50 dólares al mes fue el salario de un médico cubano enviado por su Gobierno a cumplir una misión de «solidaridad internacional» en un país extranjero. Cuando estaba en Cuba, pensaba que aquel pago «era muchísimo», pero al llegar a la nación de destino supo que era menos de la cuarta parte de lo que ganaba un camillero en el mismo hospital de acogida. Comprendió que la exportación de servicios médicos desarrollada durante décadas por el régimen de La Habana «era la explotación más grande que podía haber», según dijo a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH).
«Un paciente a escondidas nos llevó carne de caballo porque necesitábamos comer y nos la comimos», agregó el médico. Su testimonio fue recogido en una de las 71 entrevistas que sustentan un nuevo informe que el organismo internacional publicó esta semana.
La investigación de casi 200 páginas examina los derechos laborales del personal sanitario en las misiones médicas cubanas. La CIDH describe circunstancias de «trabajo forzoso» que «podrían derivar, a su vez, en situaciones de trata de personas».
Edgar Stuardo Ralón Orellana, comisionado de la CIDH y relator sobre los Derechos de las Personas Privadas de Libertad, dijo a elTOQUE que, con este informe, las denuncias realizadas en los últimos años por víctimas y ONG «dejan de ser una narrativa para convertirse, con voz institucional, en un documento técnico con datos, con testimonios, con citas, con fuentes».
El Gobierno cubano ha sostenido que la participación de los médicos en las misiones es voluntaria, argumento con el que responde a las críticas internacionales. La CIDH aborda directamente esa afirmación y la contradice con evidencia sistematizada.
Varios de los 71 testimonios recabados coinciden en que existe «una imposibilidad de poner término libremente a la misión médica», ya sea porque el profesional quiera quedarse en el país de destino o porque quiera regresar a Cuba antes de tiempo, explicó Ralón. Ninguna de esas dos opciones está disponible libremente.
El comisionado, quien también funge como relator de la CIDH para Cuba, agrega en una entrevista concedida al programa de elTOQUE «¿Ahora qué?», que abandonar la misión es tipificado como deserción. Las consecuencias podrían ser económicas —pérdida de toda la retribución retenida— y penales.
«Afrontan posibles penas de prisión si regresaran antes de tiempo a Cuba que pueden ir de tres a ocho años, o si se quedan en el país de destino, una prohibición de ingresar a Cuba por ser tratados como desertores o traidores de la patria, por lo menos durante ocho años», detalló el comisionado.
El dinero que no llega
El informe documenta también la estructura financiera del modelo. En 2022, la Empresa de Comercialización de Servicios Médicos Cubanos —una entidad estatal— recaudó 4 882 millones de dólares por la exportación de servicios médicos, según cifras de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información de Cuba (ONEI) citadas por la CIDH.
Estos servicios de salud fueron el equivalente al 69 % del total de servicios que Cuba exportó al mundo ese año —casi cuadruplicando los ingresos por exportación de bienes. Pero «ese dinero no fue para los médicos como tal», señaló Ralón.
Del monto multimillonario, el personal sanitario recibe una fracción: el informe documenta retenciones de entre el 60 % y el 90 % del salario según la misión, y organizaciones de sociedad civil citadas por la CIDH señalan que en algunos acuerdos el médico llega a percibir apenas entre el 2,5 % y el 25 % de lo que el país receptor paga por sus servicios.
Los hallazgos del informe de la CIDH confirman reportes previos de medios independientes, incluida una investigación de elTOQUE y CONNECTAS donde revelamos que los contratos de médicos cubanos en Angola se establecen fundamentalmente a través de la apropiación y el embargo salarial. Este esquema constituye la principal fuente de ingresos para la Corporación Antillana Exportadora S. A. (Antex), brazo ejecutor de la actividad económica en este país del conglomerado Gaesa, de las Fuerzas Armadas Revolucionarias (FAR).
Según la investigación de la CIDH, a las retenciones se suman jornadas laborales extensas, la asignación de tareas ajenas a la labor sanitaria y, en varios casos documentados, la confiscación del pasaporte.
En 2024, Cuba tenía misiones médicas desplegadas en 56 países —19 de ellos miembros de la OEA. El informe de la CIDH sistematizó decenas de testimonios directos de profesionales que participaron en un total de 109 misiones, en su mayoría en Venezuela, pero también en Brasil, Bolivia, Ecuador, México, Santa Lucía y otros países.
