El 20 de septiembre salió a la luz pública el informe que presenta las conclusiones detalladas de la Misión Internacional Independiente de Determinación de los Hechos sobre la República Bolivariana de Venezuela. El reporte establece los «Crímenes de lesa humanidad cometidos a través de los servicios de inteligencia del Estado» y devela «estructuras y personas involucradas en la implementación de un plan para reprimir la oposición al Gobierno».

El documento se centra en el rol de dos organizaciones y de sus dirigentes en las violaciones y crímenes cometidos contra opositoras y opositores reales y percibidos por el Gobierno: el Servicio Bolivariano de Inteligencia Nacional (SEBIN) y la Dirección General de Contrainteligencia Militar (DGCIM).

Resulta interesante que exfuncionarios/as de la DGICM confesaron a la Misión que los cubanos los entrenaron, asesoraron e incluso participaron en actividades de inteligencia y contrainteligencia. Muchas de las violaciones de derechos humanos recogidas en el informe son consecuentes con el actuar de la policía política cubana.

Represión en común

De acuerdo con el reporte, los delitos no fueron aislados. Se cometieron en virtud de un plan o política para «silenciar, desalentar y sofocar la oposición al presidente Maduro». Consistía en atacar a personas percibidas como contrarias al Gobierno de Venezuela y a sus familiares y amigos, que eran atacados por la asociación.

«La información recabada indica que han existido esfuerzos concertados por mantener el poder acudiendo a medios que incluyen la comisión de delitos y violaciones contra personas opositoras al Gobierno o percibidas como tales».

El informe también señala que los delitos son conocidos y orquestados al más alto nivel. El presidente es asistido por un círculo íntimo de asesores de confianza; entre ellos Diosdado Cabello, Tareck Zaidan El Aissami Maddah y el ministro del Interior. Juntos implementan y mantienen una maquinaria al servicio de la represión de la disidencia.

«La Misión ha recibido información consistente de fuentes calificadas sobre reuniones semanales en las que participan el ministro de Defensa, el ministro de Relaciones Exteriores, el ministro del Interior y de Justicia, así como los directores generales de la DGCIM, el SEBIN y el Centro Estratégico de Seguridad y Protección de la Patria (CESPPA), en las que se toman decisiones que luego se comunican a las cadenas de mando, en apoyo de la política que incluyen la comisión de delitos».

Entre los perfiles de las víctimas contra las que operaba la DGCIM y el SEBIN se encuentran: 

1. Oficiales militares supuestamente implicados en intentos de golpe de Estado para derrocar al Gobierno, así como oficiales con alto liderazgo que representaban tal riesgo.
2. Críticos del Gobierno de alto nivel o individuos que alcanzaron posiciones prominentes, incluidos activistas sociales, periodistas, líderes políticos al frente de las protestas y políticos de la oposición.
3. Trabajadores de ONG en el ámbito de los derechos humanos o que critican públicamente al Gobierno o a determinados funcionarios del Gobierno.
4. Individuos que interfieren con los intereses de los actores gubernamentales, ya sean políticos, económicos o criminales.
5. Familiares y amigos de las personas que eran el objetivo de las operaciones, sometidos a detención para forzar la entrega del objetivo predeterminado.

Como también es una práctica frecuente en Cuba, la Misión ha indicado que las órdenes de persecución de personas señaladas por el SEBIN y la DGCIM tienen por objeto «enviar un mensaje disuasorio a quienes piensan hacer algo similar». Difundir el miedo por contagio, intimidar a los líderes y sembrar el terror es común en ambos regímenes.

Similar a los agentes de la Seguridad del Estado en Cuba, los agentes del SEBIN y de la DGCIM a menudo no se identificaban en el momento de la detención ni explicaban las causas, incluso cubrían sus rostros. Además, suelen vestir ropa de civil o sin marcar y utilizan alias. Las medidas tienen como objetivo confundir a las personas detenidas y ocultar las operaciones.

Los traslados de los opositores y opositoras se realizaban encapuchados, con los ojos vendados o llevados por rutas indirectas a los centros de detención. Según el informe, es una práctica frecuente de la DGCIM utilizar instalaciones no oficiales como casas de seguridad en sus detenciones, las equivalentes cubanas de las «casas de protocolo». El informe plantea que agentes del SEBIN y la DGCIM utilizaron fuerza excesiva o violencia en varias detenciones para intimidar a los objetivos.

Existía coordinación entre las organizaciones y el sistema de justicia. Por ejemplo, se abusó de la figura de la flagrancia como base para realizar detenciones de opositoras y opositores reales y percibidos. 

«Ha habido inacción judicial, una falta de investigación y persecución suficientes de estos crímenes. Como se señaló en el informe de 2021, con respeto a la mayoría de estos delitos, no hay información que indique que se han investigado», declara la Misión.

Infografía tomada de Plan V

Los crímenes gubernamentales

«Algunas de las irregularidades y excesos cometidos durante los arrestos y detenciones llevados a cabo por el SEBIN y la DGCIM indican claramente una actividad concertada conforme a un plan, en lugar de una criminalidad inconexa», dice el informe.

