No vivimos solos y aislados en este mundo, eso es motivo de alegría, 

pero también conlleva mucha responsabilidad, tenemos la obligación de no ser personas egoístas, 

debemos unirnos a las necesidades y objetivos de los demás.

Milada Horáková

El próximo 28 de noviembre de 2023 será juzgada en Matanzas en un juicio sumario y politizado mi colega la Dra. Alina Bárbara López Hernández por un delito que ni sus acusadores se creen, desobediencia. El método de escarnio político no es nuevo en Cuba, pues durante los últimos 65 años la impartición de justicia se ha convertido en una forma de castigo político. Desde los procesos judiciales a las primeras voces disidentes en los años sesenta del pasado siglo (también, en los años setenta y ochenta), las condenas de activistas en la década de los noventa, hasta la llegada del nuevo milenio con la triste Primavera Negra; y más de una década después, los juicios a los manifestantes del estallido popular del 11 y 12 de julio de 2021 (11J). 

En Cuba, los dictámenes de los Tribunales han sido una máquina para construir delitos comunes a las personas que deciden oponerse al régimen político que impera en La Habana.

Después del 11J asistimos a un largo ciclo de condenas por motivos políticos, con la agravante reaparición del delito de sedición en los expedientes penales. En ese contexto, un grupo de intelectuales hizo público el «Manifiesto contra el silencio, por la justicia». El documento pedía a colegas que permanecían en Cuba y al resto de la comunidad internacional que centraran la mirada en lo que ocurría en el archipiélago. 

Entre los organizadores del manifiesto se encontraba la Dra. Alina Bárbara López Hernández, académica residente en Matanzas, quien se ha especializado en el estudio de la historia de las ideas. López Hernández es miembro de la Academia de Historia de Cuba y se ha convertido en una de las voces críticas al Estado totalitario dentro del archipiélago. 

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La profesora Alina Bárbara —como muchos le llaman en las redes— es una académica progresista conocida dentro de la sociedad civil cubana. En la última década, ha realizado una amplia labor de análisis sociológico y político en diversos espacios informativos y dentro de la academia crítica insular. Aun así, cabe una pregunta: ¿cuál fue el punto de inflexión en la vida de la intelectual que la llevó a salir de las redes y ocupar el espacio público en señal de disenso?

Un ciclo de acoso político la obligó a salir del medio comunicativo La Joven Cuba —en el que López Hernández había dejado una huella transformadora al acoger a intelectuales críticos o abiertamente disidentes, lo cual llevó a cambiar el criterio de colaboracionista que pesaba sobre el espacio desde su fundación—. 

Si alguna cualidad humana sobresale en Alina es su sentido de justicia y de solidaridad. El maridaje ético se convirtió en una intensa voz interior que no le permitió callar ante la detención arbitraria de su amigo, el humorista Jorge Fernández Era. El suceso fue el punto de partida para la presencia de la ensayista en el espacio público y que ha convertido a una mujer de 56 años en una piedra en el zapato para el Estado totalitario y para la clase política del Partido Comunista de Cuba.

En lo adelante, López Hernández se ha plantado en señal de disconformidad en el Parque de la Libertad de Matanzas, y ha sido privada de sus derechos y arrestada en varias ocasiones. El 18 de cada mes, con el fin de mejorar la convivencia política y social en el país, la profesora decidió iniciar una acción ciudadana que consiste en permanecer una hora en la plaza principal de su ciudad para exigir cuatro reclamos concretos: a) la convocatoria a una asamblea constituyente que dé lugar a nueva carta magna aplicable a cada una de las partes de la nación, b) la mejora de la condiciones de vida de los ancianos, c) la libertad de los presos políticos, y d) el cese de la represión contra los ciudadanos que piensan distinto en Cuba. 

Su opción cívica ha tenido un costo que la profesora López ha sabido pagar. Primero, una campaña de hostigamiento en las principales plataformas de la Seguridad del Estado; después, la regulación (eufemismo que usa el régimen de La Habana para limitar la libertad de movimiento de los ciudadanos incómodos); y, por último, el proceso penal por el delito de desobediencia y la imposición del régimen de reclusión domiciliaria hasta la ejecución del juicio el próximo 28 de noviembre de 2023, luego de que fuera retrasado 12 días (iba a realizarse originalmente el 16 de noviembre). 

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Para quienes conocemos a Alina, el proceso judicial nos resulta una novela de ciencia ficción de mal gusto o sencillamente otra chapucería del régimen totalitario que pretende continuar su oleada de escarnios públicos —pues antes que la profesora, cientos de ciudadanas han vivido transcursos judiciales similares—. Muchos se cuestionarán: ¿cuáles son las razones reales que llevan al aparato político cubano a ejecutar el proceso judicial sobre López Hernández?

El primer elemento que le archiva el régimen de La Habana a la Dra. López es la solidaridad pública y el acompañamiento discreto que ha realizado sobre los colegas purgados de las instituciones formativas o investigativas, sea mediante manifiestos públicos, asesorías legales o cercanía afectiva. Otra razón se basa en la pertenencia de la docente a un grupo etario que creció con el sistema político y sus medidas paternalistas. 

Este sector de la población fue defensor de la «Revolución», pero ha vivido casi la mayor parte de su vida en precariedad y ahora contempla desconsolado la emigración de sus hijos. El totalitarismo es consciente de que una movilización de este grupo social (en los últimos años los procesos de disensos fueron lidereados por ciudadanos cuyo rango de edad oscilaba entre 20 y 40 años) puede dinamitar la débil base social que aún le queda. Además, López Hernández ha continuado su labor de reflexión social y política mediante el lanzamiento del proyecto comunicativo CubaXCuba, en el que se desempeña como codirectora. 

Con el proceso judicial también se pretende escarmentar a dos sectores que han mantenido su capacidad de respuesta frente a la desmovilización de la sociedad civil después del intento de la Marcha Cívica de la plataforma Archipiélago: el activismo de la denominada izquierda alternativa que aún persiste en Cuba y un grupo de académicos (tanto en la isla como en la diáspora) que apoyan y colaboran con la profesora encausada en la construcción de conocimiento e incidencia cívica.

El proceso contra Alina Bárbara López Hernández recuerda los procesos de purga sobre intelectuales ejercidos en la Unión Soviética, los Estados satélites de Europa del Este y los desarrollados años atrás en Cuba. Al igual que en otras ocasiones, la sentencia sobre mi colega está dictada. La incidencia y la presión pública de los ciudadanos de bien, tanto en Cuba como en la diáspora, serán el único recurso de legítima defensa y absolución para la intelectual. Todos sabemos que si a algo le teme el totalitarismo cubano es a la presión mediática y a un coro de voces «calentando las redes».