Desde el 11 de julio de 2021, Yenisey Taboada Ortíz es una persona diferente a la que solía ser. Sus días transcurren entre videos que publica en Facebook para denunciar los abusos contra su hijo preso, el manifestante del 11J Duannis Dabel León Taboada, o en buscar cómo llenar con alimentos y aseo una bolsa que le llevará —cuando no le prohíban visitarlo — al Combinado del Este, donde el joven purga 14 años de cárcel por haber participado en el estallido social de hace cuatro años. Yenisey también debe seguir velando por el resto de su familia, a pesar de los daños emocionales y físicos que le han provocado los años de acoso de la Seguridad del Estado, detenciones arbitrarias y amenazas de las autoridades.

«Yo trato siempre de dar lo mejor de mí como madre, pero hay veces que se me va de las manos», dice en conversación con elTOQUE, como si ella debiera disculparse, y no un Estado que exige obediencia total y castiga las voces críticas.

«Me he asombrado conmigo misma. Nunca pensé que sería capaz de tener tantas fuerzas para convertir un dolor que me desgarra en la voz y los ojos de mi hijo y jamás callarme a pesar de las arbitrariedades».

Yenisey no es un fallo del sistema impuesto por el Partido Comunista de Cuba (PCC) desde hace décadas. La madre de Duannis forma parte de un patrón de violaciones de derechos humanos descrito en el reciente informe de Amnistía Internacional (AI): «Nos quieren calladas, pero seguimos resistiendo: prácticas autoritarias y violencia estatal contra las mujeres en Cuba».

Yenisey Taboada, madre del preso político Duannis Dabel León. Foto: Mauricio Mendoza (El Estornudo).

«He sufrido todo tipo de acoso, detenciones, amenazas, actos de repudio, vigilancia, he sido marginada, he sido ofendida con burlas, pero lo que más temo es no poder mirarle a los ojos mañana a mis hijas y decirle que no pude hacer más», declaró Yenisey a elTOQUE.

Johanna Cilano, investigadora del Caribe de Amnistía Internacional, dijo a este medio que entre los patrones destacados de violencia de género analizados en el informe está «la instrumentalización de la maternidad para intentar que estas mujeres defensoras de derechos humanos, activistas, periodistas, dejen de realizar su labor, de participar en protestas o exigir la libertad de sus hijos».

El informe denuncia que las mujeres activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas en Cuba son objeto de una represión diferenciada, en la que el Estado utiliza los vínculos familiares, la vida privada, la dependencia económica, la sexualidad y la apariencia como herramientas de control, intimidación y castigo.

Según la experta, para la investigación se tomaron en cuenta 52 testimonios sobre hechos ocurridos entre 2014 y 2025.

Otros casos visibilizados por Amnistía Internacional son el de la periodista Luz Escobar, la escritora María Matienzo, la artista Camila Lobón y la activista Carolina Barrero, todas exiliadas tras ser perseguidas en Cuba por su trabajo independiente y por criticar al poder.

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En esta conversación con Julio Antonio Fernández, Luz Escobar habla de su salida del país, del oficio en el exilio, de cómo ha mutado la oposición y de las urgencias de una Cuba que, a finales de 2025, atraviesa una crisis humanitaria y de libertades.

El régimen contra las madres y las defensoras de derechos

Las «prácticas autoritarias» documentadas, explica Johanna Cilano, incluyen: «detenciones arbitrarias, desapariciones forzadas, vigilancia indebida, violaciones al derecho a juicio justo, criminalización en la defensa del debido proceso. Pero, en particular, este informe destaca dentro de esas prácticas un patrón agravado de violencia estatal basada en género sufrido por activistas, defensoras de derechos humanos y periodistas».

Según AI, la violencia del Estado cubano contra las mujeres que disienten se expresa, además, en las «amenazas directas a la seguridad y la integridad física de hijas e hijos, amenazas de cárcel y criminalización de otros miembros de la familia; amenazas sobre la guarda y el cuidado de los menores a cargo de estas mujeres, con citaciones al departamento de menores del Ministerio del Interior para las madres activistas».

También, agrega Cilano, «en el caso de las madres y esposas de personas presas por razones políticas, que son críticas, están las negativas de visitas en los penales y a recibir medicamentos o alimentos para sus hijos, que impactan no solo en quien está encarcelado, sino también en sus familiares, entre otros mecanismos de presión y castigo contra quienes defienden derechos humanos».

Alina Bárbara López Hernández (60 años) —historiadora, ensayista y editora de medios independientes— ha enfrentado en los últimos años procesos judiciales por su activismo cívico y pacífico. También detenciones arbitrarias y violentas para impedir que se manifieste en espacios públicos.

«La Policía cubana (incluidas sus mujeres) es misógina. Y la Seguridad del Estado todavía más», declaró a elTOQUE.

«Y no solo muestran sesgo de género, sino también desprecio a las edades de las personas. En ocasiones me han dicho: “pero con la edad que usted tiene, ¿cómo va a actuar de esta manera?” ¡Cómo si tener cierta edad signifique apatía, conformismo en la gente!».

Falso que en Cuba las mujeres tienen derecho a vivir una vida libre de violencia

Hasta el 19 de diciembre de 2023, los observatorios independientes cubanos de la revista Alas Tensas y de la plataforma Yo Sí te Creo informaron al menos 84 feminicidios en el país durante el año.

Del acoso de los agentes del Minint y partidarios del oficialismo, Alina Bárbara López ha sacado en claro: «siempre tratan de utilizar esos mecanismos misóginos y el “edadismo” para intentar desacreditar, desestimular, pero conmigo no lo han logrado».

