ACTUALIZADO 18/1/2023

El reloj sonaba la alarma a las 6:45 a. m. en el apartamento que Milagros y su esposo compartían en el municipio Centro Habana. El esquema trazado tenía que ser lo suficientemente ágil para que diera tiempo a desayunar, preparar el almuerzo y la merienda de la niña, bautizada con el nombre de una de las musas del director estadounidense David Lynch.

Mientras Milagros hacía todas las maniobras pertinentes en la cocina, su compañero se encargaba de despertar con extrema suavidad a la pequeña, que aún no cumplía los tres años. Ejecutaban casi un baile sincronizado y semiautomático.

Milagros era guía de turismo mucho antes de la llegada de la COVID-19 a Cuba, antes del confinamiento; en medio de una de las tantas crisis coyunturales anunciadas por el Gobierno. Esto significaba acompañar a grupos —en su mayoría— angloparlantes entre cuatro y cinco días hasta altas horas de la noche. Era su esposo, recién graduado y arquitecto en una empresa mixta, el responsable de que la niña llegara a tiempo al círculo (guardería) privado localizado en Miramar, una ubicación estratégica para la familia.

«Era una dirección que estaba justo en el medio. Centro Habana, donde yo vivía; Marianao, que era la de mis padres, y; Miramar, donde vivían mis suegros. Si yo me complicaba o su papá se complicaba, los abuelos podían recogerla», recuerda Milagros, quien ahora reside en España.

A unos siete kilómetros del apartamento de Milagros, en San Agustín, un barrio del municipio La Lisa, vivía Amanda. Es tatuadora y artista independiente; con el padre de su hija, desarrollaba casi la misma coreografía.

Tenía que comenzar a trabajar a las 10:00 a. m., por lo que las primeras horas del día eran para «adelantar el almuerzo». Mientras ella preparaba el material, los utensilios para cada cliente, revisaba meticulosamente los diseños, sellaba la calca o el stencil y, finalmente, aplicaba líneas y colores por debajo de la epidermis, su pareja se ocupaba de la niña. Las pausas eran para lactar. Solo cuando Amanda daba por concluida la jornada y los clientes se retiraban satisfechos, el papá podía descansar.

Una rutina que, según cuenta, deterioró la relación de la pareja durante el primer año de vida de la bebé. «Nos separamos».

La experiencia de Yesenia durante los primeros años de vida de su hijo no fue muy distinta. La alarma de la artemiseña trabajadora por cuenta propia sonaba un poco antes. A las 7:30 a. m. el pequeño tenía que estar en el cuido, como también se conoce a las guarderías privadas. De lo contrario, a la entonces madre de 26 años no le daba tiempo a llegar al trabajo. Su jornada laboral fluctuaba entre la venta de alimentos y la limpieza de casas. Regresaba cada par de horas para llevarle las correspondientes meriendas y el almuerzo. A las 5:00 p. m. lo recogía y se lo llevaba con ella, donde fuese que estuviera prestando servicio. Una etapa marcada, entre tantas cosas, por el agotamiento físico y mental.

Marta María Ramírez García, periodista y comunicadora independiente, por el contrario, trabajaba en las noches para dedicar las mañanas al cuidado de su pequeña, próxima a cumplir los cuatro años de edad. Las reuniones —recuerda— eran «difíciles de conciliar» y no podían durar «más de una hora». Las madrugadas eran, y continúan siendo al sol de hoy, su horario habitual de oficina. Un esquema que podía ser irrumpido ante la llegada de alguna emergencia, como las detenciones de amigos y amigas por la Seguridad del Estado. 

«Ha sido difícil de conciliar. No solo trabajo para sobrevivir, sino que hago voluntariado», expone Marta. Durante los primeros años de la vida de su hija trabajó como coordinadora del Instituto International de Artivismo «Hannah Arendt» (Instar).

Milagros, Amanda, Yesenia y Marta no se conocen. Diferentes ámbitos laborales, diferentes edades, diferentes localidades. Nunca compartieron el mismo espacio físico —por lo menos que ellas sepan—, pero hay algo que las une: maternidades desprotegidas por ejercer profesiones fuera del aparato del Estado. Actividades no reconocidas o incluso criminalizadas que llevaron a que ninguno de sus hijos e hijas tuviera acceso a las guarderías estatales o círculos infantiles.

