eltoque_logo

Autores

Frank Ajete Pidorich

Frank Ajete Pidorich

Me digo habanero, pero nací en Kremenchug. Me dicen abogado, pero nunca lo he sido. Le voy al borussia aunque no sigo el fútbol. Me gustan los buenos libros y las malas películas, pero si me conminasen a señalar algo para lo cual no tenga dobleces ni asteriscos, me creo justo y actúo en consecuencia.

Existen dos grandes sistemas de procedimiento penal que resultan antagónicos: el inquisitorial y el acusatorio. El siguiente texto ahonda en las características de ambos y en su relación con la legislación cubana.
Tania Bruguera fue acusada de instigación a delinquir. La artivista cubana se ha convertido en una amenaza al statu quo del Estado cubano.
Análisis de la independencia judicial en la Ley 82 «De los Tribunales Populares» y en la nueva propuesta legislativa «Ley de los Tribunales de Justicia» que es parte de la reforma penal en Cuba.
La posible imputación de Hamlet Lavastida por la comisión de un delito de propaganda enemiga —o de cualquier otro contra la seguridad del Estado— es un mal truco para convertirlo en un preso común.
¿Qué es «la fórmula» y cómo se utiliza? ¿Qué modificación le espera dentro de la reforma penal cubana? En el siguiente texto te presentamos un análisis al respecto.
La libertad de expresión no es un derecho que concede el poder estatal, sino un ejercicio básico para entender ese poder como un acuerdo de voluntades. No puede limitarse su acción a aplaudir el statu quo. No existe democracia sin plena libertad de opinión pública.
El proceso penal cubano pertenece al sistema de derecho romano-germano-francés y se caracteriza, en esencia, por la importancia de la ley como fuente primera del derecho.
La propuesta de Ley de Procedimiento Penal refiere que el nuevo Código Penal modificará lo relativo al estado peligroso, ya que contraviene el principio de lesividad social que habrá de sustituir como fundamento penológico al de peligrosidad.
La Seguridad del Estado cubana le ha comunicado a Carolina Barrero, historiadora del arte y miembro del 27N, la posibilidad de encausarla por un presunto delito de clandestinidad de impresos que está regulado en el artículo 210 del Código Penal. Dicho artículo es de clara censura por motivos ideológicos.