En diciembre de 2023, durante su intervención ante la Asamblea Nacional del Poder Popular (ANPP), el primer ministro Manuel Marrero Cruz prometió que en 2024 mejorarían los «mecanismos de supervisión y regulación del sistema de control gubernamental sobre el sector no estatal».

«Será beneficioso para la economía», dijo ante los diputados que, un año más tarde, escucharon que los resultados de «los mecanismos» no habían sido satisfactorios.

En 2024 Marrero confirmó que el sector privado en Cuba es un «mal necesario». Aunque el Gobierno asegura que no existe una «cacería» contra las llamadas Formas de Gestión No Estatal (FGNE), este año demostró cómo el Estado se sacude responsabilidades para dejarlas en manos de los emprendedores… y más tarde echarles la culpa de la crisis.

La política gubernamental de «María Ramos» ―tirar la piedra y esconder la mano― ha tenido también efecto en la población. Aunque muchos de los bienes y servicios se sustentan hoy gracias al sector privado, hay personas que ven a los emprendedores como «los malos de la película»: tienen precios «abusivos»; acaparadores de dólares a través del mercado informal, por tanto, influyen en su tasa de cambio; incumplidores del pago electrónico, que no asumen una responsabilidad social con la comunidad.

Esa narrativa que el Gobierno respalda ―y hasta promueve con gusto― a menudo desvía la atención de su propia responsabilidad en la escasez, la inflación y la crisis general. Se insiste en juzgar a los «nuevos actores económicos», olvidando convenientemente que estos surgieron en un contexto de precariedad creado por el propio sistema, y que han tenido que suplir las carencias que la oferta estatal no ha podido cubrir.

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Un año de prohibiciones y restricciones

Lejos de más apertura y flexibilidad para la operación de las FGNE ―micro, pequeñas y medianas empresas (mipymes), trabajadores por cuenta propia (TCP) y cooperativas no agropecuarias (CNA)―, 2024 estuvo marcado por resoluciones y decretos que, en su mayoría, establecieron más control sobre el sector privado.

«No es persecución, sino regulación», dijo durante el IX Pleno del PCC el secretario Roberto Morales Ojeda. Sin embargo, esa no ha sido la percepción de economistas y emprendedores que han visto cómo las políticas gubernamentales han complicado el funcionamiento del sector.

El 25 de enero de 2024, el Ministerio de Finanzas y Precios publicó la Resolución 7/2024, que establece una reducción del 50 % en los aranceles de importación de materias primas y bienes intermedios para la producción agropecuaria y alimentaria.

Aunque esta medida buscaba abaratar costos, el incremento de la tasa de cambio de 1 USD por 24 CUP a 1 USD por 120 CUP elevó los costos de importación, dejando casi sin efecto la «bonificación» establecida.

Algunos economistas advirtieron que la medida podía generar un aumento generalizado de los precios, afectando a los consumidores finales.

Los augurios se cumplieron con una inflación que no dejó de aumentar, aunque según las cifras oficiales hacia octubre experimentó una «lenta desaceleración».

La medida, no obstante, sí fue efectiva para que el Estado recaudara dinero. De acuerdo con el informe del primer ministro Manuel Marrero, el Estado ingresó más de 3 400 millones de pesos por la aplicación de la tasa de cambio de 1 USD por 120 CUP para el cálculo de los aranceles en las importaciones.

La reducción del 50 % no fue la única medida gubernamental para estimular la importación de materias primas, y no productos terminados. En noviembre de 2024, el Gobierno cubano «ajustó» la Resolución 7/2024, y estableció la exoneración de aranceles para importar materias primas esenciales como fertilizantes, plaguicidas y piensos, con el objetivo de dinamizar la producción agropecuaria.

Sin embargo, las medidas llegaron en un contexto de crisis prolongada, en el que los campesinos enfrentan escasez de insumos, altos costos en divisas y bajos precios de compra estatal.

Aunque se espera que esta exención reduzca los costos de producción y, por ende, los precios de los alimentos, muchos expertos consideran que las reformas son insuficientes para resolver los problemas estructurales del sector agrícola cubano.

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Evasión fiscal y desconfianza

Una de las principales críticas al sector privado durante 2024 ―tanto de la población como del Gobierno― fue la no aceptación del pago electrónico.

