Todos lo han visto en redes sociales: personas convulsionando o tambaleándose en una calle cualquiera de Cuba, arqueando su cuerpo en formas que parecen imposibles para un ser humano, o cayendo como un peso muerto contra el suelo tras dar unos pasos sin dirección lógica. Es el efecto de «El Químico», la droga barata, potente, de la que muchos hablan desde hace unos años y pocos conocen su composición exacta, más allá de la afirmación gubernamental de que sería un «cannabinoide sintético».

Las imágenes son tan duras y virales que la prensa controlada por el Partido Comunista de Cuba (PCC) se ha visto obligada a mencionar el fenómeno que empaña la imagen cada vez más insostenible de «paraíso socialista» de las buenas costumbres, libre de «vicios capitalistas». Las autoridades han prometido «tolerancia cero» para el tráfico de sustancias ilícitas que, si no hubiese sido consentido de forma tácita por funcionarios del Estado a nivel local, difícilmente podría haberse extendido en un país controlado en casi todas sus grietas por el Ministerio del Interior (Minint).

Puesto a la tarea de demostrar músculo contra la delincuencia en alza y calmar el descontento popular, el régimen dice encarar el asunto como una cuestión de seguridad nacional y ha publicitado en la prensa estatal algunos «juicios ejemplarizantes» contra los eslabones más débiles de la cadena: consumidores adictos y vendedores de barrio.

El 4 de septiembre de 2025 se conoció sobre la condena en Morón (Ciego de Ávila) de un adolescente de 18 años que deberá pasar ocho años preso por ser «portador» de varias dosis de la droga para traficarla, según la información publicada por el periódico Invasor, medio oficial del PCC en esa provincia del centro del país.

«En cumplimiento de la política de tolerancia cero, y en correspondencia con lo establecido en la Constitución de la República, la Sala de lo Penal del Tribunal Provincial Popular de Ciego de Ávila, celebró (…) un juicio con carácter ejemplarizante y aleccionador, a un ciudadano portador de 206 papelitos de cannabinoide sintético, conocido por “químico” (sic)».

Así castigará Cuba la tenencia y tráfico de «El Químico»

El Dictamen 476, publicado el 28 de agosto de 2025, marca un giro punitivo en el tratamiento legal de las drogas en Cuba al establecer nuevas reglas para juzgar los delitos vinculados con los cannabinoides sintéticos, conocidos popularmente como «El Químico» o «los papelitos».

En un sistema que impide asistir a sus Tribunales a quienes quieran solidarizarse con personas procesadas por motivos políticos, el joven acusado por drogas fue sometido a un juicio «ante la presencia de familiares, representantes juveniles de las federaciones de Estudiantes de la Enseñanza Media, y de Estudiantes Universitarios, organizaciones de masas como los Comités de Defensa de la Revolución y la Federación de Mujeres Cubanas; de los sectores de la Educación y la Salud, y otras instituciones (…)».

El objetivo de mediatizar estos casos, donde antes reinó el silencio sobre la drogadicción en Cuba, no obedece a un sentido del deber de informar, sino a una indicación «de arriba», como admite la propaganda estatal: «La celebración de este juicio con las características enunciadas forma parte de las múltiples acciones que se realizan en el país (…) para combatir el nocivo fenómeno», se lee en Invasor.

No es casual que días antes, el 28 de agosto de 2025, se publicara el Dictamen 476, que establece nuevas reglas para juzgar los delitos vinculados con «El Químico».

Si antes la jurisprudencia cubana consideraba «cantidades relativamente grandes» de droga aquellas superiores a una libra (460 gramos) —para juzgar la modalidad agravada del tráfico—, ahora se ha establecido que los criterios responderán a la composición, la toxicidad y el nivel de adicción que estos generan, parámetros a evaluar por parte de peritos de toxicología y criminalística.

La tenencia ilícita de «El Químico» será castigada de acuerdo con el artículo 236, inciso a, del Código Penal: penas de uno a tres años de privación de libertad o multas de hasta 300 000 cuotas. El artículo 235.2 de la ley prevé, para el tráfico agravado, sanciones de diez a 30 años de cárcel, privación perpetua de libertad o la pena de muerte.

Otro caso reciente confirma la severidad aplicada a quienes caigan en los Tribunales en medio de la actual cruzada antidrogas. El Tribunal Provincial Popular de Santiago de Cuba informó, el 30 de agosto de 2025, que la Sala de los delitos contra de la Seguridad del Estado condenó a 13 años de cárcel a un cubano que viajó desde Surinam y trajo en su equipaje bienes de otra persona, entre ellos, un sillín de bicicleta con «300 gramos de clorhidrato de cocaína, con una pureza del 95 %».

