A Alejandro Tamayo Chacón lo detuvieron violentamente. Agentes de la policía allanaron su vivienda sin una orden y lo arrastraron hasta la patrulla junto a la madre, quien intentaba impedir el arresto. La detención fue grabada y publicada en redes sociales por familiares. Era 12 de julio de 2022.

Horas después —gracias a las declaraciones que ofreció la esposa de Tamayo Chacón, Gloria Salmón, a Telemundo51— se supo que el joven detenido era uno de los tres balseros cubanos que fueron interceptados el 9 de julio de 2022 por la Guardia Costera de Estados Unidos a unas 60 millas al sur de Cayo Hueso, mientras trataban de llegar a los Estados Unidos en una bicicleta acuática. Alejandro y sus compañeros de viaje fueron devueltos a Cuba junto a más de 70 balseros, también interceptados en días previos por las autoridades estadounidenses.

¿POR QUÉ DETIENEN A ALEJANDRO TAMAYO TRAS SU REGRESO A CUBA?

De acuerdo con las declaraciones de Gloria Salmón, los policías que detuvieron a Alejandro alegaron que este estaba acusado por el robo de la bicicleta acuática que utilizó en su intento de emigrar. Luego de la detención, las autoridades también parecen haber acusado al balsero por resistirse al arresto. 

La detención y posterior acusación de Alejandro Tamayo y sus compañeros debe ser entendida como el acto más común que emplea el régimen cubano para detener la emigración irregular por mar. Digo por mar porque la emigración irregular (por otras vías) ha sido utilizada por el sistema como mecanismo de disminución de tensión política, sobre todo en momentos de crisis e inestabilidad. Solo en el último año, el poder cubano ha propiciado, utilizando aliados de la región —Nicaragua, en este caso—, una ola migratoria que asciende a 160 mil cubanos que han llegado de forma irregular a los Estados Unidos. 

No obstante, las cifras indican que esa oleada (que tuvo sus principales picos en marzo y abril de 2022) pudiera estar disminuyendo. En abril llegaron a los Estados Unidos 34 911 cubanos; en mayo, 25 697; y en junio, 16 245.

A medida que disminuye el número de migrantes a través de la ruta Centroamericana, el volumen de cubanos que se lanza al mar aumenta. Entre el primero de octubre de 2021 y hasta el 24 de mayo de 2022, la Guardia Costera estadounidense había interceptado a casi 2 000 cubanos que intentaban llegar a los EE. UU. Pero, entre finales de mayo (en específico a partir del 24 de mayo) y el 19 de julio de 2022 —menos de dos meses— las autoridades de ese país detuvieron en el mar a un aproximado de 1 470 cubanos. 

La cifra de balseros en lo que va de año fiscal 2022 supera con creces las de años anteriores; con excepción de 2016, cuando fueron interceptados 5 396 navegantes. Supera la de 2017, cuando fueron capturados 1 468 y con creces las de 2018, 2019, 2020, años durante los cuales se interceptaron a apenas 259, 313 y 49 balseros respectivamente. Desde 2021 la cifra ha ido otra vez en aumento. En el año fiscal 2020-2021, las autoridades de EE. UU. interceptaron a 838 cubanos.

La detención de Alejandro Tamayo y sus compañeros se produce en el marco del aumento del flujo migratorio a través del mar y responde a la necesidad del Gobierno del archipiélago de detenerlo mediante la represión. El poder cubano ha demostrado su falta de voluntad e incapacidad para impulsar otras estrategias tendentes a motivar a los cubanos a permanecer en el país y, por ende, no debería asustarnos la idea de que utilice la persecución y la violencia como mecanismo para desestimular el cruce por el estrecho de la Florida. 

Muestra de ello es el mantenimiento y agravación de las sanciones correspondientes al delito de salida ilegal del territorio nacional en el proyecto de Código Penal aprobado por la Asamblea Nacional del Poder Popular en mayo de 2022. En el cuerpo normativo se establece que quien salga del país de forma ilegal «con habitualidad» podría permanecer hasta ocho años en prisión.

