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Y ahora, ¿qué sigue?

Foto: Sadiel Mederos.

Y ahora, ¿qué sigue?

Tras el estallido social del 11J pasamos a la parálisis. Los días posteriores los hemos vivido en cámara lenta. Noticias a cuentagotas sobre los detenidos y los procesos legales, acciones represivas para forzar la calma —calma tensa— y que se vea en todo el país; primeros pasos para satisfacer las demandas más inmediatas sin contenido político (comida, vacunas, apagones…).

El poder funcional que es el Estado cubano ha elegido hasta ahora el camino de la intransigencia y la reescritura de la realidad como métodos políticos. Estamos ante un escenario tenso, polarizado y represivo, en el cual se presupone que el Gobierno no cejará y que la sociedad civil —la no gubernamental, diríamos— continuará sin espacios de libertad para fraguarse —ni siquiera para reunirse y dialogar sobre ideas y posibles caminos o volverse a manifestar con efectividad—. ¿Qué se puede hacer, en el plano de lo fáctico e inmediato, para que emerjan caminos con resultados reales?

Aunque se trata de un asunto que en su ejecución más inmediata atañe de manera directa a quienes están dentro de Cuba —a quienes salieron a las calles y a los que no—, la producción del pensamiento que conlleve el presente y el futuro debe involucrar a todos los cubanos. Es esa la idea que desde elTOQUE deseamos impulsar a través del diálogo con académicos e intelectuales de dentro y de fuera de Cuba.

¿Qué sigue para Cuba? ¿Cuáles deberían ser los caminos que tomemos? ¿Qué es necesario priorizar?

Elaine Acosta, miembro del Cuban Research Institute en la Universidad Internacional de Florida (FIU) y directora ejecutiva de Cuido60, parte de la premisa de que se trata de un «proceso de largo aliento». A las soluciones, propuestas o prioridades que considera para una salida pacífica del conflicto —y que promuevan «la ansiada transición a la democracia en el país»—, las divide en corto y mediano plazo en los ámbitos político, jurídico, social y sicosocial.

Como acciones más inmediatas en el ámbito político, Acosta considera las siguientes:

  1. Continuar con la visibilización y la denuncia internacional de lo sucedido y de las razones que lo motivaron.
  2. Constituir un grupo de trabajo/comisión, de carácter internacional (con expertos y líderes de la sociedad civil cubana transnacional) que trabaje en un análisis de la coyuntura y realice propuestas al Gobierno cubano. Contar con participación de líderes internacionales que puedan respaldar el trabajo y sirvan de «mediadores» con el Gobierno cubano.
  3. Hacer una relatoría de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas, con el fin de redactar un informe que se pueda presentar ante organismos internacionales y sea la base del trabajo de una Comisión de Verdad y Reconciliación.
  4. Simplificar los procedimientos migratorios (eliminar requisitos de visa para los cubanos que abandonaron el país antes de 1971, así como las prórrogas bianuales necesarias para mantener vigente el pasaporte a quienes emigraron con posterioridad a esa fecha).

Desde lo jurídico, Elaine Acosta propone «apoyar el trabajo de búsqueda y liberación de detenidos/desaparecidos, así como de asesoría jurídica de las víctimas. Habilitar un teléfono o vías claras y expeditas de asistencia jurídica a las víctimas»; y «visibilizar y documentar en los medios independientes el trabajo que realizan estos grupos de asesoría jurídica. Dar a conocer de forma permanente y actualizada las listas de detenidos/desaparecidos».

Para el trabajo inmediato desde una perspectiva social, Acosta plantea las siguientes acciones:

