El canciller cubano Bruno Rodríguez aseguró el 30 de septiembre en redes sociales que el triunfo de la Revolución puso «el derecho a la vida en el centro del sistema político del país» y que ello «acabó con las desapariciones y torturas de la dictadura batistiana». También reafirmó el compromiso de Cuba contra ese «grave flagelo» a propósito del Día Internacional de las Víctimas de Desapariciones Forzadas.

Sin embargo, la afirmación ignora denuncias sostenidas durante décadas por organizaciones nacionales e internacionales que documentan desapariciones temporales, detenciones arbitrarias y el uso sistemático de la tortura contra opositores, periodistas independientes y activistas.

Diversos informes y testimonios muestran que, lejos de erradicarse, las violaciones de derechos humanos han sido constantes bajo el régimen instaurado por Fidel Castro y continuado por sus sucesores designados.

¿Qué se considera tortura y desapariciones forzadas? 

Según la ONU y Amnistía Internacional (AI), la tortura es un acto deliberado de sufrimiento físico o psicológico ejercido por agentes del Estado que nunca puede justificarse. La desaparición forzada, por su parte, ocurre cuando se detiene a alguien y se oculta su paradero, colocándolo fuera de la protección de la ley. Aquí puede revisar la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes y la Convención Internacional para la Protección de todas las Personas contra las Desapariciones Forzadas.

Amnistía explica que se utilizan «como castigo para difundir el miedo en la sociedad». La organización advierte que «la tortura no puede justificarse en ningún caso. Es un acto de barbarie, inhumano, que sustituye el Estado de derecho por el terror. Cuando los Gobiernos permiten su uso, nadie está a salvo».

Carlos Sánchez Berzain, director del Interamerican Institute for Democracy, ha señalado que el tema de la tortura está presente en Cuba desde hace más de seis décadas. «Es fruto del terrorismo de Estado, cuyo objetivo es generar miedo a la población».

Así respondió la Fiscalía Militar a denuncias de tortura de Leonardo Romero

Para la Fiscalía Militar cubana los tratos que recibió Leonardo Romero Negrín por parte de las autoridades policiales durante y en días posteriores al 11J no califican como tortura ni como delito.

En un informe de las organizaciones de derechos humanos Justicia 11J y Cubalex también se denuncia que en Cuba «a las desapariciones forzadas le anteceden detenciones arbitrarias. Suelen ir acompañadas de interrogatorios y amenazas que buscan disuadir a las personas de ejercer sus derechos frente al temor de represalias como multas, privación de libertad e incluso el destierro».

En el documento se advierte, además, que estás acciones del Estado cubano «buscan un efecto inhibitorio sobre la participación y crítica política».

¿Qué patrones de tortura y desapariciones forzadas han sido identificados en Cuba? 

La ONG Prisoners Defenders (PD), con sede en Madrid, publicó en mayo de 2023 «La Tortura en Cuba. Lanzamiento del 1er Estudio Integral», que documenta una quincena de «patrones de malos tratos y torturas». 

Para la investigación se recogieron los testimonios de 181 prisioneros políticos y algunos de sus familiares; y se hallaron 15 patrones de tortura que se repiten en un porcentaje elevado de casos, entre ellos: 

• Privación de la atención médica.
• Confinamientos prolongados de castigo en solitario.
• Uso de la temperatura como mecanismo de tortura.
• Agresiones físicas.
• Conducción de forma anormal a localizaciones desconocidas para reos y familiares.
• Desorientación intencionada.
• Privación intencional de líquidos, alimentos y del sueño.
• Privación de comunicación con familias, defensa y allegados.
• Amenazas para ellos, su integridad, su seguridad y la de sus seres queridos.
• Despliegue o exhibición amenazante de armas o elementos de tortura.

«Los resultados son descorazonadores sobre la situación de los detenidos y presos políticos en Cuba y la situación de maltrato degradante, vejatorio y torturador a la que de forma general son sometidos, tanto en las detenciones como en las prisiones», sostiene el informe.

El preso político más torturado —según el estudio de PD— es José Daniel Ferrer García, líder de la Unión Patriótica de Cuba (Unpacu). Amnistía Internacional lo declaró preso de conciencia.

«Cuba tortura vilmente a todos y cada uno de sus presos políticos», aseguró Javier Larrondo, presidente de Prisoners Defenders, en la presentación del informe durante una comparecencia transmitida en redes sociales. 

Angélica Garrido cuenta cómo fue torturada en Cuba

La activista cubana y exprisionera política Angélica Garrido brindó un desgarrador testimonio sobre su encarcelamiento y la tortura que ella y su hermana, María Cristina Garrido, han sufrido en prisiones cubanas.

Las voces de las víctimas

Estos son algunas de las declaraciones recogidas en el citado estudio: 

-«Hipertenso, hipertrofia del ventrículo izquierdo del corazón. Sin atención médica» (Jonathan Torres Farrat).

