A continuación presentamos dos textos sobre las diferencias históricas y presentes entre La Habana y el resto de las provincias de Cuba. Los invitamos a leer a Glenda Boza y a Amaury Valdivia. Como siempre, la sección de comentarios queda disponible para el debate.

La Habana es Cuba, lo demás… ¿qué es?

Por: Glenda Boza

Mireya –llamemos así a esta guantanamera que prefirió el anonimato– es enfermera y llegó a La Habana en 2013. “Vine con un grupo de colegas porque si trabajábamos un año en el Hospital Hermanos Ameijeiras nos daban derecho a una misión”.

Estuvo un año “albergada” en la capital y luego se casó con un trabajador del hospital. Cumplió tres años de misión en Venezuela. Regresó y aún vive en La Habana, aunque ya no trabaja en el Ameijeiras. A Guantánamo solo regresa de visita.

“Cuando uno se acostumbra a la vida aquí (en La Habana) ya no puedes regresar a Oriente, lo ves con otros ojos, te cambia la mentalidad”, confiesa. “Además, todo el mundo sabe que las mejores misiones —ya sea de salud, de la construcción, el deporte o la educación— las cogen los habaneros. ‘Ellos están en la mata’, como dice la gente”.

El fatalismo geográfico es real, innegable. “En La Habana la gente se entera de las cosas más rápido y es muy raro que ‘le den la luz’ a los de provincia”, reflexiona Ana Lorena Trejo, ingeniera industrial.

Ana Lorena llegó de Ciego de Ávila en 2017 y vive alquilada en un apartamento de La Lisa. “En cuanto llegué, conseguí trabajo en Recursos Humanos de una empresa. Luego me fui a un paladar, porque vivir en La Habana tiene sus ventajas, pero también sus costos”.

No se arrepiente por haber dejado las comodidades de su casa en Ciego y ahora vivir alquilada. “Hay muchas opciones mejores profesionales y culturales. La vida es distinta. La gente de La Habana para todo tiene prioridad”.

Ronny Almaguer, arquitecto de Las Tunas —y viviendo alquilado— cree que la experiencia de mudarse a la capital ha valido la pena. “Pero en lo económico no da la cuenta, a no ser que vivas sin muchas pretensiones de ahorrar”, dice. “Es cierto que económicamente uno tiene más ingresos, pero el dinero se va como mismo entra”.

Según las investigaciones de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información (ONEI), las principales razones para migrar a La Habana son de naturaleza económica y profesional.

Así le sucedió a José Hernández Ronda, ingeniero en Ciencias Informáticas, quien tras conocer que existía trabajo para él en el Complejo de Investigaciones Tecnológicas Integradas no dudó un instante en permanecer en la capital. “Mis razones para quedarme fueron puramente profesionales. Sabía que en mi tierra natal no había mucho campo para mi especialidad y podía terminar trabajando en cualquier lugar donde no ejerciera mi profesión en toda su extensión”.

“Cuando comencé en la UCI me imaginaba viviendo con mis padres, rodeado de amigos de la escuela, pero al pasar de los años esa realidad cambió y surgieron nuevos intereses”.

No todas las historias son de éxito. Ledis Pardo también trató de encontrar mejores posibilidades en La Habana pero fue en vano. “Un amigo me ofreció gratis su casa. Él hace años vive fuera del país y necesitaba alguien de confianza que se la cuidara”, rememora.

Con esa posibilidad a su favor inició los trámites de traslado para ella y su hijo de cinco años, mas “como no tenía dirección de aquí, enseguida aparecieron las trabas”. El municipio de Centro Habana, a donde quería mudarse, es una de las llamadas “zonas congeladas” por el Decreto 217 de 1997 de Regulaciones Migratorias Internas para la Ciudad de La Habana. “El cambio de dirección dependía de que tuviera una casa a mi nombre, pero como no tenía forma de cumplir ese requisito fue poco lo que pude hacer”.

“Si hubiera estado sola tal vez me hubiera arriesgado, pero con un niño hay que garantizar la escuela, la leche, los mandados… y sin dirección en La Habana, nada de eso es posible. Eran tantos obstáculos que al final desistí”.

Desde el “campo”

Siempre que viaja a La Habana, Miguel Ernesto Ravelo aprovecha para comprar cosas que en su natal Cienfuegos normalmente resulta difícil hallar.

Se siente privilegiado por el hecho de conducir un taxi y viajar regularmente a la capital. “En el Vedado me he llegado a encontrar la papa por la libre, en sacos. Una vez pregunté y resultó que la habían llevado desde Horquita, a menos de 30 kilómetros de mi casa, ¡y ahí estaba yo comprándola, a 200 y pico de kilómetros de distancia! Cuando en La Habana escasea algo es porque en el resto del país no se encuentra ni debajo de las piedras”.

