La Conferencia Episcopal de Cuba (COCC) —con la ausencia de Dionisio García Ibáñez, arzobispo de Santiago de Cuba— sostuvo un encuentro con el presidente cubano Miguel Díaz-Canel el 27 de abril de 2023. 

Participaron por la parte gubernamental Manuel Marrero Cruz, primer ministro; Alejandro Gil Fernández, vice primer ministro y titular de Economía; Rogelio Polanco Fuentes, miembro del secretariado del Comité Central del Partido y jefe de su Departamento Ideológico; Caridad Diego Bello, jefa de la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Comité Central del Partido Comunista.

Los obispos cubanos habían solicitado el encuentro desde hacía más de dos años, lo cual deconstruye el mito de la voluntad política de las autoridades cubanas para reunirse con instituciones fraternales después del estallido social del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). Como los hechos apuntan, tras el 11J la Administración de La Habana solamente sostuvo encuentros con organizaciones religiosas como el Consejo de Iglesias de Cuba, que en numerosas ocasiones ha servido de fachada para disimular la ausencia de libertad religiosa en el archipiélago.

A diferencia de otras instituciones con presencia legal en el país, la Iglesia católica ha sido a lo largo de los años un espacio de críticas hacia el régimen totalitario cubano. ¿A qué se debe entonces el encuentro con el episcopado en abril de 2023?

La incómoda Iglesia católica

La relación gubernamental con la Iglesia católica ha sido oscilante. Después de un largo ciclo de confrontación con el Estado castrista, se experimentó un proceso de entendimiento y distención a partir de 1998 con la visita de Juan Pablo II. Luego, entre 2008 y 2015, se pasó a una época de mayor acercamiento, durante la conclusión del episcopado del cardenal Jaime Ortega. En los últimos años, ante el estancamiento de las reformas de la década 2010-2019 y los procederes represivos del Gobierno de Díaz-Canel, la situación se ha vuelto tensa, en especial debido a las críticas sociopolíticas provenientes de la vida religiosa, un sector del clero secular y la feligresía. 

La expulsión del jesuita

El padre David Pantaleón Rosario, superior regional de los jesuitas en Cuba, fue expulsado del país. El hecho no es aislado, sino el resultado de un largo proceso de monitoreo gubernamental sobre la orden debido a su acompañamiento a la sociedad civil y a la ciudadanía.

Tras las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021, la Conferencia Cubana de Religiosos (Concur) desplegó un grupo de acciones destinadas a acompañar a los presos políticos y a sus familiares. El suceso condicionó la expulsión del país del jesuita David Pantaleón Rosario, presidente de la Concur. A su vez, un núcleo de sacerdotes concentrados principalmente en las Arquidiócesis de La Habana y Camagüey han acompañado los principales sucesos cívicos del país mediante homilías críticas, cartas públicas o apoyo a los sujetos reprimidos. Las acciones han derivado en medidas represivas contra los clérigos, que van desde actos de acoso político, difamación e interrogatorios dirigidos por la Seguridad del Estado y la Oficina de Atención a los Asuntos Religiosos del Partido Comunista.

La postura eclesial se complementa con la labor de escucha y acompañamiento que realiza el cardenal Juan García, quien ha conversado con los familiares de los presos de conciencia y ha mediado para la liberación de varios activistas. A su vez, el arzobispo Dionisio García Ibáñez ha sido la voz episcopal más desafiante para el Partido Comunista. En reiteradas ocasiones, frente a la imagen de la Virgen de la Caridad del Cobre y mediante el uso de un lenguaje religioso, el prelado ha pedido cambios democratizadores en el país y la libertad de los manifestantes del 11J.

Se suman, además, las cartas públicas del episcopado en las que se ha señalado la situación de la isla, así como la participación de numerosos laicos (jóvenes en particular) en las protestas sociales que han atravesado el archipiélago. En las misivas han sido criticados desde el uso de la violencia contra la ciudadanía hasta la irregularidad de los procesos judiciales contra los presos políticos del 11J. En un tono más moderado —lo cual ha generado descontento y numerosas críticas entre el laicado comprometido en la cuestión social—, los obispos han expresado también su preocupación por la situación que vive la nación. 

Si se combinan los elementos anteriores con el sentimiento antirreligioso que existe en la mentalidad de importantes miembros del Partido Comunista y varios grupos castrenses, la institución católica presente en Cuba emerge como una de las últimas opciones negociadoras para el Gobierno.

