Según las estadísticas oficiales, hasta la fecha 8 529 personas han perdido la vida en Cuba como consecuencia de la COVID-19; solo en 2021 se reportaron 8 177 fallecimientos. Sin embargo, las cifras de defunciones publicadas en el más reciente Anuario Demográfico sugieren que el número real de muertes como consecuencia (directa o indirecta) de la pandemia ese año podría ser hasta seis veces mayor.
El informe publicado por la Oficina Nacional de Estadística e Información (ONEI) declara que en 2021 murieron 167 645 personas en todo el país, la mayor cantidad en un año desde que existen registros. La cifra supera la tendencia de decesos en años previos, incluso si excluimos los provocados por el virus SARS-CoV-2.
Las métricas reflejan la gestión de la crisis sanitaria desencadenada por la pandemia y confirman las sospechas de muchas personas: se subestimó el número de víctimas. Lo que ha impedido conocer el impacto real de la COVID-19 en Cuba que es mucho mayor que solo las muertes declaradas en los partes oficiales ¿Cuántos cubanos fallecieron realmente por coronavirus? ¿Por qué los datos oficiales no son exactos?
El protocolo cubano
A mitad de 2021 ―durante los meses más terribles de la pandemia―, los ciudadanos denunciaron en redes sociales el colapso del sistema de salud y el aumento de las muertes causadas por el coronavirus. Hasta ese momento, las autoridades del país habían manejado la crisis y solo reconocieron la gravedad de la situación luego de la presión social.
El impacto de la pandemia en una sociedad se evalúa fundamentalmente a partir del número de casos confirmados y de muertes asociadas al virus, pero estos indicadores solo muestran cifras relativas. Ambas métricas dependen de factores como la disponibilidad de pruebas PCR o la definición de «muerte por COVID-19» que asuma cada país.
En particular, el protocolo cubano para el enfrentamiento de la pandemia solo considera «muertes por COVID-19» a las personas que en el momento de fallecer se encontraban positivas a la enfermedad.
Sin embargo, en el documento «Orientación internacional para la certificación y clasificación del COVID-19 como causa de muerte», la Organización Panamericana de la Salud (OPS) define la muerte por coronavirus «como un fallecimiento resultante de una enfermedad clínicamente compatible en un caso probable o confirmado de COVID-19, a menos que exista una clara causa alternativa de muerte que no pueda relacionarse con la COVID-19».
El organismo indica que, si una persona fallece como resultado del coronavirus, la muerte no debe atribuirse a otra enfermedad (por ejemplo, cáncer). Además, aclara que, si el virus desencadena una neumonía u otra dificultad respiratoria mortal, deben considerarse todas las causas sin omitir los detalles. Estas orientaciones no son obligatorias para los países; pero reconocen un concepto más amplio que el que se tuvo en cuenta en Cuba.
Por su parte, el microbiólogo cubano Amílcar Pérez Riverol explicó que los pacientes de COVID-19 hospitalizados negativizan el PCR entre los días 11 y 14 desde el inicio de los síntomas, si bien las complicaciones derivadas continúan por más tiempo y están asociadas a la enfermedad.
Pero en Cuba, aunque el paciente haya muerto por causas vinculadas al virus, los reportes no lo incluyen como tal. Tampoco registran a quienes fallecieron en sus casas con sintomatología o siendo contactos de personas enfermas; durante la mayor parte de la pandemia, ni siquiera los casos sospechosos con test de antígeno positivo fueron considerados casos confirmados. Así funcionó hasta que se modificó temporalmente el protocolo en julio de 2021, cuando dejó de ser obligatorio validar la enfermedad con una prueba PCR y se comenzó a aceptar también como válido el test de antígeno.
El 19 de agosto de 2021 el doctor Francisco Durán, director nacional de Epidemiología del Ministerio de Salud Pública (Minsap), comentó al Periódico 26 de Las Tunas que muchos de los incluidos en los partes oficiales fallecieron con un PCR negativo, pero determinar si la muerte está vinculada o no al virus demanda un análisis previo que «puede demorar de 24 a 48 horas».
En Cuba los fallecimientos son validados por un Certificado Médico de Defunción, documento legal que especifica, entre otros detalles, las causas directas que provocaron la muerte o los padecimientos asociados. El proceso requiere tiempo, recursos, pruebas para confirmar la causa cuando no es clara (biopsia, necropsia) y consultar historias clínicas.
