Las producciones en los campos cubanos adelgazan y la inversión estatal es mínima, pero en las oficinas de la burocracia abundan las ideas para aumentar el control sobre el flujo de divisas del sector agropecuario y forestal y sobre quienes trabajan la tierra. A pocos días de terminar 2025, fue publicada en la Gaceta Oficial Extraordinaria 90 la Resolución 186 del Ministerio de la Agricultura (Minag), que no se limita a crear nuevos registros administrativos.

Según la normativa firmada por el titular del Minag, Ydael Jesús Pérez Brito, fue «necesario crear un registro que permita conocer, mediante la captación de datos de las personas naturales y jurídicas, la relación de productores agropecuarios (…) de arroz, carbón y apícola, así como de frijoles, soya y maíz [granos]».

En la práctica, con la Resolución 186 se establece un nuevo filtro obligatorio para quienes produzcan miel y carbón para exportar. También estarán sujetos los agricultores que pretendan acceder a esquemas de pago en divisas y se dediquen al cultivo del arroz y otros granos escasos —como casi todo— en los hogares del país.

¿Dónde registrarse y qué información pide el Estado?

La norma crea cuatro registros específicos —para arroz, granos, apicultura y carbón— bajo control de las delegaciones municipales de la Agricultura. Los registros se ubican en los siguientes departamentos de cada representación local del Minag:

• En el Departamento de Control Tierra, en los casos de los productores de granos.
• En el Departamento de Sanidad Animal, en los casos de los productores apícolas.
• En el Departamento Forestal, en el caso de los productores y comercializadores de carbón.

Para la inscripción de los productores —que se realizará en días laborables de lunes a jueves, durante el horario de nueve a doce del mediodía—, según la resolución deben aportarse los siguientes datos:

1. Si es una persona natural, se solicita el nombre, apellidos, número de identidad permanente y domicilio legal del productor y vías de contacto.
2. Si es una persona jurídica, denominación social, código REEUP de ser procedente, domicilio social, vías de contacto, así como nombre, apellidos y cargo de su representante.
3. Titularidad de la tierra en la cual realiza la producción agropecuaria o forestal relacionada en la presente, en el caso de ser poseedor de tierra (por cualquier concepto).
4. Ubicación de la tierra en la cual realiza la producción y su área de extensión, en el caso de ser poseedor de tierra (por cualquier concepto).
5. Línea fundamental de producción, la cual debe comprender el producto del registro en el cual se pretende inscribir.

Aunque la normativa legal insiste en que el procedimiento de inscripción es sencillo y de escasa formalidad, la realidad es que el productor queda sujeto a una cadena de avales institucionales, verificaciones administrativas y plazos que refuerzan la dependencia del aparato estatal para operar en algunos de los segmentos más rentables del mercado (los casos de la miel y el carbón) o que más se necesita impulsar para paliar la inseguridad alimentaria en Cuba, como los cultivos de arroz y frijoles.

Más papeleo, ¿y la producción?

La Resolución 186/2025 del Ministerio de la Agricultura forma parte de una tendencia regulatoria en el sector agropecuario cubano: la expansión de registros administrativos como condición previa para acceder a derechos económicos claves, en particular al acceso a divisas.

El primer impacto evidente es una mayor burocratización de la actividad exportadora. Para exportar miel o carbón, la inscripción en el registro no es solo un requisito administrativo: es una condición legal para cobrar en divisas dentro de los esquemas oficiales.

El Estado cubano es tan devastador para la producción de miel como el huracán Melissa

Los vientos del ciclón Melissa y las lluvias que desbordaron algunos ríos del oriente cubano durante los últimos días de octubre de 2025 también pusieron en jaque la producción de miel orgánica de abejas, muy demandada en varios países de Europa.

Durante el XIII Congreso de la Asociación Nacional de Agricultores Pequeños (Anap) realizado el 16 y 17 de mayo de 2025, se informó sobre nuevos «esquemas de financiamiento en divisas» con el objetivo de potenciar estos rubros, en los que la entidad estatal exportadora controlaría la mayoría de los fondos. El pago de la parte del productor se realizaría en una cuenta real en divisas con acceso a compras en mercados mayoristas y minoristas en moneda extranjera, incluido el combustible.

Sin embargo, la Resolución 25/2025 del Ministerio de Economía y Planificación (MEP) sobre el financiamiento de la producción de carbón vegetal, definió restricciones para las cuentas en divisas: «Los productores no pueden realizar (…) transferencias hacia otras cuentas en divisas o extraer efectivo».

