Jonathan Torres Farrat (izquierda) es uno de los excarcelados. Foto: Facebook.
Excarcelación vs. libertad: el juego del poder cubano
16 / junio / 2022
A partir de la última semana de abril de 2022, las autoridades cubanas comenzaron un proceso de excarcelación de los presos políticos del 11J. No se ha comprobado que entre los excarcelados estuviesen otros prisioneros políticos no vinculados con las manifestaciones del 11 y 12 de julio de 2021. El primer caso del que se tuvo noticia fue el de Marcos Pintueles Marrero, quien salió de prisión el 29 de abril.
Pero, ¿en qué contexto ocurrieron las excarcelaciones?
Ocho días antes de la excarcelación de Pintueles Marrero (21 de abril), autoridades cubanas y estadounidenses —representadas por el vicecanciller Carlos Fernández de Cossío y la subsecretaria adjunta de la Oficina de Asuntos del Hemisferio Occidental del Departamento de Estado, Emily Mendrala— se reunieron en Washington para conversar sobre temas migratorios. Una reunión que se producía por primera vez en más de 3 años. El último encuentro tuvo lugar en 2018 bajo la Administración de Donald Trump.
Una nota emitida por el Departamento de Estado de los EE. UU. destacó que la participación en el encuentro era prueba del compromiso de mantener conversaciones constructivas en momentos apropiados; conversaciones que promovían intereses de los Estados Unidos.
Muchos consideraron que el diálogo fue más que un simple intercambio para resolver la crisis migratoria actual —desde octubre de 2021 hasta mayo de 2022 han ingresado cerca de 140 mil cubanos por las fronteras estadounidenses—; pero de ello, no hay pruebas declaradas.
Diecisiete días después de la excarcelación de Pintueles Marrero (16 de mayo) y a menos de un mes de las conversaciones bilaterales entre ambas naciones, la Administración Biden anunció la flexibilización de un grupo de sanciones y disposiciones adoptadas por el Gobierno republicano que le precedió.
Las medidas fueron vistas por un sector de la oposición cubana y la sociedad civil como concesiones unilaterales que no implicaban obligaciones para el poder cubano y, por ende, no servían para apoyar el proceso de democratización en el país. Afirmaron, además, que el timing escogido para anunciarlas fue desacertado por completo. Pero, al mismo tiempo, las excarcelaciones aumentaron.
¿QUIÉNES SON LOS EXCARCELADOS? ¿SU EXCARCELACIÓN ES SINÓNIMO DE LIBERTAD?
Entre los excarcelados destacan casos que han sido objeto de una fuerte denuncia pública. Los menores de edad ocupan un lugar especial. Tal es la situación de Jonathan Torres Farrat, de 17 años; cuya madre, Bárbara Farrat, se volvió conocida por denunciar de manera constante la situación de su hijo a través de las redes sociales. También, Brandon David Becerra Curbelo (de 17 años al momento de ser detenido); cuya madre, Yanaisy Curbelo, nunca dejó de reclamar su liberación e, incluso, fue detenida e interrogada por exigir la libertad de su hijo.
Asimismo, fue excarcelado Rowland Castillo Castro (17 años al momento de ser detenido); cuya madre, Yudinela Castro, paciente de cáncer, tampoco dejó de exigir su liberación. El padre de Castillo Castro fue recientemente sancionado a 2 años de privación de libertad.
Figuran también entre los jóvenes excarcelados: Eloy Bárbaro Cardoso Pedroso (de 18 años), Juan Yanier Antomarchi Nuñez (de 18 años), Kendry Miranda (de 17 años al momento de ser detenido), Lázaro Noel Urgellés Fajardo (de 17 años al momento de ser detenido), Kevin Damián Frómeta Castro (de 19 años al momento de ser detenido), Lauren Martínez Ibáñez (de 18 años), Yensy Jorge Machado González (de 18 años), Frank Daniel Roy Sotolongo (de 19 años) y Emiyoslán Román Rodríguez (de 17 años al momento de ser detenido).
