Desde septiembre de 2025, en una Cuba marcada por la inseguridad alimentaria, Lázaro Manuel Hernández Pérez ya no puede hornear el pan que ponía en la mesa para sus hijos, o que donaba para causas sociales o vendía en su pequeño negocio privado del municipio Ranchuelo, en Villa Clara. Hace más de cuatro meses permanece recluido en la cárcel La Pendiente —ubicada en la ciudad Santa Clara— a la espera de su juicio, porque el régimen lo considera una persona de «ilícito actuar, tendente a perturbar el orden social y la tranquilidad ciudadana», según la acusación de la fiscalía a la que elTOQUE tuvo acceso.

El 3 de septiembre de 2025, día que apartaron a Lázaro Manuel de su familia, «una patrulla policial lo buscó a las seis de la mañana y [los agentes] dijeron que solo querían hacerle unas preguntas», contó a este medio su primo, Ernesto Miguel Cañellas Hernández. Pero Lázaro Manuel no regresó.

¿Qué hizo para ser castigado de forma anticipada con la «prisión provisional»? La fiscal Aracelys Alfonso Peraza pide condenarlo a seis años de privación de libertad por la presunta comisión de los delitos «propaganda contra el orden constitucional» y «desacato».

Según el documento, desde inicios de 2024 y hasta su arresto en septiembre de 2025, el joven de 33 años habría difundido en Facebook, a través de un perfil falso, publicaciones con las que supuestamente «incitó a la población para que mediante actos de violencia tomaran las vías públicas para poner fin al sistema político mediante actos de desobediencia civil, así como en su tiempo libre subía a las redes videos subversivos».

El 25 de septiembre de 2024, continúa el documento de la fiscalía, el acusado supuestamente «incitó» a los residentes de Ranchuelo a «realizar reclamos sociales con el objetivo de presionar a las autoridades del Gobierno de esta localidad, y evitar con estas acciones los prolongados cortes del servicio eléctrico».

Fragmento de las conclusiones provisionales de la Fiscalía de Villa Clara en el caso contra Lázaro Manuel Hernández.

La acusación criminaliza el derecho a la libertad de expresión y a la protesta. Incluso, las autoridades llegan a justificar el encierro de Lázaro Manuel con un mensaje publicado en un grupo de Facebook, atribuido al supuesto perfil falso del joven, que reivindica uno de los métodos de lucha contra la dictadura anterior: «Ranchuelo para la calle, aprovechen la oscuridad y pinten las paredes como hizo Fidel [Castro] en el tiempo de Batista (…)».

En su perfil personal en Facebook, identificado con su nombre real, Lázaro Manuel Hernández Pérez publicaba videos caseros de sátira y parodias con algunos matices de crítica social sobre lo que lo afectaba en su realidad inmediata. Pero el expediente contra él solo menciona la supuesta identidad falsa de «Yoan Vera».

Sobre el supuesto perfil falso, utilizado para las publicaciones atribuidas al prisionero, Ernesto M. Cañellas explica que la familia no conoce de su existencia: «Nosotros no tenemos acceso, yo no he visto ese perfil, estamos esperando que lo presenten efectivamente [en el juicio]. No puedo decir si ese perfil realmente lo manejaba mi primo o no, (…) no tengo ningún tipo de garantía de que sea verdad lo que están poniendo en el informe [de la fiscal], pero a ese perfil ellos le achacan publicar un meme en uno de los grupos de Revolico en Ranchuelo en el cual aparece Díaz-Canel colgado y con un comentario que ponía “la solución”».

Ernesto M. Cañellas solo conoce el perfil de Facebook real de su primo, donde había publicado los videos críticos con un tono humorístico. El familiar dijo a elTOQUE que el descontento de Lázaro Manuel con la situación del país creció cuando la crisis de electricidad y combustibles afectó con severidad su trabajo de panadero: «se le empezó a echar a perder todo el producto; la masa si no la horneas luego de la fermentación se pierde, entonces su explosión no es solo como ciudadano y padre, sino también como pequeño empresario que no tiene otro medio para sostener a su familia».

El Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH) publicó un informe en 2025 donde señala que siete de cada diez cubanos han tenido que dejar de desayunar, almorzar o comer por falta de dinero o escasez de alimentos, cifra que asciende a ocho de cada diez personas, entre los mayores de 61 años. El VIII Estudio sobre el estado de los Derechos Sociales en Cuba, desarrollado por el OCDH, también registró que la desaprobación del régimen impuesto por el Partido Comunista de Cuba sería del 92 %, de acuerdo con una encuesta aplicada en Cuba por la ONG.