Venezuela ha desplegado agentes en otros países para capturar a disidentes reales y supuestos. DGCIM presuntamente utilizó tácticas que incluían actos delictivos para forzar a que opositoras y opositores reales o percibidos se entregaran a las autoridades, incluido el secuestro de miembros de sus familias.

Los funcionarios del SEBIN y de la DGCIM fueron también denunciados en el informe por plantar pruebas falsas. La práctica es tan extendida que llevaba un nombre en clave: «hacer una mentira de la verdad y la verdad de la mentira» o plantar «semillas».

Cuba y Venezuela: 20 años de un matrimonio conveniente y dispar

Por el Convenio Integral de Cooperación Venezuela se comprometió a enviar, inicialmente, 53.000 barriles diarios de petróleo a costo preferencial, mientras que Cuba acordó mandar a más de 13.000 trabajadores cubanos, especialmente del área de salud.

Las técnicas para recopilar información sobre los objetivos son varias: las delaciones, las fuentes militares, la red de informantes de la DGCIM, la infiltración en sectores de la oposición, o la vigilancia telefónica y digital, a menudo sin orden judicial. 

La Dirección de Inteligencia Tecnológica, que no forma parte de la estructura oficial del SEBIN, era la unidad que realizaba el seguimiento y las escuchas telefónicas. «Se seguía a los objetivos para determinar sus movimientos. Los agentes del SEBIN también se dedicaban a poner micrófonos en las habitaciones, ocultar cámaras y georreferenciar a las personas de interés para vigilarlas».

Una vez recluidas, las personas opositoras fueron sometidas a actos de tortura incluida violencia sexual contra mujeres y hombres. Otras torturas incluían asfixia, golpes y descargas eléctricas, ser retenidos desnudos, amenazas de muerte, violaciones y mutilación genital. Al menos una mujer detenida sufrió un aborto tras ser sometida a actos de tortura.

Muchas de las celdas de uno de los centros de detención carecían de acceso directo al agua potable. Además, los funcionarios y las funcionarias de la DGCIM restringían el acceso a las duchas y a los baños. Esto dificultaba el mantenimiento de la higiene personal, en especial durante el período de menstruación de las mujeres. Las restricciones a las visitas de los familiares se utilizaban como herramienta de castigo, intimidación o coerción contra ciertas personas detenidas, sobre todo a los que no tenían un perfil público.

Los detenidos también fueron sometidos a otras formas de trato cruel, inhumano o degradante. Ser atados y obligados a caminar de puntillas durante horas; recibir una alimentación e hidratación limitadas; ser mantenidos bajo una iluminación constante o en una oscuridad constante o en un calor o frío extremos; acceso restringido al sol y al ejercicio. Los funcionarios del SEBIN también entablaron relaciones sexuales con los detenidos y detenidas a cambio de bienes y privilegios esenciales.

A esto se sumaban los registros frecuentes de sus celdas, durante los cuales los oficiales robaban objetos personales. «En algunos casos, estas requisas parecían llevarse a cabo como castigo por las denuncias respecto a las condiciones de detención».

Como han denunciado muchos activistas cubanos, una práctica habitual del SEBIN era mantener al detenido incomunicado durante horas, días o semanas. En algunos casos, se trataba de desapariciones forzadas de corta duración. También era frecuente que las autoridades negaran haber retenido a la persona o dijeran a los familiares y representantes legales que no tenían información sobre la persona detenida.

Hasta el día de hoy, varias personas entrevistadas manifiestan secuelas físicas y mentales debido a las malas condiciones de internamiento de los centros penitenciarios. 

Antecedentes

Tres años antes, el Consejo de Derechos Humanos de las Naciones Unidas estableció la Misión internacional por un período de un año para evaluar presuntas violaciones de los derechos humanos cometidas en ese país desde 2014. Luego fue prorrogado por dos años más.

La Misión contemplaba en su mandato tres acciones fundamentales: Investigar ejecuciones extrajudiciales, desapariciones forzadas, detenciones arbitrarias y tortura, y otros tratos crueles, inhumanos o degradantes cometidos desde 2014. Asegurar la plena rendición de cuentas de los autores y la justicia para las víctimas. Y, presentar actualizaciones orales e informes sobre su trabajo durante los diálogos interactivos de los diferentes períodos de sesiones del Consejo. Hasta el momento se han presentado informes en 2020 y 2021.

El informe concluye que dentro de estas dos organizaciones, varias personas participaron en delitos y violaciones. Por lo tanto, su responsabilidad merece una investigación más profunda. Casi todas las personas, y en particular quienes detentaban puestos clave, continúan ocupando cargos en la DGCIM o el SEBIN o han sido promovidas a cargos superiores. «No hay evidencia de que en la actualidad se estén llevando a cabo procedimientos domésticos contra ninguna de estas personas», dice el informe.

El Gobierno no ha proporcionado información al respecto, a pesar de los intentos de la Misión por canales diplomáticos. «Esto es incompatible con una intención genuina de ocuparse de la situación», establece el informe.

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