El censo de 2023 del Comité para la Protección de los Periodistas (CPJ), por sus siglas en inglés) reconoció al reportero independiente Lázaro Yuri Valle Roca como el único periodista preso en Cuba. Sin embargo, en la isla existe otro reportero tras las rejas. Jorge Bello Domínguez fue condenado a 15 años de cárcel por manifestarse en julio de 2021. El CPJ no lo incluyó en su informe a pesar de que se encuentra en prisión.

Latinoamérica y el Caribe poseen números muy bajos en relación con el encarcelamiento de periodistas, lo que no significa que haya un mayor respeto a la libertad de prensa. Cuba, Nicaragua, Guatemala, Venezuela, Honduras y El Salvador irrespetan el libre ejercicio del periodismo y acosan a quienes lo ejercen.

¿Quiénes son los periodistas presos en Cuba?

Lázaro Yuri Valle Roca y Jorge Bello Domínguez fueron detenidos y condenados por diferentes delitos en 2021. Valle Roca, de 60 años, fue arrestado el 15 de junio de 2021 y condenado —un año después— a cinco años de cárcel por filmar y publicar un video en el que se veía a activistas que lanzaban octavillas con frases de José Martí y Antonio Maceo. Fue acusado de «propaganda enemiga» y «resistencia». 

Desde el encarcelamiento, la salud de Lázaro Yuri se ha deteriorado gravemente. Ha desarrollado varios problemas médicos, incluida la hipertensión, la pérdida de visión y de memoria, una sordera parcial y afectaciones pulmonares y en la cabeza que asemejan tumores. Su esposa, la activista Eralidis Frómeta, ha denunciado que no recibe la atención médica adecuada en la prisión.

A pesar de su frágil estado de salud, guardias de la prisión Combinado del Este, en La Habana, golpearon a Lázaro Yuri en octubre de 2023 cuando el periodista se negó a ponerse en firme frente a un funcionario. 

Rostros de los presos políticos: Lázaro Yuri Valle Roca

Lázaro Yuri Valle Roca fue arrestado el 15 de junio de 2021 por filmar y publicar un video en redes sociales. Desde entonces permanece en prisión mientras su salud se deteriora.

Diversas organizaciones (la Sociedad Interamericana de Prensa, el CPJ, Artículo 19, el Instituto Cubano por la Libertad de Expresión y Prensa y el Observatorio Cubano de Derechos Humanos) y el premio nobel de la paz Óscar Arias han exigido la liberación de Lázaro Yuri.

Según Prisoners Defenders, el periodista ha sufrido al menos 15 tipos de tortura en prisión que incluyen falta de atención médica, trabajos forzados, confinamiento solitario, privación de agua y comida, amenazas y angustia provocada por la situación de sus familiares.

Jorge Bello Domínguez, de 48 años, se encuentra también en el Combinado del Este por los presuntos delitos de «sabotaje con carácter continuado», «robo con fuerza», «desórdenes públicos» y «desacato».

Desde el 25 de enero de 2024, Bello Domínguez tiene un fuerte dolor testicular que podría requerir cirugía, según declaraciones de su madre Martha Domínguez en Facebook. Aunque fue atendido por una doctora de la prisión, no cuenta con los medicamentos necesarios para su tratamiento. Domínguez solicita que sea evaluado por un urólogo y se le realicen los estudios pertinentes con urgencia.

Las condiciones de reclusión de Bello Domínguez se agravaron en noviembre de 2023, cuando estuvo en paradero desconocido luego de ser arrastrado por el piso y de que oficiales del penal le rociaran spray en los ojos.

Martha Domínguez dijo a Radio Televisión Martí que las represalias podían deberse a que Bello Domínguez hizo pública una carta de 42 presos políticos en rechazo a la postulación de Cuba al Consejo de Derechos Humanos de Naciones Unidas.

Anteriormente, el periodista había denunciado el «acoso y hostigamiento» de la Seguridad del Estado contra los reclusos por motivos políticos. Los reos enfrentan hacinamiento, falta de atención médica, mala alimentación y otras vejaciones. Bello Domínguez es diabético y en prisión escasean los medicamentos para la diabetes y el control de la presión arterial.

Otro elemento común en la situación de ambos prisioneros es el deterioro paulatino de su estado de salud. El Centro de Documentación de Prisiones Cubanas ha señalado en varios informes que en las cárceles cubanas existe escasez de medicinas y falta de atención médica.

El informe de Cuba ante el Examen Periódico Universal de la ONU en 2023 resaltó que en los penales «se garantiza el derecho a la atención médica gratuita bajo los mismos estándares que el resto de la ciudadanía». Sin embargo, cientos de denuncias de los presos cubanos dejan en evidencia la afirmación.

Entre los casos más recientes y mediáticos de periodistas que han sido encarcelados en Cuba figuran los de Esteban Rodríguez, Mary Karla Ares y Roberto Quiñones, este último apresado en 2019 y excarcelado en septiembre de 2020. 

Rodríguez y Ares, por otra parte, fueron detenidos durante una protesta en la calle Obispo, en La Habana, el 30 de abril de 2021. Rodríguez pasó ocho meses en la cárcel hasta enero de 2022, cuando fue forzado al exilio. Ares, a su vez, fue liberada con cambio de medida a reclusión domiciliaria en mayo de 2021 y se exilió en agosto de 2022.

