Medios de prensa de Nicaragua informaron que el régimen de Daniel Ortega excarceló y deportó hacia Estados Unidos a 222 presos políticos nicaragüenses. De acuerdo con los reportes, los detenidos fueron concentrados desde la noche del 8 de febrero y trasladados en un avión hacia Washington D. C. en la madrugada del día siguiente. Además del destierro, el Gobierno de Daniel Ortega decidió declarar la «muerte civil» de los deportados.
Varios abogados de los excarcelados dijeron haber recibido notificaciones masivas de parte de los jueces que disponían: «Téngase a [nombre] como traidor a la patria, en consecuencia se le inhabilita de forma perpetua para ejercer la función pública en nombre o al servicio del Estado de Nicaragua, así como ejercer cargo de elección popular, se le inhabilitan de forma perpetua todos y cada uno de los derechos ciudadanos que le asisten».
La «muerte civil» es una figura que ha utilizado en otras oportunidades el régimen sandinista contra sus opositores políticos. Implica la cancelación de los derechos a la nacionalidad nicaragüense. En consecuencia, las autoridades del país no emitirán en su favor ni cédula de identidad ni pasaporte, convirtiéndolos no en extranjeros, sino en «apátridas» que merecen ser sancionados y declarados no nicaragüenses por haberse opuesto al Gobierno.
Lo acontecido en Nicaragua puede ser una señal para los cubanos que luchan por la liberación de los presos políticos en la isla.
El movimiento del Gobierno de Ortega se produce en un momento en que la Administración del presidente estadounidense Joe Biden lleva meses conversando con las autoridades cubanas. Las declaraciones oficiales aseguran que el tema de los presos políticos ha sido prioritario durante las reuniones. En fechas recientes, el cardenal Beniamino Stella —enviado especial de su santidad Francisco con motivo de la celebración por el 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II a Cuba— declaró a la prensa: «El papa desea mucho que haya una respuesta positiva» del Gobierno cubano a las peticiones de la iglesia para la liberación de los manifestantes del 11J. Consideró que no era central si la respuesta se definía desde lo legal como amnistía o clemencia porque, dijo, «las palabras pueden ser también secundarias».
Lecciones de un pasado presente
El contexto actual pudiera evocar para muchos el de 2010, cuando con la intermediación del Gobierno de España y de la jerarquía de la Iglesia católica cubana, el régimen de La Habana negoció la excarcelación y posterior destierro de presos políticos y sus familiares (en lo fundamental, de quienes fueron juzgados y encarcelados durante la Primavera Negra en 2003). En aquella oportunidad, el Gobierno cubano —que había enviado un claro mensaje de su poder al mantener en prisión durante siete años a varios de los principales encausados— impulsó el intercambio, buscó a los mediadores e impuso las condiciones.
La negociación sobre la excarcelación de los prisioneros de la Primavera Negra dejó varias conclusiones. La salida de la prisión y posterior destierro de los activistas cubanos produjo, en muchos casos, su desaparición del juego político. Tras el fin del presidio, la atención internacional sobre los desterrados fue efímera y, en general, no pudieron continuar dedicándose a la política, sino que tuvieron que insertarse en las dinámicas de la supervivencia en los países de destino.
Por otra parte, los procesados de la Primavera Negra que decidieron no aceptar el chantaje de destierro a cambio de la prisión tuvieron que permanecer un tiempo más en la cárcel, hasta que fueron excarcelados mediante la fórmula de la licencia extrapenal. Hoy, los dos últimos excarcelados de aquella ola represiva, José Daniel Ferrer y Félix Navarro, están nuevamente en prisión y son susceptibles de volver a convertirse en moneda de cambio.
Al parecer, igual situación ha acontecido en Nicaragua. De acuerdo con un reporte del medio 100 % Noticias, «el envío de presos es una medida unilateral de parte del régimen de Daniel Ortega y no es [parte de un] acuerdo con Estados Unidos». No obstante, sí tienen que haberse producido comunicaciones entre las autoridades de ambas naciones, en tanto los estadounidenses serían los receptores de más de 200 personas indocumentadas que no podrán regresar a su país de origen a menos que el sandinismo se los permita en un futuro o pierda el poder.
Para Cuba, las similitudes entre los escenarios de 2010 y 2023 son innegables, aunque con matices diferentes. La Iglesia católica ha demostrado estar dispuesta a fungir —al igual que en otras oportunidades— como actor que impulse salidas a la crisis de los presos políticos. Sin embargo, la jerarquía de la Iglesia católica cubana de 2023 es diferente a la que gestionó el proceso de negociación en 2010. Si se evalúa de manera literal el discurso del cardenal Stella, la Iglesia católica de hoy no propone excarcelación a cambio de destierro, sino la liberación y el «regreso a sus casas» de los prisioneros.
