Gabriela Fernández, la conductora acompañante de Con Filo, comienza a cursar una maestría en Derechos Humanos en México. No es la primera de un grupo de jóvenes fieles al «proyecto revolucionario» —por decirlo con palabras cercanas a como ellos mismos describirían su fidelidad al régimen totalitario cubano— que han encontrado en la Maestría en Derechos Humanos de la Universidad de San Luis de Potosí un espacio de formación y crecimiento académico. Pero el caso de Gabriela no es similar al de otros jóvenes cuya pasión revolucionaria los moviliza constantemente a la defensa del régimen de La Habana.
No lo es porque Gabriela ha fungido durante varios años como conductora de un programa de la televisión nacional cubana destinado a criminalizar vía desinformación, información descontextualizada, argumentos ideologizados que minimizan la importancia de los derechos para la defensa ante los abusos del poder e, incluso, información abiertamente falsa.
Lo que Con Filo llama, en un amago de ligereza y atractivo del mensaje, «rasgar la costura de la manipulación mediática» es, con toda propiedad, manipulación mediática. Tal manipulación mediática comienza desde el momento en el que presentan a los disidentes y opositores —en la televisión pública de un país donde no hay medios de comunicación privados o públicos no vinculados al Estado— como terroristas y mercenarios; y en el que los delitos que se aplican por hacer uso del derecho a la libertad de expresión se tipifican como «atentado contra el orden institucional», «otros actos contra la seguridad del Estado», «desacato» o «propaganda enemiga».
Con Filo cumple, dentro del sistema represivo cubano, un rol fundamental: el de servir de vocero a la criminalización de disidentes y opositores. Su propio nacimiento, a un mes exacto de las protestas del 11 de julio de 2021 (11J), lleva la impronta de un aparato mediático movilizado para contener los efectos de la protesta social. Tal criminalización abre la puerta, de conjunto con la judicialización, a la imposición de procesos penales con causas que no necesariamente constituyen delitos. Cuando no puede completarse por procesos penales, la criminalización cumple el rol de desacreditar, desprestigiar y atacar la reputación de personas cuya acción y posición política constituyen un problema para el régimen. El entramado que requiere de una legislación favorable al poder —que castiga cualquier intento de cuestionarlo o confrontarlo— a la vez que de su uso arbitrario —que garantiza la imposibilidad de escapar del castigo— tiene en Con Filo un complemento fundamental.
Servir a tal rol convierte a los presentadores del programa en voceros directos del régimen. No son quienes torturan en la cárcel, vigilan a los disidentes o interrogan en las citaciones policiales, pero son protagónicos en la creación de condiciones para que esas otras cosas sucedan. Lo que hacen los presentadores del programa no es, por tanto, usar la libertad de expresión para compartir sus posiciones políticas y sus opiniones porque Con Filo no es un espacio neutral, público ni ajeno a los imperativos del Estado cubano; todo lo contrario: es parte funcional de su maquinaria represiva. Una maquinaria que, vale la pena recordarlo, no funciona como si fuera un epifenómeno, sino que es el sostén estructural de un régimen que carece ya de legitimidad reconocida por la sociedad sobre la que gobierna.
Todo eso sería muy obvio si el caso en discusión no fuera Cuba, pero siéndolo, la respuesta suele obviar y olvidar deliberadamente que cuando los sujetos sociales son parte de la estructura represiva sus acciones no pueden ser leídas como «libertad de expresión». En primer lugar, porque la expresión en un programa como Con Filo no es libre: lo que se expresa está deliberadamente diseñado con objetivos precisos que sirven al Estado.
