El 13 de septiembre de 2025, decenas de personas protestaron en Gibara, ciudad de la provincia Holguín, por los cortes eléctricos. Según fuentes locales, un apagón que duró más de 20 horas impulsó a los pobladores a exigir en las calles de la ciudad que las autoridades restablecieran el servicio, a pocos días de la quinta desconexión total del Sistema Electroenergético Nacional (SEN) en menos de un año.
Según el testimonio de un participante, se lanzaron a la calle «en protesta por los apagones», dijo en una transmisión en directo por Facebook. «De Pueblo Nuevo está llegando mucha gente. Es una manifestación hacia el Partido [Comunista] (…), es un mar de gente», agregó.
Los videos compartidos en redes sociales mostraron a grupos de gibareños marchando en la penumbra del apagón, entre cacerolazos y gritos: «¡El pueblo, unido, jamás será vencido!», corearon varios manifestantes. En otro momento de la protesta, captado en un breve video cedido en exclusiva a elTOQUE, exigieron «libertad, libertad».
Una persona manifestante que conversó con elTOQUE bajo condición de anonimato, dijo que la «marcha pacífica» se terminó luego de confrontar a las autoridades y cuando fueron restablecidos los servicios de electricidad y agua. Sin embargo, al día siguiente, agentes del Ministerio del Interior (Minint) comenzaron a detener a varios pobladores acusados de participar en la protesta en la ciudad costera, ubicada en el litoral norte del país.
La fuente señala que al menos siete personas —entre ellas un familiar—, fueron arrestadas y trasladadas al centro de detención de Pedernales, en Holguín. Allí estarían siendo procesadas, según el caso, por los presuntos delitos de desacato, atentado o desórdenes públicos, figuras legales empleadas habitualmente por las autoridades para castigar el disenso en Cuba.
Martí Noticias publicó que entre los arrestados están Suleidi Aballe Claro, Reymundo Galván Claro y Pedro José Sanz García, conocido por «Porrón». El periodista Mario J. Pentón afirmó que el domingo 14 de septiembre fuentes de Gibara le comentaron que el saldo de la protesta había sido «más de una decena de detenidos».
Un cubano residente en Gibara publicó un video de una patrulla policial en el reparto Petrocasas durante una detención. En redes sociales han comenzado a circular fotos de otros pobladores arrestados tras los hechos del sábado pasado.
La persecución policial contrasta con la versión oficial. El canal estatal de televisión, Gibaravisión, publicó en redes: «un grupo de pobladores del Güirito (…) salieron de las viviendas para expresar sus inconformidades desde una postura de respeto y diálogo», ante quienes «acudieron las autoridades a responder las interrogantes e intercambiar al respecto. Todo transcurrió sobre la base de la empatía y el respeto», aseguró el medio estatal.
En declaraciones a elTOQUE ofrecidas tras las protestas en Gibara, el director de estrategias del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), Yaxys Cires, opina que «la situación socioeconómica de Cuba es crítica y que el régimen está asumiendo una posición peligrosa entre el inmovilismo y la represión».
La desaprobación de las autoridades impuestas por el Partido Comunista de Cuba (PCC) es del 92 %, según el VIII Estudio sobre el Estado de los Derechos Sociales en Cuba, del OCDH. Por primera vez desde que la ONG realiza esta investigación anual, los apagones se sitúan como la preocupación número uno de los cubanos (72 %), superando por poco margen a la crisis alimentaria (71 %). También expresaron su malestar por el alto costo de la vida (61 %), los bajos salarios (45 %) y la deficiente salud pública (42 %).
De acuerdo con Cires, en el oficialismo «no existe ni el intento creíble de buscar soluciones a los problemas que agobian a la gente. Es como si se quisiera deliberadamente que la gente sufra».
Aunque desde la dura represión contra el estallido social de julio de 2021, que dejó cientos de presos políticos, las manifestaciones han sido más reducidas en número y extensión geográfica, no han dejado de ocurrir.
Durante 2025, la organización Justicia 11J ha documentado al menos 202 eventos de protesta en Cuba de distinta magnitud, entre manifestaciones callejeras, pintadas de carteles antigubernamentales, cacerolazos y otros tipos de expresiones públicas de descontento y desafío al poder.
En su informe «Otro año sin justicia (2025)», Justicia 11J ha descrito la respuesta de las autoridades como «una política estatal de castigo sistemático que combina violencia física, criminalización judicial y campañas de desprestigio público» contra quienes participan en las manifestaciones.
Luego de aplacada la protesta del sábado en Gibara, la secretaria del PCC en ese municipio, Nayla Marieta Leyva Rodríguez, pidió en su cuenta de Facebook: «Confiemos en la tremenda Revolución que tenemos, que jamás abandona a sus hijos y guapea en la búsqueda de sus soluciones».
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