Diferentes funcionarios del sector de la salud explicaron que certificar las muertes demoraba debido al elevado número de fallecidos, la escasez de personal autorizado y los retrasos en el procedimiento por cuestiones burocráticas o de infraestructura, lo que provocaba un desfase entre el día del deceso y los reportes diarios.
Además, aunque este protocolo aplicado descarta el carácter subjetivo de que cada médico o insitución hiciera una evaluaciòn diferente; su éxito dependía de contra con las pruebas suficientes que no en todos los momentos estuvieron disponibles para todos los pacientes.
Si bien las muertes son consideradas el indicador más confiable para evaluar cómo la pandemia incide en la sociedad ―en comparación con las cifras de casos confirmados―, los decesos oficiales solo reflejan un panorama parcial de la verdadera carga de mortalidad.
De ahí que cualquier análisis de las muertes por COVID-19 en la isla ―basado exclusivamente en los datos ofrecidos por el Minsap― resulte incompleto, pues existen sesgos en el diagnóstico y manejo clínico de la enfermedad, especialmente a partir del aumento de casos que limitó la disponibilidad de los recursos.
Esta situación no ocurriò solo en Cuba. La revista The Lancet precisa algunas de las brechas entre las muertes reportadas y las atribuidas a la pandemia en el mundo: entre ellas que los reportes, por lo general, no enumeran los casos sin una prueba positiva; los sistemas nacionales que registran la información varían en calidad y amplitud; en la comunidad médica mundial no existe un consenso sobre cómo debe informarse una muerte por COVID-19; en algunos contextos las mediaciones políticas han impedido la notificación correcta de los fallecimientos y, por último, la incidencia de otras causas de muertes cambiaron como consecuencia de las medidas sociales y económicas que modificaron el comportamiento.
Exceso de mortalidad: las víctimas no contadas de la pandemia
Con el objetivo de profundizar en el impacto de la pandemia, DeFacto analizó el exceso de mortalidad en Cuba durante 2021, una medida recomendada por los expertos, más objetiva y contrastable, que permite conocer cuántas muertes ocurrieron en 2021 por encima de las esperadas.
El rastreador de exceso de mortalidad de The Economist advierte que Cuba tiene uno de los índices de muertes estimadas por la pandemia más elevados en relación con su población.
A partir de los datos publicados en el Anuario Demográfico y los reportes del Minsap, empleamos la metodología de la OMS y otras bases de datos de referencia creadas por Our World in Data para calcular el exceso de mortalidad. Este comportamiento fue evidente en 2021, cuando los casos confirmados alcanzaron cifras récords.
En 2021 se esperaban aproximadamente 107 mil defunciones (tendencia de fallecimientos de los cinco años precedentes), además de las 8 177 muertes declaradas por la COVID-19 entre enero y diciembre de ese año. Sin embargo, tras publicarse el Anuario Demográfico, se conoció que, en realidad, fallecieron 167 645 cubanos: 52 mil muertes por encima de las estimadas, de las cuales no se conocen las causas.
Aunque el Minsap todavía no ha publicado su Anuario de Salud ―documento en el que se clasifican los decesos según las enfermedades que los provocaron y que suele salir a mitad de año―, el análisis sugiere que la mayor parte de las muertes en exceso están asociadas a la pandemia, directa o indirectamente. Si solo consideráramos que la mitad de las defunciones por encima de la media están relacionadas con el virus (por tomar un valor de referencia no absoluto), aun así existiría un aumento superior al 300 % en comparación con las muertes declaradas.
Al número de fallecidos como consecuencia de la COVID-19 se suman aquellos que perdieron la vida por causas evitables y fueron víctimas del colapso de las instalaciones hospitalarias durante el pico de la ola Delta. Además, el contexto impidió que los médicos trataran a tiempo y efectivamente otras afecciones. Tanto en 2020 como en 2021, la pandemia fue la prioridad del sistema de salud. Esto, unido a las medidas de aislamiento social, provocó el cierre y reducción de las consultas y la postergación de operaciones.
Julio, agosto y septiembre de 2021 fueron los meses de mayor mortalidad por SARS-CoV-2 y de inestabilidad sanitaria. Y fueron también los de mayor número de defunciones por todas las causas.
Esos meses fueron los más tristes para muchos. Los grupos de ventas informales en la isla se llenaron con publicaciones de auxilio en busca de medicamentos, personas dispuestas «a pagar lo que sea» por un balón de oxígeno para salvarse o salvar a un familiar de la muerte. Por un lado, las farmacias vacías; por otro, los hospitales y los centros de aislamiento llenos.