Al igual que en 2010 existe un actor relevante —aunque diferente— en el escenario internacional y para la política cubana —Estados Unidos— que parece estar también dispuesto a hacer concesiones para lograr la excarcelación de los presos políticos. Un actor que, además, luego de la respuesta a la iniciativa de Ortega, ha dado muestras de estar preparado para recibir a presos políticos excarcelados.
Ante la lectura del contexto es mucho más llamativa la frase que le refiriera Joe Biden al senador cubanoamericano por el Partido Demócrata, Bob Menéndez, luego de que concluyera el discurso sobre el estado de la Unión el 7 de febrero de 2023. El presidente estadounidense fue captado —relata un reporte de Fox News— por las cámaras de C-SPAN cuando le decía al senador Menéndez que tenían que hablar sobre Cuba y que lo decía en serio. Es especulativo, pero no descabellado imaginar que en esa fecha Biden estaba informado sobre la salida nicaragüense y pudiese contemplarla también como opción para Cuba.
¿Qué hacer?
Que se excarcelen presos que han sufrido un encierro injusto y motivado políticamente es siempre un acto para agradecer. Por esa razón, señalar posibles salidas legales, políticas y humanitarias al encierro de las personas —sobre todo cuando el poder ha negado su existencia— no legitima al opresor. Se trata de una propuesta más que se hace desde la sociedad civil que, pese a su creatividad y resistencia, ha sido incapaz de lograr la liberación de personas que sufren prisión de manera injusta.
Si creemos que la democratización provendrá solo de la mano de la moralización extrema (aún bienintencionada) de lo político o de su reducción hacia el pragmatismo cínico de los poderosos, el activismo no llegará a consecuencia seria alguna. Las víctimas seguirán a la espera de milagros.
Algo caracteriza el accionar de la sociedad civil bajo dictaduras: buscar lo imposible deseado mientras se lucha desde lo posible precario. De poco sirve en la lucha contra el opresor criticar sin proponer acciones concretas o acercarse al problema sin denunciarlo. Se puede reconocer y cuestionar que se trata de un sistema secuestrador, pero no por esa razón pueden dejar de buscarse soluciones concretas para salvar con urgencia a las víctimas (sin legitimar su prisión ni blanquear la tiranía).
Lamentablemente, entre las denuncias basadas en un reclamo justo (pero impotente) y la complicidad de lobistas y Gobiernos extranjeros, manifestantes del 11J siguen presos. Y se suman más. Se pueden agradecer las gestiones sin necesidad de desmovilizarse y se puede continuar el señalamiento a los principales responsables, los carceleros. La sociedad civil no debería abandonar a quienes salieron a sostener el reclamo de muchos, pero a la vez debe intentar elevar los costos políticos para quienes decidan ser intermediarios en una negociación con el Gobierno cubano sin estar dispuestos a ser los proponentes de una solución que no redunde solo en ganancia política para este.
La celebración de la excarcelación de presos políticos nicaragüenses, cubanos o venezolanos es entendible desde lo humano. Hay, se insiste, que agradecer cualquier gestión por liberarlos y, a la vez, denunciar que el régimen negocia con ellos. Son personas que junto con sus familias han sufrido de manera innecesaria a manos de sistemas opresivos y déspotas. Pero, por otra parte, la alegría lógica que produce la excarcelación de quien sufre una prisión injusta no debería impedir el señalamiento y análisis crítico de la forma en la que aquella se produce.
Hay entonces un asunto claro. El único modo en que una excarcelación de presos políticos no se convierta en ganancia neta para los carceleros es que la liberación se acompañe de otras concesiones de agenda, las cuales, en el caso de Nicaragua, pueden estar relacionadas con la reapertura de las organizaciones ilegalizadas y del juego electoral. En el caso cubano, con un totalitarismo consolidado, las concesiones pudiesen ser de otro tipo.
El Observatorio Cubano de Derechos Humanos redactó en días recientes un catálogo de acciones legales, reconocidas en la normativa cubana, que puede utilizar el régimen de La Habana para justificar la excarcelación de los presos políticos. El ejercicio estuvo motivado, entre otros aspectos, porque durante una reunión con los delegados de las representaciones de la Unión Europea el ministro de Justicia, Oscar Silvera, aseguró que la amnistía no es una opción legal aplicable para la situación de los presos políticos cubanos.
Hay un conjunto de medidas concretas que no serían «desproporcionadas», pues son a la vez relevantes para la sociedad y manejables para el poder. Medidas que implicarían la excarcelación de los presos con algunas garantías jurídicas que —aunque formales— signifiquen un reconocimiento de la injusticia por parte del poder que ha estigmatizado hasta el cansancio a los presos políticos (tildándolos de delincuentes, violentos y vulgares).
