Abebe Bikila fue un maratonista etíope que conquistó la gloria olímpica en dos ocasiones. La primera vez lo hizo sin zapatillas pues debido a su imprevista participación en el evento no encontró calzado que le sirviera.

Después de este 10 de abril, los cubanos enfrentamos una carrera difícil. Sin embargo, pensar que no se cuenta con los medios suficientes para iniciarla, no puede ser razón para desistir. Bikila es un ejemplo.

El 10 de abril del 2019 fue escogido por el gobierno cubano como el día para la promulgación de la Constitución, refrendada el pasado 24 de febrero.

La Asamblea Nacional realizó un acto meramente formal. Un acto que fue histriónicamente igual a aquel en el que se aprobó unánimemente el Proyecto que después no fue apoyado explícitamene por más del 20 por ciento del padrón electoral. Sin embargo, los parlamentarios cubanos señalaron la arrancada de una carrera para implementar en normas jurídicas el modelo de país diseñado para el futuro próximo.

Muchos desde ya no querrán competir. La idea de que no se puede construir desde el derecho un país donde no existe un Estado de Derecho, los frenará. No creemos encontrar los argumentos para rebatirles, pero sí tenemos una realidad para mostrarles.

No puede construirse un Estado diferente si no se presiona, no se interactúa o no se buscan espacios. Por primera vez existen números oficiales que demuestran que hay gente que lo quiere, que no está representada dentro de la unanimidad construida, la cual se intenta justificar con una historiografía escasamente contrastada y con símbolos como las “coincidencias históricas”.

La carrera que comenzó es desigual. Las instituciones, el gobierno y el partido usan zapatillas de calidad y se robaron la arrancada. Ya tienen diseñado un modelo de país y solo les queda seguir apelando, sin muchas consecuencias, a los símbolos para materializarlo.

Los proyectos de las leyes que complementarán la Constitución ya están redactados o, por lo menos, cuentan con directrices políticas que les servirán de marco. No olvidemos que las “políticas” (como la de Comunicación, la de la Vivienda,…) emergen cada vez con más frecuencia como nuevas fuentes de derecho y como inspiración y límite para los reguladores.

El pueblo arrancó en desventaja y descalzo; sin embargo, cuenta con herramientas constitucionales que antes no poseía.

Aunque la Constitución, de por sí, ya le impone barreras y es como si los burócratas estuviesen corriendo los 800 metros planos y el pueblo los 3000 con obstáculos, en la pujanza de aquella parte del soberano que quiera franquear la diferencia, extraer el sacrificio extremo del competidor y tirarle el estadio encima, estará la ganancia y quizás el camino para alcanzar otras metas.

Los ciudadanos cubanos en esa carrera deberán primero superar los miedos e interiorizar que es su derecho y su deber, exigir y participar en la conformación y expresión del poder.

Para ello, uno de los posibles y necesarios pasos es el debate en torno a qué sistema electoral queremos. Cierto es que habrá que restringirse a los límites que la Constitución ha establecido pues solo permite la elección directa de los delegados a las Asambleas Municipales y los diputados a la Asamblea Nacional. No obstante, no forman parte de esos límites o indicaciones, el hecho de que las candidaturas de los más importantes cargos del Estado sean conformadas por una Comisión en la que solo participan las organizaciones destinadas a representar y reproducir los intereses del gobierno y del Partido Comunista.

Eliminar el obstáculo de las Comisiones de candidaturas permitiría que todos los representantes a los órganos del Poder Popular fueran propuestos directamente por las bases populares y sin intermediación. De esas propuestas tendríamos la certeza de que saldría, al menos teóricamente, el Presidente de la República.

Vencer ese obstáculo, acortaría diferencias en la carrera.

Para lograrlo puede construirse una agenda pública a través de Internet, los medios de comunicación alternativos y todos los actores de la sociedad civil que quieran sumarse. El gobierno cubano se ha vuelto reactivo al debate virtual y esa reacción se ha manifestado en ejemplos concretos. La dilación en la aplicación del Decreto 349 y la búsqueda de una solución consensuada con los posibles afectados a partir de la discusión de una norma que lo complemente y aclare; la derogación, un día antes de su entrada en vigor, de las medidas más debatidas en torno al perfeccionamiento del trabajo por cuenta propia y la reciente aprobación de una inédita manifestación para reclamar el cese del maltrato animal y la promulgación de una Ley que lo regule, son ejemplos reveladores de esa tendencia. Por ende, no debería dudarse de la capacidad de incidencia que esa agenda pública tendría en la conformación y formulación de la futura legislación.

Los diferentes sectores de la sociedad civil podrían utilizar también, de acuerdo a sus intereses, la iniciativa legislativa popular. Les permitiría utilizar la agenda pública para, con asesoría, proponer proyectos de leyes que no provengan de las estructuras gubernamentales, sino que recojan además los intereses de ese sector del soberano. No resulta descabellado, si se evalúa que se requiere para su impulso del concurso de solo 10 mil ciudadanos: el 1,5% del total de personas que mostró su insatisfacción en el referendo constitucional.

Ruta política y legislativa que define la Constitución. Diseño: Wendy Valladares.

De igual modo, para que el soberano pueda convertirse en legislador, será imprescindible que en la agenda pública construida se incluya el monitoreo y la discusión de los mecanismos que se diseñen para materializar su ejercicio. Hasta hoy han sido regulados de forma impracticable en el Reglamento de la Asamblea Nacional.

Para que no se reproduzcan los obstáculos que impiden la materialización de la iniciativa legislativa popular, es preciso velar e influir mediante el diálogo y la formulación de propuestas legislativas diferentes a las que desde las instituciones estatales se propongan.

Por otro lado, es posible y necesario, además de útil, legítimo y constitucional, que el pueblo controle la efectividad de la autonomía municipal, que controle la administración pública local. Es factible preocuparse por la nueva conformación de los mecanismos de revocación de mandato e impulsarlos.

El pueblo deberá velar y debatir con relación a la implementación de los mecanismos de protección constitucional. La Constitución establece un novedoso mecanismo de amparo constitucional, pero deja abierta la posibilidad de que sean las normas posteriores, las que determinen qué derechos de los contemplados en el texto podrán ser protegidos mediante ese mecanismo. Habrá que medir entonces y mostrar desacuerdo con ese modelo de control judicial, que admite algunos, pero excluye otros.

Será importante cuestionar la injusta jerarquización de los derechos constitucionales y lograr, por las mismas vías, que todas las vulneraciones puedan ser conocidas por los Tribunales. Una vez que se logre, habrá que acudir a los Tribunales, para obligarles a dar las respuestas que la administración hoy comúnmente se calla.

Aquellos que no quieran participar en la carrera o que quieran tomar un camino que ofrezca menos desventajas, tienen otra opción. La nueva Constitución contempla la posibilidad de promover popularmente, con 50 mil firmas, una nueva  reforma constitucional que ofrezca un modelo de Estado completamente diferente.

Pensemos como pensemos, habrá que actuar. Incluso cuando los resultados de la lucha por más derechos sean infructuosos, se estarán demostrando posibles inconsistencias del Estado Socialista de Derecho, modelado por esta nueva carta magna. La publicidad y demostración de esas inconsistencias pueden desencadenar muchas más cosas que la simple expectación de un escenario al que ya estamos acostumbrados y que por eso apenas miramos.

A pesar de la desventaja, lo importante es correr. Abebe Bikila conquistó Roma descalzo.

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