  1. Explorar y presionar al Gobierno cubano en la apertura de vías más expeditas y accesibles para enviar ayuda humanitaria (medicamentos y alimentos) a la población cubana. Demandar que se den pasos concretos que garanticen el flujo de la ayuda humanitaria de la comunidad transnacional cubana y no solo la que pueda llegar en forma personal a familiares y amigos (las Iglesias e instituciones vinculadas a la cooperación internacional podrían constituirse como grupo de presión al respecto).
  2. Fortalecer las redes de ayuda y cooperación transnacional que actualmente existen y crear otras para canalizar las donaciones y envíos.
  3. Visibilización por parte de la prensa independiente de estas iniciativas y ayuda en la coordinación.
  4. Coordinar a organizaciones no gubernamentales de la Isla para apoyar con la recepción y distribución de donaciones, y garantizar que estas lleguen a las comunidades y sectores más vulnerables o marginados.
  5. Solicitar al Gobierno cubano el incremento de los vuelos procedentes de Estados Unidos y la autorización del uso de la vía marítima para la transportación de ayuda humanitaria.
  6. Flexibilizar las medidas de cuarentena vigentes para viajeros con carné de vacunación y prueba de COVID-19 negativa, y facilitar la permanencia en sus viviendas o lugares de destino durante el período establecido de aislamiento.
  7. Elaborar propuestas de ampliación de la asistencia social e incidir para que el Gobierno las implemente.
  8. Apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que tienen iniciativas o proyectos de asistencia social y atención a grupos vulnerables.

Para el ámbito sicosocial, las ideas que defiende Acosta son:

  1. Proporcionar apoyo sicológico a las víctimas de las protestas.
  2. Potenciar y apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales (como #Yosítecreo en Cuba que tiene experiencias en brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia de género) con foco en poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad.
  3. Crear/facilitar espacios de mediación familiar para los núcleos fracturados o en tensión como resultado de las protestas.

En un mediano plazo, Elaine Acosta considera necesario que se elabore «una mesa de diálogo (de carácter transnacional y con apoyo de la comunidad internacional) para buscar soluciones al conflicto», una «convocatoria para un plebiscito nacional» y la construcción de una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación.

¿SERÁ ESO PEDIR DEMASIADO?

El académico y profesor Jorge I. Domínguez opina que «desde la perspectiva del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC), lo más sensato sería la ampliación y aceleración de los cambios en política económica, siempre en rumbo de una mayor apertura para el sector privado.

»Ni al Gobierno ni al PCC le gustan las comparaciones con China, pero en este caso menciono una posible: Tiananmén. El Gobierno chino respondió a esas protestas no solo mediante la represión, sino con lo que resultó ser mucho más eficaz: la ampliación y aceleración de sus cambios en política económica. Cuba, en estos días, no ha sufrido una represión tan severa como ocurrió en Tiananmén y lógicamente es muy deseable evitarlo.

»Algo igual de probable, lamento indicar, es un endurecimiento político, el recurso de represión de las quejas y, por supuesto, de las protestas. El endurecimiento en materia de política económica y de debate público fue la respuesta a la apertura Obama-Raúl Castro, inclusive antes de la visita de Obama a Cuba una marcha atrás evidente en el Congreso del PCC en 2016—», agrega Domínguez.

El académico intenta posicionarse desde la perspectiva de las transformaciones que la población podría desear que sucedieran de inmediato en la escena cotidiana. Así cree que un cambio de política económica «sería igualmente positivo, lo que sugiere que este camino posea utilidad general y no que sea una simple fantasía mía». A lo anterior agrega:

«La duda es si también desde la perspectiva de la población haya no solo interés, sino insistencia para acompañar los cambios económicos con cambios políticos. Algunos posibles cambios políticos son relativamente fáciles. Por ejemplo: la Asamblea Nacional del Poder Popular puede modificar la ley electoral para autorizar que la elección nacional refleje las reglas que se aplican en la municipal; es decir, un mínimo de dos candidatos por escaño parlamentario. En cada elección para cada escaño, alguien quedaría elegido y alguien perdería.

»El Gobierno y el PCC son algo menos resistentes a las comparaciones con Vietnam. Vietnam posee un sistema político de partido único, pero con elecciones en que el número de candidatos es más o menos el doble de los puestos a elegir. Más complejos son otros cambios que, desde la población, pueden ser deseables, tales como abolir el monopolio político del PCC, pero dudo que este sea un paso inmediato», concluye Jorge I. Domínguez.

Roberto Veiga quien fue director, de 2014 a 2019, del Laboratorio de Ideas Cuba Posible y ahora es director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba próxima, opina que la exigencia primera debe ser el cese de la represión y la liberación de los detenidos para así alcanzar «una justa interpretación de Derecho sobre los acontecimientos y las presuntas culpas, incluso del Gobierno».