La política de privilegios alcanza hasta el ámbito deportivo. Movido por su afición beisbolera Miguel Ernesto recuerda cómo al principio de la actual Serie los principales dirigentes de la Comisión Nacional e incluso comentaristas de medios como Tele Rebelde, defendieron el ‘derecho’ que asistía a La Habana para organizar el Juego de Las Estrellas, debido a la celebración de su aniversario 500. “Ahí sí se ‘tostaron’. Menos mal que al final no se cometió semejante injusticia. Ya bastante tenemos los ‘del campo’ con el tratamiento de privilegio que siempre han tenido los ‘azules’”.

Orlando Pérez Buchillón perdió su casa en el poblado avileño de Punta Alegre durante el paso del ciclón Irma en septiembre de 2017. En los días siguientes al huracán, sentía rabia cada vez que veía las noticias en la televisión. “En La Habana, donde las afectaciones fueron mucho menores, ya están entregando colchones, donaciones, materiales de construcción y aquí, ni una puntilla”, repetía con desespero.

Su vecindad con el mar volvió particularmente vulnerable a Punta Alegre ante el azote de Irma. Cuando las lluvias y el viento amainaron, casi la mitad de las viviendas de la comunidad (de unos 3 200 habitantes según el Censo de 2012) debieron ser registradas con diversos grados de afectación, una buena parte como derrumbes totales. Sin embargo, a nivel de país el programa de recuperación no siguió una lógica basada en los grados de deterioro, sino en la ubicación geográfica o la importancia económica de los afectados.

Orlando recuerda el movimiento de recursos para reparar los hoteles de Cayo Coco, las imágenes de la entrega de ayuda a los capitalinos…

“Yo lo vi. En La Habana la gente compraba sus colchones y a mitad de precio le facilitaban aceite, ollas, aseo personal y hasta transportes para mover todo”.

Un año y cuatro meses después, el tornado del 27 de enero pasado afectó unas 7 mil 800 viviendas en la capital, de ellas 730 con derrumbes totales. Un amplio movimiento de ayuda internacional y la atención privilegiada del gobierno ha permitido que en pocos meses buena parte de los damnificados estrene casas nuevas.

En el municipio de Chambas, al que pertenece Punta Alegre, las viviendas afectadas por Irma sumaron 7 mil 280, mil 561 de las cuales se contabilizaron como derrumbes totales. Dos años después de aquel huracán, Orlando todavía mira los reportes de la televisión con rabia. Él sigue “agregado” en la casa de su hija. No ha podido recuperar su hogar. Quizás, si viviera en La Habana…

En fecha tan temprana como 1966 Fidel Castro alertaba que “si nosotros no nos ocupamos de desarrollar el interior del país, si no llevamos a cabo una política de crear condiciones que hagan agradable la vida en el interior del país, el fenómeno de querer mudarse para La Habana seguirá manteniéndose y el problema de la capital será cada vez peor”.

A medio siglo de aquella reflexión nadie con poder decisorio parece recordar sus palabras.

Cubanos en el malecón de La Habana. Foto: Jorge Beltrán.

Pensar como capital

Por: Amaury Valdivia

Cuando en julio pasado una ola de apagones se extendió por el país, en La Habana las interrupciones del servicio fueron mucho menos numerosas y de menor duración; incluso amplias zonas de la capital no llegaron a experimentarlas. Mientras, en el resto de la Isla los cortes superaban las diez horas diarias, sin que las autoridades o la prensa estatal se dieran por aludidas.

Solo cuando el problema alcanzó la metrópoli —a más de una semana de sus primeras manifestaciones en provincia— el gobierno consideró oportuno ensayar un intento de explicación. La tarea recayó en el ministro de Energía y Minas, quien en una entrevista con la televisión nacional se empeñó en demostrar a sus compatriotas que “no sabían qué cosa era un apagón”.

Tal expresión no pertenece al autor de estas líneas, sino a uno de los innumerables camagüeyanos que al día siguiente convirtió en blanco de sus burlas a aquel funcionario que —sin el menor reparo— les había espetado que no llevaban una semana viviendo a fuerza de “alumbrones”. A juzgar por sus palabras, la situación de contingencia energética se había originado solo unas horas antes de su primera comparecencia ante las cámaras.

Inmune a las críticas, cuarenta y ocho horas después el ministro volvió a la carga asegurando que el “promedio de duración de las afectaciones” rondaba ya las “tres horas con tres minutos”. Poco importaba que a través de las redes sociales, desde los más diversos puntos ‘no capitalinos’ de la geografía nacional, continuaran reportándose cortes de electricidad que pasaban por mucho esa estimación.