El Químico se vende «como caramelo»: ¿por qué es tan barato?

El panorama de «el químico» por doquier y a precio irrisorio contrasta con la realidad de años anteriores, cuando el tráfico y el consumo de drogas parecía estar bajo el control de las autoridades y los precios eran mucho más altos.

El sancionado que hizo de «mula» recibió 84 USD por traer el equipaje y debía entregarlo a otra persona en Cuba, «de la cual no se conoció su identidad».

Según la familia del acusado, de 33 años, su abogado demostró que no era consciente de la droga escondida en uno de los objetos que le encargaron traer, y además denunciaron que el Tribunal no tomó en cuenta testigos cuyo testimonio sería favorable a la tesis de la defensa. El Tribunal admitió que «esta persona no había sido controlada con anterioridad por vincularse a las drogas, mantenía adecuada conducta social y no le constaban antecedentes penales».

¿Qué esperar de la «mano dura» en Cuba?

Infringir la ley, sobre todo en relación con un negocio que afecta gravemente a sus consumidores, no debe quedar impune. Pero pedir «mano dura» y medidas excesivamente drásticas y punitivas a un Gobierno que le sobra violencia y militarismo, mientras le falta honestidad, empatía y sentido común, puede traer consecuencias indeseadas.

En otro contexto de aumento de la percepción social sobre la presencia de las drogas, el Gobierno cubano se extralimitó en su ofensiva por erradicarlas. La «Operación Coraza popular» —que en 2003 coincidió con la represión de disidentes y periodistas conocida como la Primavera negra— dejó varios casos de violación del debido proceso y sanciones arbitrarias, incluida la confiscación de propiedades y períodos de prisión para inocentes.

Según Amnistía Internacional, «la criminalización de las drogas no hace disminuir ni su consumo ni su suministro», sino que favorece «un comercio clandestino, incrementa los daños asociados al consumo y potencia la delincuencia organizada, la corrupción y la violencia».

Desde Naciones Unidas se ha advertido sobre la criminalización del consumo y la posesión de drogas y se recomienda un enfoque integral del problema que incluya el acceso a los medicamentos esenciales, los cuidados paliativos, la prevención y educación integral en materia de drogas, su tratamiento y la reducción de los daños.

De acuerdo con un informe reciente del Banco Mundial sobre crimen organizado y violencia en Latinoamérica y el Caribe, «en el mediano y largo plazo, la mejor política de seguridad pública es construir estados más funcionales que puedan ofrecer igualdad de oportunidades para todos, incluyendo mejores sistemas educativos y mercados laborales que puedan ofrecer empleos de calidad».

Jóvenes y menores de 18 años involucrados en tráfico de drogas en Cuba

La mayoría de los niños y jóvenes involucrados en el tráfico, tenencia y consumo de drogas son del sexo masculino, aunque también existe una participación significativa de las muchachas. 

Asimismo, en relación con el consumo de drogas por niños, niñas y jóvenes, «las respuestas punitivas no los disuaden de consumir drogas ni restringen de manera significativa su acceso a ellas», según Amnistía Internacional.

La conclusión de la organización de derechos humanos resuena en una Cuba en crisis, donde al menos 51 jóvenes y 72 menores de 18 años estuvieron implicados en 83 hechos relacionados con el tráfico y consumo de drogas durante 2024, según dijo el coronel Juan Carlos Poey Guerra, jefe del Órgano Antidroga del Minint.

Ante este escenario, un régimen que no puede garantizar niveles mínimos de comida, electricidad o medicinas, ofrece lo que le sobra: castigo y control.

Mientras evita reconocer las causas internas de la producción y extensión de «El Químico», el discurso oficial se enfoca en la introducción de sustancias ilícitas desde el extranjero, a tono con la imagen de bastión de seguridad en el Caribe acosado desde afuera, que le interesa promover internacionalmente.

La Comisión Global de Políticas de Drogas afirma que «las políticas punitivas de drogas han impulsado el encarcelamiento masivo y graves violaciones de derechos humanos», en un mundo donde cerca del 20 % de la población carcelaria mundial se encuentra detenida en relación con delitos de este tipo.

¿Qué se puede esperar del excesivo punitivismo contra las drogas en Cuba, donde el sistema penitenciario está marcado por el hacinamiento, las precarias condiciones y las violaciones de derechos?

Cuando al régimen cubano, de innegable ADN totalitario, le pides más represión contra lo que crees nocivo para la sociedad, lo que apoyas es tener menos garantías en un país donde no existe Estado de derecho y las «fuerzas del orden» actúan sin contrapeso alguno.