Añade Veiga que es necesario, además, «una garantía plena de igualdad política dentro de una sociedad cubana muy plural, de lo contrario, no enrumbaríamos hacia una solución, sino hacia una condición en extremo explosiva. No habrá salvación sin la participación política de todos los cubanos. Ello resulta lo justo y, además, el Gobierno jamás encontraría las condiciones para satisfacer por sí solo las necesidades sociales; la sociedad reclama pan, pero demanda también libertad. No comprender este binomio sería un yerro fatal».

Veiga cree que se debe insistir en la realización de un diálogo nacional. «Mas esto no fructificará —especifica— sin agendas sociales y políticas que expresen con total libertad los horizontes trazados por la ciudadanía durante estas jornadas. Solo entonces el diálogo cobraría legitimidad para la mayoría. Por ello cualquier convocatoria al diálogo, que pretenda eficacia, debe estar precedida por el fomento de propuestas de país y garantías para hacerlo».

Roberto Veiga cree que en igual medida será necesario «una normalización de relaciones entre Cuba-Estados Unidos». Ello dependerá, puntualiza, «sobre todo de que el electorado cubanoamericano encuentre sinergia entre sus posiciones acerca de la Isla y los vínculos entre ambos países. Y lograr esto dependerá, a su vez, más del Gobierno cubano que del estadounidense, si bien de manera constante debemos pedirle, y hasta exigirle, a este último que esté dispuesto a facilitarlo».

¿EN CAMINO A UN JUEGO DE SUMA CERO?

El historiador cubano Alex Correa considera que las «causas de las recientes protestas en Cuba no son nuevas» y por lo tanto no pueden satisfacerse con «la afirmación del mal desempeño de la economía en la última década, tampoco se agotan en los treinta años que van de 1991 hasta la fecha. Bien miradas son tan de ahora como muy viejas, combinan demandas que hacen posible colocar sus orígenes tanto en 1994 como en 1960». Ante un escenario como este afirma: «la política no es necesariamente una actividad creativa, en estados de incertidumbre se echa mano a lo probado».

Por tal razón y ante el contexto de crisis agravada que se vive en Cuba, Correa aprecia que los «repertorios al uso parecen ser insuficientes para gestionarla. No existe conducción carismática capaz de contener el muy extendido déficit de igualdad social y representación. Al mismo tiempo, tampoco existe un aliado internacional que permita subsidiar programas asistenciales similares a los desplegados en la primera década del presente siglo.

»Durante los días sucesivos a las protestas, el Gobierno mostró solo voluntad para el control de daños. Hasta hoy los medios nacionales no han logrado graficar la densidad de las protestas y se han limitado a las secuencias más violentas. Los rasgos autoritarios en el diseño político cubano parecen indicar que no existen condiciones reales para que un proceso de diálogo democrático e inclusivo tenga lugar en los próximos meses. Es esperable, sin embargo, un debate conducido junto a sectores cuya lealtad no está en duda. En un punto de giro, el discurso del presidente apela ahora al corazón, a la autocrítica y al diálogo, pero los medios de comunicación continúan anclados en la narrativa sobre la intervención militar inminente, las fake news y el rastreo de los fondos dedicados a la subversión. No se otorga, al fin, legitimidad política a la protesta».

Ante esta situación que describe Correa se añade la polarización que se ha desatado en el archipiélago: «las protestas han servido para que colectivos de todas las banderías capitalicen agendas tanto como para que establezcan alianzas y nuevas redes de comunicación y apoyo. En esta situación, es posible que los elementos más moderados que apuestan por una transición ordenada sean desplazados por aquellos más radicales. Sin embargo, es muy temprano para un diagnóstico de este tipo.

»Revertir las distorsiones en la secuencia de reformas económicas tomará tiempo —añade Alex Correa— y no pocas fricciones. La comunidad cubana en el exterior no parece mostrar interés en invertir basada en la irregularidad de la apertura. El desarrollo de la industria nacional o la agricultura, dos de los renglones más afectados por la deficiente aplicación de los lineamientos, perturba nichos de poder que hasta hoy han sido exclusivos de conglomerados corporativos. Es esperable que dichas fricciones sean resueltas sin afectar demasiado los activos en juego, pero en un escenario de alta conflictividad social una apertura económica integral solo posterga, y fortalece, la demanda por la representación política. La alta carga tributaria que como norma ha soportado el sector privado podría convertirse en demanda política por mayor representación».