La persona en cuestión puede estar de acuerdo con lo que se está diciendo o estar de acuerdo con que —en el ánimo de que «el fin justifica los medios»— es correcto desacreditar y criminalizar a quienes considera una amenaza para el régimen que defiende; pero hacerlo en televisión nacional como parte de una estructura diseñada para criminalizar y de ser posible encarcelar o exiliar a esas personas vuelve irrelevante (o al menos subordinada) su posición. Lo sería incluso si se tratara de alguien cuya posición política es prorrégimen y goza de la confianza del Estado para conducir un programa como Con Filo —o como Hacemos Cuba o Razones de Cuba— porque sus mensajes serán resonantes con los del Estado y, por tanto, el resultado es igual.
En segundo lugar, no es libertad de expresión porque el entorno natural (hasta donde puede ser natural hoy en día) de la libertad de expresión es el espacio público; se ejerce libremente en la medida en que ese espacio público es libre o existe. Un programa de la televisión estatal cubana que no admite el derecho a réplica, que es supervisado por agentes del Partido Comunista, y que se ve a sí mismo (y lo es) como un brazo ideológico del Estado no es parte del espacio público.
La vocería, o roles similares (por ejemplo, comunicadores que no responden directamente al Estado, pero acompañan sus políticas al legitimar la violencia o las violaciones de derechos humanos), que han jugado un papel en la perpetración de crímenes han sido considerados en muchas ocasiones materia penal en los procesos de justicia transicional, con resultados disímiles. Por supuesto, mientras más graves son los crímenes que han acompañado esos voceros, mayor la responsabilidad penal. Y claro está, no es igual formar parte del entramado que habilita violaciones de derechos humanos que ser los violadores directamente; pero el hecho de que tal rol sea considerado materia legítima en los procesos de justicia y memoria que suelen seguir al fin de las dictaduras es consistente como para no confundir la libertad de expresión con el servicio en el aparato de propaganda de un régimen dictatorial.
Por citar un caso bastante conocido de los países del bloque del Este, Teodor Brateș —redactor jefe adjunto de la redacción de informativos «Actualități» (Actualidades) de la Televisión Rumana— fue formalmente investigado en 2018 por su rol durante la Revolución rumana de 1989, y descrito como «el principal factor de diseminación de noticias falsas, de carácter diversionista». No fue condenado. En Argentina, varios medios de comunicación colaboraron con el régimen dictatorial, difundieron propaganda oficial o legitimaron el terrorismo de Estado. Aunque no hubo juicios a sus representantes, la discusión que acompañó los procesos de memoria y justicia abrió una reflexión de relevancia regional sobre la relación entre prensa y aparato estatal.
El caso más parecido a Con Filo en la región es el programa venezolano Con el mazo dando. La Misión de Determinación de Hechos de la ONU ha documentado el uso de medios de comunicación oficiales y parapoliciales en el hostigamiento a la sociedad civil, lo cual criminaliza la labor de la defensa de los derechos humanos. Como demuestra el reporte de Amnistía Internacional para el caso venezolano («Represión calculada: Correlación entre las estigmatizaciones y las detenciones arbitrarias por motivos políticos»), la relación entre una cosa y otra suele ser estrecha y generalmente comprobable.
En el caso concreto de Con Filo, varias investigaciones han develado el uso constante de la desinformación para crear narrativas criminalizadoras. La idea de que los voceros del régimen deberían rendir cuentas en un proceso futuro de justicia —cuando tal proceso pueda diseñarse y emprenderse— es una que aparece cada vez con mayor consistencia en los medios independientes en relación con el Estado cubano. Se repiten también las denuncias de las víctimas y los damnificados. Por ejemplo, Marcos de la Luz Granados denunció el uso de su imagen en una campaña de desacreditación de la oposición en el programa. Recientemente, y a propósito de la aceptación de Gabriela Fernández en la maestría, la voz de José Luis Tan Estrada —periodista independiente cubano refugiado en México, quien no solo fue criminalizado en el programa sino que sufrió encarcelamiento en Villa Marista a manos de agentes de la Seguridad del Estado— se ha sumado a esas denuncias al dirigir una carta abierta al posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí.