LOS ACUERDOS MIGRATORIOS

No obstante, el uso de represalias y violencia para detener la emigración contradicen el compromiso asumido por Cuba al firmar los sucesivos acuerdos migratorios con los EE. UU. Esos acuerdos determinan que los EE.UU. se compromete a interceptar a los balseros cubanos en el mar y devolverlos a Cuba. Por su parte, el Gobierno cubano se comprometió a utilizar medidas disuasorias y no coactivas para evitar el flujo migratorio irregular hacia los Estados Unidos. Asimismo, dijo que no tomaría represalias con los cubanos que fueran devueltos por la Guardia Costera estadounidense.

No obstante, en enero de 2017 —justo al finalizar la era Obama— los Gobiernos de Cuba y los Estados Unidos volvieron a mantener conversaciones migratorias y emitieron una Declaración Conjunta en la que los estadounidenses se comprometían —entre otros puntos— a eliminar la política de «pies secos, pies mojados»; y ambas Administraciones a «desalentar resueltamente los actos ilícitos vinculados con la migración irregular, [promover] la cooperación bilateral eficaz para prevenir, y procesar el tráfico de personas, así como los delitos asociados a los movimientos migratorios que ponen en peligro su seguridad nacional, incluyendo el secuestro de aeronaves y embarcaciones».

Este último compromiso ha sido utilizado por el Ministerio del Interior (Minint) para denunciar que, la política migratoria estadounidense hacia los cubanos, es la responsable de propiciar actos violentos y delincuenciales asociados con la emigración ilegal. En junio de 2021, el Minint informó que habían devuelto a 82 balseros cubanos dentro de los que se encontraban personas quienes, en teoría, habían participado «en el robo de la embarcación Lista Quinta, vinculada a la Base de Pesca Deportiva de Santa Cruz del Norte, en Mayabeque». En la nota, recordaban los compromisos de colaboración y persecución de delitos asumidos en la Declaración Conjunta de 2017.

¿SANCIONAR EL ROBO DE UNA BICICLETA ACUÁTICA CONTRAVIENE LOS ACUERDOS MIGRATORIOS?

Las autoridades cubanas han justificado la detención de Alejandro Tamayo bajo el argumento de que persiguen el robo de una embarcación y no la salida ilegal del país. Pero, en realidad, las autoridades cubanas identifican el robo de la bicicleta acuática como un acto que —a pesar de lo impropio del medio— pudiera reproducirse en un ambiente en el que muchos desean escapar, sea en una tabla de kite surf o en un bote de poliespuma. 

La Ley 115 de la Navegación Marítima, Fluvial y Lacustre reconoce como embarcación a «toda construcción flotante de arqueo bruto inferior a [500] o de potencia propulsora de su máquina principal inferior a [50] kilowats». El arqueo bruto es la referencia del tamaño total de una embarcación determinada en toneladas Moorson. Todas las embarcaciones tienen un arqueo bruto inferior a 500, mientras que los buques tiene un tamaño igual o superior a esa cifra. La normativa considera, además, que las embarcaciones de recreo son todas las «destinadas a actividades turísticas, recreativas y deportivas».

Bajo ese prisma, para las autoridades cubanas una bicicleta acuática es una embarcación de recreo. Una embarcación de recreo que, en el caso cubano, pertenece por regla general a instituciones estatales. Las embarcaciones y medios náuticos han sido objeto de un férreo control por parte de las autoridades, entre otras cuestiones, debido a su potencial uso como medios para emigrar de forma irregular. 

Las denuncias sobre la imposibilidad de los cubanos de acceder a este tipo de embarcaciones en instalaciones turísticas se han producido en otras oportunidades. Como expresión de esta política, el ministro de Transporte de Cuba, Eduardo Dávila, emitió la Resolución 32/2022 que prohíbe a los cubanos importar buques, embarcaciones y artefactos navales.