Apagones en Cuba: El gobierno calla, los ciudadanos hablan

Los “más iguales”

En Rebelión en la granja, su obra más conocida si se descuenta la mediática 1984, el novelista británico George Orwell construyó la metáfora de una revolución que se destruía a sí misma tras renunciar a principios que en algún momento consideró fundamentales.

Entre todos, ninguno superaba al de la igualdad entre los animales. Por eso, los cerdos decidían modificarlo en su provecho reescribiendo la norma para aclarar que, aunque todos los animales fueran iguales, algunos debían ser considerados “más iguales que otros”.

Salvando las distancias, la misma premisa condiciona las relaciones interregionales en la Isla. Si bien el discurso oficial y la tradición coinciden en la creencia de que “todos los cubanos somos iguales”, en realidad no es así.

Al respecto, solo un dato obtenido a partir  de la Oficina Nacional de Estadísticas e Información: entre 2000 y 2018 el Estado cubano destinó a cada habitante de la provincia de La Habana (hasta enero de 2011, Ciudad de La Habana) un monto de inversiones cinco veces superior al de cualquiera de sus compatriotas del interior. Poco más de dos millones cien mil capitalinos se beneficiaron en ese período con 46 mil 800 millones de pesos para obras de infraestructura, viviendas e instalaciones económicas (56,7 % del presupuesto nacional empleado en tales fines). Mientras, los nueve millones de cubanos restantes debían arreglárselas con 35 mil 800 millones de pesos (43,3 por ciento de los ejercicios fiscales que con religiosa unanimidad aprueba la Asamblea Nacional).

No hace falta un doctorado en Economía para deducir que al cierre de 2019 ese desbalance se habrá hecho mayor por cuenta de los preparativos para el medio milenio de la otrora villa de San Cristóbal.

La tendencia rebasa las últimas dos décadas. Sus primeras expresiones se remontan a la etapa colonial, pero fue durante la República que perfiló rasgos distintivos, con la concentración en la metrópoli de la práctica totalidad de las grandes fortunas y empresas domésticas, y el crecimiento de una planta urbana sin comparación dentro de sus fronteras.

A poco de hacerse con el poder, la Revolución intentó cambiar ese orden de cosas, fomentando nuevas ciudades industriales e iniciando un largo período de reformas de la división político-administrativa. Pero por su propia esencia los regímenes socialistas requieren de políticas marcadamente centralizadoras, y no pasó mucho tiempo antes de que fuera importado desde la Europa del Este el modelo de dirección ramal del Estado todavía vigente, el cual privilegia las relaciones verticales entre los ministerios y sus dependencias, en detrimento de las facultades que debieran ejercer los órganos de poder público de las provincias y municipios. La ortodoxia del “socialismo real” también recomendaba otorgar un estatus especial a las capitales respectivas, convirtiéndolas en una suerte de vitrina para los logros del sistema.

Fue una premisa que Fidel Castro y sus colaboradores cumplieron al pie de la letra, concentrando en la metrópoli buena parte de su atención, y partidas presupuestarias muy superiores a las que en teoría debían corresponderle. En marzo de 1968, el entonces Primer Ministro reconocía que “…con una población del 27 % del país la provincia de La Habana absorbe un 38 % de los salarios, un 35 % del comercio interior y un 49 % de los servicios comercializados”.

El tiempo ha contribuido a ahondar los desequilibrios, dando por resultado un país que funciona a diferentes velocidades.

Pongamos por ejemplo el transporte urbano. El capítulo más reciente de su historia se inició en 2007, cuando Cuba importó alrededor de 950 ómnibus nuevos, fundamentalmente de las marcas Yutong y Liaz. La información oficial declaró que formaban parte de un programa limitado a las ciudades de La Habana y Santiago de Cuba, pero que en algún momento llegaría a tener alcance nacional. Del grupo, solo un par de docenas de vehículos fue remitido a la urbe oriental.

A la vuelta de 12 años se sabe cuán alejada de aquellas promesas marchó la realidad. En definitiva, las cabeceras de otras provincias nunca recibieron los equipos anunciados y todas las compras del último decenio se concentraron en atender las necesidades habaneras. El último arribo de ómnibus, reportado a comienzos de 2019, incluyó 40 convencionales, 50 articulados y 400 microbuses. Una decena de los primeros fue separada del lote, nuevamente para uso de los santiagueros.

Tal vez algún lector entusiasta pudiera observar que desde 2013 la fábrica Evelio Prieto, en Artemisa, produce ómnibus Diana, y que la mayoría han sido enviados a las provincias. Hasta cierto punto tendría la razón. El problema surge cuando se repasa la “letra pequeña” del asunto; entonces se descubre que ni en número (la producción total ronda los 1 700) ni en capacidad de pasajeros, los Diana pueden competir con los medios asignados a la capital.