Yoan de la Cruz, quien fue el primero en transmitir a través de Facebook las protestas en San Antonio de los Baños, y Andy García Lorenzo —cuyos familiares no solo se articularon para exigir públicamente su liberación, sino también para apoyar a otros presos políticos a través de la iniciativa «Ayuda a los valientes del 11 de julio»— también fueron excarcelados.
Lo que ha pasado con algunos de estos jóvenes luego de su excarcelación demuestra que el procedimiento ha sido un mecanismo para generar efecto inmediato en la opinión pública y en posibles interlocutores del Gobierno cubano; aunque este no renuncia a la represión y al control sobre las personas que disienten de las políticas oficiales.
García Lorenzo fue excarcelado el 25 de mayo de 2022, pero cinco días después lo detuvieron en la calle tras una visita al Tribunal Provincial Popular de Santa Clara. Antes de su arresto, había apoyado públicamente a otros presos políticos, en especial, a Maykel Castillo Pérez y a Luis Manuel Otero Alcántara. Tras su detención fue transferido a un «campamento». Allí deberá cumplir su sanción definitiva de 4 años de privación de libertad subsidiada por trabajo correccional con internamiento.
El trabajo correccional con internamiento es un tipo de sanción contemplada en el Código Penal cubano; establece que la persona debe permanecer recluida y controlada por oficiales del Minint en granjas o instalaciones en las que debe trabajar a cambio de una remuneración. La sanción es una forma de trabajo forzado; la negativa a vincularse a las labores convierte al reo en incompatible con el sistema y deja como única opción la reclusión en una prisión cerrada.
Existe una excarcelación anterior a las conversaciones entre Cuba y Estados Unidos. Es el caso de Lázara Karenia González Fernández. Un juicio de instancia le impuso a González Fernández 3 años de privación de libertad subsidiados por trabajo correccional con internamiento y le modificó la medida cautelar de prisión provisional mientras esperaba el resultado de la apelación. Sin embargo, la alegría por su excarcelación se desvaneció en días recientes al conocerse que la sentencia de apelación ratificaba la sanción ahora que, incluso, está embarazada.
Marcos Pintueles Marrero, a pesar de ser de los primeros excarcelados, también vio cómo su teórica «liberación» se convirtió —luego de más de un mes de estar en casa— en la obligación de pasar los próximos 5 años en uno de esos «campamentos». Pintueles Marrero declaró en una grabación reproducida por Cibercuba que habían «jugado con sus sentimientos» y los de su familia. Se convirtió, además, en el único menor de edad holguinero juzgado por las protestas del 11J que cumplirá la sanción en un establecimiento penitenciario.
LOS ÚLTIMOS REPORTES OFICIALES CONFIRMAN LA APUESTA REPRESIVA DEL GOBIERNO DE DÍAZ-CANEL
El 12 de junio de 2022 —en medio del apoyo brindado a la madre cubana Amelia Calzadilla— la Fiscalía General de la República emitió un nuevo reporte sobre el estado de los procesos judiciales de los manifestantes del 11J. El informe, más que un documento de actualización, parece una admonición para quienes, contagiados por el espíritu de Amelia, se atrevan a demostrar de manera pública su descontento con la gestión del Gobierno cubano.
El mensaje del reporte puede resumirse así: a pesar de las excarcelaciones ocurridas hasta el momento, continuará en prisión el 78 % de las personas que tienen sentencias definitivas. En otras palabras, solo las condenas de aproximadamente el 22 % —84 ciudadanos— de quienes han recurrido sus sentencias (a través de apelaciones o casaciones) fueron modificadas. Las modificaciones —además— no implican la completa absolución o la posibilidad de completar la sanción fuera de un centro penitenciario.
