Filtración inédita expone la política de censura a escritores cubanos y extranjeros

Un amigo y colega escritor —quien conoce la importancia de revelaciones de este tipo y mi interés en estos temas— me facilitó hace unos meses varios memorándums confidenciales filtrados del Instituto Cubano del Libro (ICL). Demoré en escribir y publicar porque quería cruzar fuentes y despejar la incógnita de que se trataba, en efecto, de textos inéditos: mediante búsquedas en archivos digitales, institucionales y públicos. Todo indica que los documentos no son conocidos y lo ameritan. Atañen a la represión en Cuba y a la vida misma de muchos escritores cubanos y extranjeros relevantes, a algunos de los cuales conocí en Cuba.

Se trata de 68 folios que parecen fotografiados de prisa. Luego de eliminar las páginas repetidas quedaron 39. Solo uno estaba ilegible. Reúnen 15 documentos, la mayoría memorándums «confidenciales» del ICL. Fueron emitidos entre mayo y agosto de 1971 y los firmantes son: Rolando Rodríguez (director general), René Roca (director del Grupo III y luego de Comercio Internacional y Distribución), Miguel Rodríguez (director editorial) y Eduardo Neira García (relaciones internacionales).

Además, tres cartas: una de noviembre de 1968 sobre el caso del dramaturgo Antón Arrufat (1935-2023) y las otras dos de 1971: una de Luis García Peraza, director de la Editorial de Ciencias Sociales y otra de Alcibiades Hidalgo, única que se registra como copia del original y que no aparece con sello institucional —solo su nombre completo y la indicación «Relaciones Internacionales»—.

Los documentos ofrecen luces sobre la represión institucionalizada contra los escritores y la cultura en Cuba entre 1968 y 1971. Fueron procesos que dejaron heridas profundas y consecuencias vigentes. De ahí no partió, pero se afirmó la tragedia de los intelectuales cubanos. 

-I-

En los memorándums filtrados del ICL aparecen tres procesos directos y simultáneos a los que el Instituto debía atender: 1) el escándalo por el premio (1968) a Fuera del Juego, del poeta Heberto Padilla (1932-2000) hasta los sucesos de 1971; 2) el castigo al dramaturgo Antón Arrufat; y 3) la proscripción de la escritora cubana emigrada Nivaria Tejera.

El contexto de los años 1968 y 1971 fue particularmente agitado y tóxico, aun cuando hacia finales de los sesenta el mundo intelectual cubano ya tenía víctimas de fusilamientos, encarcelamientos —como el de los poetas Jorge Vals (1933-2015) y Ángel Cuadra (1931-2021)—, persecución, campos de trabajo forzados (UMAP), estatalización de imprentas y cierres de periódicos y de editoriales como El Puente. Coincidieron en esa época la Microfracción, la Ofensiva Revolucionaria, el fracaso de la zafra de los diez millones, los congresos Cultural y de Educación y Cultura, y la ruptura de intelectuales de izquierda del mundo con la Revolución. La política represiva contra la intelectualidad se afirmó durante esos años en la isla.

El caso Padilla fue un volcán político desde 1968, cuando las tensiones y el miedo desde antes de la premiación de su poemario Fuera del Juego ese año dejaron huellas profundas en jurados, autores y en la vida de muchas otras personas y sus familias. Manuel Díaz Martínez (1936-2023), escritor miembro del jurado, lo contó[1] mucho después en la revista Encuentro. El involucramiento directo del PCC en la represión y la amenaza de Raúl Castro de que «iba a haber graves problemas» si le otorgaban el premio a Padilla —«considerado contrarrevolucionario»— fue grotesco y premonitorio. 

De modo similar ocurrió con Antón Arrufat y su obra Los siete contra Tebas, premiada en el mismo concurso de la Uneac. Uno de los documentos filtrados de ese año da cuenta de las maniobras institucionales para vetarlo: se trata de una carta del dramaturgo luso-argentino Adolfo Gutkin —residente en Santiago desde hacía unos años y miembro del jurado que premió a Arrufat— fechada el 16 de noviembre de 1968. La misiva está dirigida a Luis Pavón, director en ese entonces de la revista Verde Olivo del Minfar, donde se publicó una injuriosa crítica del anónimo Leopoldo Ávila contra el jurado que premió a Arrufat. 

