Según el último censo realizado en Cuba, en 2012, más del 24 % de la población de la isla se ubica en zonas urbanas periféricas y rurales. El censo contabilizó 6 417 asentamientos rurales en el país, donde residen 2.3 millones de personas, la mitad de ellos localizados en las provincias orientales.
En la crisis que atraviesa la isla, la precarización de los servicios básicos y las dificultades en la distribución de alimentos normados tienden a aumentar en las zonas más alejadas de los circuitos de transporte y abasto urbano. La población de las áreas rurales y periféricas, además, es una de las más invisibilizadas (por el bajo nivel de ingreso y el limitado desarrollo tecnológico), con un envejecimiento más acelerado (por la migración constante a las ciudades y capitales de provincias) y se encuentra en condiciones de vulnerabilidad debido a las desigualdades persistentes entre «el campo» y «la ciudad».
Entre enero y marzo de 2024, Food Monitor Program (FMP) realizó entrevistas enfocadas en el continuum semirrural-urbano y que abarcaron 77 hogares del país. En el occidente del país se incluyeron las comunidades de Los Tanques, Caonao, La 13, El Junco, Paraíso (Cienfuegos), Madruga (Mayabeque), El Guatao (La Habana); y del oriente Las Coloradas (Moa), San Antonio del Sur (Guantánamo), Jesús Lores, Yacabo Abajo, Yacabo Arriba (Ímías), Valle de Caujerí (San Antonio), entre otras zonas. El 44 % de las encuestas se realizaron a mujeres y un 56 % a hombres, entre 20 y 97 años.
El observatorio de FMP evaluó las interrelaciones entre ubicación y suministro de alimentos, entrega de productos normados, abasto de agua y electricidad. Como resultado, se reflejó una diferencia sustancial (negativa) en la calidad y frecuencia de productos en zonas semirrurales, así como peores condiciones de infraestructura y un mayor tiempo destinado por los habitantes para desplazarse y adquirir alimentos. Las diferencias detectadas ubican a los pobladores de estas zonas en condiciones de mayor inseguridad alimentaria. También se identificó la entrega de productos de mala calidad como el arroz y el azúcar, y «afectaciones» en la entrega del pan normado.
Zonas periféricas y rurales, y su distinción en Cuba
Alrededor de una cuarta parte de la población mundial vive en zonas urbanas periféricas. Al extenderse por el borde geográfico de las ciudades, las zonas «dispersas» y semirrurales forman áreas de transición importantes en la transportación, abasto y comercialización de alimentos.
En otros sistemas alimentarios de la región latinoamericana, las zonas semirrurales tienden a tener mayor autonomía en el uso de combustibles alternos y para el almacenamiento de agua, por el espacio natural y el terreno que ocupan. También tienen más oportunidades de cosechar alimentos frescos como frutas y vegetales. Paradójicamente, la pobreza alimentaria en Cuba suele ser mayor en los entornos semirrurales. El potencial de producción local para el autoconsumo se ve frustrado por la carencia de insumos para la labor agrícola, así como por la dependencia de la distribución estatal de productos alimenticios procedente de las ciudades.
Las limitaciones de acceso al agua potable y a la electricidad están más presentes en los hogares de ingresos bajos asentados en estas áreas, que no cuentan con las finanzas para aprovechar los recursos naturales, ya sea en la generación hídrica de energía o el almacenamiento de agua potable. Afectados por la distancia, la falta de oferta e infraestructura, los gastos en los hogares rurales se duplican y se imposibilita asegurar una dieta saludable.
El desarrollo de las zonas semirrurales y rurales en Cuba
Si bien el proceso político iniciado en 1959 en la isla tuvo entre sus objetivos la reducción de las desigualdades urbano-rurales, la falta de oportunidades y recursos en las zonas rurales mantuvo brechas en las condiciones de vivienda, la atención a la salud (servicios especializados, secundarios y terciarios) y los centros escolares (principalmente a nivel primario y secundario). Estas disparidades han impactado en el nivel educativo, así como en las amplias diferencias socioeconómicas y culturales asociadas a la edad y el género, y en el sistema de cuidados para personas mayores de 65 años y personas con discapacidad.
En la región del Caribe, reportes de diversos organismos registran en las áreas rurales la mayor feminización de la pobreza, desigualdad en la incorporación laboral y en el acceso a servicios para adultos mayores, así como diferentes condicionamientos culturales de lo que mujeres y personas mayores «pueden» y «tienen permitido» hacer.
Si bien es mayor la cantidad de adultos mayores en las ciudades que en áreas rurales, quienes envejecen allí, lo hacen en mayor aislamiento debido a la migración interna de familiares y a la falta de políticas públicas y redes de apoyo.
