Diseño de portada: Julio LLópiz-Casal / Facebook.
El silencio injustificado de Bachelet sobre Cuba
15 / septiembre / 2021
El 14 de septiembre de 2021 la alta comisionada para los Derechos Humanos de las Naciones Unidas, Michelle Bachelet, rindió su informe anual ante el Consejo de Derechos Humanos (Consejo). Los informes anuales tienen el propósito de ofrecer al Consejo un análisis global de las situaciones de vulneración de derechos humanos que más preocupan a la oficina que dirige Bachelet.
En el informe de 2021 —al menos en su presentación oficial— la alta comisionada no mencionó a Cuba ni en una sola oportunidad.
La historia de Cuba en materia de limitaciones a derechos humanos es de larga data. También se prolonga en el tiempo la capacidad del régimen cubano, de su cuerpo diplomático y de su aparato de propaganda de gestionar alianzas internacionales y vender una imagen positiva en materia de derechos —sobre todo sociales— que permite tapar las violaciones de otros derechos fundamentales, como los de expresión, asociación, participación política y movimiento.
La innegable efectividad del Gobierno cubano en la arena internacional le ha permitido mantener, de forma sostenida en el tiempo, un puesto en el Consejo de Derechos Humanos y también utilizar la Asamblea General de las Naciones Unidas como un espacio donde todos los años se condena y se nombra bloqueo al sistema de sanciones estadounidenses contra Cuba. Ahora todo indica que la efectividad de las relaciones internacionales cubanas también le ha permitido al archipiélago permanecer ausente en los pronunciamientos más importantes de la alta comisionada y de otros titulares de los organismos pertenecientes al sistema global de protección de los derechos humanos.
Paradójicamente, funcionarios y expertos de ese sistema han dado cuenta de los serios déficits del régimen político cubano en la materia. Parecería, entonces, que el criterio de especialistas y titulares de áreas no es compartido o avalado en pleno por quienes dirigen el órgano de protección de los derechos humanos. Prima así la alta política por sobre la competencia y coherencia en materia de defensa de poblaciones vulnerables.
El cabildeo diplomático del Ministerio de Relaciones Exteriores (Minrex) le ha permitido al Palacio de la Revolución evadir importantes principios, directrices y estándares internacionales que desde el sistema de las Naciones Unidas se propugnan.
Solo para resaltar algunos de esos pendientes, baste mencionar la no ratificación de dos de los más importantes instrumentos mundiales de derechos humanos: el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos y el Pacto Internacional de Derechos Económicos, Sociales y Culturales.
Durante los exámenes periódicos universales a los que Cuba se ha sometido, diversos países de la comunidad internacional —de disímil procedencia geográfica y orientación ideológica— han instado al Estado cubano a que ratifique ambos pactos. Sin embargo, desde su tardía firma en 2008, la Administración del archipiélago admitió que no ratificará los pactos mencionados hasta que transcurra el «tiempo suficiente para realizar la evaluación de sus disposiciones, el estudio minucioso del ordenamiento jurídico y las políticas y programas vigentes, con vista a asegurar la compatibilidad de las obligaciones internacionales que asumiríamos con nuestro ordenamiento político y jurídico interno».
Según La Habana, la homologación del entorno legal y la praxis institucional para alcanzar estándares satisfactorios que garanticen el respeto a los derechos humanos de su población puede esperar por reformas institucionales que llevan más de una década de incierto desarrollo. Eso, si se asume que es real el interés de la dirección del Estado cubano en homologar sus leyes con los estándares internacionales.
Algunos de los compromisos que el Gobierno cubano se ha negado a asumir debido a la no ratificación de los pactos antes mencionados incluyen el reconocimiento de los derechos a la participación política de toda la ciudadanía —incluso la de aquella que se opone al Gobierno—, la libertad de prensa y las garantías derivadas del debido proceso y la libertad de movimiento.