En ella se advierten prácticas que siguen vigentes:

1. Gutkin manifiesta que conoce poco al autor y a otros, pero que su decisión habría sido la misma porque en contenido y forma «la obra parte de premisas revolucionarias y demuestra dichas premisas».

2. El autor pregunta: «¿Cómo negar la obra de Virgilio Piñera, o de Lezama Lima, o de tantos otros?… ¿qué nos puede aportar esa absurda negación en el vacío?... El maniqueísmo y la impaciencia pueden llevar a la injusticia; la precipitación puede conducirnos a errores irreparables en el campo cultural que dañarían a la revolución mucho más que la obra más contrarrevolucionaria». 

3. Gutkin expresa comprender el contexto de la «ofensiva revolucionaria en el campo cultural», pero alude que «en el campo de las ideas debemos luchar con ideas». Y al final solicita: «Estas líneas (…) te pido que no las publiques (viajo a la Argentina de vacaciones en estos días y podrían afectarme en mi seguridad personal)». 

Lo ocurrido durante esos meses de 1968 fue el preludio de los graves problemas que sobrevendrían. He ahí el «con la Revolución todo, contra la revolución ningún derecho», dictado por Fidel Castro (1961), y la misma visión de Ernesto Guevara expuesta en 1965.

-II –

La eclosión del caso ocurrió en marzo-abril de 1971, con la detención y luego autoinculpación del poeta Heberto Padilla en la Uneac, al mejor estilo estalinista. Ese hecho provocó la conocida primera carta pública de preocupación firmada por 31 intelectuales de Europa y Latinoamérica, entre ellos Mario Vargas Llosa, Octavio Paz y Jean Paul Sartre.

La respuesta llegó pronto. En el discurso de clausura del Congreso Nacional de Educación y Cultura (abril 30, 1971), Fidel Castro expresó: «Tendrán cabida ahora aquí únicamente los revolucionarios­. Ya saben, señores intelectuales burgueses y libelistas burgueses y agentes de la CIA (…). ¡Cerrada la entrada indefinidamente…!». Ello detonó la segunda carta pública (20 de mayo) —suscrita por 61 intelectuales del mundo—, que fue condenatoria y marcó la ruptura definitiva de disímiles intelectuales con el Gobierno caribeño.

De ese discurso de Castro se derivó la estrategia represiva ejecutada desde el ICL que aparece en los memorándums filtrados. Entre mayo y agosto de 1971 se impartieron indicaciones inmediatas y precisas, y evaluaciones políticas de las diversas instancias del Instituto. 

La estrategia se diseccionó en cuatro áreas: política ante intelectuales (y su obra) «que han asumido una postura de abierta hostilidad hacia la Revolución cubana por el caso Padilla»; circulación nacional; importación y publicaciones. 

Primero, Rolando Rodríguez, director del ICL, listó más de 20 obras de 12 autores extranjeros —algunos de ellos premiados— que habían sido editados en la isla y que eran firmantes de la carta protesta por el encarcelamiento de Heberto Padilla. Entre ellos estaban: Jean-Paul Sartre, Mario Vargas Llosa, Jorge Senprún, Gabriel García Márquez, Carlos Fuentes y Luis Goitizolo. Sobre ellos precisó: «…aunque es nuestro criterio [que] no merecen la circulación en Cuba por la actitud asumida, sí debe ser detenidamente estudiada y en forma urgente la decisión de retirarlos y el método que se debe utilizar para ello, pues son muy probables las filtraciones al respecto y esto puede tener hondas repercusiones por la cantidad y alcance de los títulos señalados».

Entre los escritores nacionales que también fueron señalados estaban: Carlos Franqui (quien había emigrado a Italia), Norberto Fuentes (por su obra Condenados del condado, Colección Premio, 1968) y dos títulos de Eduardo Heras León (La guerra tuvo seis nombres, Premio David 1968, y Los pasos en la hierba, Mención Casa de las Américas 1970).

Se indicó, además, «seguimiento» a otros autores como Heberto Padilla, Antón Arrufat, César López, Belkis Cuza, David Buzzi, Reinaldo Arenas, Luis Rogelio Nogueras, Víctor Casaus y Pablo Armando Fernández, con la especificidad: «[su] actitud ideológica es conocida pero cuyos títulos no consideramos táctico retirarlos, al menos por el momento» [sic]. El vía crucis de la mayoría no tardaría.

