Más del 48 % de los beneficiarios del programa de comedores sociales —Sistema de Atención a la Familia (SAF)— se han dado de baja desde el inicio de la Tarea Ordenamiento (enero de 2021), según reconoció Betsy Díaz Velázquez, ministra del Comercio Interior (Mincin).

Durante una comparecencia en el espacio televisivo Mesa Redonda el 23 de mayo de 2024, la funcionaria admitió que hasta 2020 el precio del menú en el SAF era de 1 CUP, pero que el aumento a 26 CUP diarios para almuerzo y cena determinó de forma negativa la permanencia de casi la mitad de los afiliados. 

Sin contar con mayores datos, la disminución en el número de usuarios pudo tener incidencia directa en uno de los sectores más desfavorecidos de la población cubana y quizá el más afectado por la Tarea Ordenamiento, los jubilados y pensionados. 

Al comenzar la unificación monetaria y cambiaria, el sector representaba el 47.5 % de los inscritos en el SAF. La falta de datos oficiales objetivos en relación con la pobreza en el país ha sido una de las quejas fundamentales de analistas e investigadores cubanos. No obstante, la caída dramática en el número de beneficiarios de un programa asistencialista como el SAF es un indicativo claro de la profundización de la pobreza en Cuba, porque más allá de la falta de información, es difícil negar que los «asistenciados» son «pobres» en tanto requieren del apoyo estatal para sobrevivir.

El reconocimiento oficial de que la mitad de los «pobres» beneficiados con el SAF no pudieron sostener su vinculación con el programa después de la subida de los precios, puede ser un indicio de que después de la Tarea Ordenamiento, al menos la mitad de los «pobres» cubanos lo fueron mucho más.

La conclusión es incluso menos discutible al analizar las declaraciones de las autoridades cubanas que aseguran que incluso los nuevos precios del SAF son subsidiados. Lo anterior demuestra que los sectores profundamente empobrecidos ni siquiera se encuentran en condiciones de asumir precios intervenidos por el Estado. 

Trece preguntas sobre salarios y pensiones en Cuba

Las dudas con relación a los ingresos personales persisten a causa del lenguaje burocrático de los funcionarios públicos, entre otros elementos. Hoy DeFacto responde varias preguntas al respecto.

Si se tiene en cuenta el valor de la pensión mínima (1 500 CUP), el monto mensual a pagar por un beneficiario del SAF ―casi 800 CUP― representa cerca del 80 % del ingreso de uno de cada dos pensionados en la isla. El hecho apunta a que alrededor del 65 % de los pensionados del país tendría que dedicar tres cuartas partes de sus ingresos solamente para alimentarse a precios subvencionados y con calidad cuestionable.

Además de las bajas que han enfrentado los comedores, el SAF presenta deficiencias relacionadas con la calidad de los menús y con el cumplimiento de las normas de higiene y de las producciones locales. Así lo admitió el primer ministro Manuel Marrero y la titular del Mincin en una reunión de la Comisión Gubernamental para la atención a la dinámica demográfica efectuada en octubre de 2023. Señalaron que había escasa atención y exigencia por parte de las autoridades y actores económicos involucrados.

Los datos referidos contrastan con otra idea expresada también por Díaz Velázquez en la Mesa Redonda y que alude a que aunque las autoridades reconocen las dificultades del SAF, creen que reducir el asistencialismo ―durante años defendido por la propaganda como un sello del «socialismo cubano»― es el camino correcto. 

El argumento ha sido repetido públicamente por otras autoridades con anterioridad. Al referirse a la protección social de las familias vulnerables en enero de 2024, Belkis Delgado Cáceres, directora de Prevención, Asistencia y Trabajo Social del Ministerio de Trabajo y Seguridad Social (MTSS), insistió en «la importancia de no depender solo de las prestaciones que el Estado brinda» y llamó «a empoderarse económicamente en la medida de las capacidades físicas y mentales».

No obstante, especialistas como el economista Pedro Monreal han criticado el enfoque asistencialista como forma de enfrentar la pobreza en Cuba y han alertado, no obstante, que se trata de un enfoque que no debiera ser limitado. Monreal señaló que el asistencialismo de las autoridades cubanas se concentra solo en personas en condiciones de «pobreza extrema» y, por ende, subestima los niveles de empobrecimiento real al tiempo que restringe las oportunidades de ayuda social a otros colectivos con limitaciones importantes para su subsistencia.

La reducción en el número de asistenciados del SAF refuerza la teoría de Monreal al demostrar que, en las condiciones cubanas actuales, el número de personas que luchan por sobrevivir y que requieren asistencia es mucho mayor que el reconocido oficialmente por las autoridades.

El VI Informe sobre Derechos Sociales del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) ofrece elementos que también permiten sostener la última conclusión. De acuerdo con la encuesta realizada por el OCDH, la obtención de alimentos en Cuba se posiciona como la preocupación más importante para los ciudadanos. Asimismo, alerta que las personas de más de 70 años tienen problemas para comprar los productos básicos en un 79 % de los casos y que uno de cada cuatro adultos mayores habita una vivienda en peligro de derrumbe.