Los testimonios describen un sistema de control que incluye toque de queda a partir de las 6 de la tarde, reporte obligatorio de ubicación al jefe de misión, confiscación del pasaporte a la llegada al país de destino, prohibición de relacionarse con nacionales —incluidas relaciones de pareja que deben ser aprobadas por un funcionario «jurídico» de la misión— y vigilancia cruzada entre compañeros, a quienes se les exige reportar cualquier conducta sospechosa de los colegas bajo amenaza de sanción colectiva.
Uno de los testimonios documentados recoge la experiencia de un médico al que trasladaban de municipio en municipio para impedir que siguiera una relación amorosa con una mujer local: «Perdí mi relación con esa muchacha. Te castigan con no tener amistades y perder los vínculos que ya habías hecho, tuve que pasar hambre y fue durísimo».
La responsabilidad de los países receptores
Uno de los ejes centrales del informe de la CIDH apunta a los países que contratan las misiones. «Cada Estado está obligado a que se respeten los derechos humanos en su territorio, sea de sus nacionales, de personas en tránsito, de personas en misiones médicas», subrayó el comisionado Ralón.
Para la CIDH, si un Gobierno firma un convenio comercial con Cuba para recibir los servicios, este debe incluir cláusulas de respeto a los derechos laborales. Las misiones médicas —que involucran personas, no mercancías— deberían exigir una «debida diligencia reforzada», no menor, argumenta el experto.
Comisionado Edgar Stuardo Ralón. Foto: CIDH
Las recomendaciones del informe dirigidas a los estados receptores incluyen la creación de canales de denuncia accesibles para el personal sanitario, mecanismos de inspección y monitoreo independiente de las condiciones de trabajo, y la exigencia de que los contratos garanticen pago directo al trabajador, libertad de movimiento y posibilidad real de dar por terminada la misión.
«No es posible que los estados, para llamarse cumplidores de los derechos humanos, no apliquen esa debida diligencia cuando estamos hablando de personas, cuando estamos hablando de médicos, cuando estamos hablando de servicios esenciales humanitarios», afirmó el comisionado.
¿Qué tendría que cambiar?
Cuando se le pregunta qué modificaciones estructurales convertirían las misiones en un modelo compatible con los estándares internacionales, Ralón va al núcleo del problema: «no podemos hablar de respetar los derechos humanos en un Estado donde no hay libertad, donde no hay democracia», respondió.
No obstante, enumeró condiciones mínimas que cualquier misión debería cumplir: pago directo e íntegro al trabajador, participación genuinamente voluntaria, y libertad real de regresar a Cuba o permanecer en el país de destino. «Eso, que para la mayor parte del mundo es el ejercicio pleno de la libertad, no existe hoy en Cuba», dijo el relator y comisionado.
La CIDH, que es un órgano de la Organización de los Estados Americanos (OEA), elaboró el informe junto a la Relatoría Especial sobre Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales (REDESCA). La metodología incluyó una audiencia pública temática, una consulta pública, reuniones de trabajo y una solicitud formal de información enviada a los estados miembros de la OEA. Cuba no cooperó con el proceso.
El reciente informe de la CIDH se suma a otras advertencias hechas en los últimos años por organismos internacionales y ONG. Relatores especiales de la ONU sobre las formas contemporáneas de la esclavitud y la trata de personas advirtieron en una comunicación oficial de 2019 que las condiciones laborales de los médicos cubanos en el extranjero «podrían constituir trabajo forzoso».
Human Rights Watch (HRW) también ha calificado las «misiones internacionalistas de Cuba en Salud» como un sistema con «normas draconianas». La ONG recomendó a los gobiernos que contratan médicos cubanos «presionar» al régimen del Partido Comunista de Cuba para que reforme su «sistema orwelliano que dicta con quién pueden vivir, enamorarse o hablar los médicos».
En el corto plazo, el comisionado Edgar Stuardo Ralón aspira a que el informe de la CIDH amplifique las voces que reclaman una transición democrática en la isla.
«Únicamente cuando esa conciencia y esas voces se unen, van generando elementos para un posible cambio», dijo. Y añadió lo que, según describió, «añoran muchos» y el propio pueblo cubano: «Que venga una etapa de democracia, de libertad, donde todos puedan libremente entrar, salir, hacer sus proyectos de vida en la isla».
El informe completo de la CIDH está disponible AQUÍ.