Cree, además, que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, otro renglón importante dentro del conflicto, han llegado al mínimo posible en el cual el Gobierno estadounidense «parece encontrarse sin repertorios de negociación»; a lo que agrega: «la guerra económica desplegada por los EE. UU. —más allá de su origen y sus condiciones— supone un freno sobre la voluntad aperturista de algunos sectores del poder. Aunque no es exclusiva esta razón, la posibilidad real o imaginada de agresión produce inmovilismo. Vale la pena recordar aquí el viejo teorema de Thomas: si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias».

Asimismo, dentro de las acciones posibles inmediatas que pudiera acometer el Gobierno cubano, Correa considera que una «transformación en el modo de producción sin concebir los impactos que produce sobre el régimen político las reformas económicas es cuando menos ingenuo; pretender realizar la primera sin considerar la segunda ha demostrado ser perverso». Apunta entonces:

«La acción colectiva suele tener un carácter transformador en tanto sea capaz de desplegarse de manera sistemática en el tiempo. La diversidad política de la ciudadanía es cada vez más amplia y es lógico esperar que los colectivos que acompañaron la protesta encuentren nuevas y mejores formas de establecer pactos, interconectar redes ya establecidas o generar nuevas. Mayor organización en torno a demandas colectivas dará cohesión a ideas o repertorios de la acción, este puede ser uno de los caminos por los que transite la contestación social. Es factible esperar el despliegue de mejores y más densas redes de solidaridad social y política. Es probable que la sociedad cubana se avoque a una conversación con ella misma, una vez transcurrido el ciclo de polarización en el que se encuentra, y que este proceso tenga por resultado una mayor visibilidad de la necesidad de movilización y la acción colectiva futura.

»No obstante, lo descrito en el escenario cubano parece describir un juego de suma cero —finaliza Correa—. No es esperable un cambio sustancial en la política doméstica más allá de mayor coherencia en la secuencia de reformas. Un signo como este indicaría mayor cohesión de las élites políticas. No hay razones para sugerir un cambio en los niveles de represión política, por lo cual es posible esperar mayor criminalización de colectivos políticos y sociales. En la medida en que las demandas se sostengan es esperable nuevas formas de articulación y protesta social».


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Rafael Osío Cabrices

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El poder funcional que es el Estado cubano ha elegido hasta ahora el camino de la intransigencia y la reescritura de la realidad como métodos políticos. Estamos ante un escenario tenso, polarizado y represivo, en el cual se presupone que el Gobierno no cejará y que la sociedad civil —la no gubernamental, diríamos— continuará sin espacios de libertad para fraguarse —ni siquiera para reunirse y dialogar sobre ideas y posibles caminos o volverse a manifestar con efectividad—. ¿Qué se puede hacer, en el plano de lo fáctico e inmediato, para que emerjan caminos con resultados reales?

Aunque se trata de un asunto que en su ejecución más inmediata atañe de manera directa a quienes están dentro de Cuba —a quienes salieron a las calles y a los que no—, la producción del pensamiento que conlleve el presente y el futuro debe involucrar a todos los cubanos. Es esa la idea que desde elTOQUE deseamos impulsar a través del diálogo con académicos e intelectuales de dentro y de fuera de Cuba.

¿Qué sigue para Cuba? ¿Cuáles deberían ser los caminos que tomemos? ¿Qué es necesario priorizar?

Elaine Acosta, miembro del Cuban Research Institute en la Universidad Internacional de Florida (FIU) y directora ejecutiva de Cuido60, parte de la premisa de que se trata de un «proceso de largo aliento». A las soluciones, propuestas o prioridades que considera para una salida pacífica del conflicto —y que promuevan «la ansiada transición a la democracia en el país»—, las divide en corto y mediano plazo en los ámbitos político, jurídico, social y sicosocial.

Como acciones más inmediatas en el ámbito político, Acosta considera las siguientes:

  1. Continuar con la visibilización y la denuncia internacional de lo sucedido y de las razones que lo motivaron.
  2. Constituir un grupo de trabajo/comisión, de carácter internacional (con expertos y líderes de la sociedad civil cubana transnacional) que trabaje en un análisis de la coyuntura y realice propuestas al Gobierno cubano. Contar con participación de líderes internacionales que puedan respaldar el trabajo y sirvan de «mediadores» con el Gobierno cubano.
  3. Hacer una relatoría de todas las violaciones a los derechos humanos cometidas durante las protestas, con el fin de redactar un informe que se pueda presentar ante organismos internacionales y sea la base del trabajo de una Comisión de Verdad y Reconciliación.
  4. Simplificar los procedimientos migratorios (eliminar requisitos de visa para los cubanos que abandonaron el país antes de 1971, así como las prórrogas bianuales necesarias para mantener vigente el pasaporte a quienes emigraron con posterioridad a esa fecha).

