Existen suficientes evidencias de que el régimen cubano monitorea las redes sociales para detectar (lo que considera) expresiones que atentan contra la «seguridad del Estado». 

La muestra más clara es la aplicación de multas, a través del Decreto Ley 370, a quienes publicaban mensajes contrarios al Gobierno en el ciberespacio. 

A pesar de los intentos gubernamentales para controlar lo que las personas dicen, las multas y los decomisos de equipos no han sido suficientes para impedir que las redes sociales se conviertan en lo más parecido a una esfera pública en Cuba. Ante la ineficacia de la represión administrativa, las autoridades parecen haber retomado el uso del derecho penal para sancionar las expresiones divergentes en Internet. 

La práctica ha aumentado en 2023. Según detalla el grupo de trabajo sobre detenciones por motivos políticos en Cuba Justicia 11J, al menos tres personas han sido encarceladas por publicar ideas o convocar manifestaciones a través de las redes sociales: Sulmira Martínez (Salem de Cuba), Jesús Guerra y Agustín López Canino.

A la lista pretenden sumar al activista Leandro Pupo Garcés, residente en Banes, Holguín. Pupo Garcés fue detenido meses atrás debido a un post que difundió en su perfil de Facebook. En la publicación mostraba su inconformidad con las ofertas de trabajo que ofrecía el Ministerio del Interior (Minint) a los jóvenes cubanos y calificaba el modelo político cubano de «dictadura».

Luego de ser detenido e interrogado, las autoridades informaron a Leandro que solamente le impondrían una multa. Sin embargo, tras varias semanas y sin saber que su expediente llevaba días en curso, Pupo Garcés recibió las conclusiones provisionales que expidió la Fiscalía. El documento implica que Leandro está acusado de manera formal de un delito y que será juzgado en breve; a menos que el costo político de su judicialización impida al régimen cubano continuar con su procesamiento. 

La Fiscalía alega en las conclusiones provisionales que la publicación de Pupo Garcés afectó «la moral y prestigio» del Minint y que constituye un delito de difamación de las instituciones y organizaciones de los héroes y mártires (regulado en el artículo 270 del Código Penal vigente). La Fiscalía reconoce que la denuncia en contra de Leandro Pupo la formularon «oficiales de la Seguridad del Estado del municipio Banes» que «tenían controlado [a Leandro] por su actuar».

El documento de la Fiscalía, más allá de constituir una prueba documental de la arbitrariedad y la represión política en Cuba, es otra prueba de la existencia de un monitoreo constante de las expresiones de la ciudadanía en las redes sociales. El monitoreo tiene como justificación previa los posicionamientos políticos de los «controlados» y solo persigue encontrar «prospectivamente» elementos que permitan reprimir desde lo penal o lo administrativo a los opositores o ciudadanos que disienten de las políticas del Partido Comunista y se atreven a expresarlo.

Este tipo de investigaciones o monitoreos están prohibidos en muchos Estados de derecho, en tanto constituyen un ejercicio de persecución del adversario, revestido de pesquisa legal. En Cuba, tiene mayor relevancia porque se utilizan —como en el caso de Leandro— como mecanismo para coartar la libertad de expresión.

Sulmira Martínez Pérez: la propaganda que el Gobierno castiga

A Sulmira Martínez Pérez la acusan por sus publicaciones en redes sociales por la posible comisión de un delito de propaganda contra el orden constitucional.

La Fiscalía solicita al Tribunal Municipal Popular de Banes que Leandro Pupo pase los próximos cuatro años de su vida en un campamento de trabajo controlado por la institución que lo denunció y que dice estar «ofendida» por sus palabras.