No todas somos prioridad

A finales de agosto de 1960 se fusionaron las «organizaciones femeninas revolucionarias». En el acto, el entonces presidente y líder de la Revolución cubana Fidel Castro habló sobre uno de los problemas que las mujeres cubanas enfrentaban a la hora de ir a trabajar: ¿dónde o con quién depositar el cuidado de los hijos que aún no entraban en edad escolar? El 10 de abril del año siguiente, surgieron los primeros círculos infantiles.

En un primer momento, la Federación de Mujeres Cubanas (FMC), con Vilma Espín en la mesa directiva, quedó a cargo de «todo». No solo de la apertura de los centros a lo largo de la isla, sino también de la capacitación del personal. Para finales de 1961, existían 37 instituciones de este tipo y poco después se concretaría la Dirección Nacional de Círculos Infantiles (DINCI).

Hoy los círculos infantiles están destinados a niños y niñas de entre 12 meses y seis años de edad, cuyas madres forman parte de la «fuerza productiva». Según indica la página oficial del Ministerio de Educación (Mined), funcionan desde las 6:00 a. m. hasta las 7:00 p. m., de lunes a viernes e incluye sábados laborables. Cuentan con una plantilla compuesta por educadores, personal médico y otras especialidades como logopedas e instructores de arte. A través de los centros, el Estado se compromete a cubrir las necesidades más básicas de los menores (alimentación, aseo y sueño) y garantizar su desarrollo integral mediante actividades pedagógicas.

Según indicó María de los Ángeles Gallo Sánchez, directora nacional de la Primera Infancia del Mined, en una entrevista concedida a la prensa estatal, hoy existen en el país cerca de 1 086 círculos infantiles (en funcionamiento) con 141 690 infantes matriculados.

En diciembre de 2021, el Gobierno realizó modificaciones al Decreto Ley de Maternidad de la Trabajadora (2003). La normativa concede derechos a la mujer trabajadora y protege la maternidad durante el embarazo, el descanso pre y posnatal, la lactancia materna y el cuidado de los hijos menores de edad. Entre los apartados que sufrieron cambios significativos estuvo el de Educación. En específico, las Normas y Procedimientos para el Otorgamiento de Matrícula en Círculos Infantiles, actualizadas por última vez en 2017.

El texto, publicado en la Gaceta Oficial No. 145, indica que el proceso de otorgamiento de matrícula se realiza durante los meses de mayo y junio, «atendiendo al tránsito de los niños hacia otros años de vida y a la escuela primaria». El requisito indispensable para la entrega de la plaza —así como su posterior mantenimiento— es que la madre sea estudiante o trabajadora, con independencia del sector en el que se encuentre insertada o su lugar de residencia.

«Además, pueden ser beneficiados los padres o tutores que cumplan igual condición, siempre que ejerzan la guarda y cuidado del menor», indica la ley.

Las solicitudes son examinadas a nivel municipal por una Comisión de Otorgamiento. El grupo es el encargado de determinar los sectores prioritarios, «en correspondencia con las necesidades del desarrollo económico y social del municipio». Incluso, cuentan con la potestad para revocar la matrícula de un menor si se verifica que la madre, padre o tutor ya no es estudiante o trabajador; si el responsable del niño se traslada a un sector no priorizado o al sector no estatal; o en el caso de una salida sin retorno al país.

En enero de 2023, en declaraciones a la prensa estatal Ena Elsa Velázquez Cobiella, ministra de Educación, precisó que en el país existen 42 mil solicitudes pendientes para el ingreso a círculos infantiles. Priorizar es la palabra de orden. Pero, ¿qué figuras maternas y paternas caben dentro de lo prioritario? 

Para quienes pertenecen a centros estatales, el Gobierno buscó otra alternativa de atención ante. Las llamadas casitas infantiles para enero de 2023 ya llegaban a 60, en las cuales se atiende a más de 1 900 niñas y niños. Esta opción para el cuidado debe ser solicitada al Ministerio de Educación (Mined) por la dirección del centro laboral y se ampara en la Resolución 58/2021.

Los fondos para su apertura, mantenimiento y sostenibilidad deben ser aportados por el centro laboral, que también se responsabiliza con la selección de los locales, el mobiliario y los recursos materiales requeridos. Por su parte, el Mined garantiza la base material de estudio, así como la atención educativa a los infantes, puntualiza la nota de prensa.

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El ministerio de Educación sólo puede cubrir el 20% de la demanda de círculos infantiles en un país donde crecen, en medio de barreras administrativas y sin control metodológico, las guarderías privadas.

