El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), el centro de información legal Cubalex y el grupo de trabajo sobre detenciones políticas Justicia 11J alertaron este lunes sobre una posible excarcelación y posterior destierro de presos políticos cubanos.

La preocupación de las organizaciones surgió tras la reciente liberación de 222 prisioneros del régimen de Ortega y su deportación hacia Estados Unidos. Señalan, además, otro grupo de factores que apuntan a que la solución nicaragüense sería una salida provechosa para el Gobierno cubano (que en años anteriores ha utilizado a los presos políticos como moneda de cambio en sus negociaciones).

Las protestas masivas del 11 y 12 de julio de 2021 (y las ocurridas después) han dejado «un saldo de 768 manifestantes detenidos, que quintuplica la cifra de presos políticos desde inicios de julio de 2021 (152)», señala el comunicado que publicaron las organizaciones. 

La liberación de los prisioneros ha estado sobre la mesa durante las últimas conversaciones de la Administración de La Habana con el Gobierno estadounidense, y también durante otras sostenidas con instancias de la Unión Europea (UE) y la Iglesia católica.

El alivio y la justicia

La excarcelación y deportación hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses puede ser una señal para los cubanos que luchan por la liberación de los presos políticos en la isla.

El 18 de enero de 2023 el ministro de Justicia de Cuba, Oscar Silvera, se reunió con embajadores de la UE para dialogar sobre las condenas a los manifestantes del 11J. La parte europea planteó ante el funcionario la necesidad de un indulto, según confirmó la agencia española de noticias EFE. Por su lado, Silvera declaró que no existía posibilidad legal para que ocurriese una amnistía.

Otro de los indicios que apuntan hacia un panorama similar al nicaragüense en el caso de los presos políticos cubanos fue la visita del cardenal Beniamino Stella a La Habana como enviado del papa Francisco.

Versiones oficiales sostienen que Stella llegó a Cuba con el propósito de celebrar el 25 aniversario de la visita de Juan Pablo II, quien estuvo en el país del 21 al 25 de enero de 1998. Sin embargo, el cardenal se pronunció a favor de la liberación de los presos políticos del 11J.

«El papa desea mucho que haya una respuesta positiva (...). Es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas», afirmó Stella en declaraciones a la prensa.

EL CASTIGO DE LA EXPATRIACIÓN

Las amenazas de destierro y las expatriaciones forzosas son una práctica sistemática empleada por regímenes totalitarios como el cubano para «obtener ventajas en procesos de negociación política, diplomática y económica, y como método para ejercer control social y desmovilizar a la sociedad civil», detalla el comunicado.

Existen dos hechos recientes en la historia del archipiélago que confirman la práctica: la liberación en 2010 y salida al exilio de gran parte de los detenidos de la Primavera Negra, y la excarcelación en 2015 de 53 presos políticos (obligados a exiliarse para evitar la represión de la policía política). Ambos eventos fueron el resultado de negociaciones; el primero, para modificar la posición común de la Unión Europea con respecto a Cuba, y el segundo, para restablecer relaciones entre La Habana y Estados Unidos.

Las organizaciones firmantes señalan que «la salida forzosa del país como condición para la liberación o excarcelación de los presos políticos es una violación del derecho a la libre circulación, tal como se plantea en el apartado primero del artículo 12 del Pacto Internacional de Derechos Civiles y Políticos».

Sostienen que cualquier proceso de negociaciones con ese fin debe tener un «valor humanitario», y subrayan la necesidad de la excarcelación inmediata de quienes están privados de libertad por ejercer el derecho a expresarse, reunirse o asociarse. Son los encarcelados quienes deberían decidir si abandonan Cuba o no, sin recibir presiones de la Seguridad del Estado.

La declaración establece que debería ser requisito obligatorio que las personas encarceladas y sus familiares sean parte del proceso de negociación porque «las víctimas deben estar en el centro de la negociación». Agregan: «serían además imprescindibles ciertas garantías mínimas para quienes decidan libre y voluntariamente salir del país, como facilidades en el proceso de reubicación para acceder a la legalización de su estatus migratorio y acceso a servicios de rehabilitación».

Cubalex, Justicia 11J y el OCDH insisten en que la comunidad internacional y organismos defensores de los derechos humanos cuestionen cualquier proceso de excarcelación y deportación que no ponga a la víctima en el centro y que incumpla con las garantías para la reinserción de los prisioneros en los países de destino.

Además, se oponen a valorar las expatriaciones forzosas como pasos de avance, como ha señalado el Departamento de Estado de EE. UU. en palabras de su portavoz Ned Price y de Antony J. Blinken, secretario de Estado. Blinken dijo que la liberación de los nicaragüenses «representa un paso constructivo» de Managua y «abre la posibilidad de que continúe el diálogo entre Estados Unidos y Nicaragua».

Por último, las organizaciones firmantes alertan que la represión y las violaciones de libertades fundamentales en el archipiélago no terminarán «hasta que rija en Cuba un Estado democrático de derecho, con pleno respeto a los derechos humanos».

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