Actualizado el 19/8/2024

El lunes 19 de agosto se publicó la Gaceta Oficial de la República de Cuba en su edición Ordinaria No. 78 de 2024, que incluye el decreto 107/2024 cuyo borrador se analizó en esta nota.

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En grupos de emprendedores cubanos ha circulado el supuesto borrador del decreto 107/2024 sobre las actividades no autorizadas a ejercerse por las formas de gestión no estatal (FGNE): mipymes, trabajadores por cuenta propia (TCP) y cooperativas no agropecuarias (CNA).

El documento del cual no se ha podido comprobar su veracidad, pero que cumple con los requisitos estéticos de las normas legales cubanas, ha generado preocupación en el sector privado. 

De ser auténtica, la norma derogaría el Decreto 49/2021 que, desde agosto de 2021, regula las actividades del sector no estatal en Cuba y formaría parte de los seis decretos leyes aprobados a inicios de julio de 2024 y de los que aún no se ha hecho público el contenido. 

Según informó la prensa estatal, las normas aprobadas en una sesión extraordinaria del Consejo de Ministros actualizan también las contravenciones y los términos que regulan las relaciones comerciales entre empresas estatales y privadas.

El borrador «filtrado» podría ser el primero de los seis documentos. 

¿Qué esperar de las nuevas regulaciones para el sector no estatal?

El primer ministro Manuel Marrero dio algunas pistas sobre los cambios que traerán las normativas durante su presentación ante la Asamblea Nacional del Poder Popular. Las modificaciones incluyen la actualización de las contravenciones y los términos que regulan las relaciones comerciales entre empresas estatales y privadas.

Análisis de la norma

Pese a que en 2021 académicos, economistas cubanos, inversionistas y parte del sector privado criticó la imposibilidad de brindar servicios profesionales y técnicos, la presunta normativa mantendría las mismas limitantes y excepciones. 

En ese sentido, el decreto 107 preserva la prohibición sobre las actividades de agencias de viajes y operadores turísticos, que continuarían bajo la égida estatal. Del mismo modo ocurre con la impresión de «periódicos, revistas, tabloides, libros, mapas [y] atlas», a excepción de «productos asociados a la promoción de la actividad comercial». Luego de la entrada en vigor de la nueva legislación, tampoco existiría la posibilidad de ofrecer servicios para la constitución de asociaciones empresariales y sindicales.

Con respecto a la exhibición cinematográfica, el supuesto borrador «filtrado» es más explícito que su antecesor. Deja claro que no solo está prohibido proyectar y comercializar películas concebidas para la gran pantalla, «sino también documentales, series, novelas y otras obras similares, así como su distribución a través de soportes informáticos».

Entre las novedades de lo que dejaría de estar prohibido en el futuro se incluyen la posibilidad de generar y comercializar energía eléctrica, vapor y aire acondicionado, siempre que sea a través de la utilización de fuentes renovables de energía. Asimismo, el decreto indica que se permitiría brindar servicios privados para la carga de vehículos eléctricos, también cuando se trate de energías limpias.

También abandonarían la lista de prohibiciones las actividades asociadas con el control de plagas, a excepción de las plagas domésticas (cuyo control mediante formas de gestión no estatales estaba permitido desde antes).

Otra de las modificaciones contempladas en el texto filtrado alude a la posibilidad de que las empresas privadas fabriquen instrumentos y materiales médicos y odontológicos, luego de obtener los permisos de la autoridad regulatoria correspondiente. El documento precisa que el esquema de producción deberá contar con la participación de entidades estatales. 

Por otro lado, la norma permitiría gestionar desde el sector privado el suministro de agua y gestión de alcantarillado para comunidades de menos de mil habitantes. Asimismo, y sin importar el tamaño de la población, el decreto da luz verde a la contratación de camiones cisterna para brindar servicios a las empresas o a la población. Lo anterior sería posible siempre que la relación comercial se estableciera mediante empresas estatales de acueducto y alcantarillado.

La nueva normativa establecería que el comercio al por mayor de productos autorizados estará restringido a mipymes y CNAs. En cambio, los TCP no podrán acceder a ese mercado. 

Además, se establece que la miel solo podrá ser comercializada a empresas estatales, y se mantiene la prohibición de otorgar nuevas licencias para vendedores de discos. Entre las excepciones a las actividades de intermediación monetaria figuran la exclusión de los proveedores de servicios de activos virtuales.

