El matrimonio infantil constituye una violación de los derechos humanos. Cada niño y cada niña tiene el derecho a ser protegido de esta práctica con consecuencias devastadoras para las personas y la sociedad en su conjunto.

En la actualidad, la eliminación del matrimonio infantil a nivel global se ha posicionado con firmeza en la Agenda 2030 para el Desarrollo Sostenible (Agenda 2030) que fue aprobada por la Asamblea General de las Naciones Unidas el 25 de septiembre de 2015.

El objetivo No. 5 de la Agenda 2030 se propone lograr la igualdad de género y empoderar a todas las mujeres y las niñas. Dentro de este, destaca la meta 5.3 sobre la necesidad de eliminar todas las prácticas nocivas, como el matrimonio infantil, precoz y forzado, y la mutilación genital femenina. Aunque la meta 5.3 supervisa el matrimonio infantil entre las niñas, es necesario advertir que esta práctica también ocurre entre los niños.

De acuerdo con reportes del Fondo de las Naciones Unidas para la Infancia (Unicef), el matrimonio infantil es la forma más generalizada de abuso sexual y explotación de menores de 18 años. Entre sus consecuencias negativas está la separación de la familia y amigos, la falta de libertad para relacionarse con las personas de la misma edad y una reducción de las oportunidades de recibir educación.

Además, debido a la falta de información o de poder de decisión sobre su salud sexual y reproductiva, las niñas se enfrentan a otros riesgos como son los embarazos tempranos y las infecciones de transmisión sexual.

Un niño, niña o un adolescente tiene biológicamente menos capacidad que una persona adulta para valorar las consecuencias de una decisión. Este ha sido un tema menor a la hora de abordar cuáles son las necesidades de reforma del Código de Familia (1975) vigente en Cuba. Sin embargo, debería ser primordial en la agenda de actores de la sociedad civil y medios de comunicación.

Esta pregunta puede y debe servir de guía a ese debate: si la ley cubana no permite que los menores de edad conduzcan, compren bebidas, cigarros o entren a una discoteca, ¿por qué sí los autoriza para contraer matrimonio?

CUBA EN EL CONTEXTO LATINOAMERICANO

A pesar de que la existencia del matrimonio infantil se considera nociva para la infancia y de que exista una estrategia internacional en pos de su eliminación, resulta curioso su práctica extendida en numerosos países. Según un estudio realizado por el Pew Research Center en 2016, en América (incluidos Estados Unidos y Canadá) solo Argentina reconocía, sin excepciones, los 18 años como la edad mínima, tanto en hombres como en mujeres, para formalizar el matrimonio.

El estudio mostró también que el 96 % de los países del mundo tenían leyes que especificaban las edades mínimas que debían tener las personas para poder casarse. Solo seis naciones, Guinea Ecuatorial, Gambia, Arabia Saudita, Somalia, Sudán del Sur y Yemen, no detallaban en sus legislaciones un mínimo de edad para contraer matrimonio. En esa fecha, al menos 117 naciones permitían que niñas y niños se casaran.

Por otra parte, el Perfil del matrimonio infantil y las uniones tempranas en América Latina y el Caribe desarrollado por la Unicef en 2015 indicaba que, en ese entonces, una de cada cuatro mujeres jóvenes de la región contrajo matrimonio por primera vez —o mantenía una unión temprana— antes de cumplir los 18 años. La prevalencia era superior a la tasa mundial, pero inferior a la de África Subsahariana y Asia Meridional.

Para medir el cumplimiento de la Agenda 2030, la Organización de Naciones Unidas (ONU) estableció un Marco de indicadores mundiales para los Objetivos de Desarrollo Sostenible. Dentro de estos, el número 5.3.1 está dedicado a la evaluación de la erradicación del matrimonio infantil y calcula la proporción de mujeres que entre 20 y 24 años estaban casadas o mantenían una unión estable antes de cumplir los 15 y los 18 años. Según el perfil realizado por la Unicef, en 2015, ese indicador en Latinoamérica, aunque variable, transitaba entre un 10 % —en el caso de Jamaica— y hasta más del 30 en países como República Dominicana, Nicaragua, Honduras y Belice. Cuba mantenía cifras cercanas al 26 %.

En 2018 la Unicef también alertó sobre el hecho de que Latinoamérica era la única región del mundo en la cual los matrimonios infantiles y las uniones tempranas no habían disminuido durante los 10 años previos. La institución señaló que los matrimonios infantiles en la región se habían mantenido en alrededor del 25 % durante la década anterior, mientras que en otras áreas del mundo se registraron disminuciones significativas en igual período, de manera especial en Asia meridional, donde el descenso ocurrió de un 50 al 30 %.

Banner de la campaña «Fin al matrimonio infantil en Cuba», #yositecreoenCuba.

CAUSAS DEL MATRIMONIO INFANTIL EN LATINOAMÉRICA

Un estudio efectuado en 2019 por el Fondo de Población de las Naciones Unidas (UNFPA) y la organización no gubernamental Plan Internacional estableció las causas fundamentales que sostenían al matrimonio infantil en Latinoamérica. El informe reconoce que en la región se utiliza para huir de la violencia y la pobreza.

No obstante, señala que la doble moral sexual imperante es un factor que impulsa, sobre todo a las niñas, al matrimonio. El estudio afirma que las normas de género definen lo que las niñas pueden y no pueden hacer, antes y dentro de las uniones. Desde la primera infancia se les inculca normas de género no equitativas. Los niños son más valorados y se les ofrecen más libertades; mientras, las niñas deben equilibrar las tareas domésticas con la escolarización.

