A las cuatro de la madrugada del 22 de septiembre de 2024, Eva Cavero y Andrés Izarnótegui fueron conducidos por agentes de la Seguridad cubana al Aeropuerto Internacional «José Martí». Apenas unos días antes, la pareja de youtubers peruanos ―conocidos por su canal La Blue Kombi― habían aterrizado en La Habana.

Los tres días que permanecieron en Cuba, Eva y Andrés vivieron un calvario de persecución y acoso de supuestos agentes de Inmigración. El primer episodio ocurrió al poner pie en territorio cubano, cuando los separaron del resto de pasajeros, les retuvieron sus pasaportes y los «llevaron a los famosos cuartitos». 

Así lo relataron ambos en un video que publicaron en su canal de YouTube el 12 de octubre de 2024 y que acumula más de 560 000 vistas. Los creadores de contenido peruanos narraron que, desde su arribo, las autoridades de la isla les hicieron saber que no estaban contentos con los videos de desprestigio que publicaban algunos viajeros e influencers tras su visita al país.

Al día siguiente de su llegada, fueron detenidos mientras filmaban en las calles del centro histórico de la capital. Un policía los llevó hasta una casa y allí revisó el material audiovisual grabado durante la jornada. Menos de 24 horas después, los condujeron desde su cuarto de hotel a un interrogatorio que se extendió por 12 horas hasta que fueron deportados. Eva y Andrés recuperaron sus pasaportes al llegar a Perú, cuando un empleado de la aerolínea se los devolvió.

ANÁLISIS JURÍDICO DEL CASO

La expulsión de extranjeros en Cuba es expedito e inapelable administrativa y judicialmente. De acuerdo con el Reglamento de Extranjería, Eva Cavero y Andrés Izarnótegui no habrían tenido ninguna oportunidad de denunciar al Gobierno cubano en su propio territorio ni plantear un caso penal una vez que el Ministerio del Interior (Minint) decidió detenerlos y enviarlos fuera del país.

Los jefes de las Direcciones de Inmigración y Extranjería de La Habana, la Isla de la Juventud y los jefes provinciales del Minint están facultados para expulsar extranjeros ―con independencia del estatus migratorio― si consideran que sus conductas contravienen «los principios e intereses de la sociedad, el Estado y el pueblo cubanos».

La discrecionalidad con la que pueden operar las autoridades en Cuba en estos casos indica que, en la práctica, las personas naturales no cubanas carecen de la posibilidad de presunción de inocencia. Los argumentos que pueden esgrimir los funcionarios del Minint no ameritan una investigación policial legítima y tampoco supondrían un perjuicio para ellos en ningún caso.

Caso Armando Unsain: residencia permanente no es garantía para extranjeros en Cuba

A partir del caso de expulsión de Cuba del español Armando Unsain, elTOQUE Jurídico analiza cómo los extranjeros en el archipiélago están a merced de lo que disponga el Ministerio del Interior.

Las circunstancias en las que las autoridades abordaron y condujeron a los visitantes peruanos no implicaron la ejecución de un acto delictivo o la intención de cometerlo. En efecto, Eva y Andrés no mencionaron ni en los videos que publicaron después ni en declaraciones ofrecidas a la prensa que el Gobierno cubano los hubiera requerido por un delito en particular, ni tampoco se abrió una causa penal en su contra.

Lo sucedido con los integrantes de La Blue Kombi supone varias violaciones de los derechos humanos y de los principios establecidos en el Derecho internacional. Durante su detención, los jóvenes no tuvieron acceso a asistencia legal ni se les permitió comunicarse con la embajada de Perú, lo que vulnera el derecho a la asistencia consular reconocido por la Convención de Viena sobre Relaciones Consulares de 1963, de la cual Cuba es signataria.

Otro aspecto irregular pudo haber sido la intervención de sus cuentas personales de WhatsApp, como creen las víctimas que ocurrió. Se trata de una práctica común a la que recurren los Órganos de la Seguridad del Estado contra periodistas, activistas y voces críticas. La revisión de información privada sin consentimiento constituye una violación del derecho a la privacidad, consagrado en el artículo 12 de la Declaración Universal de Derechos Humanos.

LOS INFLUENCERS QUE CONVIENEN Y LOS QUE NO

El hecho de que personas con una comunidad grande de seguidores en Internet publique contenido sobre la isla sin pasar por los filtros de los censores no agrada a las autoridades. En consecuencia, los sucesos de los que fue víctima La Blue Kombi es uno de los casos en los que influencers extranjeros han enfrentado persecución o intento de silenciamiento por parte del régimen.

El argumento de que organizaciones extranjeras les pagan a los creadores para que viajen a Cuba y expongan una realidad negativa y desesperanzadora es recurrente en el Gobierno cubano. Ese fue el caso de la influencer española Laura Méndez, quien, tras su visita a la isla en 2022, fue acusada en redes sociales de que su viaje había sido financiado con fines propagandísticos. 

Gobierno cubano declara terroristas a varios opositores e influencers 

Una resolución del Ministerio del Interior publicada este 7 de diciembre nombra a un grupo de personas, la mayoría radicadas en Estados Unidos, que pasan a formar parte de la «Lista Nacional de Terroristas».

Méndez desmintió las acusaciones y explicó que nadie le pagó por viajar a Cuba ni por mostrar lo que ocurre en el país. «No me pagaron ningún viaje para contar la verdad», afirmó en un video publicado en TikTok.

Publicaciones y videos de Laura Méndez y de otros creadores, como la también española Rosa Martorell, que mostraron las vicisitudes de la población cubana para acceder a servicios básicos, parece haber disparado las alarmas de la Seguridad del Estado, que desde su arribo hostigó a La Blue Kombi. 

Sin embargo, en los últimos años otros influencers extranjeros, particularmente españoles, han visitado la isla sin experimentar problemas con las autoridades cubanas. Así ocurrió con creadores que han promocionado Cuba como destino turístico paradisíaco. Empresas como Enjoy Travel Group, con sede en Barcelona, organizaron viajes para influencers que muestran las bellezas naturales y turísticas del país. A diferencia de los creadores que exponen las dificultades de la población cubana, estos influencers no enfrentan el escrutinio de la Seguridad del Estado. 

También ha resultado de beneplácito para el Gobierno la visita de creadores digitales con un perfil ideológico favorable al oficialismo. Por ejemplo, en la primera edición del Coloquio Patria en 2022 ―evento al que concurrieron activistas y creadores de contenido invitados por la presidencia de Cuba― el mandatario Miguel Díaz-Canel aseguró a los presentes que se requería de su aporte y de su crítica, pues Cuba no era «una sociedad perfecta», al tiempo que llamó a la articulación contra la hegemonía imperial, «para hacer posible un mundo mejor, real y virtual».

Aunque el artículo 54 de la Constitución cubana reconoce la libertad de pensamiento, conciencia y expresión, en la práctica esas garantías están lejos de cumplirse. Según organizaciones de derechos humanos, en la isla más de 1 000 personas permanecen encarceladas por motivos políticos. Además, el Código Penal contempla como agravante de cualquier delito el uso de las tecnologías de la información y la comunicación.

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