Criminalización y no reconocimiento 

Milagros salió embarazada durante su último año de licenciatura en la Universidad de La Habana. En las fotos de graduación se le ve hermosa y cansada, con una barriga de cinco meses. La niña nació a inicios de noviembre. Tres meses habían pasado desde que tenía que haberse incorporado al Servicio Social. Lo cual nunca sucedió porque, en cuanto pudo, comenzó a trabajar como guía de turismo con agencias particulares.

Los intensos itinerarios que manejaban los clientes y las agencias con que trabajaba le hacían imposible dejar a la pequeña durante toda una semana con los abuelos maternos, ambos mayores de 60 años. A la par, durante todo el período no estuvo avalada por ninguna entidad dentro del abanico del Ministerio de Turismo (Mintur), por lo que quedó enlistada como «ama de casa».

«En todos mis registros médicos aparecía que yo era ama de casa, que contaba con el apoyo de mis padres y que mi esposo era el que trabajaba. Mi pareja era el único que hubiera podido hacer la gestión. Pero al ser arquitecto y, para colmo de males, arquitecto en prácticas, tampoco era priorizado. O sea, menos posibilidades», comenta.

«Yo no tenía derecho a solicitar [círculo infantil], por lo que nunca presenté una solicitud en ninguna institución pública. Ni hice la gestión. Sabía lo que iba a pasar».

En febrero de 2021, el Gobierno de la isla ratificó la prohibición de los servicios privados de guías de turismo y agencias de viaje e insertó el rubro dentro de su listado de 124 actividades prohibidas para ejercer «por cuenta propia». A los ojos del Estado cubano, Milagros era una mujer desempleada.

En su búsqueda de alternativas, Milagros se encontró con personas y familias que habían acudido a la corrupción o contactos para garantizar la matrícula de sus hijos. «Me decían: “yo conseguí plaza, pero le pagué 20 CUC a la persona que gestionaba las matrículas” o “yo conseguí un círculo en Miramar porque le pagué a una señora para que me hiciera el cambio”».

Incluso, si hubiera apostado por esta vía, como tantas otras madres, la niña hubiera sido inscrita en un círculo en Marianao —dirección que figura en su partida de nacimiento— o en Centro Habana. «Los círculos en cualquiera de los dos municipios estaban bastante deteriorados», recuerda.

Amanda tampoco realizó la gestión. Como tatuadora su situación no era muy distinta a la de Milagros.

Los tatuadores en Cuba han subsistido durante décadas en un limbo legal. Si bien no hay un apartado que prohíba explícitamente el ejercicio, tampoco aparece en el listado de actividades autorizadas para el sector privado. Lo más cercano son las categorías de rotulista o grabador. El desamparo de quienes ejercen la profesión los ha hecho propensos a «redadas» u operativos policiales para el desmantelamiento de estudios completos y la confiscación de sus herramientas de trabajo, casi todas traídas de «afuera».

En su natal Alquízar, Yesenia sí inició varias veces la gestión para la matrícula de su hijo, siempre acercándose primero al círculo infantil más próximo a su vivienda para garantizar que había cupos disponibles. Pero nunca recibió una respuesta positiva. La funcionaria que en aquel momento ocupaba la Dirección Municipal de Educación le explicó que no podían garantizar una plaza al niño porque ella [Yesenia] no estaba «trabajando para el Estado».

La situación la obligó a buscar una alternativa: cuidadoras privadas, a quienes pagaba un total de 700 pesos mensuales.

«La experiencia no fue muy buena, tenía que trabajar muchísimo más», recuerda Yesenia. Además, es representante a nivel provincial de Las Marianas: Esperanza y Libertad, agrupación dedicada a la ayuda y protección de víctimas de violencia de género en intrincados lugares de la comunidad artemiseña.

«El dinero que gastaba en el cuido, tanto el pago mensual como las meriendas diarias, lo podía haber ocupado para otras necesidades del hogar. Era un verdadero sacrificio, lo que cobraba alcanzaba malamente para la comida y cosas necesarias para mi hijo (…). En ese entonces yo limpiaba casas y tenía que dejar mi trabajo a medias para acudir a la casa de cuido. A muchas personas para las que trabajaba esto no les gustaba y perdía trabajos».

El trabajo doméstico fue «mal visto» durante décadas, al punto de casi desaparecer en la isla. Sin embargo, la actividad —desarrollada por mujeres en su mayoría— recibió otra connotación tras las reformas en el trabajo privado impulsadas por Raúl Castro. Al cierre de 2016, cifras oficiales indicaron que se habían otorgado 9 379 licencias para trabajadoras domésticas. Un número simbólico, porque la gran mayoría operaba y aún lo hace desde la informalidad. «Si pago impuestos, no llego a final de mes», retumba la idea entre quienes realizan estas labores. 