El diario oficialista Granma confirmó que, en el caso de «la miel de abejas, se comportará de la misma forma [que con el carbón] con las entidades de Apicuba, Cítricos Caribe y Cubaexport, y el productor recibirá 650 USD por tonelada» en las nuevas cuentas en divisas.

En el caso del arroz y los granos, la Resolución 186 introduce un incentivo económico similar, asociado a la sustitución de importaciones, pero sin detallar con claridad los criterios de acceso ni los montos involucrados.

Durante el congreso de la Anap realizado en mayo de 2025, el viceministro de Economía y Planificación, Roberto Pérez, informó que, en cuanto al maíz, frijol y soja «la entidad comercializadora recibirá el 37 % restante del precio de venta en divisas para cubrir los gastos logísticos», mientras que «desde la Caja Central se pagará de la siguiente forma: maíz 330 USD por tonelada (USD/t); frijol 800 USD/T y soja 425 USD/t, entregada y certificada».

Sobre el arroz, explicó que «el productor recibirá el 55 % del precio de venta en divisas, que incluye los costos de los plaguicidas, fertilizantes y lubricantes». El Estado retendría el 45 % del precio de venta en divisas, y destinaría al Instituto de Investigación el 5 % restante.

La lógica subyacente en la Resolución 186 refuerza un modelo en el cual el Estado no solo regula la producción, sino que administra el acceso a la moneda dura, uno de los recursos más escasos y estratégicos de la economía cubana. La apertura de cuentas en divisas queda subordinada a la certificación administrativa del productor, que no solo debe demostrar que produce, sino que lo hace dentro del circuito que el Estado reconoce, valida y supervisa. Motivos de baja ambiguos —como «cualquier otra causal que por interés estatal se decida»— revelan hasta qué punto la permanencia en el registro depende de criterios políticos o administrativos no transparentes.

Dos pasos p'atrás y otro también: las conclusiones de la Asamblea Nacional

Este texto resume algunas de las principales declaraciones de ministros cubanos durante el sexto período de sesiones de la décima legislatura de la Asamblea Nacional del Poder Popular.

En la concepción del Estado cubano, la «soberanía alimentaria» del campo cubano no se traduce en libertad para decidir qué producir, cómo comercializar o con quién contratar, sino en la obligación de registrarse, reportar y someterse a esquemas definidos desde arriba.

En ese sentido, el registro deja de ser un instrumento administrativo neutral y se convierte en un mecanismo de disciplina económica. El productor que acepta el control accede, eventualmente, a divisas. El que no, queda fuera del circuito formal de exportación y financiamiento, en un contexto en el que la moneda nacional sigue perdiendo capacidad real de intercambio.

La narrativa oficial considera la producción de alimentos «un asunto de seguridad nacional» y el ministro de Economía y Planificación, Joaquín Alonso Vásquez, ha dicho que para 2026 el régimen proyecta «incrementos productivos» en «el arroz, los frijoles, el maíz, la leche fluida, los huevos, la carne, viandas, hortalizas».

Más allá del discurso del funcionariado cubano, en un país donde no hay efectiva rendición de cuentas ni alternancia política, la burocracia es más pródiga en normativas y control estatal que en favorecer que haya comida en los hogares.

Pedro Monreal, doctor en Ciencias Económicas, advierte que «el Gobierno cubano desinforma a los ciudadanos sobre la gravedad de la actual crisis agropecuaria (…) combinando el relato simplón con un reforzado apagón estadístico».

El experto comentó a elTOQUE: «un porciento muy grande de los gastos de los hogares cubanos tiene que ver con una sola cosa: alimentos. Y la crisis agropecuaria de Cuba parece ser indetenible (y digo “parece” porque no hay datos oficiales o salen con mucho atraso y fragmentados), pero es impresionante cómo o ha caído la producción agropecuaria interna de Cuba».

Monreal —quien también fue Especialista de Programa del sector de Ciencias Sociales y Humanas de la Unesco (2008-2023)—, explica que el Estado de la isla tampoco tiene cómo «reemplazar ese déficit de alimentos en Cuba con importaciones porque no hay divisas para traer lo que hace falta».

Al parecer, la respuesta de las autoridades a este escenario seguirá siendo controlar lo más posible el flujo de divisas, antes que desburocratizar la actividad agropecuaria y estimular la independencia de los productores. Para esos últimos, el dilema es claro: aceptar más registros y discrecionalidad administrativa o quedar fuera de los pocos espacios en los que circula la moneda dura en el sector agropecuario.

El porciento de inversiones en agricultura, ganadería y silvicultura en Cuba se ha mantenido muy por debajo de otros sectores económicos. (Gráfica elaborada por Alejandro Ulloa a partir de datos oficiales).