El Gobierno del Reino Unido anunció sanciones contra 35 personas y entidades acusadas de participar en redes vinculadas a Rusia que reclutan a migrantes en países de bajos ingresos para enviarlos a combatir en la guerra de Ucrania o a trabajar en la industria militar. Entre los nombres figuran la ciudadana cubana Dayana Echemendia y la rusa Elena Smirnova, quienes han sido señaladas por elTOQUE desde 2023 como protagonistas de una red de reclutamiento que ha engañado a cubanos.
Las medidas, dadas a conocer por el Ministerio de Exteriores, apuntan a estructuras que se aprovechan de la vulnerabilidad económica de miles de personas. Promesas de empleo o de una vida mejor sirven como anzuelo para reclutar a hombres jóvenes, quienes terminan destinados al frente como combatientes o a fábricas de armamento y drones.
Ambas mujeres ya habían sido señaladas en investigaciones periodísticas previas. La primera que identificó los perfiles y apellidos de las ya conocidas como «Elena y Dayana» a secas, fue publicada por elTOQUE en septiembre de 2023. Entonces se hacían llamar en redes como Dayana David Díaz —una mezcla del nombre de su pareja y su segundo apellido— y Elena Shuvalova —su apellido de casada—.
En mayo de 2024, destapamos cómo funcionaba la red y en qué consistían los engaños. Algunos de los reclutados por Elena y Dayana reportaron que las mujeres tomaron parte de sus salarios.
En agosto de 2024, difundimos audios en los que Echemendía aseguraba que los cubanos no serían enviados a la primera línea de combate, sino asignados a tareas de apoyo, y que ningún ciudadano de la isla había muerto en el frente. Los acontecimientos posteriores han contradicho esas afirmaciones.
En enero pasado, Ucrania divulgó una lista actualizada de ciudadanos cubanos muertos en combate mientras servían en el Ejército ruso. Los datos fueron publicados por el Proyecto Quiero Vivir, una oficina creada por Kiev para gestionar la rendición de soldados rusos y extranjeros. En un comunicado, la organización precisó que «no es una lista exhaustiva de pérdidas de mercenarios cubanos, sino solo de aquellos cuyas muertes sabemos de manera fiable». El documento detalla nombres, rangos, unidades y fechas de fallecimiento, principalmente en las regiones de Donbás y Zaporiyia.
Hasta ahora, hay 93 cubanos fallecidos oficialmente en la guerra.
Un reportaje elaborado por la unidad de investigación Systema, y publicado en el sitio web ruso Current Time, divulgó que Elena había sido denunciada y llevada a juicio por su rol en el reclutamiento. En un documento al que tuvo acceso Systema, el abogado de Smirnova asegura que su clienta facilitó el reclutamiento de más de 3 000 extranjeros.
La ciudadana rusa Olga Shilyaeva, quien colaboró con Elena en el proceso de reclutamiento, también enfrentó consecuencias legales. Sin embargo, las cubanas Dayana e Indira Noa Martínez, quien ejerció de traductora para los reclutas, no han sido procesadas penalmente o al menos no tenemos noticia de ello.
Según estimaciones de la inteligencia ucraniana, al menos 20 000 cubanos han sido reclutados por Rusia desde el inicio de la invasión en febrero de 2022. Pero hasta el momento solo cerca de 2 000 han sido documentados por nombre y contrato. De confirmarse estas cifras, Cuba se situaría como el segundo mayor proveedor de combatientes extranjeros para Moscú, después de Corea del Norte.
El Gobierno británico sostiene que estas redes operan a través de mecanismos como el programa «Alabuga Start», diseñado para captar mano de obra en entornos económicamente vulnerables y canalizarla hacia la industria militar rusa. Stephen Doughty, secretario de Estado para Europa, calificó de «bárbara» la explotación de personas vulnerables y denunció que Moscú las utiliza como «carne de cañón» para sostener su ofensiva militar.
Entre los sancionados también figura Polina Azarnykh, acusada de reclutar combatientes en África y Oriente Medio, así como Sergei Merzlyakov y Abid Kalid Sharif Abid, presuntamente implicados en el traslado de migrantes desde Oriente Medio y Bangladesh. Las autoridades británicas incluyeron además a varias empresas y ciudadanos indios, entre ellos Faisal Khan, vinculados a esquemas de captación mediante ofertas de visados de estudiante.
En paralelo, Londres amplió las sanciones a individuos y compañías relacionadas con la cadena de suministro de drones, como Pavel Nikitin, vinculado al desarrollo del dron de ataque VT-40, así como empresas con sede en China y Tailandia acusadas de proporcionar componentes y tecnología clave.
Las sanciones contemplan la congelación de activos, la prohibición de entrada al Reino Unido y la restricción de cualquier relación económica o financiera con ciudadanos o empresas británicas. El Ejecutivo defendió que estas medidas buscan «interrumpir las cadenas de suministro» que sostienen el esfuerzo bélico ruso y reiteró su intención de intensificar la presión económica y diplomática sobre Moscú y sus redes de apoyo.