El trabajo doméstico es una de las actividades más precarizadas en el país. Salarios mínimos y condiciones laborales hacen más propenso el «despliegue de comportamientos y normas misóginas», como apunta la feminista e investigadora cubana Ailynn Torres Santana.

A Yesenia tampoco la ayudaba su condición de activista política. Junto a su rol en Las Marianas, la artemiseña es coordinadora a nivel provincial del grupo opositor Cuba Independiente y Democrática (CID) y de la coalición unitaria Compromiso Democrático. También formó parte de las miles de personas que salieron a las calles durante las protestas del 11 de julio de 2021.

En condición similar se encontraba Marta María, cuya labor de periodista independiente y trabajo sistemático como activista feminista la había hecho un sujeto recurrente de citaciones, interrogatorios y amenazas por parte de la Seguridad del Estado. Una condición que se vio agravada luego de la publicación en septiembre del nuevo Código Penal, el cual entrará en vigor el primero de diciembre. Dentro de la normativa, el Artículo 143, por ejemplo, prohíbe el financiamiento extranjero a personas naturales o jurídicas que desarrollen «actividades contra el Estado y su orden constitucional»; con condenas de entre cuatro y diez años, para quienes desafíen la figura delictiva. Una rendija por donde podrían entrar y ser juzgados los diversos medios no estatales que existen en la isla, así como sus trabajadores.

Marta María no solo ejercía —y aún ejerce— una actividad no regulada por el Gobierno cubano, sino plenamente criminalizada.

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Cuba se sitúa actualmente en el lugar 173 de la Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa que emite la ONG Reporteros sin Fronteras, y es el país con la peor situación de libertad de prensa en América Latina.

¿Cuáles son las alternativas y qué costo tienen?

A medida que el trabajo de Milagros y su esposo se fue haciendo más demandante y la niña crecía, también se vieron obligados a buscar un plan B.

«Empezamos a buscar opciones privadas. Encontramos varias pero, finalmente, nos quedamos con uno que era manejado por una exeducadora de círculos infantiles. Y por tanto, seguía el estándar de educación. Había clases personalizadas y espacios de entretenimiento».

«Tenía un precio moderado de 50 CUC (moneda retirada en febrero de 2021 equivalente a 1 200 CUP, acorde a la tasa del momento). Pero era esa cantidad más toallitas, pañales y comida. Nos manejábamos lo mejor que podíamos. Era un sacrificio, pero estábamos dispuestos a hacerlo. Porque ella tenía que estar en interacción con otros niños y yo tenía que trabajar (…). Había algunos que costaban hasta 120 CUC e incluían comida, meriendas y transporte».

Milagros asegura que la entrada de la niña a un círculo infantil, sin lugar a dudas, hubiera hecho más transitable, desde el plano económico, esta etapa. La matrícula y cuota mensual en los centros educativos estatales es de 40 pesos cubanos, con bonificaciones para madres con más de un hijo. Aunque psicológicamente no sabe cómo hubiera llevado saber que la pequeña estaba en una instalación sin condiciones.

«Mi época de círculo fue maravillosa, tengo recuerdos espectaculares. Pero, a lo mejor, no hubiera sido el caso para ella», explica.

Lo cierto es que entre la falta de condiciones de las instalaciones dedicadas a las primeras infancias, la poca disponibilidad de plazas y la cada vez más corta lista de trabajos por cuenta propia reconocidos por el Gobierno son más las madres que, como Yesenia y Milagros, se han visto obligadas a acudir a las llamadas guarderías privadas o cuidos, a pesar del sacrificio económico que conlleva.

La figura del cuidador aparece registrada en el Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS) como «asistente infantil para el cuidado de niños». Es una actividad de trabajo por cuenta propia, cuyo alcance legal queda delimitado exclusivamente al cuidado y atención de menores de edad. Es decir, la licencia no permite el contrato de servicios adicionales como «constituir escuelas o academias». Y requiere de una autorización sanitaria por parte del Ministerio de Salud Pública.

La actividad ha sido aplaudida por el propio oficialismo. Durante la Comisión de Atención a la Juventud, la Niñez y la Igualdad de Derechos de la Mujer de 2020, la ministra de Educación, Ena Elsa Velázquez Cobiella, se refirió a la labor de las cuidadoras como una alternativa «necesaria» para poder garantizar la permanencia de las familias en sus actividades laborales. Asimismo, indicó que 1 990 personas se encontraban registradas como «asistentes para la atención educativa» hasta octubre de 2019, y que el 36 % de los que en aquel entonces ejercían la actividad habían pasado los cursos de capacitación. Una cifra baja.