Los razonamientos previos pudiesen justificar «legalmente» el procesamiento de Alejandro Tamayo y el resto de los tripulantes de la bicicleta acuática. Pero, más allá de la aparente legalidad, lo que se esconde detrás de la detención de los bicicleteros no es la intención de las autoridades cubanas de resarcir desde lo económico a la entidad a la cual pudo pertenecer la bicicleta acuática o de hacer pagar por sus culpas a unos «ladrones». Lo que se esconde detrás de la detención es el intento del régimen de La Habana de disfrazar las represalias que está dispuesto a tomar contra quienes traten de emigrar de forma ilegal por vía marítima. Lo que esconde la detención de Alejandro Tamayo y sus compañeros es la falta de voluntad del Gobierno del archipiélago para impulsar iniciativas y reformas que ofrezcan esperanzas a los cubanos que emigran. La detención de Alejandro Tamayo demuestra, también, que no existe voluntad alguna de impulsar un proceso de democratización en el país.

Robarse una bicicleta acuática para emigrar no debería considerarse un delito. Robar una bicicleta acuática para cruzar 90 millas de agua salada infestada de tiburones es una muestra clara de desesperación. Es el equivalente de un robo famélico. Aquel que muchos consideran que no debería ser penado porque solo se produce cuando la miseria de las personas los lleva a robar por necesidad. Una necesidad que, en el caso cubano, adquiere otros ribetes porque, además —sobre todo en este caso—, lo robado pertenece en teoría a todos, pero en la práctica se nos niega. Se nos niega el disfrute y se nos niega la adquisición. 

Los robos famélicos no se solucionan con represión. Mucho menos con una represión que vulnera derechos elementales de cuya existencia los represores se vanaglorian. 

«Los perros metidos en el tabaco», el sistema de justicia cubano al descubierto

El video del presidente del Tribunal Supremo, Rubén Remigio, estremece el sistema de justicia cubano, lo descubre en sus peores vicios y se convierte en un documento histórico sobre la situación del Estado de derecho en Cuba.

La propaganda cubana y la institucionalidad han celebrado el impulso en el país de lo que denominaron una reforma penal. Al parecer, algunos postulados de esa reforma han sido obviados para detener a un bicicletero/balsero de 23 años. La violación de derechos demuestra que lo que mueve a las autoridades cubanas no es su imperioso deseo de hacer cumplir la ley, sino su necesidad de detener a cualquier precio un flujo migratorio irregular a través del mar. Una actitud que han repetido siempre y que tuvo su más macabra expresión cuando, en 2003, fusilaron en apenas tres días a los secuestradores de una embarcación.

En ese sentido, en los videos de la detención de Alejandro y en declaraciones posteriores se escucha cómo las mujeres insisten en que los oficiales ingresaron a la vivienda sin mostrar un documento que justificara su presencia. Se aprecia, también, cómo los oficiales allanaron el lugar y extrajeron y detuvieron al joven mientras su madre se aferraba a una de sus piernas. 

Ha trascendido, además, que en la actualidad Alejandro no solo enfrenta cargos por el robo de la bicicleta acuática, sino también por haberse resistido a un arresto que incumplía con las formalidades legales. ¿Tenía que consentir Alejandro o sus familiares que oficiales de la policía, por el simple hecho de estar vestidos de uniforme y manejar una patrulla, ingresaran en su vivienda y lo detuvieran violentamente? ¿Es posible resistirse a una situación como esa?

La respuesta es relativa. La evidencia —ejemplo de Alejandro incluido— demuestra que los policías cubanos no entienden de reformas penales ni de derecho o garantías. Sus acciones violatorias no parecen tener ningún costo. La impunidad es su principal escudo. 

No obstante, la nueva Ley del Proceso Penal vigente desde el primero de enero de 2022 establece que las autoridades y sus auxiliares pueden entrar y registrar un domicilio para detener a una persona. Pero aclara que, un acto como ese, solo puede llevarse a cabo si existe una «orden de detención» contra la persona que se refugia en el inmueble.

Si no se muestra la orden de detención, si no se aclaran los motivos, una persona debería poder resistirse de manera legítima a su detención. Debería poder defenderse de todas las agresiones ilegítimas a sus derechos, incluidas las provenientes de agentes del orden. Sin embargo, en la Cuba que se vive hoy el deber ser está cada vez más alejado de la realidad. 

Mientras esa situación se mantenga no es de locos esperar que muchos otros Alejandros intenten cruzar el estrecho de la Florida en una bicicleta acuática o en cualquier inimaginable embarcación.

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