Animados por un singular concepto de racionalidad, a los Órganos de la Administración Central del Estado tampoco les ha temblado la mano para ubicar en La Habana 522 de los 926 cajeros automáticos que funcionan en el país, o beneficiar a los conductores capitalinos con el 32 % de todo el combustible que se consume en la Isla.

Ni siquiera la canasta normada es la misma. Al margen de las calidades, basten solo las cuotas correspondientes a dos productos. Cada mes el capitalino promedio tiene derecho a recibir 15 huevos; los provincianos, diez u once, en dependencia de que su territorio haya logrado cumplir con las inviolables entregas al balance nacional.

Un problema estructural

No existe en Cuba una corriente académica que aborde los efectos de la marcada centralización establecida por nuestro Estado. Pareciera que el modelo unitario es el único aplicable al contexto nacional, con independencia de la orientación política o las circunstancias de cada momento histórico.

No siempre fue así. En su génesis, durante la asamblea constituyente de Guáimaro, la República adoptó una estructura diametralmente opuesta a la actual, sobre la base de una administración federal que estaría integrada por cuatro estados (Oriente, Camagüey, Las Villas y Occidente) con amplias facultades de autogobierno.

Concluida la Guerra de los Diez Años, José Martí dedicó sus mejores esfuerzos a descalificar esos argumentos, atribuyéndolos a “recuerdos más literarios que naturales, e históricos que útiles, de la Constitución extraña y diversa de los Estados Unidos”, según expresa el texto 10 de Abril. Su defensa del unitarismo ejercería una influencia decisiva sobre los constituyentistas de la Guerra Necesaria y los que en 1901 trazaron el esquema de la República burguesa.

Sin embargo, el germen del federalismo continuó larvado en una parte de la sociedad. Principiando el siglo XX se haría manifiesto en agrupaciones políticas como el Partido Republicano Federal de Las Villas (liderado por el futuro presidente José Miguel Gómez) y el establecimiento de un congreso bicameral (en el que el Senado debía garantizar una suerte de equilibrio entre las seis provincias de la época).

El tema no abandonó la agenda pública siquiera en los tiempos de la lucha contra la tiranía batistiana. La noche del primero de enero de 1959, a poco de anunciar el triunfo de la Revolución, Fidel Castro se apresuró a salirle al paso cuando desde la concurrencia que colmaba el Parque Céspedes le reclamaron un “Oriente federal”. “¡No!, ¡no!, la República unida siempre y por encima de todas las cosas”, respondería con vehemencia el líder guerrillero antes de prometer “justicia” para su extensa provincia natal.

Los peligros de un estado centralista habían sido señalados en 1869 por la delegación constituyente del Camagüey, recelosa ante la posibilidad de que el poder de España fuera sustituido por uno en el que las regiones más pobladas o la ciudad capital reservaran para sí privilegios vedados al resto del país. Vista la historia nacional, no parece que anduvieran desencaminados.

Prohibir como respuesta

La migración es una de las consecuencias inevitables de las asimetrías en el desarrollo. Cualquier cubano lo sabe. Desde enero de 2013 decenas de miles se han asentado en otras naciones, casi siempre en busca de mejores condiciones económicas.

Al interior del país tiene lugar un proceso incluso mayor, virtualmente ignorado por las autoridades y otros actores sociales pese a su magnitud (en una reunión reciente del Consejo de Ministros se informó que 75 de los 168 municipios pierden habitantes).

Los “ilegales” no existen para los Registros de Población. La norma establece que los recién nacidos deben ser inscritos en el lugar donde estén sus madres, sin importar el tiempo que estas lleven residiendo en otros sitios. Tal es la condición de buena parte de quienes viven en las barriadas informales en las afueras de La Habana.

Desde 1997, con la entrada en vigor del Decreto 217, su singular condición jurídica los pone en una condición equívoca: pese a ser cubanos pueden verse detenidos y deportados hacia sus provincias “de origen”. La misma amenaza pende sobre aquellos que lleguen desde otros territorios e intenten asentarse dentro del perímetro metropolitano de manera irregular.

Se trata de una práctica conocida, ejecutada al amparo del temor, la indiferencia o la aceptación tácita del resto de la ciudadanía. Además, desde abril pasado, el ‘217’ tiene a su favor el aval que le ofrece la carta magna, recuerda el doctor en Ciencias Jurídicas Julio Antonio Fernández Estrada.

“Nunca fue declarada la inconstitucionalidad de este Decreto pero al menos teníamos la Constitución para defender a personas, sobre todo orientales (…). La nueva Constitución ampara esta discriminación porque, aunque regula el derecho a moverse dentro del país, pone excepciones al derecho, según disponga la ley, que en este caso no es más que el Decreto 217”.

Como La Habana sigue siendo la capital de todos los cubanos, parece justo cualquier sacrificio en su nombre.

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