El anuncio de la Fiscalía reconoce que, hasta el momento, han adquirido firmeza 76 sentencias de procesos contra manifestantes del 11J; o sea, las 76 sentencias han sido evaluadas por un Tribunal de segunda instancia y las decisiones resultantes de los análisis no admiten cuestionamientos ulteriores, son definitivas. En las 76 sentencias se ha definido el futuro inmediato de 381 manifestantes del 11J.
De acuerdo con el informe, de esas 381 personas, 297 —el 78 %— permanecerán en prisión; entre ellos, 36 condenados por sedición a penas de entre 5 y 25 años de cárcel.
En enero de 2022, la Fiscalía emitió un reporte similar (que luego fue eliminado de su portal web). En aquel entonces, reconocieron que 790 personas habían sido formalmente acusadas por cometer delitos durante las protestas del 11 y 12 julio de 2021. Comunicaron, además, que en ese momento 710 personas habían sido presentadas a los tribunales y que, de ellas, el 69 % —un aproximado de 490 ciudadanos— se encontraba en prisión.
El nuevo texto (junio de 2022) confirma que, al menos, el 60 % de las personas que en enero de 2022 se encontraban en prisión por hechos relacionados con el 11J permanecen allí y continuarán a menos que suceda algo extraordinario. Al menos el 60 % porque todavía no se han ofrecido datos oficiales sobre los restantes 109 acusados quienes, a principios de año, formaban parte del balance de personas presas ofrecido por la Fiscalía General.
La nueva declaración de la Fiscalía no ofrece datos desagregados. Solo reconoce que las penas de las 84 personas que fueron beneficiadas con modificaciones se distribuyen entre trabajo correccional con y sin internamiento (comúnmente conocido este último como «de la casa al trabajo») y limitación de libertad. Los únicos datos desagregados que ofrece el reporte indican que a 15 niños de entre 16 y 18 años se les impuso como sanción un período de limitación de libertad.
La limitación de libertad es una sanción subsidiaria imponible a quienes han sido condenados a penas inferiores a 5 años de privación de libertad. Entre sus principales obligaciones destacan:
- el sancionado no puede cambiar de residencia sin autorización del Tribunal;
- no tiene derecho a ascensos ni a aumentos de salario;
- está obligado a comparecer ante el Tribunal cuantas veces sea llamado a ofrecer explicaciones sobre su conducta durante la ejecución de la sanción;
- debe poseer una actitud honesta hacia el trabajo, de estricto cumplimiento de las leyes y de respeto a las normas de convivencia socialista.
La Fiscalía realiza advertencias en este sentido y reconoce que las sanciones subsidiarias —impuestas a los 84 acusados— pudiesen revocarse si quebrantan las obligaciones impuestas por el Tribunal o cometen nuevos hechos delictivos. En tal situación, cumplirían el resto de la pena original en privación de libertad.
La ausencia de datos desagregados impide analizar a profundidad hasta qué punto las recientes excarcelaciones están más o menos cerca de constituir liberaciones. No obstante, una realidad es incontestable. Los jóvenes excarcelados permanecieron cerca de 10 meses en prisión y ese es un sufrimiento que no puede resarcirse.
Aunque el Estado cubano reconoce que algunos de ellos no merecen continuar en prisión, ello no implica su absolución y mucho menos que el poder cubano dejará de entender como delito el acto de protestar o reclamar públicamente el fin del régimen político que sostiene el monopolio del Partido Comunista.
La ausencia de evidencias que permitan afirmar que el diálogo entre Cuba y Estados Unidos pudo tratar otros asuntos fuera del tema migratorio —y en específico lo relacionado con los prisioneros políticos del 11J— es tácita.
Aun así, los datos empíricos y las fechas en que ocurrieron el grueso de las excarcelaciones hacen sospechar que, quizá, las conversaciones fueron un proceso en el que ambas partes entendieron que debían entregar algo para lograr sus objetivos. Los estadounidenses parecen haber apostado por la relajación de las sanciones como acicate y el régimen de La Habana —como en otras oportunidades— por utilizar a las víctimas de su represión como moneda de cambio.
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