En 2004, Reporteros Sin Fronteras denunció que 30 periodistas cubanos estaban en prisión, 27 de ellos fueron arrestados durante la Primavera Negra.

También fue presa política, de 1989 a 1990, la reportera Tania Díaz Castro, quien falleció recientemente, el 5 de febrero de 2024.

Cuba, el país con menor libertad de prensa en América Latina

Cuba ocupa el puesto 172 de 180 en la Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa que realizó en 2023 Reporteros Sin Fronteras (RSF). La nación caribeña se considera la de peor situación de libertad de prensa en Latinoamérica.

Tras las protestas de julio de 2021, el periodismo independiente dentro del país ha vivido una sangría por la constante persecución de la policía política. Decenas de periodistas han sido forzados al exilio o a abandonar la profesión luego de ser sometidos a amenazas, chantaje, intimidación y tortura psicológica.

El régimen cubano se ha blindado legalmente para impedir el periodismo independiente en la isla. 

El artículo 143 del Código Penal (CP), en vigor desde diciembre de 2022, establece penas de entre cuatro a diez años de cárcel para quien «por sí o en representación de organizaciones no gubernamentales, instituciones de carácter internacional, formas asociativas o de cualquier persona natural o jurídica del país o de un Estado extranjero, apoye, fomente, financie, provea, reciba o tenga en su poder fondos, recursos materiales o financieros, con el propósito de sufragar actividades contra el Estado y su orden constitucional». 

Los agentes de la Seguridad del Estado empleaban el CP para amenazar a los reporteros incluso antes de su puesta en vigor.

Periodistas independientes en Cuba: muerte civil o exilio

Cuba se sitúa actualmente en el lugar 173 de la Clasificación Mundial sobre la Libertad de Prensa que emite la ONG Reporteros sin Fronteras, y es el país con la peor situación de libertad de prensa en América Latina.

En mayo de 2023, la Asamblea Nacional del Poder Popular aprobó la Ley de Comunicación Social, primera de su tipo en el país. La normativa establece que los medios de comunicación son propiedad socialista y restringe los contenidos a los que no subviertan el orden constitucional y el sistema socialista.

El Decreto Ley 370 es otra de las normas que utiliza el Gobierno para perseguir el ejercicio autónomo del periodismo. La normativa regula la imposición de multas a quienes difundan «información contraria al interés social, la moral, las buenas costumbres y la integridad de las personas».

Países carceleros, las tristes estadísticas 

El último censo del CPJ reveló que hasta el primero de diciembre de 2023 había 320 trabajadores de la prensa encarcelados en el mundo. El informe señala países aliados de Cuba (China, Birmania y Bielorrusia) entre los principales carceleros de periodistas. 

China encabeza la lista con 44 informadores detenidos, de los cuales 19 son periodistas uigures —grupo étnico musulmán perseguido en la región Xinjiang—. Las autoridades chinas recurren cada vez más a cargos por espionaje, separatismo y subversión para condenar a los reporteros. 

Birmania ha encarcelado a 43 trabajadores de la prensa desde el golpe de estado de 2021. Ha silenciado medios de comunicación y ha forzado al exilio a numerosos comunicadores bajo leyes contra la «incitación» y «noticias falsas». 

Bielorrusia mantiene tras las rejas a 28 trabajadores de la prensa, en su mayoría bajo cargos de delitos contra el Estado. Casi la mitad cumple sentencias de cinco años o más. 

Cuba y Bielorrusia, Díaz-Canel y Lukashenko. ¿Qué buscan?

El dictador bielorruso Aleksandr Lukashenko es «buen amigo» de su homólogo cubano Díaz-Canel y ambos son fieles al Kremlin.

Rusia y Vietnam son otros países con cifras negativas, con 19 y 18 periodistas detenidos respectivamente al momento del informe. 

CPJ coloca por primera vez a Israel entre los seis países con más periodistas encarcelados, con al menos 17 comunicadores palestinos arrestados en territorio ocupado desde que estalló la guerra con Gaza en octubre de 2023. La mayoría está bajo detención administrativa —lo cual permite a Israel retener sospechosos sin cargos por tiempo indefinido—.

Irán registra 17 trabajadores de la prensa tras las rejas, ocho de ellos son mujeres que cubrían las históricas protestas desatadas tras la muerte de Masha Amini bajo custodia policial en septiembre de 2022.

De los 320 profesionales detenidos, al menos 209 afrontan cargos de difusión de noticias falsas y propaganda contra el Estado. A 66 casos ni siquiera les han informado los cargos.

En Europa, destacan los 13 periodistas encerrados en Turquía y los siete en Tayikistán, país que lidera las detenciones de prensa en Asia Central.

Por regiones, Asia concentra la mayor cantidad de informadores encarcelados —173 de los 320 documentados globalmente—. Le sigue Oriente Medio y el norte de África (69), Europa y Asia central (39), África subsahariana (31) y América (8).

CPJ enfatizó que muchos países practican una política de «puerta giratoria», liberan para luego volver a detener a los periodistas, por lo que las cifras pueden ser engañosas. Un menor número de detenidos no siempre refleja una mejora real en la libertad de expresión.