Cómo los jueces del régimen convierten un cacerolazo en un delito grave

Antes de conocer la sentencia a seis años de cárcel impuesta por participar en una protesta pacífica en Cuba, el escritor y periodista independiente José Gabriel Barrenechea ya había sido castigado de una forma que nunca imaginó posible. La primera «condena» fue tan cruel (quizá más) como la de privación de libertad que acaba de notificar el Tribunal de Villa Clara.

Otro de los elementos principales de la acusación contra Lázaro Manuel Hernández es que habría publicado en grupos de Facebook críticas a la Gobernadora de la provincia de Villa Clara, Milaxis Yanet Sánchez Armas, «con el ánimo de denigrar la actuación» de la funcionaria.

El testigo principal de la fiscalía es Carlos Álvarez Pino, oficial operativo de la Contrainteligencia en Ranchuelo, quien funge como denunciante.

Una persona con conocimiento del caso, que pidió proteger su identidad por temor a represalias, asegura que en el penal Lázaro Manuel Hernández «está pasando hambre porque no puede comer lo que les dan: alimentos echados a perder, con bichos, con gusanos».

A veces, a Lázaro Manuel —un joven corpulento que ha «bajado mucho de peso», según fuentes familiares—, le sirven una sopa que no es más que agua hervida con cáscaras de viandas. Su salud se ha deteriorado y una operación quirúrgica que debían hacerle en una pierna quedó aplazada tras el arresto.

Su situación en la cárcel La Pendiente coincide con el estado general de precariedad y violaciones de derechos en el sistema penitenciario cubano, una realidad denunciada por organizaciones como el Centro de Documentación de Prisiones Cubanas (CDPC).

Desde el 29 de octubre de 2025, la defensa de Lázaro Manuel Hernández solicitó a la fiscalía la modificación de la medida cautelar de «prisión provisional», para que continuara el proceso judicial sin internamiento en un penal. Pero no tuvo éxito, a pesar de que al acusado «no le constan antecedentes» delictivos, según admiten las autoridades en la petición fiscal.

Lázaro Manuel Hernández junto a una parte de su familia. Foto: Facebook

De acuerdo con la opinión de José Manuel González Rubines —miembro de la junta directiva del Laboratorio de Pensamiento Cívico «CubaXCuba»—, «el “delito” de este padre (…) fue publicar en redes sociales lo que siente una inmensa parte de los cubanos: desesperanza y rabia, cuando la vida se va entre apagones interminables, enfermedades sin tratamiento y carencias cada vez mayores».

Como Lázaro Manuel Hernández, otros cubanos han sido detenidos y procesados por publicaciones en redes sociales consideradas subversivas por las autoridades. Freedom House mantiene a Cuba entre las naciones sin libertad en Internet, según su último informe anual disponible, que recoge las «severas sanciones penales en relación con actividades en línea» impuestas a Félix Daniel Pérez Ruiz (cinco años de prisión) y José Manuel Barreiro Rouco (dos años y medio) por publicaciones críticas en Facebook y WhatsApp, respectivamente.

«El Estado comunista unipartidista cubano proscribe el pluralismo político, prohíbe los medios de comunicación independientes, reprime la disidencia y restringe severamente las libertades civiles básicas», concluye la ONG.

En los últimos días de diciembre de 2025 también trascendió la condena a siete años de cárcel para el activista Alexander Verdecia Rodríguez, miembro de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu), arrestado desde febrero pasado por expresar opiniones contra el Gobierno en su cuenta personal de Facebook.

William Sosa: otro cubano detenido por decir lo que piensa

El cubano usuario de Facebook William Sosa, conocido por sus publicaciones en redes sociales sobre la situación económica del país, fue detenido el miércoles 12 de noviembre de 2025 en Las Tunas.

De acuerdo con la ONG Prisoners Defenders (PD), «la vigilancia digital en Cuba no es un fenómeno aislado, sino una política estructural de control estatal que se ha intensificado con la expansión del acceso a Internet y las tecnologías de la información, sin que ello haya venido acompañado de garantías democráticas, marcos efectivos de protección de derechos digitales ni controles judiciales independientes».

Un informe reciente de PD documentó que el 98,5 % de las 200 personas a las que la organización tomó declaración sobre el tema, dijo haber sido «sancionado (penalmente, administrativamente o de facto), o citado o amenazado, o bien él mismo o su familia, en relación con sus publicaciones y/o comunicaciones telefónicas o digitales».

Lázaro Manuel Hernández Pérez podría ser el próximo sentenciado por las autoridades cubanas para intentar acallar las críticas ciudadanas en redes sociales.

«Sabemos que no va a haber ningún tipo de piedad para él y va a ser juzgado con la mayor severidad posible para evitar que otras personas como mi primo denuncien la realidad que están sufriendo y la miseria a la que las decisiones del Gobierno cubano están condenando a sus propios ciudadanos», dijo Ernesto M. Cañellas a elTOQUE.