El impacto de la política de cancelación fue mucho más allá. Se afectó a escritores nacionales y foráneos ajenos a los sucesos cuando la censura se extendió a libros de colectivos de autores y publicaciones institucionales que tuvieran en sus contenidos alguna referencia a los proscritos. Ocurrió sobre todo con publicaciones de Casa de las Américas, como se muestra en el memorándum del 22 de junio de 1971. Por ejemplo, entre las obras que ordenaron eliminar estuvo 6 Poetas porque aparecía un poema de Guillermo Rodríguez Rivera. También el libro Poemas al Che —1ª edición, ICL, 1969— porque entre los más de 16 autores (Nicolás Guillén y Mario Benedetti entre ellos) estaban los proscritos Goytizolo y Julio Cortázar.  Otros dos Cuadernos CASA fueron recomendados para eliminación por contener uno de ellos un texto «Sobre Julio Cortázar» y el otro por dedicar uno de los escritos a «Valoraciones múltiples sobre Gabriel García Márquez».[2]

La opacidad se hizo norma. Tanto la estrategia como las medidas fueron de «carácter interno». Es decir, los organismos no recibirían «ningún tipo de información». El director del ICL advirtió: «estas medidas deben ser tomadas con la mayor discreción posible para no levantar “polvareda”». A partir de entonces, solamente se autorizaría importar «cantidades discretas» de libros a la dirigencia de 12 instituciones, entre ellas, además del ICL: la COR (Comisión de Orientación Revolucionaria); el Minfar; el Minint (Ministerio del Interior); el Minrex (Ministerio de Relaciones Exteriores) y el CNC (Consejo Nacional de Cultura). 

Algunas instituciones subordinadas hicieron aportes. La editorial de Ciencias Sociales retiró un libro ya aprobado y solicitado por la Universidad de La Habana y el Instituto de Economía, porque en el diario francés Le Monde —según notificó su director el 15 de junio— apareció un artículo del autor, escribieron: «atacando a nuestra Revolución». Se trató de Los marcos socioeconómicos y la organización de la planificación social, del importante economista e historiador marxista francés Charles Bettelheim.

En general, en varios de los documentos se reafirma que en virtud de la «ruptura definitiva con la revolución cubana: no se editará, no se distribuirá, se congelará, se eliminarán de los catálogos, se retirarán de las salas de lectura y de intercambio» a los autores «marcados» y sus obras.  

-III-

En los folios inéditos del ICL también se muestra otra arista de la persecución contra los intelectuales cubanos: la proscripción y represión transnacional hacia los que emigran. Fue el caso de la novelista Nivaria Tejera (1929-2016), cuyos detalles aparecen en memos confidenciales del 4 y 23 de junio de 1971. Primero, cuando extraoficialmente se conoció que una editorial francesa había publicado una obra suya y que en España le sería otorgado el Premio Biblioteca Breve de Novela. Rolando Rodríguez, director general del ICL, lo notificó a Eduardo Neira (relaciones internacionales) y le anexó cuatro hojas de la publicación española en la que apareció la información —que al parecer las había recibido en días anteriores Alcibiades Hidalgo (también de Relaciones Internacionales de ese u otro organismo)—. Es en esa primera comunicación que se indica situar a Carlos Barral como «enemigo de la Revolución, a pesar de que no haya firmado la segunda carta» de los intelectuales en apoyo a Heberto Padilla.

Ofrezco tres apuntes al respecto de la censura a Tejera que, como en el caso de Arrufat, se mantienen vigentes:

1. La califican de «excubana» y aseguran que tiene «nula calidad como escritora». Asocian ambos reconocimientos editoriales a una supuesta «campaña dirigida a través de los seudo intelectuales que fueron cubanos alguna vez».

2. Tejera fue proscrita, como otros que durante esa época habían seguido ese camino y fueron calificados de «excubanos», «traidores», «agentes de la CIA», etcétera. Entre ellos: Guillermo Cabrera Infante, Carlos Franqui, Gastón Vaquero, José Ángel Bueza y Lydia Cabrera.