Desde lo jurídico, Elaine Acosta propone «apoyar el trabajo de búsqueda y liberación de detenidos/desaparecidos, así como de asesoría jurídica de las víctimas. Habilitar un teléfono o vías claras y expeditas de asistencia jurídica a las víctimas»; y «visibilizar y documentar en los medios independientes el trabajo que realizan estos grupos de asesoría jurídica. Dar a conocer de forma permanente y actualizada las listas de detenidos/desaparecidos».

Para el trabajo inmediato desde una perspectiva social, Acosta plantea las siguientes acciones:

  1. Explorar y presionar al Gobierno cubano en la apertura de vías más expeditas y accesibles para enviar ayuda humanitaria (medicamentos y alimentos) a la población cubana. Demandar que se den pasos concretos que garanticen el flujo de la ayuda humanitaria de la comunidad transnacional cubana y no solo la que pueda llegar en forma personal a familiares y amigos (las Iglesias e instituciones vinculadas a la cooperación internacional podrían constituirse como grupo de presión al respecto).
  2. Fortalecer las redes de ayuda y cooperación transnacional que actualmente existen y crear otras para canalizar las donaciones y envíos.
  3. Visibilización por parte de la prensa independiente de estas iniciativas y ayuda en la coordinación.
  4. Coordinar a organizaciones no gubernamentales de la Isla para apoyar con la recepción y distribución de donaciones, y garantizar que estas lleguen a las comunidades y sectores más vulnerables o marginados.
  5. Solicitar al Gobierno cubano el incremento de los vuelos procedentes de Estados Unidos y la autorización del uso de la vía marítima para la transportación de ayuda humanitaria.
  6. Flexibilizar las medidas de cuarentena vigentes para viajeros con carné de vacunación y prueba de COVID-19 negativa, y facilitar la permanencia en sus viviendas o lugares de destino durante el período establecido de aislamiento.
  7. Elaborar propuestas de ampliación de la asistencia social e incidir para que el Gobierno las implemente.
  8. Apoyar y fortalecer el trabajo de las organizaciones no gubernamentales que tienen iniciativas o proyectos de asistencia social y atención a grupos vulnerables.

Para el ámbito sicosocial, las ideas que defiende Acosta son:

  1. Proporcionar apoyo sicológico a las víctimas de las protestas.
  2. Potenciar y apoyar el trabajo de organizaciones no gubernamentales (como #Yosítecreo en Cuba que tiene experiencias en brindar apoyo a mujeres víctimas de violencia de género) con foco en poblaciones específicas en situación de mayor vulnerabilidad.
  3. Crear/facilitar espacios de mediación familiar para los núcleos fracturados o en tensión como resultado de las protestas.

En un mediano plazo, Elaine Acosta considera necesario que se elabore «una mesa de diálogo (de carácter transnacional y con apoyo de la comunidad internacional) para buscar soluciones al conflicto», una «convocatoria para un plebiscito nacional» y la construcción de una Comisión de Verdad, Justicia y Reconciliación.

¿SERÁ ESO PEDIR DEMASIADO?

El académico y profesor Jorge I. Domínguez opina que «desde la perspectiva del Gobierno y del Partido Comunista de Cuba (PCC), lo más sensato sería la ampliación y aceleración de los cambios en política económica, siempre en rumbo de una mayor apertura para el sector privado.

»Ni al Gobierno ni al PCC le gustan las comparaciones con China, pero en este caso menciono una posible: Tiananmén. El Gobierno chino respondió a esas protestas no solo mediante la represión, sino con lo que resultó ser mucho más eficaz: la ampliación y aceleración de sus cambios en política económica. Cuba, en estos días, no ha sufrido una represión tan severa como ocurrió en Tiananmén y lógicamente es muy deseable evitarlo.

