Los datos sobre personas en situación de calle en Cuba datan del último Censo de Población en 2012. En ese entonces, unos 1 108 ciudadanos vivían en espacios abiertos y públicos de forma permanente o transitoria. De ellos, un 50 % eran mayores de 60 años.

Según información obtenida por el Observatorio sobre Envejecimiento, Cuidados y Derechos Cuido60, solo en La Habana la cifra se ha quintuplicado. «Sabemos que esta realidad también se ha multiplicado en las distintas regiones del país», señaló la investigadora Elaine Acosta, directora ejecutiva de Cuido60 en el webinar «Vulnerabilidad y situación de calle en las personas mayores en Cuba y América del Sur», celebrado el 15 de junio de 2023 con motivo del Día Mundial de Toma de Conciencia del Abuso y Maltrato en la Vejez. 

El número de personas sin hogar, especialmente personas mayores, se ha incrementado en los últimos años, al ser uno de los grupos poblacionales más afectados por la crisis sistémica en la isla. Aunque esta realidad sea palpable en las calles cubanas, no existe acceso a estadísticas actualizadas y confiables sobre los impactos sociales de la crisis entre quienes han sido más afectados.

Envejecimiento en Cuba: políticas públicas y otras deficiencias

La población cubana, en descenso, vive una de las peores crisis demográficas de su historia. Cuenta cada vez menos nacimientos y altos niveles de migración.

Este sector poblacional está más expuesto también a eventos de maltrato, abuso, abandono y negligencia, tanto por el Estado cubano como por parte de las familias y la sociedad toda en su conjunto.

La Encuesta Nacional sobre el envejecimiento de la población cubana desarrollada en 2017 por la Oficina Nacional de Estadística e Información y publicada en 2019 notificaba situaciones de maltrato hacia las personas mayores en un 11 % de los hogares y un 16 % en los espacios públicos. Los datos constituyen un subregistro porque este tipo de maltrato no suele notificarse.

Para la también académica Elaine Acosta, la realidad cubana ha mutado desde la encuesta. Varias crisis —alimentaria, sanitaria y de cuidados— afectan al grupo etario y han generado un aumento de las situaciones de maltrato.

Cuba es uno de los países más envejecidos de América Latina. Los pronósticos oficiales auguran un aumento del envejecimiento poblacional en el país, aunque el contexto demográfico cubano resulta desolador luego del éxodo masivo de miles de cubanos en 2022 y 2023.

Como consecuencia, muchos adultos mayores se han quedado solos, con menores redes familiares y de apoyo, y expuestos a condiciones de gran vulnerabilidad frente a la situación de supervivencia cotidiana en el país. La mayoría depende de la pensión pagada por el Gobierno, cuyo monto mínimo es de 1 528 pesos cubanos, dinero que no cubre ni siquiera la alimentación básica de una semana.

«Es injusta esa pensión tan baja, porque uno no trabajó para eso. Constituye un maltrato tremendo después que se ha entregado la vida prácticamente para el bien de la sociedad, haciendo cosas útiles. Tampoco es justo en los casos que tienen familia, que uno tenga que depender total y absolutamente de esta para poder sobrevivir», dijo la profesora e investigadora de Ciudo60 Teresa Díaz desde el Centro Loyola, espacio desde el cual participaron en el webinar representantes de organizaciones que trabajan en Cuba con adultos mayores y personas en situación de calle. 

¿Están en riesgo las pensiones en Cuba?

Los pensionados en Cuba están en una situación de precariedad y dependencia económica que repercute en su salud, los empuja a la reinserción en el mercado laboral y aumenta su vulnerabilidad.

Entre otras causas del aumento de las personas en situación de calle en Cuba, Acosta señala la inflación descontrolada tras la Tarea Ordenamiento, la contracción del presupuesto estatal destinado a la atención de la salud, los recortes en la asistencia social y adquisición de medicamentos e insumos médicos, así como la crisis alimentaria. Dichos elementos han agravado las condiciones de vida de la población y han provocado que muchas personas mayores terminen recurriendo a las calles en busca de alimentos y ayuda para adquirir los medicamentos que necesitan.

