Un día antes del primer apagón masivo de 2024, que ocurrió en Cuba el 18 de octubre, el director de la Unión Eléctrica, Alfredo López Valdés, dijo que el sector privado y el estatal deben tener eficiencia y aportar al ahorro de electricidad.

Durante la comparecencia televisiva, el primer ministro, Manuel Marrero, respaldó la sugerencia porque ―según dijo― muchas de las formas de gestión no estatal (FGNE) «son altos consumidores y están pagando por esas tarifas subsidiadas, realmente sin un plan, sin un control».

Las declaraciones de ambos funcionarios se concretaron en el Decreto 110/2024 «Regulaciones para el control y uso eficiente de los portadores energéticos y las fuentes renovables de energía», publicado el 26 de noviembre de 2024.

La directora general de la Oficina Nacional para el Control del Uso Racional de la Energía, Leysi Hernández González, dijo en la televisión que las nuevas inversiones que surjan tienen que autoabastecerse con el 50 % de energía, porque es imposible que el Sistema Electroenergético Nacional (SEN) asimile cargas de altos consumidores.

La normativa establece además que, en un periodo de tres años, las entidades altas consumidoras―estatales y privadas― existentes tienen que garantizar que la generación del 50 % de su electricidad, en el horario pico diurno, provenga de energías renovables.

¿Cómo (sobre) vive los apagones el sector privado en Cuba?

Los frecuentes y prolongados apagones están obligando a los empresarios cubanos a adaptarse y hacer malabares para mantener sus negocios en funcionamiento.

¿Es posible?

La implementación del decreto ha generado diversas opiniones en el sector privado. A varios emprendedores entrevistados por elTOQUE no les parece descabellado el decreto.

Desde hace meses se comentaba que la instalación de formas renovables de energía (FRE) sería una obligación para el sector privado, dado que se incluyó en el plan de inversiones para 2025 del sector estatal. Aunque reconocen la importancia de avanzar hacia un modelo energético sostenible, advierten que el costo de la transición será elevado.

La adquisición de paneles solares, baterías y otros equipos necesarios para aliviar la presión sobre el SEN, representa una inversión significativa que muchos no pueden asumir. Sin embargo, también es una necesidad «imperiosa» hoy si quieren que sus negocios sobrevivan, y ante los prolongados apagones que se han extendido en el tiempo durante los últimos años.

En varias ocasiones, elTOQUE ha documentado como los negocios privados han tenido que adaptarse a la crisis energética y en muchos casos mantienen sus producciones gracias a los generadores eléctricos (plantas). Entre las principales dificultades, los emprendedores señalan el acceso al combustible para el funcionamiento de las plantas, pero aseguran que «siempre se encuentra».

No obstante, también explican que la producción está limitada por la capacidad de generación de los generadores que han adquirido.

«Pero ahora tendremos que invertir en energía fotovoltaica», dice el socio de una mipyme de materiales de la construcción. «El Estado no garantiza el suministro eléctrico, pero sí nos exige que generemos nuestra propia energía».

Según explica, las medidas para facilitar la adopción de energías renovables deberían estar acompañadas de exoneraciones de impuestos sobre la producción u otros incentivos, porque la inversión en FRE no se recupera a corto plazo.

«Es cierto que no se cobran los aranceles de importación de los sistemas solares fotovoltaicos u otras tecnologías de energías limpias; pero si la pretensión es que el sector privado no dependa del SEN, e incluso, aporte energía, necesitamos más incentivos».

Entre la población existe el temor de que los gastos en FRE terminen trasladándose al consumidor final, encareciendo los productos y servicios en un mercado ya golpeado por la inflación.

Decreto 110: la apuesta forzada por las energías renovables en Cuba

El 26 de diciembre de 2024 entrará en vigor el Decreto 110 que establece, entre otros aspectos, sanciones para los «actores económicos» que incumplan con las medidas de las autoridades para disminuir las cargas sobre el depauperado Sistema Electroenergético Nacional (SEN).

El economista Pedro Monreal explicó en su cuenta de X que la obligatoriedad de incluir una fuente renovable en las nuevas inversiones «adiciona una barrera de entrada a la inversión».

«El decreto 110/224 extiende a la electricidad la visión de “cuartones” que ya ha estado implantándose con aquello de que los sectores deben generar su propia divisa. Es una visión desintegradora de la economía nacional que fomenta ineficacia e ineficiencia (¡las dos!)», dijo Monreal.

La importación de un kit solar para mantener servicios básicos en una vivienda (varias luces, uno o dos ventiladores, el refrigerador, cargar los móviles y usar una computadora) durante el día con el sol y por seis horas durante la noche, tiene un costo aproximado de 1 800 EUR por vía marítima y de unos 2 500 EUR por vía aérea desde España.

Para negocios con mayor consumo energético, el precio puede superar los 10 000 EUR.

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Diferencias entre el sector privado y el estatal

Otro punto de fricción son las sanciones previstas por el decreto. Mientras que al sector estatal se le aplican multas de 2 500 CUP por infracciones, el sector privado enfrenta multas significativamente más altas, de hasta 15 000 CUP.

La diferencia ha generado malestar entre los emprendedores, quienes perciben un trato desigual y señalan la repetida sugerencia gubernamental de que el crecimiento de las FGNE es también responsable de los problemas energéticos.

La socia de una mipyme habanera, celebra que el país avance hacia una mayor descentralización energética, pero asegura que el ritmo es acelerado y poco realista, dada la situación económica actual.

«La “Contingencia Energética” que ahora han establecido en un decreto, es solo el nombre nuevo para una situación vieja», dice. «Los emprendedores ya hemos tenido que adaptarnos y buscar alternativas ante los cortes de electricidad para poder sobrevivir en los últimos años».

No obstante, reconoce que algunos «han tirado la toalla», porque no puede «florecer» un negocio ―ni una economía― sin estabilidad energética.

«La potencia instalada en parques eólicos y fotovoltaicos representaba en 2023 apenas 5 % de la potencia total en plantas de servicio público y parecería que ahora intenta apostarse más por la electricidad como un auto-insumo empresarial y menos como un servicio público», concluyó en su cuenta de X el economista Pedro Monreal.

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