»Algo igual de probable, lamento indicar, es un endurecimiento político, el recurso de represión de las quejas y, por supuesto, de las protestas. El endurecimiento en materia de política económica y de debate público fue la respuesta a la apertura Obama-Raúl Castro, inclusive antes de la visita de Obama a Cuba una marcha atrás evidente en el Congreso del PCC en 2016—», agrega Domínguez.

El académico intenta posicionarse desde la perspectiva de las transformaciones que la población podría desear que sucedieran de inmediato en la escena cotidiana. Así cree que un cambio de política económica «sería igualmente positivo, lo que sugiere que este camino posea utilidad general y no que sea una simple fantasía mía». A lo anterior agrega:

«La duda es si también desde la perspectiva de la población haya no solo interés, sino insistencia para acompañar los cambios económicos con cambios políticos. Algunos posibles cambios políticos son relativamente fáciles. Por ejemplo: la Asamblea Nacional del Poder Popular puede modificar la ley electoral para autorizar que la elección nacional refleje las reglas que se aplican en la municipal; es decir, un mínimo de dos candidatos por escaño parlamentario. En cada elección para cada escaño, alguien quedaría elegido y alguien perdería.

»El Gobierno y el PCC son algo menos resistentes a las comparaciones con Vietnam. Vietnam posee un sistema político de partido único, pero con elecciones en que el número de candidatos es más o menos el doble de los puestos a elegir. Más complejos son otros cambios que, desde la población, pueden ser deseables, tales como abolir el monopolio político del PCC, pero dudo que este sea un paso inmediato», concluye Jorge I. Domínguez.

Roberto Veiga quien fue director, de 2014 a 2019, del Laboratorio de Ideas Cuba Posible y ahora es director del Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho Cuba próxima, opina que la exigencia primera debe ser el cese de la represión y la liberación de los detenidos para así alcanzar «una justa interpretación de Derecho sobre los acontecimientos y las presuntas culpas, incluso del Gobierno».

Añade Veiga que es necesario, además, «una garantía plena de igualdad política dentro de una sociedad cubana muy plural, de lo contrario, no enrumbaríamos hacia una solución, sino hacia una condición en extremo explosiva. No habrá salvación sin la participación política de todos los cubanos. Ello resulta lo justo y, además, el Gobierno jamás encontraría las condiciones para satisfacer por sí solo las necesidades sociales; la sociedad reclama pan, pero demanda también libertad. No comprender este binomio sería un yerro fatal».

Veiga cree que se debe insistir en la realización de un diálogo nacional. «Mas esto no fructificará —especifica— sin agendas sociales y políticas que expresen con total libertad los horizontes trazados por la ciudadanía durante estas jornadas. Solo entonces el diálogo cobraría legitimidad para la mayoría. Por ello cualquier convocatoria al diálogo, que pretenda eficacia, debe estar precedida por el fomento de propuestas de país y garantías para hacerlo».

Roberto Veiga cree que en igual medida será necesario «una normalización de relaciones entre Cuba-Estados Unidos». Ello dependerá, puntualiza, «sobre todo de que el electorado cubanoamericano encuentre sinergia entre sus posiciones acerca de la Isla y los vínculos entre ambos países. Y lograr esto dependerá, a su vez, más del Gobierno cubano que del estadounidense, si bien de manera constante debemos pedirle, y hasta exigirle, a este último que esté dispuesto a facilitarlo».

¿EN CAMINO A UN JUEGO DE SUMA CERO?

El historiador cubano Alex Correa considera que las «causas de las recientes protestas en Cuba no son nuevas» y por lo tanto no pueden satisfacerse con «la afirmación del mal desempeño de la economía en la última década, tampoco se agotan en los treinta años que van de 1991 hasta la fecha. Bien miradas son tan de ahora como muy viejas, combinan demandas que hacen posible colocar sus orígenes tanto en 1994 como en 1960». Ante un escenario como este afirma: «la política no es necesariamente una actividad creativa, en estados de incertidumbre se echa mano a lo probado».

Por tal razón y ante el contexto de crisis agravada que se vive en Cuba, Correa aprecia que los «repertorios al uso parecen ser insuficientes para gestionarla. No existe conducción carismática capaz de contener el muy extendido déficit de igualdad social y representación. Al mismo tiempo, tampoco existe un aliado internacional que permita subsidiar programas asistenciales similares a los desplegados en la primera década del presente siglo.

