Carlos Fernández de Cossío, vicetitular del Ministerio de Relaciones Exteriores de Cuba (Minrex), negó en una entrevista con Zeteo News publicada el 27 de septiembre de 2025 la existencia de presos políticos, descalificó el más reciente informe anual de Amnistía Internacional sobre Cuba y acusó a la organización de estar financiada por «entidades antisocialistas».

Sus afirmaciones reproducen un patrón discursivo del régimen cubano: negar sistemáticamente las violaciones de derechos humanos en la isla, incluida la privación de libertad por motivos políticos y de conciencia, y desacreditar a organizaciones internacionales cuando publican reportes críticos sobre el Estado cubano.

Sí, existen presos políticos en Cuba

En la entrevista con el periodista y presentador británico-estadounidense Mehdi Hasan para Zeteo News (EE. UU.), una plataforma de noticias en línea, Fernández de Cossío aseguró que «no existen arrestos arbitrarios en Cuba» de críticos al Gobierno o participantes en protestas antigubernamentales. 

Cuando Hasan mencionó el Informe sobre la situación de Cuba en 2024, publicado por Amnistía Internacional en 2025, el alto funcionario de la cancillería pidió al periodista una lista sobre los «cientos» de detenidos por motivos políticos y afirmó que no hay evidencias al respecto. 

La estrategia negacionista del Gobierno cubano no es nueva. En 2016, durante la visita a La Habana del entonces presidente de Estados Unidos, Barack Obama, el gobernante cubano Raúl Castro reaccionó de forma similar en una rueda de prensa internacional: «Dame la lista ahora mismo de los presos políticos para soltarlos».

Sin embargo, tanto entonces como ahora, existen listados e informes de organizaciones de derechos humanos que documentan la existencia de presos políticos en Cuba. Ver aquí, aquí, aquí y aquí. 

Gobierno anuncia 553 excarcelaciones, la sociedad civil registra solo 231 de presos políticos

El Gobierno cubano anunció que ha concluido la excarcelación de 553 personas como parte de las negociaciones con el Vaticano y la Administración Biden. Sin embargo, la sociedad civil advierte que solamente se han registrado de forma independiente la excarcelación de 231 presos políticos.

elTOQUE, como otros medios independientes cubanos, ha publicado frecuentemente durante el último lustro textos sobre violaciones de derechos a disidentes, activistas y ciudadanos encarcelados por motivos políticos. Nuestra cobertura con noticias, denuncias, análisis legales y perfiles de los presos políticos puede consultarse aquí.

Además, el proceso de excarcelación reciente confirma la existencia de presos políticos en la isla. En enero de 2025, varias decenas de prisioneros fueron liberados tras negociaciones con el Vaticano y la decisión de la Administración Biden de retirar a Cuba de la lista de «Estados patrocinadores del terrorismo» que elabora el Gobierno de EE. UU. Entre ellos, había personas condenadas por participar en las protestas del 11 de julio de 2021.

Estas excarcelaciones, documentadas por medios independientes y organismos internacionales, desmienten el discurso oficial de que en Cuba no hay presos políticos. Posteriormente, algunos excarcelados fueron arrestados otra vez con diversas justificaciones, entre ellos los presos de conciencia y disidentes Donaida Pérez Paseiro, José Daniel Ferrer y Félix Navarro.

Diversos informes contradicen a las declaraciones de Fernández de Cossío:

• Según el Informe 2024 de Amnistía Internacional, en Cuba persisten las detenciones arbitrarias y las condenas contra manifestantes pacíficos.
• La organización Prisoners Defenders reporta, en septiembre de 2025, «un nuevo récord» de 1 185 presos políticos en cárceles cubanas.
• La Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) ha documentado patrones de criminalización de la protesta y hostigamiento judicial en la isla.

La afirmación del vicecanciller Fernández de Cossío es FALSA. Sí, existen presos políticos en Cuba y su encarcelamiento ha sido documentado con nombres, casos concretos y denuncias internacionales.

La versión falsa de la inexistencia de presos políticos en Cuba no es exclusiva de Raúl Castro o Fernández de Cossío, sino una narrativa desinformadora reiterada por funcionarios oficiales de distintos niveles. El actual gobernante Miguel Díaz-Canel ha insistido en foros internacionales y entrevistas con medios extranjeros en que en la isla «no hay presos políticos, sino personas sancionadas por violar la ley».