La implementación de la política de descentralización territorial en Cuba ha enfrentado desafíos significativos que afectan el desarrollo en las zonas rurales. Problemas como la redistribución presupuestaria a nivel municipal, la asignación de cuadros del Partido en localidades alejadas y desconectadas de las realidades comunitarias, entre otras medidas administrativas, han incidido negativamente en el progreso socioeconómico de los habitantes de estas áreas.
Aunque el sector agrario es el principal empleador, con 17.8 % del empleo total, es también el sector con el tercer peor salario medio sectorial. Presenta, además, un serio desplome de la inversión nacional en la última década.
El deterioro de las redes de transporte entorpece también la venta de las producciones agropecuarias que en muchos casos representan la principal fuente de ingresos de los habitantes de zonas rurales. Las condiciones de precariedad descritas perpetúan un ciclo multigeneracional de pobreza y el desaprovechamiento de potencial, profundizando además las desigualdades de género, pues las mujeres tienen menor acceso a empleo, salario, propiedad de bienes y reconocimiento social.
La población de zonas rurales parece estar relegada en el proceso de toma de decisiones en el país, y tiende a tener una baja representatividad política. También llega a ser «chivo expiatorio» para las medidas que han resultado ineficaces en el sector. Alberto López Díaz, ministro de la Industria Alimentaria, asoció la escasa fuerza de trabajo en el sector a la presencia de «vagos (…) porque no le da la gana a la gente a trabajar duro».
La precarización de las condiciones de vida en la crisis actual
Las personas entrevistadas por Food Monitor Program a inicios de 2024, mostraron percepciones diferentes sobre sus condiciones de vida, en dependencia de si pertenecían a hogares de bajos ingresos (menos de 4 250 CUP), de ingresos medios (entre 4 250 y 9 960 CUP), o de altos ingresos (más de 9 960 CUP).
El 54 % de los entrevistados opinó que las condiciones de vida en zonas rurales son peores que en las capitales de provincia, mientras que el 21 % encontró mejores condiciones en su localidad, y otro 21 % consideró que eran iguales. Entre el 21 % que se mostró satisfecho con las condiciones de su entorno, la mayoría poseía terrenos y cultivos en propiedad, contaba con medio de transporte y acceso a tiendas en MLC. Sin embargo, la mayoría de aquellos que consideraron que las condiciones son peores en sus zonas de residencia señalaron que los productos de las redes estatales de comercio están más disponibles en las capitales provinciales. Además, a menudo experimentan que el suministro de alimentos se distribuye de manera prioritaria hacia las ciudades antes que en sus localidades.
El desabastecimiento en zonas semirrurales se evidencia en las rutinas de compra. La mayoría de los entrevistados debe destinar varios días de la semana para adquirir los alimentos. Los atrasos en la bodega, la falta de variedad en las placitas (agromercados), puestos y ferias, crean inseguridad y dificultan realizar una compra más ordenada y, quizás, más económica. Un hombre de 36 años, residente en Imías, Guantánamo, explica:
«Tengo que proveerme de alimentos para el hogar casi todos los días, porque no tengo suficiente dinero para comprar en grandes cantidades, ni medios para preservar los alimentos».
A pesar de las dificultades que implica el desplazamiento, varios entrevistados respaldan esta rutina de compras. Un hombre de 35 años, originario de Artemisa, menciona sobre la frecuencia de sus compras: «[Compro] semanalmente, pero depende de cuánto dinero tenga. Muchas veces compro “a buchito” porque no me alcanza para más que lo del día a día, y también porque con estos calores y los apagones uno no puede arriesgarse a que la poca comida que consiga se le eche a perder».
En una situación de mayor inseguridad alimentaria se encuentran los adultos mayores que viven solos o acompañados de otros adultos mayores en estos caseríos, y dependen de familiares y vecinos para la compra de alimentos. Aunque la mayoría de las personas indicaron tener sus puntos de venta y bodegas «relativamente cerca», a menos de 2 kilómetros de distancia de sus hogares, otros casos mencionaron distancias de 5 a 14 km. En la última situación se encuentra un adulto mayor de 74 años residente en El Mijial, Holguín.
«Mis hijos siembran los productos y lo demás que necesito lo obtengo por trueques entre los vecinos; la bodega se encuentra a 14 kilómetros, en el pueblo. Aquí casi todos somos vulnerables, este lugar está bastante abandonado. Entre los vecinos nos ayudamos con lo que podemos. Uno aquí come lo que siembra, y si eres como yo, que no puedo ya sembrar, pues no comes».
