copa, bandera cubana

Foto: elTOQUE.

Garantizar todos los derechos humanos, ¿qué debe hacer el Gobierno cubano?

24 / abril / 2023

Las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021 (11J) impulsaron el debate sobre los derechos humanos y promovieron proposiciones urgentes de la sociedad civil para que el Gobierno cubano cambie su proceder. Hoy, a opositores y activistas que denuncian de forma sistemática la falta de condiciones para la garantía y la protección de los derechos en la isla se suman quienes viven las violaciones a raíz de las protestas.

Cuba Próxima, organización no gubernamental conformada en 2021 como Centro de Estudios sobre el Estado de Derecho en Cuba, e integrada por juristas, activistas y académicos cubanos, presentó recientemente diez medidas que el Gobierno debería aplicar con urgencia. Trabajar de manera prioritaria por los derechos humanos resulta «el pilar sobre el que rehacer la política en Cuba», por lo que son esenciales para una transformación pacífica y consensuada hacia un nuevo pacto social, inclusivo y democrático.

Según el jurista Michel Fernández, vicedirector de Cuba Próxima, para implementar las propuestas se requiere voluntad política. «No llevan grandes recursos económicos ni son complicadas de hacer. Lo que se busca con ellas es mostrar a los cubanos que se puede avanzar mucho en materia de derechos humanos; es el Gobierno el que no tiene voluntad», especifica. 

Libertad para los presos y la expresión social y política

Después de los acontecimientos del 11J la vida de cientos de familias cubanas cambió. Sobre ellas se impuso un estado de contención y represión. El arresto de 45 menores de edad por participar en las manifestaciones (de los cuales 29 han sido excarcelados) es solo uno de los efectos del control del Estado sobre los individuos y del accionar de fuerzas policiales y militares en comunidades durante esos días. 

En los juicios realizados a las personas acusadas por manifestarse en las calles predominó la imputación del delito de sedición, así como peticiones fiscales y sentencias de largas condenas y limitaciones a la defensa. Los familiares de los presos (en su mayoría mujeres, madres y esposas), que han sido testigos de arrestos y del procedimiento en los Tribunales, han denunciado la falta de pruebas, la presión psicológica y el acoso que han padecido. También, los maltratos físicos y el abandono social que han sufrido tras los hechos.

De acuerdo con un informe de Prisoners Defenders (PD), la cifra de presos por causas políticas —estimada en 137 en noviembre de 2020— se incrementó a 683 un año después. El panorama de coerción se ha extendido a las familias de los condenados del 11J y a quienes han ofrecido recursos de protección y denuncia, por lo que el número ha seguido en aumento.

Para varias organizaciones de la sociedad civil, activistas y especialistas en derechos humanos, el escenario jurídico-político-punitivo refuerza la crisis en las garantías de los derechos en la isla y la necesidad de respeto a las diferencias ideológicas y políticas como práctica de una justicia restaurativa. 

De ahí que la primera de las diez medidas por las que Cuba Próxima aboga es la libertad para los presos políticos y cese de la represión y las limitaciones abusivas contra las libertades de expresión, reunión, manifestación, creación, asociación y movimiento. De acuerdo con la organización, a partir de la propuesta sería posible poner en práctica otros cambios en materia de derechos humanos. 

Abolición de la pena de muerte e implementación de protocolos internacionales

El nuevo Código Penal (CP), en vigor desde diciembre de 2022, levantó las críticas de varias organizaciones y actores políticos nacionales e internacionales, no solo debido al mantenimiento de la pena máxima, sino por el incremento de delitos sobre los que puede ser aplicada (en su mayoría considerados actos contra la seguridad del Estado). 

El nuevo CP refuerza la protección al Estado con la adición de cuatro figuras delictivas sobre las que puede aplicarse pena máxima: la toma de rehenes (artículo 155.2), los actos contra la seguridad de la navegación marítima (artículo 157.2), contra la seguridad de la aviación y los aeropuertos (artículo 161) y contra las plataformas fijas emplazadas en la plataforma continental e insular (artículo 166.2). Un total de 24 delitos pueden condenarse con la pena de muerte.

La última ocasión en que una sentencia de pena máxima se llevó a hecho fue en 2003. Tras un juicio sumario, tres personas que secuestraron en La Habana una embarcación de pasajeros con el incentivo de llegar a Estados Unidos fueron ejecutadas. Con ello, se rompió una moratoria que existía desde el 2000, lo que significó el distanciamiento de llamados internacionales sobre la protección a los derechos humanos y la eliminación de la pena de muerte. 