Con respecto a las actividades educativas, el decreto modificativo contiene mayores restricciones. Este tipo de servicios solo podrán realizarse bajo la modalidad de TCP. La constitución de academias, emisión de certificados y contratación de personal para actividades de formación quedan prohibidas. 

Para el cuidado de niños y ancianos, en el futuro sería necesario contar con una autorización previa, emitida por los directores de Educación y Salud de la Administración Municipal, respectivamente.

Dos meses detenida la aprobación de mipymes. ¿Qué podría estar pasando?

Analizamos las posibles causas de la demora en las aprobaciones de mipymes y sus efectos en el mercado local.

Reacciones del sector privado

Aunque la incertidumbre sobre la veracidad del documento ha mantenido cautos a varios emprendedores, la sensación de retroceso fue común en casi todos los entrevistados por elTOQUE. «Si ese decreto llega a hacerse realidad, se materializaría lo que muchos temíamos: un retroceso para el sector privado. Nos estarían utilizando para cubrir las responsabilidades de la empresa estatal», dijo un socio de una mipyme. 

Al referirse al documento «filtrado», el economista cubano Pedro Monreal analizó que los principales cambios se corresponderían con la actividad comercial. En tal sentido, se establecería que las mipymes y las CNAs solo podrían hacer comercio mayorista mediante contratos con participación de entidades estatales. 

La veracidad de la medida no sería descabellada, dado que el abastecimiento de muchos productos básicos se garantiza hoy por los minimercados de mipymes y dejan «mal parada» a las entidades estatales. 

Una medida de ese tipo garantizaría que las empresas del Estado recuperen la confianza perdida por la población cubana. 

El socio de una mipyme habanera comentó a elTOQUE que el documento bien podría ser el preámbulo de una medida de control a las importaciones privadas, si a ello se suma que el primer ministro Manuel Marrero anunció que los pagos del sector privado deberán pasar por las entidades financieras cubanas, y «el Gobierno no ha disimulado que intenta controlar todas las divisas que circulen en Cuba». 

Otro de los cambios identificados por el economista Pedro Monreal sería la «restricción de que el carbón vegetal para exportación solamente puede ser comercializado por productores (y no por entidades comerciales privadas) y se prohíbe la comercialización de la miel de abeja por fuera de empresas estatales».

Un reportaje de elTOQUE reveló que existe una competencia no declarada entre el Estado y los comercializadores privados del carbón vegetal, dada sobre todo por los ingresos en divisas que genera la exportación de ese combustible natural. 

Como muestra de tal incertidumbre sobre ese sector, varios productores y comercializadores de carbón vegetal contaron que los rumores sobre cambios en las nuevas regulaciones han ralentizado la actividad exportadora en los últimos meses. 

¿Existe competencia entre el Estado y el sector privado por la exportación de carbón?

Varios productores y comercializadores de carbón vegetal en Cuba hicieron llegar a elTOQUE sus preocupaciones sobre un posible cambio en las regulaciones que les competen.

Aunque en declaraciones recientes el premier cubano Manuel Marrero aseguró que no aumentarían las prohibiciones de actividades, sino más bien, la regulación sobre algunas, el borrador «filtrado» del posible Decreto 107/2024 confirma la cruzada gubernamental contra las mipymes. 

De confirmarse el decreto filtrado y sus restricciones, habría profundas repercusiones para la economía y la sociedad cubanas.

La limitación de las actividades en el sector privado podría aumentar el desempleo, la emigración y dejar a muchas personas sin opciones claras para sostenerse económicamente, y podría exacerbar las dificultades en un país, ya afectado por la escasez de recursos.

Además, restringir —más— a los emprendedores podría desincentivar la inversión y frenar la creatividad empresarial, así como aumentar el desabastecimiento de productos y servicios. 

Medidas como las establecidas en el supuesto borrador confirmarían un retroceso en lugar de un avance, en un momento crítico para la economía cubana. 

Varios expertos han explicado que en lugar de limitarlo, lo que Cuba necesita es un sector privado más amplio y diverso para generar prosperidad y dinamismo a la economía cubana. Hasta ahora, ni el Gobierno ni las empresas estatales han logrado asegurar el bienestar económico de la población.