Marta, por su lado, intentó gestionar la licencia de una cuidadora específica para su hija. Pero la respuesta de los funcionarios de la Oficina Nacional de la Administración Tributaria (ONAT) de La Habana Vieja fue negativa. Alegaron que el permiso solo podía expedirse para quienes tenían la intención de abrir guarderías privadas para más de un niño. «Esto es brutal porque es una opción para mujeres más pobres. Quedan indefensas y no acumulan retiro», explica.

Finalmente, tuvo que acudir a una guardería cuyo costo, el poco tiempo que duró la niña en el cuido, fue financiado por Instar como parte de su contrato de trabajo. Un «experimento» ausente en la gran mayoría de negocios y espacios independientes que se desarrollan en la isla; ya sea por falta de infraestructura, conciliación o el propio reconocimiento de su importancia. Marta, incluso, pensó que este pequeño logro podría expandirse hacia otros proyectos.

No todas las experiencias en guarderías privadas han sido iguales ni todas han sido positivas. Amanda explica que, cuando su hija cumplió un año, la llevó a un cuido que costaba cerca de 10 CUC al mes. Sin embargo, tuvo que sacarla porque la niña no logró adaptarse. «Dejé de llevarla porque no dejaba de llorar en todo el día y no se adaptó en poco más de un mes».

Para algunas madres, el hecho de que sus hijos tuvieran que acudir a un sector de enseñanza paralelo creó cierta disparidad con aquellos que sí tenían acceso al oficial.

«Me hubiera gustado que interactuara con otros niños, pero en casa le enseñamos bastante durante ese tiempo. La motivábamos a dibujar, además de otras actividades», comenta Amanda. «Es una niña muy despierta para su edad, aunque también tiene sus desventajas. Con cinco años aún no es muy hábil comiendo sola, pues mi mamá la habituó a darle la comida. En un círculo hubiera aprendido a ser más independiente».

Maternidad por cuenta propia

Esta historia comienza un día de 1974 en La Habana cuando nace Niurys Higueras. Son tiempos de economía estable para sus padres y planifican su llegada al mundo, todavía los cubanos podían planificarse y crear condiciones óptimas. Fue un bebé deseado, el mejor parto de su madre.

Cuidar no es lo mismo que educar

Aunque las guarderías privadas pueden ser una alternativa para el cuidado, no siempre cubren las necesidades educativas en esa etapa. En 1992 el Ministerio de Educación lanzó el programa «Educa a tu hijo», destinado a niños y niñas de zonas rurales y montañosas que por diversas razones no podían acceder a centros preescolares. La modalidad no institucional se extendió al resto del país y actualmente acoge a más de 468 mil menores de cinco años.

La categoría de «no institucional» se debe a que las actividades educativas pueden llevarse a cabo en diferentes espacios; dígase un parque, el portal de una casa, un centro de trabajo e, incluso, centros penitenciarios con previa coordinación. El objetivo radica en el «empoderamiento» de las y los integrantes de la familia y la comunidad como educadores, lo cual asegura el desarrollo integral infantil.

Cuando el infante llega al año de vida, en correspondencia con «los recursos humanos disponibles en las comunidades», una o dos veces por semana las familias se agrupan para formar parte de talleres y actividades de corte educativo, impartidos por personal calificado. Recomendaciones que luego pondrán en práctica. Las madres, padres o tutores legales pasan a ocupar el rol de educador, pero sin compensación económica.

El artículo 35 del capítulo IV de la actual Constitución se refiere a la familia como la célula fundamental de la sociedad, al atribuirle responsabilidades esenciales en la educación y formación «de las nuevas generaciones». En la mayoría de los casos el rol es ocupado por la figura materna. En un contexto sumamente machista en el que prevalece la doble jornada laboral, la madre también debe cargar con la responsabilidad directa sobre la formación escolar de los niños. Mientras tanto, las instituciones educativas se limitan a «apoyar».

Investigaciones psicológicas y pedagógicas han indicado que la edad preescolar es cuando se forman y desarrollan los procesos sensoriales. Por tanto, requiere de una detallada planificación y sistematicidad, que no puede dejarse a la espontaneidad. No solo es necesario que las madres sean vanguardia en el trabajo y en la cocina —entiéndase el trabajo doméstico, como labor no remunerada—, sino que además deben convertirse en alfabetizadoras.