-«Lo han tenido varias horas esposado con las manos en la espalda. Estando en procesamiento penal, lo esposaron de un pie y una mano por varias horas y lo golpearon varias veces esposado, y en la prisión donde se encuentra actualmente fue esposado y tirado contra unos cables de corriente». (William Manuel Leyva Pupo).

-«Quemaduras por cigarro en los brazos y golpeado por un instructor» (Marcos Antonio Alfonso Breto).

-«De la prisión de Guanajay de máximo rigor lo trasladaron para una en el Cotorro y lo pusieron con los presos comunes un mes y no se sabía dónde estaba porque supuestamente había sido trasladado a La Habana para un hospital, en el cual nunca estuvo» (Julián Manuel Mazola Beltrán).

Según Laritza Diversent, directora del Centro de asesoría legal Cubalex, «la tortura es práctica común en Cuba». La abogada ha denunciado prácticas como «los interrogatorios de más de cuatro horas, a veces utilizando técnicas como la exposición a altas y bajas temperaturas. Golpizas tampoco faltan. Pero las peores técnicas de tortura se están utilizando dentro de la prisión, donde incluso se está empleando la alimentación y la salud, y la falta o la negación de atención médica como forma de castigo». 

Sobre las huelgas de hambre emprendidas por los reos en las cárceles cubanas se advierte que «la represalia inmediata es confinar a la persona en celdas de castigo con aguas residuales y en muchos casos en condiciones paupérrimas, poniendo doblemente en riesgo la salud del preso». Según un registro de Archivo Cuba de 1959 a 2020, en cárceles cubanas han muerto al menos 14 prisioneros políticos en huelga de hambre.

Además, las organizaciones de DD. HH. han advertido sobre el encierro durante horas y al sol dentro de los carros policiales de activistas de derechos humanos y opositores, como otra forma de represión.

La organización Article 19 también ha documentado que «un periodista cubano [independiente] en promedio podría ser agredido hasta cinco veces en un año. En 2020, el promedio aumentó a seis veces y, en 2021, se elevó hasta ocho veces. En el caso de las mujeres, esta situación se agrava».

Por su parte, el Instituto Sobre Raza, Igualdad y Derechos Humanos señala que en la isla, entre enero de 2022 y julio de 2024, se registraron «93 incidentes violatorios de derechos humanos, que incluyeron condiciones de desaparición forzada durante varias horas, días, e incluso por más de una semana».

La organización ha expresado su preocupación por las sistemáticas detenciones forzosas y el uso excesivo de la fuerza ejercida por la Policía, principalmente durante contextos de protestas antigubernamentales o días y eventos señalados por el oficialismo.

Denuncias de torturas en Cuba tras el 11J

Los testimonios de maltrato y torturas de quienes participaron en las protestas del 11J desmienten la versión oficial que los niega y colocan en evidencia el abuso institucional cometido.

¿Qué dice la legislación cubana sobre la tortura? 

La tortura se incluyó como un delito que se castiga con cadena perpetua en el Código Penal cubano tras la ratificación de Cuba de la Convención contra la Tortura y Otros Tratos o Penas Crueles, Inhumanos o Degradantes. 

Eloy Viera Cañive, coordinador de elTOQUE Jurídico, advierte que el Código Penal prevé la pena de muerte para delitos contra el Estado, pero no para funcionarios que torturen a una persona. Eso refleja una lógica: proteger al poder, no a los ciudadanos.

Este informe (2022) presentado en la ONU por una docena de organizaciones cubanas y extranjeras —incluida la Organización Mundial Contra la Tortura— contiene los resultados de una investigación de Cubalex. El objetivo era «identificar, y posteriormente describir, las técnicas de tortura ejercidas por los agentes del Estado cubano contra personas detenidas» durante 2021, tras las protestas a lo largo de casi todo el país. 

«En todos los casos, los victimarios han sido agentes del Estado, militares integrantes de varias dependencias del Ministerio del Interior (Minint), entre ellas el Departamento de la Seguridad del Estado (DSE) y la Policía Nacional Revolucionaria (PNR)», indica el documento. 

Las técnicas de tortura identificadas fueron: «actos de repudio, violencia física y amenazas durante los arrestos, uso de gas pimienta, manos a la espalda con esposas apretadas, exposición a altas temperaturas dentro de las patrullas, abandono en lugares despoblados, exposición a bajas temperaturas durante los interrogatorios, intimidaciones, chantajes y amenazas en los interrogatorios, ofensas por el color de la piel, la apariencia física y orientación sexual, desnudos forzados, negativa de asistencia médica y golpizas en los centros de detenciones».

Por su parte, Javier Larrondo ha señalado que hay un vacío jurídico que le permite al régimen cubano torturar sin límites y, sobre todo, sin necesidad de justificarse. 

Pese a la retórica oficial, la tortura y las desapariciones forzadas en Cuba son prácticas sistemáticas, documentadas y sostenidas por la impunidad.