular más allá de sus necesidades normales (lo que puede considerarse acaparamiento); revender ilegalmente las mercancías importadas (lo que puede considerarse especulación) o; regalar las mercancías importadas (lo que constituiría un acto de altruismo poco común y económicamente insostenible). 

El anuncio de Gil pudiera indicar que las autoridades cubanas tolerarán de manera temporal el aumento de la importación y la comercialización ilegal de mercancías. Pero el mantenimiento de la prohibición en la comercialización y, más allá, su consideración como delito, les permitiría perseguir de manera discrecional y en dependencia de intereses puntuales a quienes entiendan como un riesgo.

Al final, Gil ha reconocido que todas las medidas implican un riesgo. Un riesgo que deberán manejar y dejar siempre una puerta trasera que les permita enfrentarlo en caso de ser necesario. Sobre todo, porque, como el viceministro reconoció, el riesgo mayor que corren en este momento «es el de no hacer nada».

La flexibilización de la importación por parte de personas naturales sin carácter comercial no es una medida diseñada para revitalizar la economía cubana; porque lo que se desenvuelve en el terreno de lo inseguro, de lo contradictorio, no será capaz de revitalizar una economía que está petrificada. Es una medida que asemeja una tabla de salvación temporal para permitir respirar a un Gobierno que intenta mantenerse a flote sin comprometer privilegios, ceder control o modificar sus ineficientes mecanismos de administración de la economía y la política.

Las medidas anunciadas por Gil son un saco de sueños, de aspiraciones que necesitarían concretarse. Pero, en ningún caso, constituyen un sistema o catálogo de reformas profundas que permitan afirmar que habrá un despegue —ni siquiera «paulatino»— de la economía cubana. 

De cualquier forma, los análisis de riesgo de Gil son a costa de la ciudadanía. Sus tiempos no son los tiempos de los ciudadanos. Por eso, quienes corren el riesgo más grande son quienes aplauden y creen que las nuevas y contradictorias medidas resucitarán mágicamente la economía, o quienes las asuman como licencia segura para lucrar.



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