Una constante en todas las comunidades entrevistadas fue el retraso de alimentos de la canasta básica. Los productos racionados y distribuidos por la libreta de abastecimiento presentan demoras de hasta tres meses en varios casos. Los alimentos más afectados por estos retrasos son el arroz, los frijoles, el aceite, el azúcar, el pollo, la sal y el café, indispensables para la dieta diaria. En los casos en que se entrega leche, yogurt u otros productos que requieren refrigeración, los residentes de las zonas rurales visitadas mencionan que a veces llegan vencidos y aun así se distribuyen. Los habitantes de estas zonas optan por reciclar, reelaborar, o «inventar» con lo que les llega ante la falta de opciones.
«De los pocos productos frescos que llegan, como el yogurt, ha habido casos donde las bolsas vienen infladas, el yogurt cortado, por el calor. Eso ya viene malo y no hay quien se lo tome, pero la gente inventa. Lo que sea para asegurarle algo de comer a los niños», aseguró un residente en Artemisa.
Otro producto prácticamente inexistente en las zonas periurbanas es el pan. Su producción en casi todas las comunidades visitadas es muy inestable, y depende de la distribución de harina de trigo en los municipios y de la programación de los cortes de energía eléctrica. En varias zonas hace meses que no se vende pan liberado, siendo el pan normado (60 gramos diarios) la única opción.
Las carencias se relacionan de forma directa con el aumento de la criminalidad, lo que deja a comunidades prácticamente abandonadas, como describe una joven de 26 años, residente en la comunidad La 13, en Cienfuegos: «Aquí atrás no viene nadie a nada, también hay mucho robo y la gente no vende nada por miedo a que les roben en la casa, aquí no hay ni una cafetería particular. Si te quieres tomar un refresco tienes que irte para el pueblo o al reparto porque es donde se venden cosas, tampoco hay ruta para acá, así que solo se puede venir a pie».
Según el 69 % de los encuestados, en estas zonas el suministro de agua es estable, pero la mayoría se refiere a la estabilidad dentro del ciclo de distribución, que ocurre con intervalos de dos a cinco días. El 23 % de este grupo posee pozos o capacidades similares de almacenamiento, por lo que no se ven afectados. Sin embargo, el 8 % de los pobladores encuestados en zonas rurales no tienen capacidad de almacenamiento y además han experimentado interrupciones en el abasto de agua de hasta 15 días. El 90 % de los pobladores, sin importar su proximidad a las ciudades principales, reporta recibir agua que no es apta para el consumo, por lo que deben potabilizarla mediante hervido y filtrado; en algunos casos deben comprarla a «aguateros», situación común en varias comunidades rurales de Holguín.
La inseguridad alimentaria se acrecienta cuando se agregan otras carencias como la seguridad energética. En Matanzas, pobladores de Perico se quejaron de cortes de electricidad de hasta 14 horas en el horario de la tarde noche. La falta de electricidad también implica la pérdida de alimentos no perecederos, dado que los hogares no disponen de los medios necesarios para cocinarlos, obligándolos así a omitir esa comida. Otra opción que tienen las familias ―las que no cocinan con carbón o leña―, es cocinar en conjunto las dos comidas del día y la cena consumirla fría.
En Cuba, las ciudades y capitales de provincia pueden presentar un desabastecimiento marcado, agravado por la dependencia de productos agrícolas que llegan «del campo» y por la inflación. Las comunidades rurales presentan afectaciones similares, ya que lo que producen entra en el plan de acopio y distribución territorial trazado a nivel nacional. La vulnerabilidad de estas comunidades se amplifica por la distancia de los caseríos, la ausencia de vías de transporte, la migración hacia las ciudades que deja a los ancianos detrás, entre otros fenómenos socioeconómicos.
Los productos que escasean en las capitales llevan tiempo ausentes de las redes de distribución en las zonas rurales. Mientras tanto, los habitantes de las periferias quedan invisibilizados y obligados a resolver sus problemas con recursos propios. Aquellos que carecen de ingresos suficientes, no tienen opciones. La calidad de vida se reduce al punto de naturalizar las carencias. Por ejemplo, a la pregunta de cuán frecuente era el abasto de agua o de electricidad, muchas personas minimizaron el impacto de los recortes de estos servicios, a menudo muy pronunciados.
El campo cubano es el principal motor de la producción agrícola en un país que importa más del 80 % de sus alimentos. Sin embargo, sus habitantes se encuentran cada vez más relegados de los procesos de toma de decisiones, sin acceso a oportunidades y al disfrute de una vida digna.
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