El drama al que nos enfrentamos no es, por tanto, en relación con la justicia, ni debido a una incomprensión de la responsabilidad que voceros del aparato estatal de propaganda tienen en la comisión de violaciones de derechos humanos ni por falta de referentes previos que puedan contribuir a diseñar argumentos o construir principios funcionales para un eventual proceso de justicia. Ni siquiera la falta de documentación sobre esas responsabilidades. El drama al que nos enfrentamos es que, en ausencia de una justicia propia —allí (en Cuba) y ahora—, toda la posibilidad de juzgar una responsabilidad a través de procesos legales se redirecciona hacia la reacción, en la discusión pública, a lo que es mayormente percibido como injusticia. Nos encontramos, por tanto, reaccionado a la injusticia como quien reacciona a un agravio, porque lo es, y deseando que mecanismos en otros países —ahora México, pero antes ha sido Estados Unidos cuando personas en procesos migratorios han sido señalados como responsables del encarcelamiento de manifestantes en Cuba— brinde un mínimo de esa justicia siempre pospuesta. Es una reacción desterritorializada, podría decirse, pero no por ello menos legítima.
Y no es que tenga que ser necesariamente justicia penal; no se trata de que se lleven a juicio y se juzguen porque tal cosa sería, es probable, muy difícil o incluso imposible, sino al menos que se reconozca la inconsistencia que significa que una persona que ha servido para criminalizar a otros salga no solo impune sino beneficiada con algo como el acceso a una maestría que, no es detalle menor, es en derechos humanos.
Pretender que la reacción ante eso sea evidencia de una intolerancia propia de la oposición —como dijo La Joven Cuba, ese otro medio no estatal directamente pero sí al servicio del Gobierno de la isla— es no querer entender nada. Según esa lógica, que la vocera de un régimen contribuya a la exhibición de una persona en la televisión nacional como terrorista o mercenario, sin consideración del escarnio social que ello representa para la persona y para la familia, no es tan grave porque es equiparable a la reacción de quienes protestan por la extensión de la impunidad en la cual la vocera puede hacer tal cosa. Los señalados en Con Filo: a prisión por ejercer su derecho a la libre expresión; la conductora del programa: a una maestría en derechos humanos.
¿Es intolerancia realmente el calificativo que merecen quienes reaccionan molestos? ¿También van a quitarles/quitarnos, además del derecho a reclamar justicia, el derecho a la molestia, a la rabia, a la frustración? El respaldo a la dictadura termina siendo abiertamente cínico cuando invierte por completo los términos de los sucesos: los voceros y cómplices del régimen solo ejercen su libertad de expresión, aunque esa «libertad» consista en colaborar en que otros la pierdan; pero las víctimas, esas son unas intolerantes.
En su carta abierta al posgrado en Derechos Humanos de la Universidad Autónoma de San Luis Potosí, José Luis Tan escribía: «No estoy solicitando que se le niegue a Gabriela Fernández el derecho a estudiar. Tampoco pretendo que una universidad discrimine a una persona por sus ideas políticas […]. Les escribo desde México no para pedir censura sino algo mucho más elemental: que cuando se hable de derechos humanos dentro de esas aulas, también se escuche a quienes fuimos señalados por defenderlos».
Hay ahí una propuesta concreta, una que podría, al menos, permitir la voz de una parte significativa de una sociedad que detesta el régimen político bajo el que vive, y que tan tenazmente Gabriela ha contribuido a silenciar. Eso, mientras llega el tiempo de la justicia. Porque en el tiempo de la justicia hablaremos no solo del derecho a la rabia, sino del derecho y la posibilidad de la justicia. Y enmendaremos, en lo posible, esa distorsión que permite a los victimarios justificar sus crímenes y sus delitos mientras depositan las faltas sobre sus víctimas. Y llegará el tiempo de la justicia, un ‘allí’ y ‘ahora’ que, esperemos, no estén muy lejanos.
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Un cubano