Las presiones cruzadas entre Estados Unidos y las tres dictaduras latinoamericanas —Cuba, Venezuela y Nicaragua— han colocado a los presos políticos en el centro del tablero diplomático regional. Este texto parte de una convicción: si existe cualquier negociación, diálogo o canal de intercambio entre Washington y La Habana, los presos políticos no pueden ser una nota al margen ni una concesión futura. Deben ser el punto de partida. 

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Las fuerzas estadounidenses sacaron a Nicolás Maduro de su búnker en Caracas y lo detuvieron el 3 de enero de 2026. Cinco días después, el régimen chavista —ahora encabezado por Delcy Rodríguez— anunció la liberación de presos políticos. Las excarcelaciones, en las que Washington habría tenido un rol clave, han sido selectivas. Naciones Unidas señala en un reciente informe que «de un total estimado de 800 personas detenidas por motivos políticos, hasta el momento solo alrededor de 50 parecen haber sido liberadas». Foro Penal contabiliza 56 prisioneros políticos excarcelados, de los 116 que prometió el Gobierno de Rodríguez.

La sociedad civil venezolana y diversos actores políticos insisten en que no bastan gestos parciales; todos deben ser puestos en libertad, sin condiciones ni exclusiones.

El 9 de enero de 2026, la Embajada de EE. UU. en Nicaragua publicó este mensaje en X: «Venezuela dio un paso importante hacia la paz al liberar a un gran número de presos políticos. En Nicaragua, más de 60 personas siguen injustamente detenidas o desaparecidas, entre ellas pastores, trabajadores religiosos, enfermos y ancianos. ¡La paz solo es posible con libertad!».

Horas después, el régimen de Daniel Ortega y Rosario Murillo también anunció la liberación de 30 presos políticos. 

Mientras en Caracas y Managua se realizan excarcelaciones —por limitadas y estratégicas que sean—, en Cuba, cientos de presos políticos continúan en prisión. Jóvenes, activistas, manifestantes de las protestas antigubernamentales de julio de 2021 (11J) y ciudadanos siguen pagando condenas desproporcionadas por ejercer derechos básicos. No hay anuncios, no hay listas de liberación. Solo silencio, castigo y propaganda.

El 6 de enero de 2026, Wilber Aguilar Bravo, padre del preso político cubano Walnier Luis Aguilar Rivera, denunció: «A más de cuatro años de injusticia contra mi hijo, ahora lo obligan a firmar bajo coacción un documento de constancia sobre una supuesta indisciplina. Me dijo que va a plantarse en señal de protesta (…). Y ustedes diciendo que aquí hay seguridad ciudadana, eso es mentira, aquí todo es mentira. Es una maldad tras otra contra el pueblo. Se desquitan todo lo que les ha salido mal contra el pueblo». 

Walnier fue trasladado a una cárcel en Sancti Spíritus, a más de 350 km de La Habana, donde reside su familia y su padre, quien denuncia sistemáticamente su encarcelamiento. Cuando tenía 21 años, el joven cubano fue sentenciado a 23 años de prisión por participar en las masivas protestas del 11J, más tiempo del que había vivido. Finalmente su condena se estableció en 12 años de cárcel.

La represión en Cuba no termina en las celdas con los presos políticos. Se extiende a las familias, que enfrentan traslados forzosos, aislamiento geográfico, amenazas y hostigamiento constante. El caso de Walnier Luis Aguilar Rivera y su padre no es excepcional, pero nos permite comprender la dimensión de un sistema punitivo que utiliza la distancia, el desgaste emocional y la amenaza permanente como herramientas de control social y político.

La situación de los presos políticos en Cuba se agrava, además, en el contexto de crisis generalizada que atraviesa cada ámbito de la vida en la isla. En las cárceles cubanas, las condiciones son aún más precarias: hambre, falta de atención médica, hacinamiento y castigos arbitrarios forman parte del día a día. 

Según un reciente informe del Observatorio Cubano de Derechos Humanos (OCDH), «en 2025 se produjeron en Cuba al menos 3 179 acciones represivas contra la población civil y más de 800 presos políticos permanecen en las cárceles. Desde 2021, se han contabilizado más de 26 200 acciones represivas», denunció la ONG con sede en España. 

El Observatorio recordó: «estamos ante un Estado que administra la represión, pero no busca soluciones para los graves problemas de la gente. Quieren que los ciudadanos sufran y resistan en silencio». 

Frente a ese escenario, el reclamo ciudadano, dentro y fuera de Cuba, sigue siendo una de las pocas herramientas capaces de romper la normalización de la represión. Exigir a las autoridades la liberación inmediata e incondicional de todos los presos políticos y acompañar a sus familias no es solo un gesto de solidaridad, sino un acto de responsabilidad cívica. Lo es también empujar porque esta demanda entre de manera prioritaria a cualquier agenda de diálogo entre Washington y La Habana. 

Una «negociación» con el régimen cubano debería partir, además, de los antecedentes y de una lección ya conocida: el Partido Comunista ha utilizado de forma sistemática a los presos políticos como moneda de cambio y no actúa de buena fe. El ejemplo más reciente fue la excarcelación —no liberación— anunciada en enero de 2025, presentada como un gesto humanitario a través de la mediación del Vaticano, pero que nunca fue transparente ni contó con las necesarias garantías jurídicas. No hubo indultos ni anulaciones de condenas ni reconocimiento de la injusticia cometida. Hubo, en cambio, salidas condicionadas, vigilancia permanente y la amenaza de que el castigo podría reactivarse en cualquier momento.

El Gobierno estadounidense debería evitar repetir los errores de administraciones anteriores, que apostaron por el diálogo sin condiciones claras y terminaron otorgando cheques en blanco a un régimen que no cumplió. Iniciativas como la plataforma #todos, de una decena de medios independientes junto a organizaciones de la sociedad civil, documentaron entonces apenas poco más de 200 excarcelaciones de presos políticos, muy lejos de las 553 anunciadas oficialmente por el régimen. Nunca hubo rendición de cuentas oficial sobre quiénes fueron las personas excarceladas, en qué condiciones salieron ni cuántos regresaron posteriormente a prisión. Ese patrón —la liberación parcial, la opacidad y la reencarcelación— debe ser considerado un antecedente central en cualquier intercambio futuro.

Exigir la liberación inmediata e incondicional de los presos políticos, documentar los abusos y señalar directamente al régimen cubano como responsable de una política sistemática de represión es una obligación ética. El camino a la democratización solo puede comenzar con el respeto a los derechos humanos, la soberanía y la libertad de todas las personas.