Mientras muchas familias se preparan para las fiestas navideñas, el mayor deseo de Belixa Cubena es que su esposo, Daniel Alejandro Escobar, salga del centro de detención en el que se encuentra desde principios de diciembre de 2025.

Daniel, un cubano de 25 años, llegó a Estados Unidos en 2022 junto a su esposa. Ingresó por la frontera sur de manera irregular y se entregó a las autoridades migratorias. Fue liberado días después con el documento I-220A. 

El I-220A es una «orden de libertad bajo palabra» que el Gobierno de Estados Unidos otorgó a ciertas personas que estaban detenidas y después fueron liberadas por oficiales de Inmigración. El formulario, en general, incluye algunos requisitos y condiciones a cambio de ser liberado de la detención, como tener que asistir a audiencias en la Corte de inmigración.

Según Belixa, ellos iniciaron de inmediato el trámite de asilo y han cumplido con los requisitos legales que su caso necesita. La pareja había logrado cierta estabilidad en Miami y, recientemente, pusieron en marcha un pequeño emprendimiento de joyería, con la intención de progresar y consolidar su vida en el sur de Florida.

Una decisión inesperada en la Corte

El día de su primera audiencia ante la Corte migratoria, la situación tomó un giro inesperado. En conversación con elTOQUE, Belixa señaló que otras personas con procesos similares salieron con nuevas fechas de Corte; en cambio, el caso de Daniel fue desestimado y, al salir de la sala, agentes de la Oficina de Inmigración y Control de Aduanas (ICE, por sus siglas en inglés), lo detuvieron y lo trasladaron a Alligator Alcatraz, en los Everglades.

Cubano con I-220A es presionado por ICE para firmar su orden de deportación

El cubano Elionay González fue detenido por ICE tras asistir a su audiencia migratoria en Miami. Tenía un I-220A y había solicitado asilo político. Su caso fue desestimado y lo presionaron para firmar su orden de deportación. González es activista del Movimiento Anticomunista y participó en el 11J. Volver a Cuba, dice su esposa, «no es una opción».

«Fue todo muy rápido. No nos dieron explicación», dice Belixa. Daniel no tiene antecedentes penales ni faltas migratorias registradas ni siquiera una multa de tráfico, asegura su esposa.

Alligator Alcatraz: un centro bajo cuestionamientos

Belixa denuncia la mala higiene y el acceso limitado a artículos básicos en Alligator, incluida la posibilidad de bañarse. En un informe reciente, Amnistía Internacional describe las condiciones «inhumanas» y denuncia patrones de abuso en ese centro.

Para organizaciones de derechos humanos, Alligator se ha convertido en un ejemplo de cómo la detención migratoria puede derivar en tratos que vulneran la dignidad humana.

Lo ocurrido con Daniel refleja una preocupación creciente en la comunidad migrante cubana Estados Unidos: cumplir la ley no garantiza protección porque el I-220A no impide detenciones repentinas y tras una audiencia se puede terminar en la cárcel. «La vida nos cambió en un minuto», asegura Belixa.

Aunque el futuro legal de Daniel permanece incierto, su esposa continúa trabajando y gestionando el nuevo negocio mientras busca apoyo legal.

Hasta el momento, ninguna autoridad migratoria ha ofrecido información pública detallada sobre las razones de la desestimación del caso ni sobre la base legal específica de la detención posterior. La ausencia de explicaciones oficiales deja importantes interrogantes sobre el procedimiento y sobre cómo se están aplicando las medidas en casos similares. La expectativa se centra ahora en si se emitirá una respuesta formal o si la revisión judicial permitirá esclarecer el proceso.

Informe de Amnistía Internacional revela abusos en Alligator Alcatraz y Krome

Un informe reciente de Amnistía Internacional pone bajo escrutinio los centros de detención migratoria Alligator Alcatraz y Krome, en Florida, al documentar condiciones que representan violaciones graves de derechos humanos. La investigación abre un debate sobre la transparencia, la supervisión y el trato que reciben las personas bajo custodia migratoria.

El arresto de Daniel se inscribe en un patrón más amplio que ha afectado a varios cubanos con formulario I-220A en los últimos meses. Previamente, hemos documentado casos similares, muchos de ellos reseñados en transmisiones en vivo junto a esposas y familiares que denunciaron detenciones durante citas migratorias de rutina, pese a que los afectados cumplían con sus obligaciones ante inmigración.

En distintas directas y entrevistas públicas con el periodista Mario J. Pentón, abogados del Gallardo Law Firm, que son los encargados del caso de Daniel, han advertido que el I-220A no constituye un estatus migratorio ni un parole, sino una orden de liberación bajo palabra que deja a sus beneficiarios en una situación legal frágil. Según han explicado, esta condición permite que las autoridades migratorias procedan a detenciones, incluso cuando la persona no tiene antecedentes penales y mantiene un proceso migratorio abierto.

En los casos documentados por elTOQUE se repiten preocupaciones relacionadas con el debido proceso, como la falta de información clara a los familiares tras el arresto, traslados entre centros de detención sin notificación previa y limitaciones en el acceso inmediato a representación legal.

De los casos de cubanos con I-220A documentados por este medio, la mayoría de los detenidos continúa bajo custodia migratoria, sin una fecha definida de resolución. La única excepción de la que tenemos conocimiento hasta ahora, ha sido la de un adolescente de 17 años, cuya liberación se produjo tras la presión pública y la intervención de congresistas de Florida; los demás permanecen detenidos y algunos han sido deportados.