»Durante los días sucesivos a las protestas, el Gobierno mostró solo voluntad para el control de daños. Hasta hoy los medios nacionales no han logrado graficar la densidad de las protestas y se han limitado a las secuencias más violentas. Los rasgos autoritarios en el diseño político cubano parecen indicar que no existen condiciones reales para que un proceso de diálogo democrático e inclusivo tenga lugar en los próximos meses. Es esperable, sin embargo, un debate conducido junto a sectores cuya lealtad no está en duda. En un punto de giro, el discurso del presidente apela ahora al corazón, a la autocrítica y al diálogo, pero los medios de comunicación continúan anclados en la narrativa sobre la intervención militar inminente, las fake news y el rastreo de los fondos dedicados a la subversión. No se otorga, al fin, legitimidad política a la protesta».

Ante esta situación que describe Correa se añade la polarización que se ha desatado en el archipiélago: «las protestas han servido para que colectivos de todas las banderías capitalicen agendas tanto como para que establezcan alianzas y nuevas redes de comunicación y apoyo. En esta situación, es posible que los elementos más moderados que apuestan por una transición ordenada sean desplazados por aquellos más radicales. Sin embargo, es muy temprano para un diagnóstico de este tipo.

»Revertir las distorsiones en la secuencia de reformas económicas tomará tiempo —añade Alex Correa— y no pocas fricciones. La comunidad cubana en el exterior no parece mostrar interés en invertir basada en la irregularidad de la apertura. El desarrollo de la industria nacional o la agricultura, dos de los renglones más afectados por la deficiente aplicación de los lineamientos, perturba nichos de poder que hasta hoy han sido exclusivos de conglomerados corporativos. Es esperable que dichas fricciones sean resueltas sin afectar demasiado los activos en juego, pero en un escenario de alta conflictividad social una apertura económica integral solo posterga, y fortalece, la demanda por la representación política. La alta carga tributaria que como norma ha soportado el sector privado podría convertirse en demanda política por mayor representación».

Cree, además, que las relaciones entre Cuba y Estados Unidos, otro renglón importante dentro del conflicto, han llegado al mínimo posible en el cual el Gobierno estadounidense «parece encontrarse sin repertorios de negociación»; a lo que agrega: «la guerra económica desplegada por los EE. UU. —más allá de su origen y sus condiciones— supone un freno sobre la voluntad aperturista de algunos sectores del poder. Aunque no es exclusiva esta razón, la posibilidad real o imaginada de agresión produce inmovilismo. Vale la pena recordar aquí el viejo teorema de Thomas: si las personas definen las situaciones como reales, estas son reales en sus consecuencias».

Asimismo, dentro de las acciones posibles inmediatas que pudiera acometer el Gobierno cubano, Correa considera que una «transformación en el modo de producción sin concebir los impactos que produce sobre el régimen político las reformas económicas es cuando menos ingenuo; pretender realizar la primera sin considerar la segunda ha demostrado ser perverso». Apunta entonces:

«La acción colectiva suele tener un carácter transformador en tanto sea capaz de desplegarse de manera sistemática en el tiempo. La diversidad política de la ciudadanía es cada vez más amplia y es lógico esperar que los colectivos que acompañaron la protesta encuentren nuevas y mejores formas de establecer pactos, interconectar redes ya establecidas o generar nuevas. Mayor organización en torno a demandas colectivas dará cohesión a ideas o repertorios de la acción, este puede ser uno de los caminos por los que transite la contestación social. Es factible esperar el despliegue de mejores y más densas redes de solidaridad social y política. Es probable que la sociedad cubana se avoque a una conversación con ella misma, una vez transcurrido el ciclo de polarización en el que se encuentra, y que este proceso tenga por resultado una mayor visibilidad de la necesidad de movilización y la acción colectiva futura.

»No obstante, lo descrito en el escenario cubano parece describir un juego de suma cero —finaliza Correa—. No es esperable un cambio sustancial en la política doméstica más allá de mayor coherencia en la secuencia de reformas. Un signo como este indicaría mayor cohesión de las élites políticas. No hay razones para sugerir un cambio en los niveles de represión política, por lo cual es posible esperar mayor criminalización de colectivos políticos y sociales. En la medida en que las demandas se sostengan es esperable nuevas formas de articulación y protesta social».


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Rafael Osío Cabrices

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