El viaje del cardenal Stella

Una meta del viaje del cardenal Stella tiene carácter humanitario y se basa en la liberación de los presos políticos del 11J. Al salir de la Universidad de La Habana, el prelado dijo a la prensa: «es importante que los jóvenes que en un momento manifestaron su pensamiento de la forma que conocemos puedan volver a sus casas».

Pero la situación se torna cada día más difícil para el régimen del Partido-Estado. La crisis estructural del modelo se extiende a las esferas de la vida cotidiana y una nueva crisis de combustible ha paralizado el país. Las proyecciones de un segundo deshielo con la Administración Biden, por otra parte, no han ocurrido según lo que previó el Palacio de la Revolución, debido a la cercanía de un año electoral en Estados Unidos; al recrudecimiento autocrático del Estado cubano; a las presiones de la sociedad civil sobre el terreno y en Florida; a la situación de los presos políticos; a la crisis migratoria; y a los coqueteos con la Rusia de Putin. 

Ante la situación del país, el Gobierno de Miguel Díaz-Canel —bajo la tutela de Raúl Castro— busca una posible mediación con la Iglesia católica. El Comité Central conoce la efectividad diplomática vaticana y el peso mediador del papa Francisco ante el católico Joe Biden. La Santa Sede ha jugado sus mejores cartas: las visitas a La Habana del cardenal Seán Patrick O'Malley (hombre de confianza del papa) y del antiguo nuncio Beniamino Stella. Pero lo que obvia muchas veces el Partido Comunista es el principio de subsidiariedad de la Iglesia católica; o sea, que toda negociación se tiene que consultar con la Conferencia Episcopal Local. 

Si bien las partes no han develado de forma íntegra lo que se habló en el encuentro, la información aportada permite definir tres de los ejes temáticos abordados: la situación de los presos políticos, la crisis económica que vive el país y la necesidad de cambios sociopolíticos. Según fuentes eclesiales, el encuentro fue tenso, pues los obispos conocedores de la difícil realidad nacional pusieron sobre la mesa asuntos que al Palacio de la Revolución no le gusta escuchar. 

La asfixia que vive el poder castrista se torna tan grave que los obliga a sentarse de nuevo con la jerarquía católica, con una sutil diferencia de la época Ortega, pues el encuentro fue con el pleno de la Conferencia Episcopal. Aunque la actual generación católica no posee la capacidad de incidencia social que tenía el episcopado de los años noventa del pasado siglo, sí está informada de la realidad insular en profundidad. 

El alivio y la justicia

La excarcelación y deportación hacia Estados Unidos de 222 presos políticos nicaragüenses puede ser una señal para los cubanos que luchan por la liberación de los presos políticos en la isla.

El padre Ariel Suárez, secretario adjunto de la COCC, declaró a la agencia Reuters: «La Iglesia agradece la posibilidad del encuentro y sobre todo agradece que se haya dejado abierta la puerta para posteriores encuentros. Esa voluntad existe y fue expresada por ambas partes». 

Las declaraciones de Suárez pueden indicar que se está frente a un posible escenario de mediación política a través de la Conferencia Episcopal, similar a los ocurridos en Nicaragua y Venezuela. Ojalá se trate de un intento de democratización y no de una estrategia para ganar tiempo en el terreno político, como ha sucedido también en estos países.

La situación del país se torna cada día más grave, la crisis se extiende y agudiza. El Partido Comunista sabe que el descontento puede desembocar en un escenario de protestas similar al vivido en julio de 2021 y el verano de 2022, inclusive de mayor intensidad. Conocen, además, que su imagen internacional cada vez está más deteriorada por el uso de la violencia de Estado y la situación de los 1 066 presos políticos.

El régimen sabe que ceder ante la sociedad civil conllevaría a un proceso democratizador irreversible. En la búsqueda por conservar el poder se ha vuelto a acercar a la Iglesia católica, un actor que fue clave para la liberación de los presos de la Primavera Negra y para el acercamiento diplomático con Estados Unidos. Sería necesario que, si la jerarquía católica facilita algún tipo de negociación política, no actúe de modo autorreferencial ni excluya a la sociedad civil y a su laicado. En esta ocasión, la ciudadanía no está dispuesta a ser un mero espectador.