Trump califica a Cuba como una amenaza para la seguridad nacional de EE. UU.
Foto: Barreras / archivo elTOQUE.
El 29 de enero de 2026, el presidente de Estados Unidos, Donald J. Trump, emitió una orden ejecutiva encaminada a enfrentar lo que la Casa Blanca considera «amenazas extraordinarias» contra la seguridad nacional y la política exterior de Estados Unidos producidas por el «Gobierno de Cuba». La medida declara una emergencia nacional respecto a la isla y crea un mecanismo para imponer aranceles adicionales sobre bienes importados desde países que suministren petróleo a Cuba. El objetivo es presionar indirectamente a La Habana.
El fundamento de la orden: amenaza percibida desde Cuba
En el centro de la evaluación de la Administración estadounidense está la acusación de que La Habana se alía con países y actores considerados hostiles para Washington —entre ellos: Rusia, la República Popular China e Irán—. También, que acoge en su territorio a grupos que el Ejecutivo norteamericano clasifica de «malignos» (incluidos Hezbollah y Hamas) y a los que acusa de desarrollar vínculos económicos y de seguridad en la región.
La orden plantea que —en Cuba— operan instalaciones de inteligencia y defensa que «directamente amenazan la seguridad nacional de Estados Unidos», y destaca la presencia de lo que califica como la mayor instalación de señales de inteligencia rusa fuera de su territorio. El texto afirma que la isla coopera en materia de inteligencia y defensa con China y que facilita que grupos transnacionales construyan redes que podrían «desestabilizar el hemisferio occidental».
Ampliación de la narrativa hacia derechos humanos y represión política
La orden también incorpora una crítica directa al modelo político interno de Cuba. El texto acusa al régimen de La Habana de violar derechos humanos básicos: señala la persecución y tortura de opositores políticos, la negación de libertades fundamentales (como la de prensa y expresión), y prácticas represivas contra activistas, familias de presos políticos y organizaciones de la sociedad civil. Según el documento, estas acciones no solo son contrarias a los valores democráticos que promueve Estados Unidos, sino que también «desestabilizan la región» y amenazan la política exterior estadounidense.
El Gobierno de Trump enfatiza que —aunque reprueba las políticas del régimen— mantiene el «compromiso con apoyar las aspiraciones del pueblo cubano» por una sociedad libre y democrática.
Declaración de emergencia nacional
A partir de esa evaluación, Trump declara la existencia de una emergencia nacional debido a la amenaza del Gobierno de Cuba; lo hace mediante la invocación de la International Emergency Economic Powers Act (Ieepa, por sus siglas en inglés) y la National Emergencies Act, leyes que le otorgan facultades amplias para responder a crisis que afecten la seguridad nacional. Esta declaración permite al Ejecutivo adoptar medidas económicas excepcionales sin la aprobación inmediata del Congreso.
Nuevo sistema de aranceles a terceros países
La acción más concreta que se desprende de la orden es la creación de un sistema de aranceles adicionales que pueden aplicarse a las importaciones de Estados Unidos provenientes de países que, directa o indirectamente, vendan o suministren petróleo a Cuba. El texto autoriza una tasa ad valorem adicional —es decir, un impuesto porcentual sobre el valor de los bienes importados— sobre productos originarios de esos países.
El objetivo declarado de este sistema es presionar indirectamente a Cuba mediante la limitación de su acceso al petróleo, un insumo crítico para su economía y sistema energético. Los detalles operativos están delegados a los secretarios de Comercio y de Estado, quienes deberán determinar qué países proveen petróleo a Cuba y qué nivel de gravamen corresponde aplicar.
Autoridades y flexibilidad del presidente
La orden ejecutiva otorga a Trump amplias facultades para modificar las medidas según cambien las circunstancias, incluidas respuestas a posibles represalias de otros países o pasos positivos de parte de Cuba o de terceros que vayan en línea con los intereses de seguridad de Estados Unidos. También se establece un proceso de monitoreo y recomendaciones continuas a través del Departamento de Estado, que debe informar al presidente sobre el desarrollo de la situación y sugerir acciones adicionales si se considera necesario.
La nueva orden representa un endurecimiento significativo de la postura de la Administración Trump hacia el régimen cubano. Tácitamente, responde a uno de los reclamos más añejos de un sector no despreciable del exilio cubano radicado en Estados Unidos: considerar al régimen cubano y sus políticas una amenaza a la seguridad nacional del país norteño.
La orden ejecutiva, que puede ser considerada uno de los hitos más importantes en la política de mano dura de Estados Unidos hacia La Habana se publicó el mismo día que congresistas de origen cubano y líderes del exilio convocaron una conferencia de prensa en Miami en la que defendieron como principales propuestas la cancelación de viajes y remesas a Cuba y de licencias a negocios que operan por y para el mercado cubano.
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