La pesquisa indica que padres y madres, cuando temen porque sus hijas puedan ser sexualmente activas, responden limitándoles la movilidad y sus interacciones con niños y hombres, en lugar de brindarles educación sexual o alentarlas a la toma de decisiones propias. Las niñas idealizan el amor romántico, pero carecen de autonomía para decidir cuándo y bajo qué circunstancias mantener relaciones sexuales, y dialogar sobre sexo se considera algo vergonzoso. Por otra parte, cuando las y los progenitores descubren que sus hijas mantienen relaciones sexuales presionan a los varones para que se casen y así salvaguardar el honor de la familia.

El informe también señala que a menudo los padres y las madres consienten el matrimonio o las uniones tempranas de sus hijas, debido al embarazo. El embarazo temprano —así como el matrimonio o las uniones tempranas forzadas— se consideran un asunto familiar privado y, por ende, la capacidad de influencia de otros actores sociales se reduce de manera drástica.

El estudio revela que, en Cuba, entre 2011 y 2016, el índice de niñas que dieron a luz antes de los 18 años ascendió al 6 %.

Otra de las causas reconocidas por la pesquisa y que propician el matrimonio infantil es la existencia de leyes débiles en los países latinoamericanos. Investigadores insisten en el hecho de que los cambios legislativos recientes han elevado la edad mínima para el matrimonio a los 18 años o más, conforme a los acuerdos internacionales de los cuales hacen parte la mayoría de los países de Latinoamérica.

Sin embargo, las leyes, como en el caso cubano, establecen a menudo excepciones en las que padres, madres, tutores, jueces o juezas pueden consentir el matrimonio antes de los 18 años. En general, sucede que las y los profesionales jurídicos no están relacionados con el tema y las autoridades políticas lo ven como un asunto «privado». Por lo tanto, poco se implementa para prevenir el matrimonio infantil.

DESARROLLAR Y HACER CUMPLIR UN SÓLIDO MARCO LEGAL EN CONTRA DEL MATRIMONIO INFANTIL

Los países de Latinoamérica avanzan para eliminar de sus leyes la permisibilidad del matrimonio infantil. Por ejemplo, en 2017 el Congreso de El Salvador prohibió los matrimonios con niñas y adolescentes cuando estuviesen embarazadas. Derogó así una ley que estaba vigente desde 1994 y permitía a un adulto contraer matrimonio con una menor de 18 años por embarazo y con autorización de sus progenitores, lo cual según organizaciones de derechos humanos servía para ocultar violaciones y estupros.

El dictamen aprobatorio de la reforma de ese país indicó que: «[El actual código] implica la posibilidad legal que las niñas y adolescentes embarazadas contraigan matrimonio muchas veces con su agresor sexual, lo que permite que mediante la aplicación del mismo ordenamiento jurídico se prolongue la vulneración de los derechos».

República Dominicana muestra una de las peores cifras relacionadas con el matrimonio infantil. En el país caribeño, de acuerdo a estadísticas proporcionadas por la Unicef, el 36 % de las mujeres jóvenes (20 y 24 años) se casó o unió antes de los 18 años y el 12 % lo hizo antes de cumplir los 15 años. Ambos números están entre los más elevados de Latinoamérica, muy por encima de la media regional de adolescentes menores de 18 años casadas o unidas (23 %) y más del doble de la media en adolescentes menores de 15 años (5 %).

Sin embargo, el Gobierno dominicano que preside Luis Abinader, atizado por un fuerte movimiento en contra del matrimonio infantil, ha hecho frente al problema con la emisión de normas jurídicas que prohíben de manera definitiva el matrimonio de menores de edad. El 6 de enero de 2021, este mandatario promulgó la Ley número 1-21, la cual elimina el matrimonio infantil en el territorio dominicano y el Decreto 1-21, el cual declara de alto interés nacional la articulación de una política de Estado de lucha contra la violencia hacia las mujeres, las adolescentes y las niñas.

La Ley número 1-21 en su Artículo 1 establece que se «tiene por objeto prohibir que las personas menores de 18 años contraigan matrimonio, mediante la modificación y derogación de varias disposiciones del Código Civil». El Artículo 4 de la nueva ley dispone que el Código Civil, en lo adelante, en el Artículo 144, establezca que: «Las personas menores de 18 años no podrán contraer matrimonio en ninguna circunstancia».

Parece haber consenso entre especialistas de Cuba sobre la necesidad de eliminar del Código de Familia la excepcionalidad que permite el matrimonio infantil. Sin embargo, la posibilidad legal permanece vigente y con ella continúa la reproducción de uniones de ese tipo en el país. Dilatar la solución implica permitir la reproducción del problema.

En Cuba, el respeto a la jerarquía normativa nunca ha sido un obstáculo para que mediante normas inferiores se deroguen o modifiquen normativas superiores. La experiencia dominicana podría servir como referente para abordar de forma singular el problema del matrimonio infantil y no postergar de manera indefinida su solución.

El anteproyecto de nuevo Código de las Familias será sometido a consulta popular y a referéndum. Por ende, su aprobación en el tiempo planificado por el Gobierno cubano no está garantizada. La eliminación de una conducta que se considera nociva para la niñez, como lo es el matrimonio infantil, debería ser una prioridad gubernamental. Para eliminarlo no habría que esperar, necesariamente, a la promulgación de una nueva ley que regule las relaciones familiares cubanas.

***Este texto es una colaboración entre El Toque Jurídico y #yositecreoenCuba. Integra una serie temática como parte de la campaña «Fin al matrimonio infantil en Cuba».

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