Una resolución que denuncia la situación de derechos humanos en Cuba y pide sanciones para el presidente Miguel Díaz-Canel fue aprobada el 29 de febrero de 2024 en el Parlamento Europeo (PE).

El documento, con 285 votos a favor, 172 en contra y 46 abstenciones, resalta que en la isla existe una fuerte escalada de represión contra disidentes por parte del Gobierno.

Entre las exigencias de los eurodiputados está que el Consejo Europeo active el régimen de sanciones globales de la Unión Europea (UE) para castigar al presidente Miguel Díaz-Canel y a otros altos cargos responsables de las violaciones de derechos humanos y del encarcelamiento de presos políticos.

«Reitera su llamamiento al Consejo para que aplique el régimen de sanciones de la UE de alcance mundial en materia de derechos humanos (la denominada “Ley Magnitski de la UE”) y [para que] adopte sanciones contra los responsables de las persistentes violaciones de los derechos humanos en Cuba», señala la resolución.

También exige «el fin inmediato» de la represión y «la liberación inmediata de (...) las personas detenidas únicamente por ejercer sus derechos humanos».

La Eurocámara se posiciona del lado de la oposición democrática en la isla y declara su «apoyo firme e incondicional» al pueblo cubano y a los activistas que luchan contra la dictadura. 

Uno de los principales focos de preocupación que esgrime el documento es la escalada en la persecución de disidentes, con más de 1 000 presos políticos, según cifras de la organización Prisoners Defenders. 

La resolución señala que el número de presos políticos se ha multiplicado por más de ocho desde 2018, «lo que convierte a Cuba en la mayor prisión de activistas políticos y disidentes de América Latina».

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Aunque las declaraciones de Borrell representan una escalada en el posicionamiento de la UE con respecto a Cuba, el pronunciamiento anuncia que la dirección del bloque comunitario continuará su apuesta por el diálogo constante con Cuba como mecanismo para resolver las preocupaciones.

El texto condena, además, la persecución de líderes religiosos y muestra preocupación por el incremento de feminicidios y la situación de colectivos vulnerables (mujeres, minorías étnicas y la comunidad LGBTIQ+).

La resolución menciona «el trabajo forzoso promovido por el Estado cubano, en particular en las brigadas médicas, pero que también afecta a profesores, marineros, ingenieros, artistas, deportistas y otras personas». Recuerda que relatores especiales de la Organización de Naciones Unidas han acusado a Cuba de esclavitud moderna y le han reclamado que ponga fin a los programas obligatorios de cooperación profesional.

¿Qué dice sobre el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación entre Cuba y la Unión Europea?

En 2017 entró en vigor el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación (ADPC) entre la Unión Europea (UE) y Cuba. 

El ADPC incluye una cláusula que permite su suspensión en caso de violación grave de los derechos humanos, considerada una «infracción importante» y «caso de especial urgencia».

Sobre el ADPC, la reciente resolución subraya que tras su implementación «la situación de falta de democracia y libertades en Cuba» no ha mejorado, sino que existe «un mayor deterioro y agravamiento de los derechos humanos en la isla».

Reitera su llamamiento a la Unión para que active el artículo 85, apartado 3, letra b, del ADPC UE-Cuba para solicitar una reunión inmediata del Comité Conjunto ante las infracciones del Acuerdo por parte del Gobierno cubano.

El documento advierte que debería suspenderse el acuerdo debido a las infracciones relacionadas con el respeto a derechos humanos básicos y con las libertades fundamentales esbozadas en la Declaración Universal de Derechos Humanos.

En otro sentido, recuerda la negativa sistemática de las autoridades cubanas de permitir la entrada de delegaciones de eurodiputados y observadores independientes en la isla. Declara que el impedimento es «inaceptable» y contrario al ADPC y que el PE «es la única institución europea a la que se deniega el acceso al territorio cubano».

Otras resoluciones sobre Cuba

Las facultades del Parlamento Europeo en cuestiones de política exterior son limitadas. No tiene competencias para activar la cláusula que suspende el ADPC, lo cual es potestad del Consejo Europeo a propuesta del Alto Representante.

Sin embargo, varias resoluciones aprobadas por el PE muestran una preocupación creciente dentro de los eurodiputados sobre la situación de falta de libertades de los cubanos.

Un mes antes de las protestas de julio de 2021, el PE aprobó una resolución conjunta que analizaba la situación política y de derechos humanos en Cuba.