Johana Tablada —funcionaria del Minrex, quien fuera subdirectora general de Estados Unidos y recientemente designada embajadora en México— ha sostenido con frecuencia igual línea argumental en intercambios con la prensa internacional, reduciendo los casos a supuestos «delitos comunes». 

El canciller Bruno Rodríguez Parrilla también ha negado ante organismos multilaterales, como la ONU y el Consejo de Derechos Humanos, la existencia de presos de conciencia, calificando las denuncias de organizaciones como Amnistía Internacional o la CIDH de «campañas mediáticas contra Cuba».

Más de tres muertes en prisión cada mes en Cuba: la trágica tendencia de 2025

Al menos 34 personas han muerto en las cárceles cubanas en lo que va de 2025, según ha documentado Cubalex. La cifra equivale a casi una muerte por semana y confirma un patrón de negligencia y violencia estatal denunciado por varias organizaciones de derechos humanos.

Amnistía Internacional no carece de evidencias ni está financiada por «organizaciones antisocialistas»

En la entrevista, el periodista Mehdi Hasan cuestionó al viceministro Carlos Fernández de Cossío con base en el Informe 2024 de Amnistía Internacional, que documenta restricciones a la libertad de expresión, detenciones arbitrarias y criminalización de activistas en Cuba.

«Se redujeron los servicios sociales y la población tenía dificultades para acceder a los alimentos y los medicamentos. Se impusieron nuevas restricciones a la libertad de expresión. Persistían la detención arbitraria y la criminalización de activistas, defensores y defensoras de los derechos humanos, periodistas y manifestantes. Se sometía a las personas detenidas a hostigamiento y malos tratos. Continuaba la discriminación contra las mujeres y las personas afrodescendientes y LGBTI», denunció Amnistía en el citado informe. 

Ante esas referencias, Fernández de Cossío respondió: «¿Te han dado alguna evidencia de eso? (…) Amnistía Internacional ha estado diciendo eso desde hace años… No existe ninguna evidencia de eso».

Más adelante afirmó: «¿Quién financia a Amnistía Internacional? Organizaciones que son opositoras al socialismo. Así que natural y estructuralmente y por órdenes irán contra todo aquello que sea socialista».

Los hechos frente a sus declaraciones:

Sí, hay evidencia documentada.

El Informe 2024 de Amnistía Internacional sobre Cuba incluye más de 30 páginas con casos específicos, nombres y procesos judiciales.

Otras entidades independientes, como la ONG internacional Human Rights Watch (HRW) y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), también han corroborado los patrones de represión y judicialización de la protesta en Cuba.

Amnistía Internacional no es financiada por «organizaciones antisocialistas».

Amnistía Internacional es una ONG independiente, fundada en 1961 y con sede central en Londres, Reino Unido. Sus estatutos prohíben recibir dinero de Gobiernos o partidos políticos para evitar conflictos de interés.

«Nos financiamos gracias a nuestra membresía. Somos independientes de toda ideología política, interés económico y religión. Estamos de parte de las víctimas de violaciones de derechos humanos, sean quienes sean y estén donde estén. No hay Gobierno libre de escrutinio. Sacamos a relucir la verdad. Exigimos que quienes violan derechos humanos rindan cuentas», detallan en el sitio web oficial de la organización. 

Sus informes no se concentran en Cuba ni en otros países «socialistas» como China, un sesgo sugerido por el viceministro Fernández de Cossío. Amnistía Internacional también ha denunciado violaciones de derechos humanos en Estados Unidos, Israel, Arabia Saudita, Irán y Rusia, entre otras naciones de diversos sistemas políticos.

El Gobierno cubano, además, mantiene cerradas sus prisiones a la observación independiente en el terreno. Amnistía Internacional tiene prohibido el ingreso a cárceles de la isla; también, otros organismos internacionales como la Cruz Roja y expertos de Naciones Unidas. Esa falta de acceso refuerza el carácter opaco del sistema penitenciario cubano y dificulta la verificación independiente de las condiciones de reclusión y del trato a los presos políticos.

El intento de negar la existencia de presos políticos y desacreditar a organizaciones internacionales no resiste la evidencia acumulada durante años. Los informes, listados y procesos de excarcelación documentados muestran que se trata de un patrón sistemático de represión y ocultamiento. La reiteración del discurso oficial —de Raúl Castro a Fernández de Cossío y otros funcionarios— no borra la realidad: en Cuba sí hay presos políticos y la comunidad internacional lo ha constatado de manera consistente.

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