Esta realidad ―contada a través de fotos y videos por los ciudadanos― desencadenó una ola de denuncias que buscaban visibilizar la crisis, encontrar soluciones y, de paso, obligar a las autoridades a reconocer el problema, algo que no hicieron antes de justificarse y juzgar a quienes se identificaron con las etiquetas #CubaMuere, #SOSCuba y #SOSMatanzas.
Agosto cerró con la mayor cantidad de casos confirmados. En total, se registraron 2 532 defunciones y un récord de 98 en un solo día.
Mortalidad por provincia
Las noticias sobre el aumento de las capacidades en los cementerios y la limitación del transporte funerario a mediados de 2021 evidencian que el número de fallecidos en Cuba creció exponencialmente en el período más crítico de la pandemia. Las denuncias en provincias como Las Tunas, Pinar del Río, Ciego de Ávila, Cienfuegos y Villa Clara obligaron a las autoridades a reconocer el incremento de las muertes y el sesgo de las estadísticas.
Luego de que la población y el personal médico de Guantánamo se quejaran de la saturación de la morgue del Hospital «Agostinho Neto», de la escasez de carros fúnebres y la construcción de «fosas comunes», Ihosvany Fernández Fernández, director provincial de Servicios Comunales, salió a esclarecer la situación y a confirmar lo que era un secreto a voces.
La media diaria de decesos en esa localidad era 12, pero en agosto de 2021, la cifra osciló entre 60 y 80 (exceso de mortalidad), precisó Fernández, de ahí que se ampliara el cementerio «Santa Juana», ubicado en el municipio Manuel Tames, por no existir capacidades en el camposanto provincial.
El Periódico 26 también publicó un artículo en el que las autoridades admitían que una parte de las muertes no se incluían en los reportes diarios. La directora provincial de Salud, Viviana Gutiérrez Rodríguez, comentó al respecto: «Al revisar las estadísticas, hemos tenido unos 160 pacientes con historia clínica que guardan relación con el SARS-CoV-2, pero no todos han sido confirmados con una prueba de PCR, y no hemos podido informarlos como tal».
Desde el 20 de julio de 2021, el Minsap dejó de ofrecer detalles sobre las personas fallecidas por COVID-19 (sexo, edad, municipio, provincia, antecedentes patológicos, estadía hospitalaria), aun cuando la composición demográfica de la población es esencial para entender cómo se desarrolla una enfermedad, cuál será su impacto y qué medidas se podrían tomar para mitigar las consecuencias.
Con cerca del 22 % de la población mayor de 60 años, Cuba es el país más envejecido de la región, un fenómeno influenciado por el aumento de la esperanza de vida y la baja de la natalidad. Como es lógico, el riesgo de muerte aumenta para las personas de edades avanzadas que con frecuencia presentan enfermedades con manifestaciones severas debido a la incidencia de comorbilidades como: hipertensión arterial, diabetes, enfermedad pulmonar obstructiva crónica y cardiopatía isquémica.
De acuerdo con la OPS, las personas mayores de 60 años han sido las más afectadas por la COVID-19 en el continente americano. Sin embargo, no podemos conocer con certeza si el aumento de los fallecimientos en la isla está vinculado de manera directa al envejecimiento poblacional, pues los datos son insuficientes.
Si bien existen elementos demográficos que influyeron en el impacto negativo de la COVID-19 en el país, no pueden ocultarse otros factores que agravaron la crisis sanitaria como la escasez de suministros esenciales, de medios de protección, medicinas y personal médico.
Las evidencias indican que las cifras publicadas por el Minsap están lejos de reflejar la realidad. Más allá de las deficiencias que pudieron existir en el sistema nacional de recopilación de los datos de salud, el Gobierno se benefició de los sesgos estadísticos y de la elección de un protocolo restrictivo con el fin de no dañar el prestigio de «potencia médica» que Cuba vende al mundo.
En 2018 el director general de la OMS, Tedros Adhanom Ghebreyesus, elogió el sistema de salud cubano y lo calificó como unos de los mejores del mundo, pero la pandemia y la crisis acumulada han agotado el sistema y puesto en evidencia las limitaciones y deficiencias de la atención médica en la isla.
Las principales causas de muerte en Cuba son enfermedades del corazón, tumores malignos, enfermedades crónicas de las vías respiratorias inferiores e influenza y neumonía. Algunas de ellas también son consideras secuelas de la COVID-19, pero hasta que no se publique el Anuario de Salud de 2021 no se sabrá qué padecimientos causaron las más de 52 mil muertes en exceso.
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