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Cualquier excarcelación de presos políticos debería ser motivo de alegría. Pero si luego de la visita de Borrell se produce la salida de prisioneros políticos, se podrá decir que el régimen cubano habrá salido fortalecido.

El documento condenaba los ataques contra artistas, disidentes, periodistas independientes, defensores de DD. HH. y miembros de la oposición política y solicitaba al Servicio Europeo de Acción Exterior que instara a Cuba a cumplir con las obligaciones vinculantes del ADPC sobre el respeto a los derechos humanos. 

En ese entonces no se pedía la suspensión del ADPC ni la eliminación de la cooperación UE-Cuba. De hecho, el alto representante Josep Borrell defendió que el acuerdo permitía mantener a la UE como primer socio comercial e inversor de Cuba, lo que apoyaba su integración en el comercio internacional.

La resolución no tenía capacidad legal para forzar cambios en las relaciones UE-Cuba, pero sí enviaba una advertencia política de que el Parlamento estaría atento a los avances reales en materia de derechos humanos para seguir respaldando el marco del acuerdo.

El 16 de septiembre de 2021, 426 legisladores europeos respaldaron otra resolución que condenaba la «violencia y represión extrema» ejercida por el Gobierno cubano contra los manifestantes de las protestas de julio de ese año. Esa vez hubo 40 votos más a favor que en la resolución de junio, cuando 386 eurodiputados se pronunciaron contra los abusos de La Habana. 

El documento denunció la aprobación del Decreto Ley 35 y la Resolución 105 en Cuba, normativas que, según Bruselas, establecen «un marco jurídico para el enjuiciamiento de personas» por cargos que restringen libertades.

Asimismo, instaba al Consejo Europeo a aplicar la Ley Magnitsky y adoptar sanciones contra altos cargos de la isla por su responsabilidad en las violaciones de derechos fundamentales, incluido el encarcelamiento de activistas (Luis Robles y Maykel Castillo).

Un número creciente de eurodiputados también apoyó los llamados a activar mecanismos contemplados en el Acuerdo de Diálogo Político y Cooperación UE-Cuba para presionar a las autoridades cubanas por su sistemático incumplimiento de los compromisos en materia de derechos humanos.

Nuevamente, en julio de 2023, el PE aprobó otra resolución sobre el estado del ADPC a raíz de la visita de Borrell a Cuba en mayo de ese año. En el documento, los parlamentarios condenaron las violaciones a los derechos humanos en Cuba y la relación de complicidad entre el Gobierno cubano y Rusia.

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El PE también instó a las autoridades cubanas a poner fin a la represión y a liberar de forma inmediata a los detenidos por motivos políticos, así como a restituir el derecho de los exiliados a regresar al país. El texto tuvo votos en contra del grupo de Socialistas y Demócratas (S&D) y también de la Izquierda y de los Verdes.

Posteriormente, en octubre de 2023, el legislador sueco Björn Söder pidió una discusión en la UE sobre el pacto con Cuba. Un mes después, el ministro de Desarrollo Internacional, Cooperación y Comercio Exterior de Suecia, Johan Forssell, sostuvo que la UE debería revisar el acuerdo.

Activistas cubanos también han señalado la necesidad de cancelar el ADPC por las flagrantes violaciones a derechos humanos que ocurren en Cuba.

A pesar de las pruebas sobre la situación socioeconómica y política de Cuba, Jutta Urpilainen, comisaria europea de Asociaciones Internacionales, dijo ante el PE que los objetivos del acuerdo «siguen siendo absolutamente pertinentes» para fortalecer las relaciones entre el bloque europeo y la isla.

Sobre el apoyo cubano a Vladímir Putin mencionó que Cuba se abstuvo en cuatro votaciones diferentes sobre la guerra rusa en Ucrania.

«Sin duda esperamos más y seguiremos transmitiendo nuestro mensaje a Cuba en futuros intercambios en el marco de nuestro acuerdo», comentó.

Cuba está considerada como uno de los países menos democráticos del mundo, así lo constata el Índice Mundial de Democracia que elabora cada año la Unidad de Inteligencia de la revista británica The Economist.

En el último informe, la isla caribeña se ubicó en el puesto 135 de 167 naciones. En la región latinoamericana, apunta el estudio, solamente es superada por Venezuela y Nicaragua.