Cubadebate —por medio de un periodista colombiano simpatizante del régimen y radicado en Francia— aseguró que las autoridades cubanas entregaron a la Interpol la «Lista Nacional de Terroristas» publicada en la Gaceta Oficial el 7 de diciembre de 2023 (Resolución 19 del Ministerio del Interior [Minint]).
La noticia es la continuación de un ejercicio de amedrentamiento del Gobierno cubano que comenzó con la publicación de la lista y la posterior emisión —el 19 de diciembre de 2023— de un programa Hacemos Cuba en el que participaron varios represores cubanos. Entre ellos, el teniente coronel Francisco Estrada, jefe de Departamento del Órgano de Instrucción de la Seguridad del Estado.
El oficial ha sido señalado por el artista y preso político Hamlet Lavastida por haber sido su principal «torturador» durante los 82 días que estuvo detenido en 2021 en la sede de la Seguridad del Estado, Villa Marista.
Durante la transmisión de Hacemos Cuba, el teniente coronel Francisco Estrada lanzó la amenaza de que podrían seguir ampliando la lista, así como emprender acciones legales contra quienes se vincularan de alguna manera con los listados. También, en conjunto con el vicefiscal general de la República, Marcos Caraballo de la Rosa —quien en 2021 afirmó en el programa que en Cuba nadie estaba siendo juzgado por ejercer su derecho a la protesta después de las manifestaciones del 11J—, intentó respaldar la eficacia jurídica de la Resolución 19 de 2023.
Según ambos represores, la lista les otorga la facultad para iniciar procesos de extradición o solicitar a la Interpol que emita notificaciones rojas. Las notificaciones rojas, según Estrada, representan órdenes de detención en cualquier lugar en el que se encuentren los individuos incluidos en las notificaciones.
La supuesta entrega de la «Lista Nacional de Terroristas» a la Interpol cumple con la segunda de las acciones con las que amenazara el alto oficial de la Seguridad del Estado en diciembre pasado.
¿Qué implicaciones reales tiene la entrega de la lista a la Interpol?
Las notificaciones rojas de la Interpol se originan a partir de solicitudes presentadas por los Gobiernos de los Estados para lograr la circulación internacional de personas acusadas o sancionadas por un delito en el país solicitante. Esa acción es la que, en teoría, ha realizado el Gobierno cubano al proporcionar la «Lista Nacional de Terroristas» a la Interpol (solicitar a la Interpol que emita notificaciones rojas contra los individuos señalados en la Resolución 19 de 2023).
Sin embargo, las solicitudes enviadas a la Interpol no activan de inmediato la circulación internacional de las personas que los Gobiernos mencionan. Las solicitudes son sometidas a un análisis minucioso por parte de un grupo especializado dentro de la Secretaría General de la Interpol para asegurar su conformidad con las normativas del organismo. Las normativas establecen que no se aceptarán solicitudes para emitir notificaciones rojas que estén motivadas por consideraciones políticas, militares, religiosas o raciales ni las dirigidas contra refugiados.
«Lista Nacional de Terroristas» teóricamente compartida por el régimen cubano con la Interpol, más que un documento jurídico, constituye un documento de naturaleza política. Su objetivo principal es señalar y estigmatizar a quienes los cuerpos de represión del Partido Comunista consideran sus «enemigos». Muchos de los mencionados ni siquiera han enfrentado de manera formal acusaciones o juicios por delitos relacionados con el terrorismo.
En consecuencia, la naturaleza política de la lista y la posible condición de refugiados que algunos de los señalados tengan, pudiera complicar la aceptación por parte de la Interpol —y la emisión correspondiente de notificaciones rojas en contra de las personas listadas en la Resolución 19 de 2023 del Minint—.
Incluso si la Interpol opta por emitir notificaciones rojas en relación con los listados, las notificaciones no constituirían órdenes de detención, en contradicción con que expresara el teniente coronel Francisco Estrada en la emisión del programa Hacemos Cuba.
Si por alguna casualidad se aprueba la solicitud formulada por Cuba, la Secretaría General de la Interpol enviaría la notificación roja a los países miembros con los datos de identificación de la persona y el delito por el que se le busca. Cada país miembro —contrario a lo que insinuó el teniente coronel— tiene la potestad de decidir qué hacer ante una notificación de ese tipo, debido a que el estatuto de la Interpol considera alertas las notificaciones rojas y no órdenes de detención.
El 19 de diciembre de 2023, Francisco Estrada también aseguró en la televisión nacional cubana que desde antes de la publicación de la lista, la Interpol había emitido notificaciones rojas en contra de varios de los mencionados. Apoyado en su idea falsa de que las notificaciones rojas constituyen órdenes de detención, insinuó que el Gobierno de Estados Unidos se había negado —como si no tuviera derecho a hacerlo— a detener y a entregar a las personas señaladas por la Interpol.
Las notificaciones rojas de la Interpol pueden ser públicas o privadas si así lo piden los Gobiernos solicitantes. Pero más allá del detalle que no es menor —como tampoco lo es la falsedad y la manipulación de los testimonios de un represor como Francisco Estrada— en la base de datos pública de la Interpol no está comprendido ninguno de los ciudadanos cubanos incluidos en la «Lista Nacional de Terroristas» publicada en la Gaceta Oficial.
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