Cuba tampoco ha ratificado casi ninguno de los protocolos adicionales destinados a establecer la jurisdicción de los diferentes órganos de tratados, los cuales buscan resolver conflictos relativos a violaciones de derechos humanos que son responsabilidad de los Estados. Los órganos de tratados son los encargados de velar por el cumplimiento de las diferentes convenciones e instrumentos internacionales. Dentro de ellos pueden mencionarse: el Comité de los Derechos del Niño, el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer o el Comité contra la Desaparición Forzada, muy utilizado por algunas organizaciones cubanas defensoras de los derechos humanos.
Cuba es signataria de la Convención sobre los Derechos del Niño y de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer. Sin embargo, no ha ratificado los protocolos facultativos de ambos instrumentos internacionales que regulan los procedimientos individuales a través de los cuales las personas y las organizaciones pueden establecer comunicaciones y procesos de reclamación ante los respectivos órganos de tratados.
Por ejemplo, los Protocolos facultativos de la Convención sobre los Derechos del Niño permiten que los niños y niñas afectados por violaciones de sus derechos en alguno de los países parte del protocolo puedan presentar reclamaciones ante el Comité de los Derechos del Niño. Al desconocer la competencia del Comité de los Derechos del Niño, el Estado cubano bloquea cualquier posibilidad de que los niños cubanos o sus representantes puedan someter al conocimiento del Comité cualquier violación de derechos que pueda ser responsabilidad del Estado.
Las organizaciones cubanas han podido recurrir al Comité contra la Desaparición Forzada porque la Convención Internacional para la Protección de Todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas es de los pocos instrumentos de derechos humanos que regula en sí misma los mecanismos de reclamación y las funciones de su órgano de tratado. Al firmar y ratificar esta Convención, Cuba asumió —sin necesidad de firmar protocolos adicionales— la competencia del Comité contra la Desaparición Forzada para conocer los pedidos de acciones de urgencia que se presenten contra el Estado cubano.
LA INCOHERENCIA DE LA OFICINA DE LA ALTA COMISIONADA DESPUÉS DEL 11J
Muchos —dentro de los que me incluyo— identifican sobradas razones para que, desde antes de 2021, la Oficina de la alta comisionada de los Derechos Humanos incluyera a Cuba en su informe anual. Después del 11 de julio de 2021 (11J) a esas razones se sumaron otras, innegables hasta para el más incrédulo. Tras el 11J parecía que Michelle Bachelet no podría continuar obviando de manera olímpica la situación cubana.
El 11J el pueblo cubano se lanzó a las calles en la muestra de descontento popular más grande desde el triunfo de la Revolución. El 11J los cubanos vimos —y parecía que el mundo también— cómo se desdibujaban dos de los principales mitos forjados desde la propaganda. El primero, la subsistencia de una unidad inquebrantable de la inmensa mayoría del pueblo con el Partido Comunista. El segundo, la inexistencia de estallidos sociales a los que se les reprimiera de manera violenta, aspecto inconcebible para los apologistas del socialismo cubano.
Durante el 11 de julio y en las jornadas posteriores, los cubanos sufrimos una ola represiva que no ha acabado y que dejó al menos un muerto reconocido de manera oficial. A los tiros, las golpizas, los arrestos violentos y el impulso oficial a cometer hechos violentos contra los manifestantes le siguieron cientos de detenciones, testimonios de tortura y juicios exprés sin abogado. Muchas de esas personas continúan detenidas o esperan en sus casas por un juicio, sumándose a la suerte de otros muchos que, desde antes del 11J, sufrían prisión por motivos políticos.
Yo pensaba que las nítidas imágenes de represión, violencia y excesos que —gracias al Internet— se compartieron a través de las redes sociales eran prueba incontrastable y motivación ineludible para que quienes se habían mantenido expectantes en relación con Cuba hablaran públicamente al respecto. En consecuencia, la alta comisionada se pronunció el 16 de julio de 2021. Pero el hecho de que decidiera excluir esas preocupaciones de su informe anual, como si las causas de sus desvelos hubiesen desaparecido, denota incoherencia.