En adición, los programas públicos y de atención a las personas mayores son deficitarios y las metodologías de intervención para estas personas no son las más ajustables al respeto de los derechos humanos, según lo establece la Convención Interamericana de Derechos para las personas mayores.

Teresa Díaz ha podido constatar la difícil situación de quienes son obligados a acudir a albergues habilitados para las personas en situación de calle, a través de conversaciones con los afectados. «Son llevados a la fuerza hacia estos centros donde la comida puede estar descompuesta y viven hacinados en un mismo espacio. También les roban sus pocas pertenencias. Por ello, declaran, prefieren vivir en la calle», relató.

Muchos de ellos son llevados a Las Guásimas, donde, en palabras de la profesora Díaz, «los depositan como si fueran objetos de un almacén y con eso se le da solución al problema».

«En un evento online en el que participé, les pregunté a los médicos que estaban presentes por estas personas. Me contestaron que ellos se iban porque estaban psiquiátricos y, si se querían ir, era su derecho. Eso me dio dolor», narró la investigadora.

Las múltiples crisis en las que se halla sumido el país y las decisiones políticas del Estado cubano han provocado una disminución considerable de los presupuestos destinados a la asistencia social. Como consecuencia de ello, el Programa Nacional de Atención al Adulto Mayor, las Casas de Abuelos, el Sistema de Ayuda a las Familias, los Hogares de Ancianos y otras iniciativas del Gobierno vinculadas a los cuidados y atención a la población mayor resultan insuficientes en calidad y cantidad para cubrir la creciente demanda de las personas mayores.

Frente a esta crítica situación han emergido un conjunto de organizaciones de la sociedad civil, grupos comunitarios e iniciativas individuales para la ayuda y sostén de los más vulnerables. Entre estos cabe mencionar proyectos como Otoño, del centro Loyola; Más corazones, del Centro Cristiano de Reflexión y Diálogo de Matanzas; Matanzas siempre me cura; Salvando a un hermano. Sin embargo, estas organizaciones y grupos también están siendo afectados por la crisis y se ven limitados en cuanto a recursos económicos y humanos.

Por ello, apunta Elaine Acosta, es responsabilidad del Estado cubano, según los compromisos internacionales que ha contraído, facilitar el trabajo de estas organizaciones, al promover una ley de asociaciones que permita su trabajo expedito y sin dificultades. «Estos grupos no harían otra cosa que contribuir a una redistribución democrática de los cuidados y mejorar la calidad de vida de la población», afirma la académica.

¿Cómo ayudan en América Latina a personas en situación de calle?

Isabel Lacalle, cofundadora del Centro de Investigación e Incidencia para la superación de la situación de calle en América Latina (CISCAL), comentó que en el continente la experiencia de trabajo con personas en situación de calle se inició desde el asistencialismo a través de la sociedad civil y de instituciones religiosas.

La Iglesia cubana asume más el cuidado de ancianos

“De un lado, los jóvenes piensan en los ancianos como personas cascarrabias y fuera de moda; por su parte, los ancianos no quieren acercarse a los jóvenes porque los atormentan, pero yo creo en el diálogo entre generaciones.”

CISCAL es una organización que construye espacios de reflexión e intercambio entre profesionales, académicos y policy makers para la superación de la situación de calle a nivel regional. En su caso, los miembros han creado y compartido marcos de referencia en los distintos países latinoamericanos. Al respecto, su cofundadora explica: «nos ha permitido dejar de mirar hacia afuera, Europa y Estados Unidos, y darnos cuenta de que en nuestra región hay mucho que aprender».

En Argentina, al no ocuparse el Gobierno de las personas en situación de calle, organizaciones civiles junto a académicos se organizan y realizan el censo popular, para el cual cuentan con su propia estrategia metodológica. «Cuando el Estado no está presente, se hacen presentes las organizaciones», afirma Lacalle.

En Uruguay, surgió el colectivo NITEP (Ni todo está perdido), el cual germinó desde las experiencias de las propias personas en situación de calle y genera incidencia dentro y fuera del país.

En Chile, se produjo una acción público-privada que ha pasado de la incidencia de la sociedad civil a la construcción del programa Noche Digna. A la vez, se han efectuado varios Encuentros Latinoamericanos y del Caribe entre Organizaciones y personas en situación de calle en Argentina, México, Colombia y Costa Rica.