En 2008, el presidente Raúl Castro informó la decisión de detener la sanción de pena de muerte que pesaba sobre un grupo de procesados, acusados de actos terroristas y crímenes comunes graves, y cambiarla a cadena perpetua o 30 años de privación de libertad. En ese momento, señaló la imposibilidad de desterrar la pena capital en un contexto de agresiones contra Cuba, apoyadas por la política estadounidense. Fue la postura de seguridad nacional que se reafirmó con las ejecuciones de 2003. 

Aunque el tema de la abolición de la pena de muerte en el país ha estado alejado del debate público en los últimos años, organizaciones de la sociedad civil y especialistas cubanos en derechos humanos han continuado exigiendo su fin. En 2017, Mylai Burgos, profesora e investigadora en derechos humanos, mencionaba a IPS que en el centro de un cambio de la política debe estar la creación de una nueva cultura jurídica. «La base de la cultura jurídica tendría fundamento en los derechos humanos, con nociones que, ante cualquier situación de gravedad, la vida debe ser respetada en cualquier contexto», especifica. 

Desde Cuba Próxima, la propuesta de eliminar la pena de muerte tiene, precisamente, el sentido de una legalidad distinta y un carácter humanista. Además, en un escenario transicional puede garantizar la prevalencia del derecho a la vida. 

La organización cubana aboga por la acogida de los protocolos y pactos internacionales sobre derechos humanos. «No existe ni puede existir justificación ni ética ni jurídica ni política que impida que Cuba suscriba la totalidad de los instrumentos de derechos humanos internacionales», dice a elTOQUE el jurista y profesor Julio Antonio Fernández Estrada. 

Cuba es signataria de más de 40 convenios internacionales y protocolos surgidos para grupos específicos considerados vulnerables (como las mujeres) e incorporó en el Código Penal la tortura como delito (artículo 368). Sin embargo, organizaciones y especialistas de la sociedad civil han señalado violaciones gubernamentales a principios de la Declaración Universal de Derechos Humanos. 

Asimismo, han indicado que Cuba no ha ratificado el Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos. El núcleo del tratado es el compromiso de los Estados con la Declaración de 1948 y con el aseguramiento por igual de las libertades y derechos cívicos y políticos de las personas, en correspondencia con la dignidad humana (bajo la responsabilidad de que en la práctica no quede lacerado grupo social alguno). 

Otra de las principales propuestas de Cuba Próxima para la protección de derechos humanos es la ratificación de los pactos y los protocolos facultativos de derechos civiles y políticos, económicos, sociales y culturales de Naciones Unidas.

La Declaración Universal de Derechos Humanos, revisada en debates constitucionales recientes en el archipiélago, más que una pauta jurídica ha sido considerada una perspectiva ética por miembros de Cuba Próxima. 

«La ratificación de los protocolos facultativos de los derechos políticos y civiles y de los derechos humanos, sociales y culturales que Cuba no firmó y no ratificó sería un primer momento importantísimo para que, por carácter vinculante, empezara a entrar en un sistema de control, pesquisa y observación del cumplimiento de los derechos humanos diferente al que hoy existe». 

«Sería muy fácil entrar en una organización y escalar en la suscripción y acoplamiento al sistema universal de protección de derechos humanos. De ahí vendría lo regional y lo nacional, pensar en qué es lo que más nos conviene como Estado para la protección de los derechos humanos a nivel regional», argumenta Fernández Estrada. 

Otra propuesta para el Estado cubano en términos de protocolos internacionales es la incorporación del país al Sistema Interamericano de Protección de los Derechos Humanos, que tiene el objetivo de dar seguimiento a la situación de derechos humanos en el área, así como ofrecer protección en el ámbito.

Aun cuando la adhesión del país al Sistema Interamericano ha sido un asunto polémico entre organizaciones de la sociedad civil (debido a la potestad de intervención que pudiera tener), el consenso en torno a la medida estriba en que resulta un mecanismo de observación, revisión y exigencia del cumplimiento de los derechos humanos para el Estado. 

«La Corte Interamericana de Derechos Humanos y el Sistema en general han tenido éxito en algunos momentos para cambiar Constituciones, lograr defensas de derechos humanos y es una herramienta más que tienen las personas», dice Fernández Estrada. No obstante, aclara que las medidas en materia de derechos humanos deberían debatirse de forma amplia, en sintonía con el ordenamiento del aparato jurídico y la forma de funcionamiento de la institucionalidad cubana para que se logren las necesidades y reclamos en el país. 

Con el propósito de constituir el nuevo escenario para los derechos humanos, Cuba Próxima también propone la firma y ratificación, según proceda, de todos los instrumentos jurídicos internacionales en materia de derechos humanos; así como el reconocimiento del carácter vinculante para el Estado cubano de las decisiones tomadas por los organismos internacionales de derechos humanos.

De acuerdo con la organización (que aspira al debate público de sus recomendaciones), con la medida pudiera robustecerse el conocimiento sobre los mecanismos y avances vigentes en la promoción y práctica de los derechos humanos y los modos de ampliación de los derechos ante las necesidades manifiestas en el contexto cubano. 