Una de las medidas pudiera ser la excarcelación inmediata sin condición de destierro de los manifestantes que decidan permanecer en el archipiélago. Otra, la revisión y anulación de los juicios y procesos penales que hasta hoy se han llevado en contra de los manifestantes del 11J. Junto a ello, puede exigirse garantía para el cese de las prácticas de destierro forzado de ciudadanos cubanos que han sido expulsados del país o impedidos de regresar.
En el plano más amplio, la sociedad civil o el actor internacional que quiera participar de la negociación para la excarcelación de los presos pudiera solicitar también que, como parte del proceso, el Gobierno cubano cumpla con lo que ha sido una exigencia constante de la comunidad internacional: la ratificación de los Pactos de Derechos Civiles y Políticos y de Derechos Económicos, Sociales y Culturales firmados por la Administración de La Habana desde 2006. Asimismo, pudiera solicitarse la suspensión y revisión del Código Penal recién aprobado; o que se socialice y modifique, de acuerdo con las indicaciones de la sociedad civil, los borradores de otras leyes proyectadas o excluidas del cronograma legislativo como la ley de comunicación y las que implementen los derechos de reunión, manifestación y asociación.
Lo anterior puede ejecutarlo el Gobierno cubano si muestra voluntad política y respeto a quienes, en el mundo, buscan formas de rebajar la tensión en Cuba. Aprobar medidas como las anteriores seguiría siendo una ecuación de ganar-ganar para el régimen cubano. No sacaría del juego a la clase política que controla el país y, a la vez, les proveería legitimidad entre algunos de sus socios internacionales. Tampoco se democratizaría ipso facto la naturaleza del sistema político vigente. No se eliminarían los privilegios de la élite familiar asociada al castrismo ni se pondría en riesgo a corto plazo el control del Partido Comunista sobre la política y economía nacionales. Además de preservar la vida y los derechos de cientos de personas concretas, ofrecería espacios para que la sociedad civil vuelva a poner en marcha reclamos articulados y movilizaciones de los cientos de miles de ciudadanos que han transitado en los últimos años el esperanzador camino del despertar cívico. Sobre todo en un momento en el que, pese a la activación, es evidente el impacto de la represión y su manifestación en el deterioro de los activismos y la oposición política.
Algunos, en medio del polarizado debate nacional, podrán considerar las propuestas como muestra clara de nuestro apoyo al «cambio fraude». No es nuestro interés aquí convencer a nadie de nuestras credenciales para participar en la discusión del sensible tema. Sin embargo, son propuestas que juegan en el escenario de lo posible y que asumen una realidad insoslayable: a pesar de que gran parte de la sociedad civil cubana se perdió en la discusión de la terminología técnica (negando la amnistía, el indulto y orientando la exigencia de liberación sin restricciones), a casi dos años del 11J los presos políticos de antes y los de después siguen en las mazmorras cubanas.
Lo humano y lo político
El alivio urgente de un drama humano —en Cuba y en cualquier parte— no niega el valor intrínseco de la acción política que construye la justicia. Cualquier espacio liberalizador que la Administración insular se vea obligada a ceder servirá como reconocimiento de la diversidad real del país, evidenciada en las protestas, opiniones y votaciones adversas al Gobierno de los últimos dos años. Una diversidad que existe y que trata de actuar, pero que es excluida de iure y reprimida de facto. Cualquier proceso de ese tipo que se impulse nos colocaría en un país más civilizado que el que hoy tenemos. Un país que está inerte por la incapacidad de la sociedad civil para forzar el cambio pero, principalmente, por la resistencia represiva del régimen para aceptarlo.
Propuestas para impulsar la democratización nunca sobran. Mucho menos cuando su ausencia solo deja un camino visible para guiar cualquier negociación sobre la liberación de los presos políticos: la excarcelación a cambio de reconocimiento internacional o relajamiento de sanciones.
Si la excarcelación se da bajo términos exclusivos, seguirá siendo agradecida desde lo humano, pero criticable desde lo político. Una excarcelación masiva a cambio de la deportación y la disminución de la presión política o económica deja la puerta abierta a la reproducción de un ciclo en el que el Gobierno cubano tiene mucha experiencia acumulada. Experiencia que le ha permitido exportar su know how a otros aliados aventajados como Daniel Ortega. Un ciclo que algunos venezolanos han denominado de puerta giratoria, en tanto permite la excarcelación de rehenes al tiempo que toma otros nuevos.
***El texto es deudor de los comentarios de Dagoberto Valdés, María Teresa Blandón, Rafael Uzcategui y Yaxys Cires. Sus reflexiones, en diálogo con nuestras ideas, enriquecieron el artículo. Los errores son por completo nuestra responsabilidad.
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