Durante décadas, la propaganda oficial ha promovido una narrativa de supuesta igualdad y disfrute de derechos garantizados por «la Revolución» a través de la paraestatal Federación de Mujeres Cubanas (FMC), que invisibiliza las experiencias de las víctimas del régimen, incluso más allá de la isla.

Al respecto, en la conferencia de presentación del informe de AI, la escritora María Matienzo reflexionó: «Hablar de violencia de género en Cuba, desde el punto de vista político, ha sido un tabú que nos ha perseguido a las activistas y periodistas y nos ha llevado a estar en desamparo y en una soledad tremenda en la región y el mundo (…). Una vez que uno entra en el mecanismo represivo cubano no queda un solo espacio de nuestras vidas adonde no llegue la represión, que impacta en la familia, en nuestro cuerpo y en lo psicológico». 

Matienzo también señaló el «racismo estructural que el régimen se niega a aceptar», pero que incide en que la violencia estatal sea más descarnada contra las mujeres negras y pobres.

Entre las instituciones identificadas como pilares del sistema represivo contra las mujeres, Cilano menciona la Seguridad de Estado, las organizaciones sociales oficialistas —«especialmente la FMC» —, la Policía Nacional Revolucionaria (PNR) y el Ministerio del Interior en general.

«Sobre las normas, exponemos que existe una regulación restrictiva de los derechos a la libertad de expresión, asociación y reunión. El Código Penal mantiene delitos vagos —“desacato”, “resistencia”, “desórdenes públicos”, “propaganda contra el orden constitucional” y “financiamiento extranjero”— utilizados para criminalizar a la disidencia, como ha sido habitual durante los últimos 60 años. Además, existen regulaciones discrecionales en materia de vigilancia y acceso a datos personales, entre otras normativas», señala Cilano.

Ese marco jurídico ha sido criticado por la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH), diversos procedimientos especiales de Naciones Unidas y el Comité para la Eliminación de la Discriminación contra la Mujer (Cedaw), que en 2024 alertó sobre «respuestas extremas» del Estado cubano ante protestas y el uso de las leyes para perseguir a mujeres que expresan críticas.

La investigadora de Amnistía Internacional también dijo: «Estamos insistiendo [al Estado cubano] en la necesidad de que se reconozca la labor de las personas defensoras de derechos humanos, que se deroguen disposiciones vagas y que facilitan la arbitrariedad en el marco penal. Deben dejar de someter a activistas, defensoras y periodistas a prácticas autoritarias arraigadas y a violencia estatal con base en el género; además de comprometerse con una ley integral contra la violencia de género que implique el reconocimiento de los estándares internacionales en esa materia: investigación pronta, exhaustiva y oportuna, trasparencia, datos verificables, protección especial a defensoras y garantías de acceso a la justicia y de reparación y no repetición».

Alina Bárbara López cuenta sobre lo que ha significado disentir en ese entorno opresivo: «ha traído consecuencias de diversos tipos, desde depresión psicológica, daños físicos por golpes a manos de la Policía y también cierta represión en el entorno gremial, como cuando fui expulsada de la Unión de Escritores y Artistas de Cuba».

Qué se puede hacer ante la violencia del Estado cubano

Amnistía Internacional recomienda a los mecanismos de la ONU, la Organización de Estados Americanos (OEA), la Unión Europea y los Estados parte de estas organizaciones internacionales que mantengan un monitoreo constante sobre la situación de los derechos humanos en Cuba. También que exijan a La Habana cooperación plena y acceso a mecanismos de protección de derechos humanos que incluyan, por ejemplo, visitas de los diferentes relatores que se comprometen con prestar apoyo y respaldo público a la sociedad civil independiente.

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La presencia en Cuba de la relatora sobre sanciones no indica una apertura, sino la sofisticación con la que el Estado cubano administra los mecanismos internacionales de derechos humanos.

Además, agrega la investigadora Cilano, «que apoyen a la sociedad civil en el exilio con recursos, visibilidad, protección frente a las represalias del régimen, y que impulsen de forma proactiva el apoyo a las personas detenidas en contextos de manifestaciones pacíficas o que denuncian violaciones de derechos, aunque no pertenecen al activismo tradicional o a la sociedad civil organizada».

Para Johanna Cilano, «es importante que los países miembros de la Unión Europea —y la asociación de naciones— utilicen los canales de relación con el Gobierno cubano para mantener la situación de las defensoras de derechos humanos y la violencia de género como una prioridad dentro de su agenda política común».

A veces, la visibilidad internacional es lo más efectivo para dar alguna protección a las mujeres cubanas acosadas por el Estado. Como ocurre con un agresor cualquiera, el totalitarismo cubano no desea ser expuesto como un abusador; prefiere que sus prácticas se mantengan en silencio.

«Yo estoy agradecidísima por el apoyo de mucha gente dentro y fuera de Cuba, de organizaciones y medios independientes cubanos, de diferentes posiciones políticas —de izquierda, derecha…— que han estado atentos a mi proceso. También con Amnistía Internacional», explica Alina Bárbara López.

La solidaridad, concluye la intelectual, «de algún modo le ha atado las manos al poder para no ensañarse como sabemos que puede hacerlo».

Por su parte, Yenisey Taboada envía un mensaje a las madres de Cuba: «El silencio mata, el dolor destruye, desgasta y no es saludable callar. No podemos morir con tanto dolor dentro. Debemos liberarnos, gritar, exigir nuestros derechos y proteger a esos hijos que tuvimos en nuestros vientres».