Más del 55 % de las cuentas fiscales del sector privado se mantienen en cero, lo que hizo que las autoridades iniciaran una campaña para identificar a los evasores y cobrar las deudas correspondientes.

De julio a diciembre de 2024 se identificaron adeudos por 6 000 millones de pesos y se reguló la salida al exterior de más de 9 000 emprendedores, con deudas superiores a los 1 202 millones de pesos cubanos.

Aunque la conducta evasiva es una (mala) práctica común en todo el mundo, en Cuba se ve exacerbada por un sistema fiscal y bancario que impone restricciones y genera desconfianza tanto en los ciudadanos como en los emprendedores.

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Tope de precios

El 28 de junio de 2024, la viceministra de Finanzas y Precios, Lourdes Rodríguez, discutió con empresarios privados una propuesta de tope de precios y exención de aranceles a seis productos básicos: salchicha, leche en polvo, pasta, detergente, pollo y aceite.

La medida, puesta en vigor unos días más tarde, limitó los márgenes de ganancia del sector privado a un 30 %, y fue criticada por no contemplar los costos reales de los gastos de importación, transporte, entre otros.

Aunque la viceministra explicó que la regulación sería temporal y los precios topados fluctuarían en dependencia de los gastos reales de los emprendedores, seis meses más tarde todavía no se ha hecho ningún reajuste.

La consecuencia más visible del tope de precios fue la «desaparición» de los seis productos en los puntos de venta.

Anuncian tope de precio y exención de aranceles para seis productos que vende el sector privado

Aunque varios especialistas han alertado que el tope de precios es una política fallida basada en populismo y no en análisis económico, el Gobierno cubano insiste en las medidas contra el sector privado.

Comercio mayorista

Entre las medidas más controversiales de 2024 figura el Decreto 107/2024, que en agosto estableció prohibiciones para sectores como la silvicultura, la industria manufacturera, el comercio y las actividades culturales, y generó críticas por limitar la capacidad de producción y la diversificación de la economía.

El acápite más criticado fue aquel que obliga a mipymes y CNAs a realizar las actividades de comercio mayorista mediante contratos con entidades estatales.

Dos meses más tarde, en noviembre de 2024, el Ministerio de Comercio Interior publicó la Resolución 56/2024, mediante la cual se cancelaron todas las licencias comerciales para el comercio mayorista otorgadas a TCP, y las que figuraran como actividad secundaria en el resto de las FGNE.

Los funcionarios destacaron que las comercializadoras y empresas estatales tienen como ventajas su infraestructura y experiencia. Sin embargo, muchos emprendedores criticaron la ineficiencia del Estado en los llamados «encadenamientos productivos», y señalaron ejemplos frecuentes de retrasos, desorganización y pérdidas económicas.

Además, existe preocupación entre algunos empresarios de que la medida beneficie principalmente al Estado y limite las operaciones financieras del sector privado al exigir en los contratos el pago a través de transferencias.

A pesar de ello, otros creen que podrían encontrar maneras de operar sin una intervención estatal directa que afecte su gestión.

Comercio mayorista privado directo con el Estado: ¿Qué esperar?

A pocos días de publicada la Resolución 56/2024 del Ministerio de Comercio Interior (Mincin), una de las mayores incertidumbres del sector privado se refiere a los tipos de contrato que ahora, de forma obligatoria, deben establecer con entidades y comercializadoras estatales quienes tengan una licencia de comercio mayorista como actividad principal.

Descontento y cierre de negocios

El descontento entre los emprendedores y dueños de negocios es palpable, con muchos optando por rematar sus productos y cerrar sus negocios debido a las constantes restricciones. Una parte saca todo el rédito que puede a su emprendimiento y luego emigra.

A otros no les ha quedado más remedio que adaptarse a la incertidumbre política y jurídica con relación al sector privado, y además a la crisis energética que afecta sus negocios.

Los audios filtrados de varias reuniones demuestran que los emprendedores no están satisfechos con el escenario económico cada vez más complejo y caótico que les toca vivir.

Por otro lado, el Gobierno disimula, pero no esconde que usa las políticas impositivas para reducir el déficit fiscal y pretende utilizar a los negocios privados para revitalizar la economía estatal.

Ante la escasez de divisas, busca formas de obtener los millones de dólares que se mueven entre exportaciones e importaciones del sector privado y no pasan por las entidades financieras.