3. A Carlos Barral, director en la editorial auspiciante del Premio Seix Barral, lo clasificaron de «enemigo de la Revolución» por el lauro otorgado a Tejera y por haber firmado la primera carta pública en apoyo a Padilla. Cuando luego se supo que se negó a firmar la segunda carta, según los documentos del ICL: «en forma muy expresiva y considerando nuestras relaciones comerciales con el mismo», se indicó «mantener una actitud expectante en cuanto a la línea política que sigue la editorial­» [sic]. Esta «rectificación» se constata en la segunda carta referida, del 23 de junio, dirigida por Rolando Rodríguez a los directores del Grupo III (René Roca), editorial (Miguel Rodríguez) y de relaciones internacionales (Eduardo Neira).

-IV-

Las consecuencias de las políticas censoras del ICL fueron nefastas para el desarrollo del pensamiento, la creación y la cultura en general. Con los intelectuales fueron castigados también los cubanos, privados desde entonces del patrimonio nacional e internacional que no interesaba o no convenía al poder. La censura fue definitivamente institucionalizada. Aunque siempre hubo disenso, vinieron décadas de miedo, ausencia de crítica y silencio en un contexto en extremo cerrado. 

Lo vivido durante esos años previos —que abría las puertas al llamado «quinquenio gris»— demostró que incluso los logros iniciales de la Revolución en materia cultural tenían por objetivo una cultura por y para el poder. Un régimen totalitario que necesita especialmente de los intelectuales para legitimarse, pero desconfía de ellos y los desprecia.   

Fueron heridas profundas con consecuencias que permanecen, porque no se trató de una política en el vacío. Convergía con el alineamiento a la URSS, la potencia que en 1968 lideraba una invasión a Checoslovaquia y ya tenía miles de intelectuales represaliados, silenciados o asesinados. 

Con base en documentos secretos de la KGB y la oficina de la Fiscalía de aquel país, La palabra arrestada (2018), de Vitali Shentalinski, muestra apenas la historia de ocho de los mejores escritores rusos represaliados. En Cuba, apenas se han filtrado 15 memorándums confidenciales de una institución de la cultura que ofrecen algunas luces. Muchas palabras arrestadas están por conocerse todavía.

[1] Manuel Díaz Martínez fue periodista, escritor y diplomático. Se marchó de Cuba en 1992. Su testimonio como parte de aquel jurado lo publicó más de 20 años después, ya en Canarias, inicialmente en la revista Encuentro, de la cual fue director. Sobrevivió a aquellos sucesos, pero 21 años después, otra vez como jurado, premió a la escritora María Elena Cruz Varela, y hasta ahí llegó. Terminó en Canarias.

[2] Como trascendió en su momento, García Márquez negó haber autorizado su firma en la primera carta de los intelectuales por el caso Padilla y tuvo una relación especialmente importante con Fidel Castro hasta su muerte; y Cortázar retiró su firma y escribió una disculpa. Se mantuvo siempre ajeno a la verdadera realidad cubana y fiel al Gobierno cubano.

Ponemos a disposición para descargar el PDF que contiene los pliegos filtrados y un índice de los documentos que lo forman.

1. 16 nov 1968. Carta de Adolfo Gutkin a Luis Pavón (7 páginas).

2. 19 may 1971. Memo de Relaciones Internacionales con la lista de firmantes.

3. 21 may 1971. DGICL-2852, retiro urgente de obras.

4. 22 may 1971. Memo de Relaciones Internacionales que amplía la lista.

5. 28 may 1971. DGICL-2900, exclusión de las obras de Heras y Fuentes.

6. 28 may 1971. DGICL-2901, con su relación de autores y los Documentos I–IV.

7. Junio de 1971.

   • DGICL-2926 (2 jun)

   • Respuesta de René Roca (3 jun)

   • DGICL-2941 (4 jun)

   • Carta sobre Bettelheim (15 jun)

   • DGICL-2995 (16 jun)

   • DGICL-3048 (22 jun)

   • DGICL-3061 (25 jun)

8. 17 jul 1971. Nota de Alcibíades Hidalgo sobre Calvert Casey.

9. 2 ago 1971. DGICL-3305 y DGICL-3307.

Documentos filtrados ICL_Cuba.pdf