Según cuenta Marta, su hija participó en tres clases de las llamadas vías no formales, que se vieron interrumpidas por la llegada de la pandemia. Los encuentros eran dirigidos por una educadora jubilada, a quien catalogó de «encantadora». «Un tipo de educación que no me agrada, pero muy amable», comenta.

Sin embargo, no podía dejar a la pequeña y regresar a sus actividades laborales. Tenía que estar a su lado.

Lo cierto es que la modalidad, pensada en primera instancia para «complementar» con herramientas pedagógicas el cuidado familiar, no resultaba funcional para ninguna de las madres entrevistadas. Ellas, a pesar de ser consideradas desempleadas o amas de casa, necesitaban garantizar el cuidado y la formación de sus hijos cuando salían a trabajar o desarrollaban su labor dentro del hogar. No todas las cuidadoras privadas tienen la preparación para asumir dicha formación. ¿Qué hubiera dado «resolución» a las necesidades de estas madres? ¿Pasarse al sector estatal? Ni una salida fácil ni una vía posible.

«Por problemas económicos esto no era posible, ni pensé en hacerlo por el mismo motivo», explica Yesenia.

«Ni siquiera me lo planteé», agrega Milagros.

«Mi postura política es ser madre»

El Artículo 17 del Código de la Niñez y la Juventud, vigente desde 1978, aclara que el Estado garantiza la educación y cuidado de los niños en edades preescolares, mediante el círculo infantil, para posibilitar «la incorporación al trabajo» de las madres, así como «la elevación constante de su nivel cultural».

En Cuba existe un sistema con enfoque holístico para niños y niñas menores de seis años y sus familias, según indicó un reporte publicado en 2016 bajo el sello de Unicef sobre el desarrollo de la primera infancia en la isla. «Cuba es líder en la región para el desarrollo de la primera infancia, promoviendo el mayor número de acciones intersectoriales desde el momento en que la mujer queda embarazada hasta la entrada del niño en la educación primaria», reza el documento.

La contradicción del Estado y sus estructuras legales se hace más visible cuando, claramente, no son todas las mujeres, todas las madres ni todos los hijos e hijas los que gozan de estos derechos. Pareciera que la responsabilidad estatal sobre las maternidades tiene un carácter selectivo, al ubicar los recursos materiales y humanos en «sectores prioritarios». Y ser el mismo aparato político y patriarcal el que decide quiénes entran o no en la categoría.

«Llega un momento en que necesitas hacer cosas y solo porque yo había elegido no entrar a mi Servicio Social y estaba trabajando en un sector no regulado, ella no tuvo la oportunidad de ser cuidada y atendida. El resultado fue que tuviéramos que ir, por decirlo de alguna forma, por la izquierda», señala Milagros.

En este esquema, ¿dónde quedan ubicadas las activistas, las periodistas independientes, todas aquellas cuyos esfuerzos productivos no entran dentro de la cartilla de actividades aprobadas para el sector no estatal? Su no reconocimiento u omisión dentro de la fuerza laboral es violencia. Se desarrolla un contexto propicio para la precariedad de los cuerpos feminizados, con consecuencias directas sobre su descendencia.

«Mi hijo es un niño nervioso (…). Me lo llevaba después del cuido para mis trabajos, no podía descansar bien. Lo mismo llegábamos a casa a las ocho de la noche que mucho más tarde, para luego levantarse a las seis de la mañana», comenta Yesenia.

Las madres son sujetos políticos que viven y ejercen la crianza en sistemas sociales que no están pensados para ellas. El resultado directo es que en la mayoría de las ocasiones la maternidad se desarrolla en soledad. Mientras se resisten las violencias que se aplican sobre ella —desde las propias salas de parto—, en condiciones de desigualdad y en constante carácter de supervivencia. Cuba no es un punto aislado en este mapa. «Mi postura política es ser madre», dijo Amelia Calzadilla, una traductora que se dio a conocer en junio de este año por una sincera directa en Facebook.

Desde 2019, cuando se aprobó la nueva carta magna, el país ha sido testigo de una oleada de cambios jurídicos en los que se plantean o proyectan avances en materia de género. Lamentablemente, no es suficiente. El actual Decreto Ley de Maternidad no es suficiente. En la Cuba de hoy, aún persisten deudas históricas con quienes maternan. No importa si son milicianas, cuentapropistas o trabajadoras del hogar no remuneradas. «Maternar también es político».