LAS CONTRADICCIONES EN LOS TRATAMIENTOS

El caso de Leandro Pupo Garcés es de mayor envergadura si se compara con la negativa de protección que el sistema de Tribunales que juzgará a Leandro le ha negado a la profesora Alina Bárbara López Hernández. La filósofa matancera presentó hace varias semanas una querella en contra de Pedro Jorge Velázquez, uno de los más jóvenes propagandistas del aparato de comunicación del régimen cubano. Luego, un juez del Tribunal Provincial Popular de Matanzas se negó a celebrar un juicio en contra del corresponsal de Granma en Sancti Spíritus y determinó, sin debate alguno, que Velázquez era inocente.

El 18 de mayo de 2023, luego de la muerte de Iroel Sánchez, Alina Bárbara hizo una publicación en su perfil de Facebook en la que expresaba sus condolencias públicas a los familiares del comunicador y funcionario cubano, al tiempo que reconoció su regocijo en no haber coincidido nunca con el occiso. Esa y otras declaraciones motivaron a Pedro Jorge Velázquez a realizar un post en Facebook en el que reivindicaba la figura de Iroel; en los comentarios calificó a la también editora y profesora López Hernández de «arpía y arlequín del imperio» y de «indecencia intelectual».

Debido al alcance de las expresiones del periodista y a su condición de comunicador al servicio del principal medio de prensa escrito del país, López Hernández presentó en el Tribunal Provincial Popular de Matanzas una querella por un delito de injuria en contra de Pedro Jorge Velázquez. Los argumentos son, en lo esencial, iguales a los que el Minint sostiene contra Leandro Pupo, que las expresiones de Pedro Jorge no persiguen sino demeritar su honor y estima pública.

Sin embargo, mientras Leandro Pupo enfrenta la posibilidad de pasar cuatro años en un campamento de trabajo forzado, un juez del sistema de Tribunales que juzgará al activista no ha permitido ni siquiera que Pedro Jorge Velázquez responda en un juicio público por sus comentarios injuriosos. Una protección que han recibido decenas antes que él y que quizá tiene como ejemplo más reciente la agresión de Humberto López a Yeilis Torres Cruz (que terminó con la prisión de la activista y la promoción del presentador de la televisión cubana a miembro del Comité Central del Partido Comunista). 

Humberto López, Yeilis Torres y el supuesto delito de atentado

El 8 de mayo de 2021 Yeilis Torres Cruz transmitió en vivo un altercado con Humberto López que finalizó, según asegura Torres, tras ella recibir una golpiza. A Yeilis Torres no le permitieron asentar una denuncia por lesiones y fue acusada del delito de atentado.

El Tribunal Provincial de Matanzas respondió a la querella que presentó Alina Bárbara mediante un auto fechado 30 de junio de 2023. En el escrito, el juez Jorge Felix Díaz Corso aseguró que la publicación de Alina provocó el descontento de Pedro «dada su amistad con el finado» y que el hecho de haberse sentido «ofendido» por las palabras de Alina legitimaba a Pedro Jorge para «responder de la forma en que lo hizo», a modo de réplica.

La lógica del juez matancero no tiene respaldo alguno en derecho. El argumento más claro es que Leandro Pupo Garcés es uno de los muchos cubanos que se sienten ofendidos por la labor del Minint; pero, a diferencia de Pedro Jorge, sus palabras a modo de réplica pueden costarle la reclusión. No hay lógica jurídica detrás de los argumentos de Díaz Corso. La lógica que impera en la actuación de los Tribunales cubanos es la que declarara el presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, en una de sus fatídicas alocuciones: los Tribunales cubanos no son los Tribunales de los enemigos, son los Tribunales de la Revolución y del Partido Comunista.

La decisión del Tribunal de Matanzas es una muestra de los relativismos y de la desprotección que vive la ciudadanía cubana; también, una muestra de lo torpe y burda que es la represión en Cuba. Incluso cuando se intenta legitimar con la firma o el razonamiento «jurídico» de jueces que, al actuar de forma instrumental, terminan por ser cómplices o autores directos de claras violaciones de los derechos humanos.

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