Otras propuestas 

Las exigencias para garantizar los derechos humanos en Cuba trascienden el tema de los procesos penales relacionados con el 11J y la ratificación de tratados internacionales. Las propuestas urgentes de Cuba Próxima para que el Gobierno cambie su política contienen también un amparo constitucional que protege los derechos humanos para toda la sociedad, la creación de una defensoría del pueblo y la apertura de un proceso de reconciliación que permita el reconocimiento y la expresión de diferencias sociales y políticas, así como la reparación a las víctimas de violación de derechos humanos. 

Para Cuba Próxima, las cuestiones mencionadas —con las que se conforma el decálogo de medidas que presenta sobre derechos humanos— son fundamentales en la construcción de una nueva institucionalidad protectora en la isla. Integrantes de la iniciativa consideran que pudiera emerger una práctica distinta para entender y garantizar los derechos humanos con las recomendaciones de la organización, junto a otros mecanismos políticos que puedan existir y que involucran a la sociedad civil en la observación, reclamación y asesoría en estos temas, más la observación internacional. 

La creación de manera inmediata de un proceso de amparo constitucional efectivo para la protección de los derechos humanos es otra propuesta que está dirigida a salvaguardar los derechos desde la carta magna. Al mismo tiempo, persigue diseñar un mecanismo para que sean atendidas las demandas de violaciones a los derechos humanos.

La medida se contrapone a la Ley de Reclamación de Derechos Constitucionales puesta en vigor en marzo de 2022, que invalida la actuación de la ciudadanía frente a decisiones de Tribunales penales que puedan considerarse injustas y violatorias de derechos y que impide el reclamo desde la ciudadanía de no constitucionalidad. 

«El amparo existente deja un vacío muy grande porque no se puede ir contra sentencias judiciales de los Tribunales violatorios de derechos ni se puede hacer control de inconstitucionalidad. Otra limitación es que tiene que haberse agotado toda la vía procesal posible para que se reconozca o se acepte la demanda, en este caso el recurso de amparo. Mientras exista un procedimiento para proteger un derecho, ese es el que se puede usar y, por lo tanto, eso deja en casi nada la posibilidad de defensa de derechos por esa vía», precisa Julio Antonio Fernández. 

Para el académico cubano, el hecho de que el sistema de justicia en Cuba no sea independiente frena la posibilidad real y efectiva de contar con una defensa alternativa: «Por eso abogamos por un recurso de amparo, o mejor, por un tipo de protección, por un amparo como institución jurídica más potente que sea exactamente un recurso, que tenga más garantías, que sea más abarcador y que tenga mayor protección judicial», añade.

Creación de una defensoría del pueblo

Además del proceso de amparo que podría generar un cambio en las estructuras jurídicas, la figura del defensor del pueblo es presentada como instrumento protector a favor de la ciudadanía y no del Estado. Otra propuesta es la creación del defensor del pueblo como máxima institución encargada de la protección de los derechos humanos.

«No tiene sentido que Cuba no tenga defensoría del pueblo. La única razón por la que no existe es política. Se ha aprobado un tipo de defensoría familiar, que se estaba anunciado en el Código de Familia y permite organizar defensorías para personas y grupos etarios, poblacionales, colectivos que están protegidos en el Código. Se trata de un paso, pero hace falta tomar las funciones de protección de los derechos ciudadanos que tiene hoy la Fiscalía General de la República a todos los niveles y dársela a una institución independiente. La defensoría debería ser independiente de cualquier poder o función estatal y sus miembros poder ser electos por el pueblo para que tenga un matiz eminentemente popular», subraya Fernández Estrada. 

Reconocida entre juristas, organizaciones y movimientos sociales y por los derechos humanos como iniciativa protectora de los derechos del pueblo, la defensoría tiene sus antecedentes más inmediatos en las constituciones de España y Portugal de 1978 y 1976, respectivamente.  

De acuerdo con Fernández Estrada, otras referencias se encuentran en el Ombudsman, institución sueca del siglo XVIII que, a su vez, viene de una tradición de protección de derechos de personas pobres, indígenas y otro tipo de poblaciones; así como de la tradición romana del defensor de ciudadanos que existió en el bajo Imperio romano, pero también desde el inicio de la República. 

Las defensorías del pueblo también han entrado en procesos de revisión y análisis, dice el académico. «En la modernidad las defensorías del pueblo han tenido un gran problema. Se les ha tachado de ser una magistratura de la persuasión, sobre todo en América Latina, porque casi todas han estado atadas a los poderes legislativos o a los poderes ejecutivos y han tenido muy poco ámbito de acción. Pero también existen muchas experiencias, tanto en España como en el área latinoamericana, en las cuales las defensorías locales, nacionales y regionales han tenido impacto en épocas de las dictaduras militares y en otros momentos importantes», especifica. 

