Posiblemente “¡Apaga el celular!” sea, junto con “Ciudadano, su carné de identidad”, dos de las frases más usadas por la policía cubana en la actualidad.

La progresiva entrada de tecnología móvil al país ha hecho que un número considerable de cubanos cuente hoy con teléfonos inteligentes y en menor medida, acceso a Internet. Y como cada día Cuba se encuentra menos aislada de las lógicas globales, también “la comunicación como el nuevo entretenimiento de la gente” se ha entronizado en la mentalidad de muchas personas que no pierden oportunidad para registrar en foto o video aquello que les rodea.

Comidas, paseos, accidentes, broncas, molotes, bromas, encuentros… cualquier suceso que se salga de lo cotidiano sirve de pretexto para sacar el celular y comenzar a grabar. Y como de vez en cuando la policía y la Seguridad del Estado suelen protagonizar encuentros que se salen de lo cotidiano, pues es normal que alguien —generalmente varios— saque su teléfono para registrar lo ocurrido, ya sea por curiosidad, morbo, para ejercer presión sobre la autoridad, denunciar un posible abuso de poder o poner la mala acción en la picota pública.

Una vez que el teléfono se levanta a la altura de los ojos y comienza a grabar, sale disparado el “¡Apaga el celular!”; seguido por alguna amenaza de decomiso, el arrebato del equipo o incluso, la detención. Todo ello agravado por la falta de preparación y educación de agentes del orden público.

Curiosamente, sobre esto el Código Penal cubano solo tipifica como delito, en la sección dedicada al espionaje, la toma de imágenes sin autorización de objetivos y documentos militares concernientes a la Seguridad del Estado (art. 97.3), por lo que difícilmente grabar un acto público pueda ser un peligro para la nación.

No obstante, recientemente en la sentencia dictada contra el biólogo Ariel Ruiz Urquiola, los jueces valoraron como un agravante el acto de grabar el altercado que tuvo con dos oficiales del Cuerpo de Guardabosques. Según los magistrados una acción que “se reproduce con frecuencia en las calles cubanas y eso obliga a los jueces a actuar de forma enérgica”.

Sin dudas un mal precedente para una práctica de defensa ciudadana que articulada en varios países del mundo a través de grupos de “cop-watching”. Gracias a ello, hemos podido conocer de la violencia excesiva de policías norteamericanos contra afroamericanos, imágenes sumamente difundidas en nuestros medios oficiales. Sin embargo, en Cuba, cada vez que la cámara de un celular se enciende, las alarmas se activan. Al parecer a quienes desempeñan el rol de Gran Hermano, no les gusta que se inviertan los papeles.

El país de las leyes usadas a conveniencia

También llama la atención ver cómo esa concepción anti-publicidad se entroniza también en la mentalidad de servidores públicos a los más altos niveles.

Hace unas semanas, presencié la visita de un viceministro del Transporte a la Terminal de Ómnibus Villanueva, en La Habana, en medio de una situación sumamente tensa.

La mezcla de un transporte interprovincial insuficiente, la exigencia del horario de sueño y comprobantes de combustible a los camioneros particulares, y la venta de pasajes “por la izquierda”; hizo que una gran cantidad de personas, incluidas mujeres con niños pequeños, permanecieran más de cuatro días en una lista de espera abarrotada.

Después de varios intentos infructuosos de explicar lo inexplicable a un grupo de personas que no querían palabras sino soluciones y de más de dos horas de llamadas improductivas; el viceministro —un hombre relativamente joven, educado, que seguramente hubiese querido resolver aquella situación— entró al salón de lista de espera para conversar directamente con las personas que allí estaban. Pero, antes de comenzar a hablar y al notar la cantidad de teléfonos y flashes que hacia él apuntaban, alertó: “No voy a hablar hasta que no apaguen los celulares”.

Automáticamente los policías que lo acompañaban comenzaron a repetir la orden y a exigir que se dejara de grabar. Algunas personas del lugar también hicieron lo mismo. Pero… no es igual cuando toca decomisar un solo celular, que cuando son decenas perdidos entre un mar de gente. Ante la tozudez de los “grabadores” y el enrarecido ambiente que allí se creó, el funcionario decidió retirarse con tres personas hacia un lugar sin acceso al público y ofrecer allí sus argumentos. Luego, se fue.