Michelle Bachelet prefirió no dar continuidad a su preocupación por «el presunto uso excesivo de la fuerza contra manifestantes en Cuba y el arresto de un gran número de personas, incluidos varios periodistas». Al «particularmente preocupante» hecho de que dentro de los detenidos del 11J hubiese «personas presuntamente recluidas en régimen de incomunicación y personas cuyo paradero se desconoce». La alta comisionada parece haber dejado de considerar que «todas las personas detenidas por ejercer sus derechos» debían ser liberadas de inmediato. El pronunciamiento de la alta comisionada del 16 de julio de 2021 constituyó un precedente que auguraba, al menos de manera formal, la posibilidad y el deber de dar continuidad a la atención.
La falta de presencia e información de primera mano sobre la situación cubana tampoco puede ser justificación suficiente para la omisión de Bachelet. En los últimos meses, varios expertos han sido consultados o han enviado información a la Oficina de la alta comisionada sobre la situación pos 11J. Desde Cuba y la diáspora se han constituido —con el apoyo de organizaciones defensoras de los derechos humanos como Cubalex y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos— iniciativas dirigidas a monitorear las detenciones y acompañar a los familiares de los detenidos con el concurso de activistas, artistas y miembros de instituciones religiosas. Información, diálogo y consulta han estado disponibles para quién lo necesite. En oposición, durante ese mismo lapso de tiempo, el Estado no ha provisto información completa sobre los detenidos. Ha incurrido incluso en francas contradicciones y mentiras al momento de ofrecer información sobre su respuesta a las protestas.
En septiembre de 2021 —fecha en la que Bachelet rindiera su informe anual— puede que las protestas en Cuba se hayan detenido, pero las violaciones de derechos y la situación de muchos de los prisioneros por los que se preocupara de manera particular la alta comisionada no ha cambiado. Ha sucedido lo contrario, ha dado muestras de empeoramiento. En Belarús, Nicaragua y Venezuela, por mencionar tres ejemplos similares de criminalización de la protesta, tampoco hay personas en las calles y la cantidad de presos es menor a la reportada en Cuba[1]. Sin embargo, estos casos merecieron la atención de Bachelet. Cuba, no.
La omisión de la alta comisionada sobre la situación cubana es mucho más contraproducente si se evalúa a la luz de la mención en su informe anual de la respuesta del Gobierno de Esuatini a las multitudinarias protestas que se dieron en ese país durante gran parte de 2021. Un reporte de Democracy Now del 9 de julio de 2021 mostraba los criterios de una fuente al interior de Esuatini que reconocía que las protestas iniciaron luego de la muerte a manos de la policía de un estudiante de derecho. La fuente mencionó, además, que la crisis económica y sanitaria que vivía el país y la forma en que la única monarquía absoluta que queda en África gobierna el territorio también influyeron en que el pueblo mostrara su descontento en las calles. Asimismo, recalcó la brutalidad policial y el uso de fuerza excesiva por parte de las autoridades contra los manifestantes.
La alta comisionada —en consonancia con lo declarado por la fuente de Democracy Now— dijo en su informe anual estar muy preocupada por el «uso excesivo e injustificado de la fuerza contra personas que se han manifestado pacíficamente a favor de reformas democráticas» en Esuatini. Además, mostró preocupación por las «muertes y las palizas», los «arrestos y detenciones arbitrarias masivas, incluso de niños» que se han producido en el país luego de las protestas. Instó a que se llevaran a cabo investigaciones significativas y se rindiera cuenta por las «violaciones de derechos humanos».
[1] Según la iniciativa de monitoreo impulsada por Cubalex, tras las protestas del 11 de julio, Cuba tiene hoy mil dos personas procesadas por causas políticas. De estos, quinientos cinco permanecen en cárceles; otros cuatrocientos dieciséis fueron excarcelados con multas o prisión domiciliaria. Hay quince menores de dieciocho años; muchos sin acceso a visitas de familiares. En Nicaragua, el Mecanismo para Reconocimiento de Presas y Presos Políticos identifica más de ciento cincuenta y cinco presos. En Venezuela, Foro Penal identifica doscientos sesenta y un presos.
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