A partir de varias evaluaciones, la figura jurídica ha empezado a ser parte de las discusiones y propuestas inmediatas de organizaciones de la sociedad civil cubana para dar voz a la ciudadanía. En correspondencia con el programa que despliega Cuba Próxima, la implementación de una defensoría contribuiría a desmontar el autoritarismo de Estado, el asistencialismo y a superar barreras construidas desde el poder para garantizar la democracia y los derechos humanos. 

Reconciliación nacional y reparación de violaciones de derechos humanos

Por último, Cuba Próxima aboga por desarrollar el proceso de reconciliación nacional con la delimitación de las responsabilidades de los violadores de los derechos humanos y fomentar las vías no judiciales de solución de controversias que promuevan el reconocimiento de los hechos y la búsqueda del perdón, así como utilización de la responsabilidad penal solamente en casos excepcionales. 

¿En qué consiste la reconciliación? ¿Qué se entiende por delimitación de las responsabilidades de los violadores de los derechos humanos? ¿Qué vías no judiciales de solución de conflictos se manejan y podrían tener cabida en Cuba? 

Julio A. Fernández Estrada señala: «abogamos por una transición pacífica de Cuba hacia la democracia y por una participación activa del pueblo y por la conservación de la soberanía en el proceso. Por tanto, pensamos que debe ser un proceso de reconciliación nacional, de restauración y salvaguarda de la memoria histórica del país, de los momentos más importantes y críticos de la historia institucional, política y de los derechos humanos en Cuba en los últimos 60 años. Lo anterior, sin afán vengativo o de revancha, sino de diálogo, mediante el análisis colectivo, solidario, fraternal, responsable y ajustado a derechos». 

«La transición tiene que lograr, con la existencia de instituciones electas por el pueblo, que se alcance un nuevo pacto representado en una asamblea constituyente, que produzca un texto constitucional que después el pueblo tendrá que ratificar. Pero en todos los momentos es importante que haya transparencia, democracia, diálogo, deliberación y para ello son importantes fórmulas de justicia que no sean las tradicionales».

«Hablamos también de la delimitación de responsabilidades, lo que tiene que ver con los casos en que no se puede encontrar una reparación con un diálogo político, sino a partir del debido proceso que se establezca». 

«La delimitación tiene que ser un acto de justicia. Quiénes son los responsables penales o administrativos o civiles de violaciones de derechos humanos flagrantes en los últimos años. Quiénes no. Qué tipo de acciones y situaciones y procesos son los que se van a juzgar. Por qué vía. Con qué jueces. Con qué institución. Quiénes serían los representantes de la Fiscalía. Todo lo anterior tiene que aclararse en el camino de reconciliación y diálogo». 

«También son fundamentales las fórmulas de solución de conflictos que no sean eminentemente jurisdiccionales. Por tanto, la mediación es muy importante. Ahora [febrero de 2023] se aprobó un decreto ley de mediación en Cuba que puede ser una referencia», especifica Julio A. Fernández. 

Activistas y juristas cubanos de la sociedad civil consideran la mediación una alternativa a la vía tradicional de la justicia ejercida por órganos jurisdiccionales para que la mayor cantidad de problemas se solucionen mediante el diálogo, al usar todas las garantías legales y la colaboración de las partes. Ven la mediación como un camino contra la violencia, la normalización de divisiones y para la restauración del tejido social en Cuba. 

Durante un posible proceso de reconciliación y diálogo se aspira a involucrar a la sociedad, lo que significa que la mediación de conflictos cale a un nivel más amplio; es decir, «en espacios en que las personas puedan reunirse a resolver situaciones de manera amigable, respetuosa, con el mayor orden institucional. Se trata de un enorme esfuerzo de la nación, pero se debe enfrentar el desafío obligatoriamente», dice Fernández Estrada. 

También se exige al Gobierno el reconocimiento, la restitución y la reparación para las víctimas de violación de los derechos humanos. Con la medida se saldaría una deuda con las historias de vida y se avanzaría en la generación de una estructura democrática y en la justicia restaurativa y sostenible que se requiere.

Aunque los planteamientos de la sociedad civil se siguen enfrentando a la falta de voluntad del Gobierno cubano, según han manifestado miembros de Cuba Próxima, la organización persiste en la realización de acciones para ejercer presión e introducir cambios institucionales.

Con ese objetivo surgió en septiembre de 2022 la plataforma D Frente, un frente de concertación democrática para trabajar por una transición hacia la democracia en el país. De acuerdo con Michel Fernández, también desde las alianzas se continúa la promoción de acciones legales y de activismo político que puedan llevar a hecho las propuestas.

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