De este episodio saco dos conclusiones.

La primera es que muchos de nuestros funcionarios no comprenden del todo que son servidores públicos, que la naturaleza de su trabajo también es pública y que los ciudadanos a quienes responden (aquellos que pagan su salario, su carro, etc.) tienen el derecho de conocer su gestión, para poder evaluarla, criticarla o elogiarla. Si el episodio narrado fue con una simple “conversación de pasillo”, cómo será cuando se exijan datos que develen el dinero empleado en los gastos de los funcionarios públicos, por mencionar solo un ejemplo.

En eso consiste la transparencia, que por cierto, solo aparece en el proyecto de Constitución mencionada dos veces y vinculada de manera exclusiva a la Contraloría General de la República y la Comisión Electoral Nacional, como parte de sus funciones.

Tampoco bajo el término “rendición de cuenta” aparece nada en el proyecto que conecte la labor de los funcionarios con el control popular directo, y no solo a través de la Asamblea o los órganos del Estado. Solo queda reconocido que “todas las personas tienen el derecho a recibir del Estado información veraz, adecuada y oportuna, conforme a las regulaciones establecidas” (Art. 56), lo cual pone al ciudadano en una posición pasiva, de quien espera a que le informen en vez de exigirlo.

En este sentido me parece mucho más avanzada la Constitución de Bolivia, que dedica todo un apartado a la Participación y el Control Social (Parte Segunda, Título VI) al cual recomiendo dar un vistazo. Sería un buen punto a tratar en los debates recién comenzados.

Segunda conclusión. Muchos de nuestros funcionarios tampoco han concientizado que estamos ante un nuevo escenario comunicacional, informativo y tecnológico en el cual cada vez es más difícil, por más que lo deseen, ocultar o retener la información.

Aun desconociendo las bases legales y éticas que respaldan el derecho a producir, circular y consumir información pública socialmente relevante, las nuevas tecnologías han borrado prácticamente los límites espacio-temporales. Lo que dijiste ahora aquí, ya se está sabiendo allá; incluso en Cuba, con todo su desfasaje tecnológico. Y que con la puesta en operación de los datos móviles en los teléfonos celulares, a la capacidad de grabar se sumará la de transmitir instantáneamente. Con ello, no solo será fallido el intento de impedir que se difunda lo grabado, sino que también se hará pública la arbitrariedad que acompaña a tal acción.

Aun cuando la publicidad de la política trae consigo sus propios fantasmas, es mil veces preferible lidiar con ellos a tener que vivir en el secretismo, la falta de transparencia y los excesos que desde allí se cometen. Muchas veces, la opinión pública es la principal defensa (sino la única) de los más desprotegidos.

Con esto no defiendo la práctica irresponsable y abusiva de violar la intimidad de las personas y su dignidad. Eso es algo muy diferente, y también nuestras leyes deben estar preparadas para sancionarlo. De lo que aquí se habla es del derecho al acceso a la información pública, a participar activamente en la evaluación de la gestión de los asuntos públicos, a involucrarse activamente en la vida política, a emplear la denuncia pública como un mecanismo de defensa y de control social. En fin, de no esperar a que otros cumplan con sus deberes, sino de salir a exigir nuestros derechos.

Según ETECSA, en 2018 Cuba llegó a la cifra de cinco millones de líneas de celulares activas y más de dos millones de cuentas Nauta, que se operan fundamentalmente desde teléfonos inteligentes. Ello equivale a varios millones de personas con posibilidades —aunque no todos las aprovechan— de producir, trasmitir y consumir información. Y como todo en la vida tiene varias caras, las nuevas tecnologías no son solamente las herramientas de dominación y embobecimiento que muchas veces se nos presenta. También son instrumentos para el empoderamiento ciudadano, la creación de redes y el fomento de la participación.

Ojalá que con la nueva Constitución y la nueva Política de Comunicación, el delito o la acción punible deje de ser entonces la acción de encender el celular para  grabar y pase a serlo el intento de mandar a apagarlo. ¿Grabaste?